La Habana, Cuba
Sede de los diálogos de paz Febrero 27 de 2013
Aunque el gobierno
Santos pretenda que su política económica no es objeto de discusión en La mesa
de La Habana, la realidad es que el pueblo colombiano la está rebatiendo con
movilizaciones, paros y protestas, en todo el territorio nacional.
La crisis cafetera
tiene su explicación en
la desprotección impuesta por la política
neoliberal a los
campesinos productores de café en un contexto de precios
internacionales
desfavorables y de una sostenida sobrevaluación del peso
frente al dólar. Las
consecuencias saltan a la vista: una caída abrupta de
la producción nacional,
un aumento de las importaciones de Perú y Ecuador
para cubrir la demanda
interna y responder por la cuota cafetera de
exportación y, sobre
todo, un progresivo deterioro del ingreso y el trabajo
de los caficultores, en
su gran mayoría pequeños y medianos productores. En
su discurso de posesión
como presidente, Juan Manuel Santos, prometió
convertir a cada
campesino colombiano en un próspero y sonriente Juan
Valdez, con su mula y su
carga de café, como el de la estampa publicitaria
de la poderosa
Federación Nacional de Cafeteros. ¿Pero dónde está ese
Juan Valdés de los
cuentos de hadas? Está siendo perseguido por las balas y
gases lacrimógenos de
los escuadrones represivos del ESMAD en pueblos y
carreteras del país,
donde miles de caficultores protestan contra el
abandono del sector.
Desde La Habana nuestra solidaridad con la lucha de
los campesinos, por sus
muertos, decenas de heridos y encarcelados. El
gobierno dice que no
negociará con revoltosos, y el Ministro de Agricultura
justifica la represión
brutal aduciendo con falsedad que “las FARC están
involucradas, están
atizando, se están incorporando y están mandando
consignas para exacerbar
los ánimos”. En la mesa de La Habana hemos
propuesto que “la
pequeña y mediana propiedad cafeteras sean objeto de
medidas inmediatas de
protección, tales como subsidios, compensaciones y
salvaguardas
extraordinarias, tendientes a la superación de la crisis
estructural del sector”.
Hoy reiteramos esa demanda. Es urgente fortalecer
la producción cafetera
nacional. Por otra parte, continúa la huelga de
trabajadores contra la
multinacional Carbones del Cerrejón, propiedad de
BHP Billiton, Anglo
American y Xstrata. Dicha multinacional, que extrae al
año más de 32 millones
de toneladas de carbón térmico y obtiene por ello
jugosas ganancias,
gracias a la concesión leonina que le deja pírricas
regalías al país y al
departamento de la Guajira, además de un desastre
ambiental de
impresionantes proporciones, se negó a aceptar las justas
peticiones de aumento
salarial, de beneficios en salud, educación y
transporte, de atención
a más de 700 trabajadores que han sufrido efectos
irreversibles en su
salud como consecuencia de su trabajo, y de políticas
ambientales, entre
ellas, la suspensión definitiva del proyecto aplazado de
desvío del Rio
Ranchería. El no rotundo de la multinacional recibió su
respuesta: la huelga.
Pero no solo protestan los campesinos caficultores
y los obreros del
Cerrejón. Arauca está en paro cívico demandando Inversión
social, política
ambiental, ayuda a los indígenas y arreglo de carreteras.
Los cacaoteros del
Magdalena Medio ante la caída de precios del producto y
bajo la consigna no a la
minería sobre su territorio, tienen bloqueada la
vía
Barrancabermeja-Bucaramanga. Los habitantes de Nobsa, Boyacá, están en
pie de lucha en las
calles exigiendo empleo a las multinacionales. Los
vendedores ambulantes
protestan en la plaza de Bolívar de Bogotá. Los
transportadores anuncian
paro contra la multinacional Pacific Rubiales
Energy. La Asociación
Colombiana de Camioneros anuncia que se unirá a la
protesta nacional. Y
gran parte de la ciudadanía del país siente que el
impuesto predial se está
convirtiendo en un atraco. Las exigencias
populares tienen que ser
respondidas favorablemente. Esas justas luchas son
una expresión de los
efectos devastadores que produce el modelo económico
neoliberal; representan
un llamado a combatirlo y superarlo; merecen toda
nuestra solidaridad; y
nos alientan en la idea de que la paz se construye
con justicia social.
Delegación de paz de las FARC-EP
Santos
colapsa por crisis de
legitimidad Horacio Duque Giraldo / Miércoles 27 de
febrero de 2013 Es
imparable el derrumbe de Santos. Está hundido en una
crisis de legitimidad
que lo colapsó. Es hora de pensar en una
Asamblea Constituyente
como mecanismo
fundacional de un régimen político pos-neoliberal que supere
la crisis de legitimidad
del bloque dominante que se pone de manifiesto. La
última encuesta sobre el
gobierno del señor Santos, realizada por Gallup,
es fatal. Casi el 50% de
los colombianos tiene una imagen negativa sobre su
gestión. El
jefe de la Casa de Nariño se raja en temas álgidos como la
corrupción, el costo de
vida y la violencia sociopolítica. Arrastra de
tiempo atrás problemas
vinculados con la impunidad de los "falsos
positivos", la
fracasada reforma a la justicia, el problema de San Andrés,
la crisis de la salud,
los males de la educación y la parálisis de la
administración. Por
supuesto, la quiebra de la industria y de la
agricultura inciden en
la inconformidad cívica que crece. Santos, como
expresión de la
autoridad y encarnación del régimen político imperante,
vive una aguda crisis de
legitimidad que lo tiene colapsado; no tiene
consenso social y los
apoyos se le esfuman con el paso de los días. La
perdida de legitimidad
quiere decir que cada vez son menos las actitudes
positivas hacia el
gobierno y el régimen político de la Prosperidad
democrática, que es como
se nombra el actual. No hay una legitimidad
específica como conjunto
de actitudes de adhesión al sistema de poder y a
sus autoridades
centrales, debido a la insatisfacción de determinadas
demandas por
determinados actos del gobierno. En tales circunstancias, el
descontento -cuando se
articula y expresa como parece ser lo que ocurre-
repercute de forma
inexorable en las autoridades y en las estructuras del
propio régimen, que es
lo que estamos registrando con las encuestas
publicadas ayer martes
26 de febrero de 2013. Hay dos indicadores
centrales en la pérdida
de legitimidad que no se pueden ocultar. El primero
se refiere al estado del
orden civil entendido como la ausencia del recurso
no regulado y colectivo
a la violencia, o a actos que amenacen con la
violencia, o en que haya
una alta probabilidad de violencia directa contra
objetivos públicos o
privados. Y el segundo, son las manifestaciones
generalizadas de
oposición/obstrucción al régimen y/o a las autoridades,
cuyo origen se localiza,
en nuestro caso, en grupos de ultraderecha
fuertemente anclados en
amplios grupos de la población. Siendo así, la
relación entre
legitimidad y persistencia institucional se torna critica.
Menos legitimidad quiere
decir fragilidad en la sostenibilidad política de
las instituciones. Es lo
que lleva a pensar en términos de una potencial
crisis de hegemonía como
manifestación de que las actuales clases
dominantes o el bloque
dominante oligárquico va dejando de tener la
dirección de las clases
subordinadas de la sociedad, de los centros
operativos de decisión y
de operación del poder político (Estado), de los
aparatos de intervención
económica estatal, de los aparatos ideológicos
(Iglesia, medios de
comunicación de masas, aparato cultural y escolar) y de
los aparatos represivos
por antonomasia (Ejército, política, justicia). En
suma, en una crisis
orgánica que se traduce en una profunda crisis de
legitimación que afecta
a la dominación en la formación social
comprometiendo a todo el
orden social. Resulta válido preguntarse
entonces los siguiente
¿será una Asamblea Constituyente la alternativa
adecuada para sentar las
bases de una nueva institucionalidad que recoja el
consenso social y el
apoyo popular como base de una nueva legitimidad
política?
Las verdaderas intenciones de Santos – 27/02/2013Posted in:
Por
Gabriel Ángel
A estas alturas la trama del gobierno de Juan Manuel Santos
está suficientemente al
descubierto como para ignorar la realidad acerca de
sus intenciones de paz.
Y vale la pena alertar a la opinión nacional e
internacional al
respecto. No es cierto que quiera la paz, ni que esté
animado por sentimientos
de reconciliación, menos que lo muevan a actuar
aspiraciones de
grandeza. Por el contrario, Santos obra de manera calculada
y aleve, a objeto de
lograr imponer a la insurgencia colombiana todas las
condiciones y decisiones
que de antemano ha concebido. La principal de
las cuales es su
rendición y sometimiento. Para ello se vale de todas los
timos que su
especialidad como tahúr le ha enseñado. Aparentar lo que no
piensa, hacer creer al
contrario lo que no es cierto, barajar con maña,
esconder ases bajo la
manga y llegado el caso, patear la mesa con furia
alegando trampa para
enseguida apelar a sus pistolas y eliminar al
contrincante. Como digno
exponente de la más rancia oligarquía bogotana,
Santos siente enorme
desprecio por las gentes que considera bajas, y sólo
piensa en aplastarlas
como alimañas si no le obedecen. Obviamente, los
primeros destinatarios
de su odio de clase somos los integrantes de la
insurgencia armada, y
entre ella las FARC-EP. Él, que ha pertenecido
siempre a los más altos
círculos del poder, ocupando diversos ministerios
en los últimos
gobiernos, siente mejor que nadie la enorme frustración que
significa haber empleado
toda la fuerza del Estado, con el más sofisticado
apoyo tecnológico
militar extranjero y cantidades ingentes de dólares, sin
poder doblegar la
rebeldía que encarnamos dignamente los alzados. Por eso
se decidió a ensayar su
propia fórmula. Que en lo fundamental consiste en
unir creativamente todas
las anteriores. La seguridad democrática de Uribe,
las conversaciones de
paz de Pastrana, las exploraciones dubitativas de
Samper y hasta los
diálogos en el exterior de Gaviria. Hábilmente esquivó
la experiencia del
doctor Betancur, por considerar que implicaba conceder
demasiado protagonismo a
sus enemigos. Lo nuevo de su estrategia está en la
apelación a las últimas
teorías sobre resolución de conflictos, toda esa
argucia técnica y
jurídica tejida por los expertos de Harvard y ahora tan
de moda aquí.
No somos tan ingenuos como para no captar el profundo
contenido de clase que
se encuentra concentrado los estudios de los
académicos a sueldo del
imperio, bien sea en los Estados Unidos, Europa o
Colombia. Las tres
etapas de las conversaciones se hallan traspasadas por
una intención
inocultable, la de dejar al llamado proceso de paz únicamente
el asunto de la
desmovilización y entrega de armas, sobre la base de
considerar que los demás
contenidos teóricos recomendadas por los expertos
ya fueron o serán
definidos por fuera de la Mesa. Así que la guerrilla se
encontrará con una
maraña insalvable de leyes y decretos elaborados de
antemano, y que ya se
ocuparon, con la exclusiva visión del poder, de los
asuntos que debían
discutirse en una mesa de conversaciones. La ley de
víctimas y restitución
de tierras fue producida con el exclusivo propósito
de sacar de cualquier
futura conversación el tema de los afectados por la
violencia imputable al
Estado u otros agentes, para que en la Mesa pudiera
arrinconarse a la
guerrilla con el tema de sus víctimas agigantado por una
enorme campaña de
prensa. Igual podría predicarse de la restitución de
tierras. Ninguno de los
reclamantes inscritos o restituidos va a poder
referir su condición en
una Mesa de Conversaciones. Sus casos se encuentran
en trámite y resultarían
impertinentes, independientemente o no de que su
situación halle
satisfactoria solución. Esa misma pretensión se tuvo con la
ley marco para la paz.
La Mesa no tenía por qué ocuparse de fórmulas de
justicia por cuanto la
ley ya las había establecido de antemano. La
justicia transicional
sería el único marco de discusión admisible. La
misma inspiración
animaba el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural
que terminó enredado por
la cuestión de las consultas: presentar en la Mesa
una serie de hechos
cumplidos que significaban un ligero marco para
proponer si acaso algún
mínimo retoque. El tema, en todo caso, no tendría
desarrollos importantes
en las conversaciones por cuanto ya sus principales
aristas habían sido
fijadas por el legislativo con las limitaciones
impuestas por el
latifundismo, el capital agroindustrial y los
inversionistas externos.
En esto patinaron y por eso están tan molestos. El
único aspecto que el
gobierno de Juan Manuel Santos desea inscribir en los
diálogos de paz es el de
los presuntos crímenes de todo orden que imputa a
la insurgencia. Es un
hecho tan notorio que ni siquiera puede ponerse en
duda. Desde su comienzo,
el proceso ha estado rodeado de una gigantesca
campaña de prensa que
atribuye a las FARC la comisión de toda clase de
ilícitos de lesa
humanidad, de guerra, de desaposesiones y atropellos, con
la intención de
constreñirnos al ciego reconocimiento de ellos, so pena de
acusarnos de haber
mentido y engañado al país de nuevo. Santos pretende
mostrarse ante el mundo
como el hombre que generosamente extendió la mano
del perdón. Si la
insurgencia lo rechaza, considera que contará con la
legitimidad necesaria
para insistir en su aniquilamiento. Y si cayera en el
juego, contaría con
alguna posibilidad de reintegrarse sin banderas a la
sociedad de injusticia y
violencia que algún día soñó cambiar, descabezada
de sus jefes y cuadros
que tendrían que pagar condenas y en todo caso
estarían impedidos para
tomar parte en actividades políticas. Si es que no
son extraditados.
Por eso calumnia y difama con la seguridad que le
confiere el sentirse
completamente impune. Sus discursos se encaminan a
engrandecer su obra a
causa de nuestra ruina política y moral, olvidando
que somos sus
adversarios no sólo en el campo de combate sino en una mesa
de conversaciones
reconocida internacionalmente. Se ampara en la tesis de
que no se pactó ninguna
tregua, ni siquiera en el discurso. Y amenaza con
poner fin al proceso si
no se producen avances satisfactorios.
Satisfactorios para los
de su clase, desde luego, no para los de abajo. La
parafernalia está
montada para caernos encima apenas se convenzan de que no
vamos a claudicar
nuestras razones. Seguimos adelante pese a ello, porque
sabemos que millones de
colombianos abrumados por la desigualdad, la
injusticia y la
represión aguardan una esperanza cierta nacida de la paz.
Santos los ignora y
aborrece por completo, seguro de que nos hallamos solos
y sin el menor respaldo
en esta brega. En esto se equivoca por completo. Es
mucha la gente que nos
acompaña y que está dispuesta a demostrarlo. No
lograrán asustarnos.
27-02-2013
¿Es pecado
cuestionar las
Constituciones Políticas? Nuevos temas “tabú” en la
geopolítica
latinoamericana Fernando Buen Abad Domínguez Rebelión/Universidad
de la Filosofía Ha
costado, incluso golpes de estado y erupciones
des-estabilizadoras, la
sola idea de convocar a debatir, y re-diseñar, los
cuerpos constitucionales
de algunos países. Especialmente en aquellos
Estados en los que las
Constituciones Políticas han sido deformadas para
arrodillarlas a los
caprichos más turbios del neoliberalismo. Simplemente
no se toca. Y es que el
nuevo (viejo) catálogo de “temas tabú” que el
neoliberalismo ha
histerizado con sofocos y desmayos reaccionarios, tiene
como sus nervios más
sensibles el problema de la “propiedad privada”, el
problema del
latifundismo, el saqueo de los recursos naturales, la
explotación demencial de
la clase trabajadora, los privilegios represivos
de los tres poderes
amafiados y la negación sistemática de nuevas formas
del poder emanadas de la
voluntad social y del ejercicio socialista de los
nuevos derechos humanos
y sociales. Por mencionar sólo lo obvio. Pero a
la burguesía le irrita
que los pueblos interroguen y debatan su
constitucionalismo. A la
burguesa le irrita que los pueblos sean capaces de
identificar los veneros
ideológicos, y sus baratijas conceptuales, que se
deslizan para traficar
“falsa conciencia” bajo las “sacrosantas” leyes que
los oligarcas imponen.
Para un burgués se trata de temas “técnicos”
reservados a especialistas
y los pueblos están ahí sólo para agradecer
algunas migajas
filantrópicas que inventan los jurisconsultos para hacer
pasar por “Justo” lo que
en verdad es una mascarada para legalizar todos
los hurtos, saqueos e
injusticias del capitalismo. No hay atenuantes. Para
la lógica burguesa la
idea de “sanción” no es otra cosa que la impartición
de una moral hipócrita
ideada para arrodillarnos, resignados a su
“autoridad” imperecedera
y omnipotente. No van a silenciarnos con chicanas
de eruditos ni retruécanos
de leguleyos. No van a silenciarnos con sus
parrafadas tóxicas,
herederas de tránsitos abrumadores al reino de
toneladas de papeles
“teóricos” que son tan infernales como inútiles y
falaces cuando uno mira
desnudo el estado real de la Justicia social. La
lógica suprema de una
Constitución Política debería ser subordinarse como
herramienta para la
Justicia Social al servicio del desarrollo sin amos, de
la convivencia armónica
y de la igualdad incondicional de las personas. De
la felicidad objetiva,
concreta y en avance permanente. ¿Es eso posible en
una sociedad dividida en
clases?. La Constitución política de la Justicia
Social, debiera
garantizar que nadie se encarame en el trabajo de otros
para explotarlos,
saquearlos o humillarlos. Debería garantizar, por todos
los medios, que se
respete y realice la voluntad democrática de los
pueblos. Línea por
línea, reglamento por reglamento, código por código, ley
por ley. Eso implica
expropiarle a la burguesía su poder “superestructural”
de inmediato.
Una Constitución de nuevo género debe ser una herramienta
para defender a los
pueblos de todo abuso del poder y de toda forma de
concentración del poder
y el capital para esclavizar a los pueblos. Sólo
esto ya insinúa la
tipificación de nuevos (viejos) modelos delictivos, por
ejemplo, el delito
implícito en atentar contra el poder soberano de los
pueblos, el delito
implícito en obstaculizar la voluntad democrática de los
pueblos, el delito
implícito en usar violencia para someter a los pueblos a
los intereses de alguna
secta, mafia o pandilla de vivales. Locales o
globales.
Incluso esa idea del “monopolio” de las armas –y la violencia-
que los Estados
Burgueses se auto-asignan, es un delito si se piensa que no
debe haber ejército,
fuerza policíaca ni otras formulas de “seguridad” que
no dependan de la
voluntad del interés y de la soberanía popular. Cualquier
iniciativa superpuesta a
semejantes condiciones es una usurpación contraria
a la lógica de las
relaciones sociales igualitarias. En el súmmum de la
situación ha de estar la
democratización socialista de las herramientas de
producción, palanca del
crecimiento y el bienestar colectivo, en las que se
garantice justicia del
trabajo, calidad y cantidad de la vida laboral, y
extensivamente, protección
a la fuente de trabajo para libérala de su
carácter alienado y
alienante bajo el capitalismo. Como bien lo explicó
Marx. Sin el
tejido de intereses de clase, subyacentes en el cuerpo
ideológico de la mayoría
de las leyes y reglamentos burgueses, la idea de
“Justicia”, que financia
el capitalismo, no es más que un circo demagógico,
burocrático, tramposo y
corrupto, padre de muchas de las peores injusticias
perpetradas contra la
humanidad. Hablar de Justicia no es asunto exclusivo
de jueces, abogados o de
“especialistas”. Tampoco es asunto sólo de
instituciones
gubernamentales. Es asunto de un pueblo entero y de su
revolución social en
específico. Hablar de “Justicia” es parte de la lucha.
Es verdad
irrefutable que los pueblos claman por mejor y más expedita
“Justicia”, pero no
claman por la “Justicia” de los amos, no claman por la
“Justicia” de los
latifundistas, de los banqueros, de los empresarios y de
los clérigos que, por
ejemplo, han instalado su “derecho” a la usura como
un principio universal
de privilegios para esquilmar a los pobres y
convertirlos, además de
víctimas del capitalismo, en “criminales”. Defender
semejante aberración es
necesariamente un delito. A espaldas de los
pueblos, las oligarquías
imperialistas se reparten el botín producto de
explotar a los pueblos,
a sus trabajadores y a sus recursos naturales.
Banqueros, empresarios,
terratenientes e iglesias con ayuda de no pocos
gobiernos serviles,
mueven inmisericordes sumas de “ganancias”
delincuenciales,
mientras hunden en la miseria, el desamparo, el desempleo
y la desesperación a
pueblos enteros. Eso es un delito. La suma de
desocupados a nivel
mundial es hoy monstruosa, el hambre es una amenaza a
todo galope, la
ignorancia arrasa generaciones enteras y ya sufrimos un
impasse de tristeza
desgarradora que mezclada con desolación y desesperanza
configuran un delito
universal incalculable contra la humanidad. Eso es un
crimen. ¿Qué “Justicia”
toma cartas en este asunto? Sólo la nueva Justicia
socialista que los
pueblos deben impulsar para su salvación plena. Todo lo
demás es, ahora mismo,
palabrería y engaño. No alcanza con buenas
voluntades
filantrópicas. Que, durante el esclavismo, la esclavitud no
fuese considerada delito
no implica que se acepte, mansamente, una campaña
burguesa exculpadora de
todo atropello contra el género humano. Que el
capitalismo no considere
a la explotación como un delito, en los hechos
punible, no implica que
debamos entonces celébrarlo como un triunfo de la
legalidad burguesa ni
como un ejemplo de “fortaleza moral” jurídica. Por lo
demás no podemos ser tan
ingenuos como para seguir confundiendo a la
Justicia con las
instituciones que se suponen salvaguarda y activadores de
aquella, y que bajo el
capitalismo sólo la degradan confunden y postergan.
Hay que combatir a todas
las instituciones y todas las condiciones en las
que el ser humano vive
como un ser miserable, explotado, oprimido,
alienado… mutilado en
suma e incapacitado para desarrollar todas sus
cualidades actuales y
futuras. No permitamos que una aristocracia sustituya
a otra por más disfraz
revolucionario que se invente. El problema de la
Justicia no es un
problema “moral”, todo lo contrario, es un problema
material y concreto
vinculado a la distribución de la riqueza física e
intelectual, sus
condiciones objetivas de igualdad y acceso a las
herramientas propias de
la dialéctica del desarrollo, indisolublemente
individual y colectivo.
No importa qué tan ingeniosos sean los enredos
“lógicos” o
procedimentales que inventen los leguleyos burgueses para
hacernos creer que la
Justicia es una utopía ya realizada por el “Derecho”
capitalista, la realidad
es contundente, ofensiva, degradante y desafiante.
Entre otras cosas porque
el “Derecho” en manos de la burguesía ha sido
incapaz de hacer Justicia,
su rezago monstruoso, los millones de
expedientes arrumbados
en las oficinas de los jueces… y los millones de
inocentes en las
cárceles y en la humillación (por dar un ejemplo parcial)
son prueba de su
derrota. Es impensable la Justicia, hoy, sin tocar
radicalmente al capital
ni a la ganancia, sin pasar por el debate
capital-trabajo
*Samuel Barinas Varela*
Corfisocial
