SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD II: SOBRE POLÍTICA MINERO-ENERGÉTICA Y PROYECTOS AGROINDUSTRIALES La Delegación de Paz de las FARC-EP

-- Las FARC-EP presentan la síntesis de las propuestas de la sociedad ll
sobre política minero-energética y proyectos agroindustriales Síntesis
Política minero-energética SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD II:
SOBRE POLÍTICA MINERO-ENERGÉTICA Y PROYECTOS AGROINDUSTRIALES La
Delegación de Paz de las FARC-EP, dentro del análisis que hemos hecho de
las diferentes propuestas provenientes de la sociedad colombiana en su
conjunto, quisiéramos usar este espacio para tratar un tema específico que,
desde un punto de vista integral, interactúa e influye sobre los temas de
la agenda. Se trata de la extranjerización de la tierra, entendiéndose el
tema de la política minero-energética y de grandes proyectos
agroindustriales que se vienen aplicando cada vez con más fuerza dentro del
marco global del neoliberalismo. Dibujemos primero un cuadro general, que
después nos ayuda a entender mejor cuál es la realidad que las diferentes
sectores sociales y populares de Colombia enfrentan, y por qué a través de
los diferentes foros, páginas web y formularios físicos nos han llegado
tantas propuestas e inquietudes sobre este tema específico. En Colombia
hay 114.17 millones de hectáreas de área terrestre. Los llamados €œbloques
petroleros” ocupan el 58.2% del territorio nacional. ¿Qué quiere decir
bloque petrolero? Es una extensión de tierra que, si no está siendo
explotada ya, es considerada por la ANH (Agencia Nacional de
Hidrocarburos), área reservada -regiones donde se considera que hay
posibilidad de que haya petróleo- o área disponible, listos para iniciar un
proceso de concesión. En otras palabras: aunque no signifique que en la
totalidad de esas 66.5 millones de hectáreas (el 58.2%) se esté
efectivamente explotando petróleo, sí quiere decir que dependiendo de los
estudios, se podría explotar petróleo y están en riesgo los modos de vida
de las comunidades que ahí habitan. Ahora echemos un vistazo a la
minería. De los ya mencionados 114.17 millones de hectáreas, 4.848.471 de
ellas están utilizadas para la explotación minera, mientras que 26.348.039
están solicitadas para tal fin. Cabe hacer el mismo señalamiento que con el
petróleo: son 31.196.510 hectáreas, aunque no siendo explotadas en su
totalidad en este momento, sí existe una amenaza pendiente sobre las
cabezas de los habitantes de esas regiones. Y cabe recordar otro€œdetalle€: 

Las áreas que son denominadas reservas mineras estratégicas
(áreas potenciales de explotación minera por su gran cantidad de recursos
mineros) son puestas en venta por la Agencia Nacional Minera, bajo la
principio: el que más ofrece, lleva. David contra Goliat: Los pequeños y
medianos mineros pierden, las grandes multinacionales llevan. El
siguiente mapa representa a los cultivos de palma africana en Colombia. Las
áreas en rojo están actualmente sembradas con palma africana en Colombia Las
metas de crecimiento para el año 2020, según Fedepalma (Federación Nacional
de cultivadores de Palma de Aceite), son crecer el área sembrada de 170.000
hectáreas en el año 2000 a 743.000 en el 2020, teniendo en cuenta que en
Colombia hay 3,5 millones de hectáreas de tierras aptas para el cultivo de
la palma de aceite. Además, las metas para extender las áreas de producción
de caña de azúcar, caña panelera y yuca para la producción de Etanol son de
215.000 hectáreas (fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural),
sumando un total de 958.000 hectáreas. Usted nos explicaba, por ejemplo,
que su país tiene un millón de hectáreas sembradas en palma africana, palma
de aceite, y quizá no tienen más tierra para poder expandir estas
plantaciones. Colombia tiene cerca de 300 mil hectáreas sembradas, pero es
un país lleno de oportunidades. Si uno mira este país en su conjunto, uno
ve perfectamente que existen muchísimas posibilidades de sembrar seis
millones de hectáreas más de palma africana€ Álvaro Uribe Vélez, al ex
Primer Ministro de Malasia, Doctor Tun Mahatir Bin Mohamad Según un
informe de la FAO (Food and Agriculture Organization, ONU) en 2008, €œEl
rápido crecimiento de la demanda de materias primas para biocombustibles ha
contribuido a un aumento de los precios de los alimentos, y amenaza la
seguridad alimentaria de compradores netos de alimentos, tanto en áreas
rurales como en áreas urbanas€. Así mismo, advierta que El impacto más
importante está determinado por el cambio en el uso de la tierra, por
ejemplo a través de la deforestación, dada la expansión de la superficie
destinada a la agricultura. Otros posibles efectos medioambientales
negativos en la tierra y los recursos hídricos, así como en la
biodiversidad, también dependen en gran medida de los cambios en el uso de
la tierra€. Después de este panorama muy general, que se limita a ser una
mirada fugaz sobre el ordenamiento territorial de los proyectos de
extracción minero-energética y de proyectos para el cultivo de
agrocombustibles, vamos a publicar algunos de los múltiples planteamientos
que nos han llegado a través del Foro Política de Desarrollo Agrario
Integral (Enfoque Territorial) que tuvo lugar en Bogotá el 17, 18 y 19 de
diciembre, frente a este tema. Muchas organizaciones hacen primero un
diagnóstico del problema, cada una desde sus propias experiencias vividas,
pero a la vez muestran un conocimiento teórico profundo de la problemática.
Asoquimbo afirma que: las empresas nacionales y transnacionales (Isa,
Isagen, Endesa, Enel, Emgesa, Emerald Energy, Anglo Gold Ashanti,
Hydrochina, etc.) invierten sus excedentes financieros en la explotación de
nuestros recursos naturales con el propósito de incrementar su capital,
explotando al máximo la fuerza laboral, desplazando a las comunidades de
sus territorios, destruyendo los tejidos sociales, la seguridad
alimentaria, la fauna, la flora e incrementando el calentamiento global. La
Coordinación Agrominera, del departamento de Antioquia, dice: la
violación al derecho al territorio es cada vez más evidente, enmarcadas en
los macroproyectos mineros, hidroeléctricos y viales que buscan desalojar a
cientos de familias, que desde hace más de 70 años y por más de tres
generaciones llevan habitando y subsistiendo en estos territorios. Esto se
hace claro en el caso de la hidroeléctrica de Ituango, La concesión de
tierras del Bajo Cauca, Guamoco, Remedios, Segovia a empresas
transnacionales y multinacionales para la explotación aurífera, y el
replanteamiento económico que se busca realizar con el anejo de las ZRC,
llevando como consecuencia la pérdida total de la soberanía del pueblo
colombiano. El MOVICE plantea: Es importante recordar que los contextos de
conflicto han conllevado a que empresas extranjeras, con intereses marcados
y ciertos en la tierra y su producción, ya sea agropecuaria o extractiva,
como el caso de Chiquita Brands; hayan participado directamente como
financiadores de actores armados ilegales. Igualmente la propuesta Santos
avanza hacia la adecuación de un escenario propicio para la implementación
de los TLC, la cual es el centro de la propuesta de las alianzas
productivas y las formas asociativas de producción con el fin de lograr
“aumentar las escalas de la producción bajo un enfoque de conglomerados
productivos que integren vertical y horizontalmente la producción,
transformación y comercialización€. El MODEP, Movimiento por la Defensa
de los Derechos del Pueblo, plantea:€Un elemento muy importante de este
modelo de acumulación capitalista hace referencia a la apropiación de
tierras y territorios por parte de monopolios nacionales e internacionales,
por medio de compra, arriendo y usufructo de territorios para megaproyectos
agroindustriales, el agro-negocio y minero-energético de carácter
imperialista y por medio de esta modalidad se genera un ordenamiento
territorial alrededor de esos proyectos de inversión, en torno a los cuales
se organiza la población y se generan relaciones sociales y de producción
de las comunidades, subordinando las necesidades de los pueblos, del
ecosistema y los derechos y diversidad de las comunidades. La Delegación
de La Guajira: €œLas comunidades indígenas han venido denunciado mega
proyectos que rodean la Sierra y que amenazan el agua, la tierra y, sobre
todo sus tradiciones y el respeto a sus pueblos. Entre estos la
construcción de hoteles 7 estrellas en el parque Tayrona por parte de la
transnacional tailandesa Six Senses, el puerto multipropósito de Dibulla, y
el desvío del río Ranchería, para lo cual el ejército ya está provocando el
desplazamiento de comunidades como Yuoret y Paridan donde realizaron un
operativo de amedrentamiento y detención de miembros de una comunidad y el
asesinato de un indígena”. Las comunidades señalan la obvia relación
entre estas empresas multinacionales, los paramilitares y la Fuerza
Pública. Así dice la Coordinación Agrominera del departamento de Antioquia:
(A) la relación existente entre los megaproyectos, el paramilitarismo y el
creciente pie de fuerza en las regiones a través de planes militares
denominado €œPlan Troya. Fensuagro Nariño rechaza €œla posición de Fedegan
de deslegitimar el presente foro, porque a esta entidad no le conviene que
se escuche a los campesinos, pues los ganaderos financiaron la mitad de los
grupos paramilitares€. La Mesa de trabajo número 20: €œAlgunas
organizaciones sociales plantean que el conflicto se ha profundizado a raíz
de la incursión del paramilitarismo buscando el control de los recursos en
territorios estratégicos, generando el desplazamiento de comunidades
enteras. Relatoría Mesa C: 

€œExigir al Estado y al Ministerio de Defensa la aplicación de mecanismos y 

estrategias conducentes a evitar la conformación
de ejércitos privados, al servicio de empresas mineras o extractoras de
recursos. Hay una cantidad de organizaciones mineras quienes exigen el
respeto y respaldo a los pequeños y medianos mineros: La Coordinación
Agrominera, del departamento de Antioquia, dice: Las comunidades campesinas
y mineras de Antioquia, exigimos la soberanía sobre nuestros recursos
minero energéticos, por lo tanto proponemos la construcción del nuevo
código minero coherente con las necesidades de las comunidades que respete
el trabajo que históricamente se ha ido desarrollando por minero
artesanales y la mediana minería. 2.2. Legalización, protección de títulos
mineros, así como el apoyo para tecnificar los procesos de minería
locales.2.5. Exigimos garantizar la seguridad de nuestros compañeros
mineros, no más estigmatización del trabajo minero. ANZORC declara: €œSe
debe implementar un programa de fortalecimiento de la pequeña minería y la
minería artesanal que garantice condiciones de seguridad, protección
ambiental, acceso a tecnología, y mayor participación en las ganancias€. La
Delegación de Paz de las FARC-EP planteamos, en la cuarta propuesta de
nuestra iniciativa de DESARROLLO RURAL PARA LA DEMOCRATIZACIÓN Y LA PAZ CON
JUSTICIA SOCIAL EN COLOMBIA:  Establezca regulaciones específicas de
acompañamiento a la pequeña y mediana minería y a la minería artesanal para
contribuir a su sostenibilidad socio ambiental o a su reconversión€. Otra
propuesta recurrente es la de la consulta previa a las comunidades sobre
los grandes proyectos que quieren llevar a cabo dentro de sus territorios.
Plantea la Coordinación Agrominera de Antioquia: Garantía de realización de
la consulta previa, libre e informada frente a los grandes megaproyectos
agrarios y minero energéticos. MUCAPOC (Mesa de Unidad Cívico Agraria y
Popular del Oriente Colombiano) plantea: €œLa consulta previa debe ser un
espacio d identificación de necesidades, diálogo, debate y construcción
colectiva que vele por dar espuestas apropiadas y oportunas. La forma cómo
debe funcionar es mediante la utilización de los censos como herramienta
para que se incluya en lo posible la mayor cantidad de población,
campesinos, indígenas y negritudes, tanto lo que viven en sus regiones de
origen como aquellos que se encuentran en condición desplazamiento; la
implantación de mesas de trabajo locales, donde se aborden las temáticas
desde los aspectos de importancia para la población (conservación y
prevención de los recursos, vial agrario, etc.), posteriormente ue se
realicen plenarias a nivel regional y finalmente nacional. Las mesas de
trabajo y las plenarias deben contar con la presencia de integrantes de las
diferentes instancias responsables de los temas tratados (ministerios de
ambiente, agricultura, vías, etc.), además de veedores y transmisiones en
vivo y en directo tanto radial como televisivo, lo anterior con el fin de
velar por la regularidad y transparencia del proceso€. La Delegación de
Paz de las FARC-EP planteamos como elemento para la discusión la idea de
que no se debería solo hablar de consulta, sino también de consentimiento,
es decir, se puede consultar sin aplicar las opiniones que se hayan
recogido. Otro planteamiento es que esa consulta y consentimiento debe ser
aplicada desde la fase de Area Disponible€ (ver mapa bloques petroleros
arriba), ya que en este momento se hace la consulta previa en la fase €œExplotación

€, cuando ya el mal está hecho. Y si la acción de las empresas
afecta a comunidades que están por fuera del área (por ejemplo por la
secación de fuentes hídricas): ¿Qué se debe hacer? Las organizaciones en
muchas ocasiones exigen que las empresas multinacionales que llevan a cabo
proyectos de extracción minero energética salgan de sus territorios o que
se detenga la concesión de títulos: La Coordinación Agrominera del Norte y
Nordeste antioqueño: €œ esto dentro de un proceso de nacionalización de
recursos, donde el país sea beneficiario de las riquezas. En este sentido
exigimos que las grandes empresas multinacionales salgan de nuestros
territorios. Quitarle al Gobierno Nacional el privilegio de concesionar
los subsuelos sin restricciones. Que el gobierno no siga negociando los
territorios del campesino, dice la Asociación Campesina de Arauca, ACA. La
Delegación de La Guajira declara: En la Guajira, 19.000 soldados, jóvenes
hijos de pobres, cuidan y se hacen matar para que las transnacionales
puedan saquear nuestras riquezas. En otras palabras, pagamos y ponemos a
nuestros hijos a cuidar para que nos roben y destruyan el medio ambiente.
La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
(Asoquimbo), dice: €œSe detenga inmediatamente la concesión de títulos a
empresas nacionales, trasnacionales y multinacionales que tengan como
objetivo el desarrollo de mega minería€. En otros casos, el planteamiento
consiste en ponerle riendas a esas empresas, como escribe la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC: €œLimitar la venta y
subasta de tierra a compañías extranjeras. La Asociación Colombiana de
Ingenieros Agrónomos dice: Apoyamos la obtención, vinculación, de
tecnologías foráneas, pero rechazamos enfáticamente la venta de nuestros
limitados recursos, como es la tierra y sus fuentes de protección, bien sea
a multinacionales y extranjeros. Y FENSUAGRO dice: €œLa explotación de los
recursos naturales renovable y no renovables debe estar en concordancia de
la vida humana y la naturaleza hacia su sostenibilidad, hoy y futura. Más
adelante afirman: Nos oponemos a la extranjerización de tierra que implica
vender las mejores tierras colombianas al capital transnacional ya que
atentaría la integridad de la soberanía nacional, la exportación de las
riquezas producidas por la mano de obra colombiana, el desplazamiento de
inmensas masas de campesinos y campesinas y al de abastecimiento
alimentario de los colombianos. La ONIC/CRIC, organizaciones indígenas del
Cauca, exigen: €Eliminación de todas las licencias ambientales, títulos y
concesiones mineras otorgados en territorios indígenas y afrodescendientes,
sin el ejercicio del derecho a la consulta previa€. €Que se controle la
adquisición de tierra por parte de extranjeros por un máximo de un 5% total
en todo el país, así mismo a las multinacionales que explotan nuestros
recursos nacionales no renovables; un NO rotundo a la MEGAMINERIA a cielo
abierto€, dice la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos del
Quindío. En nuestra 4ª propuesta de Desarrollo Rural para la
Democratización y la Paz con Justicia Social en Colombia, las FARC-EP
proponemos que se establezcan límites y estrictas regulaciones socio
ambientales, o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción
de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía
hídrica y de producción de agrocombustibles€. Hay un llamado generalizado
al Gobierno nacional y al Congreso de la República a revisar el modelo
económico (neoliberal) que están llevando a cabo, y que no siga con la
locomotora minero energética: Hacemos un llamado para que no se siga
repartiendo y entregando en concesiones nuestro territorio a las
multinacionales petroleras y mineras por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos en complicidad con los Ministerios de Minas, Energía y medio
ambiente, dice la Mesa Regional Putumayo, Sucumbios, Nariño y Baja Bota
Caucana. ANZORC propone: El país debe desmontar la locomotora minera. La
explotación minera y de hidrocarburos debe dejar de atentar contra la
permanencia en el territorio de las comunidades agrarias y debe orientarse
a la soberanía energética del país. Debe tener límites muy claros y de
riguroso cumplimiento. Límites en la escala, en el tiempo, en los métodos,
en los lugares, en los sujetos que la ejecutan, en los beneficiarios. La
Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
(Asoquimbo), plantean: Replantear el modelo de €œdesarrollo€ vigente y la
política minero-energética y los agronegocios€. Hay una preocupación
generalizada por los efectos de la extracción minero-energética y los
cultivos para agrocombustibles. En este sentido, La Coordinación Agrominera
de Antioquia exige: Protección del medio ambiente mediante la creación de
proyectos alternativos de extracción. La Mesa de base número 3: €œLos
campesinos y campesinas son quienes deben elaborar los planes de
ordenamiento ambiental de las ZRC y deben recibir incentivos fiscales por
la protección del medio ambiente y proteger la biodiversidad del país€. La
CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, plantea:

€œEn relación al medio ambiente el Convenio 169 establece en su artículo
7.4. la obligación general que los gobiernos deberán tomar medidas en
cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio
ambiente de los territorios que habitan€. Hemos reproducido aquí
diferentes planteamientos algunos concretos, otros más generales- sobre
el problema de la extranjerización de la tierra, concretamente en la
extracción minero-energética y las plantaciones para agrocombustibles. Las
FARC-EP hemos publicado 10 planteamientos que esperamos sea una síntesis de
lo planteado por organizaciones e individuos en los diferentes foros y a
través de la página web. Reiteramos que esas propuestas no tienen punto
final; el debate sigue, debe seguir, cada vez con más fuerza, para aportar
más elementos a las conversaciones de paz. Cabe recordar aquí lo
siguiente, expresado por la Asociación de Afectados por el Proyecto
Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo):€œEl problema está en que los
ciudadanos sí tenemos el derecho de reclamar al Gobierno y a los
congresistas, que dicen representar al pueblo, no aprobar políticas como la
minero energética y los agronegocios, que responde al modelo neoliberal, y
que favorecen intereses de las empresas nacionales y transnacionales, a
nombre de la confianza inversionista para incrementar la prosperidad,
especialmente, de los banqueros€. El Gobierno Nacional, en reiteradas
ocasiones, ha declarado que no está dispuesto a negociar el modelo
económico (neoliberal) de este momento; sin embargo, gran parte de los
problemas aquí planteados y muchos otros- derivan de este modelo, que
como un pulpo extiende sus brazos sobre Colombia. La movilización popular
es un factor determinante para curarle la miopía al Gobierno Nacional en
determinados asuntos que son claves para lograr nuestro sueño de un país
más equitativo, con una economía basada en el bienestar de las mayorías y
la sostenibilidad medioambiental. Pueblo Colombiano: €œa´la Mesa!
Delegación
de Paz de las FARC-EP Fuentes: FAO, 

*Samuel Barinas Varela*
Corfisocial

las Farc - EP dio a conocer los últimos tres puntos de su “decálogo” para solucionar la cuestión agraria y garantizar la inclusión política, social y el desarrollo rural en los campos de Colombia

 Domingo 27 de enero de 2013 
 El decálogo agrario de las FARC EP César Jerez / 
Esta semana la delegación de paz de la guerrilla de las Farc - EP
dio a conocer los últimos tres puntos de su “decálogo” para solucionar la
cuestión agraria y garantizar la inclusión política, social y el desarrollo
rural en los campos de Colombia.   Las Farc hicieron sus planteamientos
desde el 14 de enero, día en el que se reanudaron los diálogos de paz entre
el gobierno y la guerrilla tras un receso de fin de año. El catálogo fue
expuesto en cinco comunicados, que fueron leídos por diferentes voceros de
la delegación de paz guerrillera.   El decálogo agrario representa una
actualización del programa agrario de los guerrilleros de las FARC, un
documento fundacional de esta guerrilla que data de 1964.   El decálogo de
las Farc tiene la particularidad de que incluye gran parte de las
propuestas de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas en
materia de desconcentración, acceso a la tierra, autonomía, ordenamiento
territorial, ambiental, productivo y reconocimiento político del
campesinado.   Las Farc han sido enfáticas al manifestar que el único
camino posible para legitimar los eventuales acuerdos del proceso de paz es
la Asamblea Nacional Constituyente.   Llama la atención que en la septima
propuesta las Farc recogen la figura territorial de las Zonas de Reserva
Campesina (ZRC), pero la proponen como territorio colectivo de Zonas de
Reserva Campesina. Un elemento nuevo, pues en el proceso de construcción y
constitución de las ZRC, las organizaciones campesinas han reclamado que
los territorios campesinos deben tener los mismos alcances de las formas de
los territorios colectivos de comunidades negras e indígenas, pero
manteniendo la titulación individual de las fincas campesinas, con una
Unidad Agrícola Familiar que limita la propiedad y con una reglamentación
que las proteja del latifundio, los agronegocios y los intereses de las
empresas minero-energéticas.   El siguiente es el texto completo del
preámbulo y de las 10 propuestas presentadas por las Farc al gobierno y la
sociedad colombiana, fundamentales para el debate sobre la tierra, la
cuestión agraria y el desarrollo rural en Colombia. El decálogo es un punto
de partida determinate para el futuro del proceso de paz, el
establecimiento de acuerdos y el logro de una paz estable y duradera.
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 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del pueblo
(FARC-EP), comunican:   Su reiteración en exigir celeridad en el análisis
profundo e integral -pensando en los intereses de las mayorías nacionales-,
del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera. En tal sentido, conminan al gobierno de Juan
Manuel Santos a cesar en la retórica guerrerista que acompaña de falsas
promesas de solución a los problemas sociales, y se comprometa públicamente
a presentar soluciones prontas, tangibles, apartadas de la demagogia, para
los problemas de miseria que han generado la terrible confrontación que
desangra al país.   La Delegación gubernamental que dialoga con las FARC-EP
debe demostrar voluntad para avanzar, sentando sobre la Mesa propuestas
claras que le indiquen al país que el gobierno no prolongará
indefinidamente en el tiempo las soluciones al grave problema del
latifundio y de los despojos de la tierra por métodos violentos o
disfrasados de legalidad, que han profundizado la guerra generando
desplazamientos, masacres, luto y desolación, para favorecer a las élites y
a las trasnacionales que saquean la patria.   Las FARC-EP han estudiado con
atención las propuestas que el pueblo presentó en eventos como las Mesas
Regionales de Paz impulsadas por las Comisiones de Paz de Senado y Cámara,
el encuentro internacional Pueblos Construyendo Paz, el Foro Política de
Desarrollo Agrario Integral (enfoque territorial), las propuestas enviadas
a la página Web dispuesta por la Mesa de Conversaciones, entre otras
inciativas que deben motivar la máxima participación y la presencia directa
de la ciudadanía en el proceso de paz.   Del estudio de tales propuestas y
reflexiones, hemos tomado las conclusiones centrales para esbozar una
posición preliminar referida al primer punto del Acuerdo General, la cual
apunta a resolver la injusta estructura latifundista de la tenencia de la
tierra, causa fundamental de la miseria y la guerra que padece Colombia.
Nuestra propuesta, la cual iremos presentando a consdieración de nuetros
compatriotas en el curso de este nuevo ciclo de intercambios, la hemos
titulado Diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario
integral con enfoque territorial, y con respecto a ella presentaremos
paulatina y públicamente los argumentos de sustento que están construidos
observando las iniciativas de la población.   Las FARC-EP, en ejercicio de
su soberanía política y en desenvolvimiento de su interlocución constante
con el pueblo, ponen en conocimiento del pais la primera de las diez
propuestas:   PRIMERA PROPUESTA. Realización de una reforma rural y agraria
integral, socioambiental, democrática y participativa, con enfoque
territorial, fundamentada en los siguientes propósitos:   a. Superación de
las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que generan el
ejercicio estructural de la violencia por parte del Estado y fuerzas
paramilitares en las zonas rurales, y provocan el alzamiento armado
guerrillero para enfrentar esas condiciones.   b. Transformación de las
relaciones rurales, que contribuya a la democratización real del poder
territorial, de la sociedad, del Estado y del modelo económico en su
conjunto, así como al buen vivir de la población. c . Erradicación del
hambre, la desigualdad y la pobreza rurales;   restablecimiento de la
dignidad y reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos
políticos, y garantía y disfrute efectivo de sus derechos políticos,
económicos, sociales y culturales, incluida la correspondiente provisión de
recursos de presupuesto e infraestructura social.   d. Construcción de una
nueva ruralidad basada en la justicia territorial y la democratización de
las relaciones urbano-rurales.   e. Desconcentración y redistribución de la
propiedad sobre la tierra mediante la erradicación del latifundio
improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso.   f. Promoción al acceso
y el disfrute del derecho a la tierra y al territorio de los campesinos sin
tierra y de las mujeres en especial.   g. Prohibición o establecimiento de
límites estrictos, según el caso, a la extranjerización de la tierra.   h.
Reparación integral de la población víctima del desplazamiento forzado y
del despojo.   i . Protección y mejoramiento de las condiciones de
propiedad y producción de los pequeños y medianos propietarios.   j.
Reconocimiento y respeto de los territorios colectivos de comunidades
indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, así como de los
territorios campesinos de Zonas de Reserva Campesina y de futuras Zonas de
Producción de Alimentos.   k . Ordenamiento territorial y definición de
usos de la tierra que garanticen la protección de los ecosistemas, la
sostenibilidad socioambiental, el derecho al agua, la producción de
alimentos y la soberanía alimentaria.   l. Estímulo a la economía campesina
y en especial a la producción de alimentos, considerando la coexistencia de
diferentes modelos de producción, atendiendo regulaciones estrictas de los
encadenamientos productivos.   m. Auspicio de una política de investigación
y desarrollo científico técnico, de protección de las semillas nativas y
del conocimiento propio.   n. Dotación de medios de producción, de
infraestructura física de transporte y comunicaciones, de distritos de
riego y regadío, de acopio, almacenamiento y comercialización, de recursos
de crédito y de otros medios de financiación, privilegiando las economías
campesinas y de producción de alimentos.   o. Denuncia o revisión de
tratados y acuerdos y de todo tipo de regulaciones de libre comercio,
inversión o propiedad intelectual que afecten la soberanía alimentaria y
las condiciones de nutrición y alimentación de la población.   p.
Definición precisa de medidas para evitar la especulación financiera con la
tierra y las economías rurales. En todo caso, el total de la propuesta será
publicada al terminar el mes de enero con las correcciones a que hubiere
lugar, y en adelante se presentarán los complementos de sustentación.   2.
La erradicación “del hambre, la desigualdad y la pobreza de los pobladores
rurales”   Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del
Pueblo, en ejercicio de su soberanía política y en desarrollo de su
interlocución permanente con el constituyente primario que es el pueblo,
comunican:    Mantenemos nuestro compromiso de presentar de manera
paulatina ante el país, nuestras propuestas referidas al primer punto de la
Agenda del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera.    Inspirados en los anhelos
populares, el conjunto de nuestras iniciativas son mínimos para buscar
puntos de aproximación con el gobierno; lleva por nombre Desarrollo rural
para la paz de Colombia y se compone de Diez propuestas para una política
de desarrollo rural y agrario integral, al respecto de lo cual hicimos un
primer esbozo en comunicado reciente de fecha 14 de enero de 2013.   A
continuación damos a conocer el encabezado de nuestra iniciativa de
Desarrollo Rural y las propuestas dos y tres de la misma:   Considerando el
mandato histórico del Programa Agrario de los Guerrilleros y de otras
elaboraciones programáticas de las FARC-EP, acogiendo y haciendo suyos
importantes análisis, propuestas e iniciativas, formuladas con entusiasmo,
esperanza y anhelos de paz por numerosas y muy representativas
organizaciones de la sociedad colombiana, en general, y del movimiento
social y popular, en particular, presentadas en los encuentros regionales
por la paz impulsados por las Comisiones de paz del Congreso de la
República, así como en el Foro Política de desarrollo agrario integral –
enfoque territorial, organizado por las Naciones Unidas y la Universidad
Nacional de Colombia (Centro de Pensamiento y seguimiento al proceso de
paz), a petición de la Mesa de Diálogos de La Habana, celebrado del 17 al
19 de diciembre de 2012 en Bogotá, D.C., las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, ponen a consideración
del pueblo colombiano las siguientes ocho propuestas de desarrollo rural
para la paz de Colombia:   Segunda Propuesta: Erradicación del hambre, la
desigualdad y la pobreza de los pobladores rurales, y compromiso con el
mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, mediante el acceso y
disfrute efectivo de sus derechos políticos, económicos, sociales y
culturales. Ello implica, de manera prioritaria, la puesta en marcha de
programas masivos de nutrición y alimentación y de empleo rurales, de
dignificación y laboralización del trabajo agropecuario atendiendo
estándares de normatividad internacional, así como la provisión de la
correspondiente infraestructura social en educación, salud, vivienda,
seguridad social, recreación, cultura y deporte, acompañada de la
disposición extraordinaria de recursos del presupuesto público.   Tercera
Propuesta: Construcción de una nueva ruralidad basada en la democratización
de las relaciones urbano-rurales, y en el principio de la justicia
territorial, que supere visiones extractivistas y utilitaristas del mundo
rural y reconozca en él sus potencialidades políticas y culturales para el
desarrollo del país y el buen vivir de su población.   Ello implica la
puesta en marcha de medidas excepcionales para cubrir la deuda histórica
política, económica, social y cultural del Estado con el campo y sus
pobladores, deuda que ha producido violencia, exclusión, desigualdad,
pobreza, discriminación y segregación territorial; impone la
desmilitarización del Estado y de la sociedad y la superación de la
estigmatización del campesinado; conlleva el ordenamiento y la regulación
del territorio urbano-rural con base en criterios de equidad, mutuo
beneficio y participación democrática; demanda medidas reales y efectivas
para la apropiación de la riqueza pluriétnica y multicultural del mundo
rural, incluyendo valores, modos de vida y de organización de la
economía.   CUARTA
PROPUESTA: Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del
territorio, del derecho al agua y de los usos de la tierra, que propicie
relacionamientos sostenibles con la naturaleza y equitativos con la ciudad,
priorizando la protección de ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute
estratégico del agua por parte de la población; reconozca y respete las
diversas trayectorias étnicas y culturales de vida y de organización del
territorio; estimule usos agrícolas de la tierra que “desganadericen” las
economías rurales y privilegien la producción de alimentos y la soberanía
alimentaria; contemple una organización de la producción de bienes
agrícolas básicos en espacios aledaños a los centros de consumo,
propiciando y afianzando el asentamiento y estabilización de pequeños y
medianos productores en esos espacios; establezca límites y estrictas
regulaciones socioambientales, o prohibiciones, según el caso, a las
economías de extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos,
de generación de energía hídrica y de producción de agrocombustibles;
establezca regulaciones específicas de acompañamiento a la pequeña y
mediana minería y a la minería artesanal para contribuir a su
sostenibilidad socioambiental o a su reconversión; y contemple acciones
frente a los cultivos de uso ilícito para transitar hacia producciones
alternativas o de sustitución, o para su legalización atendiendo fines
medicinales y terapéuticos o razones culturales.   QUINTA PROPUESTA:
Garantía de acceso real y efectivo y disfrute del derecho a los bienes
comunes de la tierra y el territorio, considerando de manera especial el
derecho de las mujeres, y una perspectiva pluriétnica y multicultural. Se
propone la creación de un Fondo de Tierras, conformado por tierras
provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuamente
explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la
violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico. Con base en
la definición de las condiciones agroecológicas, de fertilidad y
productividad de las tierras que conforman el Fondo, se procederá a su
distribución a través de la dotación de tierra a campesinos sin tierra y a
mujeres, de manera prioritaria; se mejorarán las condiciones de propiedad y
de producción de los pequeños y medianos propietarios, incluida la
superación del microfundio. Las unidades de propiedad, medidas en Unidades
Agrícolas Campesinas, deberán garantizar condiciones de vida y de trabajo
digno a los campesinos y campesinas y evitar la concentración de la
propiedad sobre la tierra. Economías campesinas asociativas y de
cooperación serán estimuladas. Los flujos poblacionales y reasentamientos
provocados por la redistribución democrática y participativa de la tierra
serán concertados con los campesinos. El acceso a la tierra comprende el
reconocimiento y definición de territorios campesinos, indígenas,
afrodescendientes, raizales, palenqueros e interétnicos. En el caso de la
población desplazada y de las víctimas del despojo, la restitución de
tierras debe ser superada por la reparación integral basada en el catastro
alternativo. El acceso a la tierra no implica la mera formalización
jurídica de la propiedad, es decir, la titulación, también exige la
provisión de condiciones generales para su usufructo, la protección frente
a la especulación financiera, la prohibición o regulación estricta, según
el caso, del derecho de superficie. La política tributaria debe erigirse en
un instrumento de la política de desconcentración de la propiedad; debe ser
directa y progresiva y prever mayores castigos tributarios para tierras
ociosas, improductivas o inadecuadamente explotadas; supone una
actualización inmediata de los avalúos catastrales, atendiendo parámetros
técnicos.   SEXTA PROPUESTA: Reconocimiento de los territorios colectivos y
las territorialidades de los pueblos indígenas, de las comunidades
afro-descendientes, raizales y palenqueras, lo cual implica la titulación
colectiva de sus tierras y territorios, el respeto real y efectivo de la
autonomía y la organización política, económica, social y cultural de esas
comunidades, con fundamento en jurisdicciones propias, y la responsabilidad
del Estado para su protección y financiamiento. En el mismo sentido, se
propone el establecimiento de territorios interétnicos, definidos como
territorios de coexistencia de las diferentes formas culturales de vivir de
las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes, con
regulaciones colectivas propias y atendiendo principios de autonomía y
autogestión.   SÉPTIMA PROPUESTA: Reconocimiento y definición de los
territorios y las territorialidades campesinas, incluidos los derechos de
las comunidades campesinas y la dignificación y el reconocimiento político
del campesinado. Los territorios campesinos deben tener los mismos alcances
de las otras formas de territorios colectivos. En consecuencia se
fundamentan en el respeto real y efectivo por la autonomía y la
organización política, económica, social y cultural, en el establecimiento
de jurisdicciones campesinas propias, y en la responsabilidad del Estado
para su protección y financiamiento. Estos territorios asumirán dos formas:
Primero, como territorio colectivo de Zonas de Reserva Campesina; segundo,
como Zonas de Producción Campesina de Alimentos. Todo lo anterior, ha de
acompañarse de medidas que garanticen la vida y las concernientes a la
dignificación y al reconocimiento político de los campesinos y campesinas
por parte del Estado, lo cual debe empezar con la adopción de la
declaración de los derechos del campesino de la ONU, así como del acuerdo
141 de la OIT referente al trabajo rural, con su consecuente incorporación
en el ordenamiento jurídico.   Las FARC-EP presentarán en el día mañana, el
desarrollo de la quinta propuesta, y responderán a las inquietudes de los
comunicadores sociales sobre el tema, en rueda de prensa que se realizará a
partir de las 15:00 horas.   Propuesta Octava: Compromiso con la soberanía
alimentaria mediante la promoción y el estímulo a las diversas formas de
producción de alimentos destinadas al cubrimiento de las necesidades
nutricionales y de alimentación del pueblo colombiano. Ello demanda crear
condiciones de producción, circulación, comercialización y consumo de los
alimentos, basadas en relaciones de equidad y justicia y de mutuo beneficio
entre productores rurales y consumidores urbanos, incluidas la provisión de
infraestructura física, especialmente de vías de comunicación y de riego,
de transporte, de acopio y almacenamiento, de comercialización y acceso a
los mercados local, regional, nacional o internacional, de crédito y de
otros medios de financiación. La economía campesina merece especial
protección y estímulo por parte del Estado. Lo anterior, también comprende
la posibilidad de encadenamientos productivos entre diversos modelos de
producción agrícola, con fundamento en estrictas regulaciones que
garanticen organización y distribución equitativa de la producción y sus
beneficios entre los diferentes componentes de tales encadenamientos. Se
incluyen igualmente las economías rurales de carácter agroindustrial,
orientadas al mercado mundial, siempre y cuando no afecten la soberanía
alimentaria y garanticen sostenibilidad socioambiental.   Propuesta novena:
Estímulo a la investigación y al desarrollo científico y tecnológicos, a la
protección y promoción del conocimiento ancestral y propio, a las semillas
nativas, con miras a garantizar la conformación de una base
técnico-material que sirva de sustento para el abastecimiento alimentario y
el desarrollo industrial. Estímulo a la investigación socioeconómica de la
economía y sociedad rural, apoyada en la producción y sistematización
permanente y actualizada de información, para apoyar el diseño de las
políticas de desarrollo rural. Ello impone la realización inmediata de un
Censo Rural y Agrario.   Propuesta décima: Denuncia o revisión de los
acuerdos y tratados y de toda regulación supranacional de comercio,
inversiones o propiedad intelectual, que menoscaben la soberanía
alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población,
propicien la extranjerización de la tierra y el territorio, promuevan su
acaparamiento en manos de consorcios transnacionales o estimulen la
especulación financiera, propicien la producción transgénica o la
imposición de paquetes tecnológicos por transnacionales de los agronegocios
o de la alimentación. Mientras ello se produce, expedición de medidas
inmediatas de protección y subsidio a las economías de producción de
alimentos, en especial a la economía campesina, amenazadas por la puesta en
marcha de los tratados de libre comercio.   Las diez propuestas aquí
presentadas, demandan la conformación de una nueva institucionalidad
estatal y social de la economía y la sociedad rural colombiana. De igual
manera, implican la activación de mecanismos que garanticen su seguridad
jurídica, una Asamblea Constituyente y legislativa es el camino.
                   Declaración Cumbre de los Pueblos, Santiago de
Chile   Autor:
     Cumbre de los Pueblos   En el marco da la Cumbre de los Pueblos
realizada entre los días 25, 26 y 27 de Enero de 2013, en Santiago de
Chile, las organizaciones y movimientos sociales y políticos de los
diferentes países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea
declaramos lo siguiente: Hoy, somos testigos de cómo los bienes naturales,
los derechos y las personas han sido mercantilizadas en las naciones y
pueblos de América Latina, Europa y el Caribe, producto de la lógica
capitalista, que en su vertiente neoliberal y machista, permite su
instalación y profundización a través de aparatos cívicos, políticos,
militares.   Las relaciones existentes entre la Unión Europea y América
Latina y el Caribe que priorizan los privilegios y ganancias de los
inversionistas frente a los derechos de los pueblos a través de acuerdos
comerciales y acuerdos bilaterales de inversiones, profundizan este modelo
que perjudica a los pueblos de ambas regiones.   Es así, que estos Estados
mercantilistas, las transnacionales y las corporaciones continúan siendo
administradores y profundizadores de la pobreza y la desigualdad social en
el mundo, amparados por un tipo de democracia representativa, de mano de la
elite, que se aleja de los intereses de las grandes mayorías de nuestro
pueblo.   Esta hegemonía del capital financiero se manifiesta entre otros
en la privatización y mercantilización de los servicios públicos, el
desmantelamiento del Estado de bienestar, la precarización del trabajo, el
extractivismo, la usurpación, la destrucción y mercantilización de los
bienes naturales y sociales propios del pueblo y el desplazamiento forzoso
de los pueblos originarios, provocando las crisis alimentarias,
energéticas, climáticas. En la Unión Europea la crisis capitalista ha
significado un verdadero golpe de estado financiero que ha impuesto
políticas de austeridad en contra de los derechos de los pueblos, de los
derechos laborales, ambientales, etc. La troika europea (FMI, BCE, Comisión
Europea) obliga los estados a endeudarse para salvar los bancos para que
seamos los pueblos los que paguen la crisis provocada por ellos mismo.   Al
mismo, es necesario visibilizar la creciente opresión y discriminación
hacia las mujeres en América Latina, el Caribe y Europa.   No obstante, a
este panorama que parece adverso, reconocemos procesos históricos y
recientes a partir de las luchas de nuestros pueblos en el mundo, que han
logrado tensionar y agrietar las actuales lógicas y nos dan la esperanza de
que otro mundo es posible.   De este modo, surge la necesidad de construir
las bases para un nuevo modelo de sociedad que transforme las actuales
lógicas y coordenadas políticas, económicas, sociales y culturales en todas
nuestras naciones y pueblos de ambos lados del continente las luchas de los
diferentes actores y organizaciones del campo popular.   Para alcanzar
estos objetivos proponemos que:   Los derechos y bienes naturales
arrebatados a nuestro pueblo deben ser recuperados, por medio de la
nacionalización, la comunitarización de los bienes y servicios y los medios
de producción y el reconocimiento constitucional de la naturaleza como
sujeto de derecho. Esto implica pasar de ser resistencia y movimientos
reivindicativos a una alternativa que contenga una propuesta
política-social integral de país.   Promover el paradigma del buen vivir
basado en equilibrio del ser humano con la naturaleza y el medio ambiente y
los derechos de la tierra, al servicio de los pueblos, con una economía
plural y solidaria.   Democracia directa, participativa y popular y su
concretización desde las bases sociales. Para ello, es necesario la
integración de actores sociales y políticos del mundo, valorando prácticas
territoriales y haciendo el dialogo entre las instancias locales y globales.
 Promover la integración en la participación política de los niños y niñas
y las juventudes, desde un enfoque de género. Respeto a la libre
determinación de los pueblos originarios del mundo, entendiéndolos como
pueblos hermanos no sometidos a la territorialidad impuesta por la
colonización. Esto, sumando a la promoción de la soberanía alimentaria en
perspectiva de una autotomía territorial que a los pueblos y comunidades
decidir qué y cómo producirlo.   En cuanto al avance de la represión y la
criminalización de la protesta, movimientos sociales y populares, debemos
articularnos de tal manera de generar la fuerza necesaria para frenar el
avance de leyes antiterroristas y la inserción en las comunidades indígenas
de nuestros pueblos, como a su vez la militarización imperialista que ha
instalado bases militares en América Latina, Europa y el Caribe.
Sensibilizar,
agitar y promover luchas contra las transnacionales, mediante campaña de
denuncias y boicot en todos los niveles. Posicionar el feminismo con un
proyecto político antipatriarcal y anticapitalista. Reconocer y promover
los derechos de los migrantes y los derechos de los pueblos de libre
tránsito entre las naciones. Plena solidaridad con el pueblo Palestino y
todos aquellos pueblos y naciones oprimidos por el poder colonizador y el
imperialismo, así como el repudio a las intervenciones cívicos-militares en
Honduras, Haití y Paraguay. Apoyamos los procesos de paz, con la
participación de los actores sociales y políticos en Colombia. Solidaridad
con el pueblo cubano en contra del bloqueo, con Argentina en el proceso de
recuperación de las Malvinas, con Bolivia y su demanda por salida al mar,
con el pueblo Venezolano en el proceso Bolivariano y con los movimientos
sociales en Grecia y España. En el caso de Chile, solidaridad con el
movimiento estudiantil en defensa de la educación pública, gratuita y con
el pueblo-nación mapuche contra la represión realizada de parte del Estado.
 Acompañando la lucha por la soberanía de nuestros territorios en América
Latina, es necesario luchar por el respeto de la soberanía de nuestro
cuerpo como territorio propio de las mujeres.   Entendemos que la
superación de la precarización laboral a la que se ven expuestos las
mayorías de trabajadores en América Latina y el mundo, pasa por un cambio
estructural que altere las relaciones de propiedad y producción de bienes y
servicios valorando la labor esencial que desempeñan los trabajadores y
trabajadoras como sustento sobre el cual se construye toda sociedad.   De
manera transversal, debemos avanzar en la construcción de plataformas de
lucha comunicacional que no sólo permitan develar y difundir las demandas y
alternativas de nuestros pueblos frente al modelo hegemónico, sino también
como forma de explicar las verdaderas causas de los problemas que hoy nos
aquejan.   Debemos ser capaces de construir demandas unitarias que
aglutinen a todos los actores sociales y pueblos en disputa y que a su vez
nos permitan trazar un horizonte estratégico hacia el cual avanzar,
articulando y organizando la unidad entre el movimiento sindical, social y
político en América Latina, el Caribe y Europa. Esto debiera traducirse en
una hoja de ruta de trabajo y de movilizaciones para el presente periodo,
pero con perspectivas a largo plazo. Al mismo tiempo, fortalecer la
organización social y popular en cada sector de inserción, potenciando la
amplificación de nuestras demandas a las grandes mayorías por medio de la
politización y la movilización.   No podemos dividir más las instancias
organizativas en las que estamos, conducir hacia un proyecto en la
diversidad es el mayor desafío que se nos presenta para la generación de
una alternativa real de poder popular. Romper con los sectarismos que
fragmentan, dividen e impiden la construcción de unidad del campo popular,
es una tarea urgente.   Frente al poder del bloque dominante sólo la unidad
y la solidaridad entre nuestros pueblos nos darán la fuerza necesaria para
alcanzar nuestros más alto objetivos y vencer. Santiago de Chile, Enero 2013
*Samuel Barinas Varela*
Corfisocial

27 de enero de 2013 -Entrevista con Marco Calarcá y Andrés París, voceros de la delegación de paz de las Farc Poderosas razones económicas impulsan la guerra en Colombia Ciudad CSS

Entrevista con Marco Calarcá y Andrés París, voceros de la delegación de
paz de las Farc Poderosas razones económicas impulsan la guerra en Colombia
Ciudad CSS / Domingo 27 de enero de 2013 El negocio de la guerra es la
base de sostén de las posiciones que desde el militarismo civil y
uniformado, se oponen en Colombia a los diálogos y a la construcción de la
paz. Así lo considera Marco León Calarcá, uno de los negociadores de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en la mesa de
conversaciones que desde finales del año pasado se instaló en La Habana,
con el objetivo de alcanzar un Acuerdo Final para la terminación del
conflicto, que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera en
la nación suramericana. Reforma agraria Para las FARC se deben
construir sobre bases ciertas soluciones reales a la problemática de la
tierra. Se trataría de una reforma rural y agraria integral,
socioambiental, democrática y participativa con enfoque territorial fundada
en la superación de las condiciones políticas, económicas, sociales y
culturales que generan el ejercicio estructural de la violencia por parte
del Estado. El papel de Venezuela En el intercambio los negociadores
señalaron que “sin la participación entusiasta y generosa del Gobierno de
la República Bolivariana de Venezuela, encabezado por el presidente Chávez,
el diálogo no estaría en esta etapa.” “Consideramos que las relaciones de
los gobiernos se enmarcan dentro de la estricta diplomacia, pues el
Gobierno colombiano y su presidente Juan Manuel Santos, están alineados y
bajo el dominio de la Casa Blanca. Eso resalta la labor del Gobierno
venezolano. La paz en Colombia es bien preciado para Nuestra América y el
mundo.” Calarcá y Andrés París, voceros plenipotenciarios, respondieron
en forma exclusiva un cuestionario elaborado por el diario Ciudad CCS,
sobre el proceso de conversaciones. 1) ¿Cuáles son los puntos de la
agenda de diálogo irrenunciables para las FARC? ANDRES PARÍS: El
documento firmado en La Habana por las FARC-EP y el gobierno colombiano
denominado acuerdo general para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera, es único e indivisible
integrado por la introducción y los 6 puntos de la agenda. Resaltamos esto
porque ya se planteó y derrotamos la pretensión mediática oficialista de
cercenar la Introducción y el 6 punto de la agenda. La introducción del
documento no gusta al gobierno pues allí se obliga a los firmantes a
desarrollar los 6 puntos de la agenda a la luz del acuerdo general que
establece una necesaria vinculación entre los temas económicos y sociales
y los derechos humanos con los puntos concretos de la agenda. El 6 punto lo
querían embolatar pues marca la discusión sobre los mecanismos
democráticos que necesariamente deben concertarse para firmar un acuerdo
final. 2) ¿De qué modo se garantiza que la voz y las necesidades del
pueblo se coloquen en la mesa de diálogo? ¿Las FARC ha hecho y podría
hacer alguna consulta popular para identificar esos temas? MARCO LEÓN
CALARCÁ: Hay unos mecanismos acordados como la realización de un foro de
amplia participación y representatividad en cada punto, como el realizado
en Bogotá del 17 al 19 de diciembre pasado, organizado por ONU Colombia y
el Centro de Pensamiento para el seguimiento del conflicto de la
Universidad Nacional a solicitud de La Mesa de Conversaciones; la página
web www.mesadeconversaciones.com.co ; la invitación a La Mesa, a exponer
sus propuestas de 2 organizaciones por cada una de las partes (aquí se
presenta una situación difícil para nosotros como FARC-EP, pues ante la
amenaza latente de judicializar a quienes tengan relación o tan solo
conversen con nosotros, decidimos encargar de esto también a la
Universidad Nacional); esta también la posibilidad de enviar propuestas
escritas a través del correo tradicional y un mecanismo poco difundido y
utilizado hasta ahora que son los espacios que solicitamos abrir, como
Mesa, a los Alcaldes y Gobernadores para incentivar el proceso en todo el
país, les llamamos “Participemos en La Mesa”. A nuestro parecer esos
espacios son insuficientes y hemos hecho el compromiso de recibir y
apersonarnos de las propuestas producto de otros eventos e iniciativas
realizadas por las organizaciones sociales, tal es el caso del Encuentro
Internacional Pueblos Construyendo Paz; ya logramos que se aceptarán como
insumos de La Mesa las propuestas de las llamadas Mesa Regionales
organizadas por las comisiones de paz del Congreso. Consideramos que la
movilización popular, expresión del clamor nacional de paz, lograra
ampliar esos espacios de participación. Nuestro compromiso es hacer oír
la voz del pueblo en La Mesa de Conversaciones. El Acuerdo General,
citado por Andrés, contiene los aspectos claves para la solución del
conflicto, la gran consulta hecha por las FARC-Ejército del Pueblo es la
intensa y fluida comunicación que mantenemos con nuestro pueblo. 3)¿Cómo
se podrían incorporar los movimientos sociales colombianos a las
negociaciones de la paz en Colombia? AP: En las reuniones de la etapa
exploratoria que antecedieron los DIALOGOS DE LA HABANA se desarrolló duro
debate por la participación popular en el dialogo. Un vocero oficial
calificó la participación popular como BOCHINCHE. Se acordó un mecanismo
mínimo de participación por medio de una página WEB y unos cuantos
participantes en la discusión de la cada uno de los puntos. La realidad ha
mostrado que el pueblo desborda cualquier estrechez gubernamental y convoca
para el presente año un GRAN FORO PERMANENTE de la sociedad colombiana,
que desarrollara la participación múltiple y a través de diversas
formas. Lo principal es que los temas de la agenda y lo que no se
recogieron hace parte del catálogo agitacional de las movilizaciones
callejeras. La mesa agraria del congreso jugó su papel participativo y el
foro agrario del 17 diciembre convocado por la mesa, arrojó un
extraordinario saldo positivo. 4) ¿Cuáles serían los planteamientos con
respecto al tema de la tierra, el desplazamiento de poblaciones y la
regularización de la tenencia tanto en lo legal como en el aspecto de
seguridad? ¿La devolución de tierras a los desplazados como se puede
verificar en lo concreto? MLC: Esos son los acuerdos que debemos
construir sobre bases ciertas de soluciones reales a la problemática de la
tierra. Es decir, la realización de una reforma rural y agraria integral,
socioambiental, democrática y participativa, con enfoque territorial
fundada en la superación de las condiciones políticas, económicas,
sociales y culturales que generan el ejercicio estructural de la violencia
por parte del Estado. 5) Aunque el gobierno ha dicho que no discutirá el
modelo de desarrollo y la inversión multinacional, ¿que plantea la FARC
sobre estos temas? ¿Cuáles son las líneas maestras del desarrollo que
visualizan? AP: Las líneas que se dibujaran en la futura discusiones,
pasan por intensos debates con un gobierno soberbio, ciego, sordo y
autista. No es posible ni en teoría, ni en la práctica, ni en la
metodología, separar las partes del todo en cualquier investigación o
propósito humano. Pese a la resistencia oficial, el marco socio-económico
y político del país se filtra en cada paso que damos, se escucha en cada
intervención que escuchamos, incluso en los delegados de organizaciones
cívicas y campesinas e indígenas que ha traído el gobierno a la mesa. 6)
¿Cuál es el peso que podría tener la relación del gobierno y la
burguesía colombiana con Venezuela en el curso o resultado de la
negociación? ¿Cómo puede impactar el tema comercial, con una balanza
favorable a Colombia, en el avance del proceso? MLC: Hay que decir que
sin la participación entusiasta y generosa del gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela, encabezado por el presidente Chávez, el dialogo
no estaría en esta etapa. Consideramos que las relaciones de los gobiernos
se enmarca dentro de la estricta diplomacia, pues el gobierno colombiano y
su presidente Juan Manuel Santos, están definitivamente alineado y bajo el
dominio de la Casa Blanca, eso resalta la labor del gobierno venezolano. La
paz en Colombia es bien preciado para Nuestra América y el mundo. 7) De
acuerdo a los criterios de las FARC. ¿Cuáles pueden ser las razones que
llevaron a la oligarquía colombiana abrir este espacio para el dialogo? AP:
Los argumentos de fondo se adivinan en las matrices mediáticas que dejaron
rodar al inicio del proceso de la habana. Por un lado esperaban la
rendición inmediata y barata. Por otro lado se creyeron la mentira que las
FARC-EP estaba derrotada. Ahora en el horizonte se perfilan intereses
electorales que tendrán como plataforma el desprestigio de la mesa que ya
monta la máquina de la mentira que se agrupan en los dueños de los medios
que son los mismo patrones del estado. Solo algunos voceros del régimen,
sensatos y objetivos aprecian que estos diálogos son una oportunidad para
alcanzar la paz. 8) Santos ha pedido una tregua para Navidad. ¿Eso es
posible? ¿Cómo se haría en la práctica? Para actualizar enfocamos sobre
la declaración de la tregua unilateral por parte de las FARC-EP. (El
cuestionario se elaboró antes de la declaratoria de cese de fuego) MLC:
Como gesto de paz y voluntad política de lograrla, como expresión de
solidaridad y defensa de nuestro pueblo y como demostración de las
posibilidades reales de avanzar en formas que eviten mayores sufrimientos,
el 19 de noviembre se decretó el cese de acciones ofensivas y sabotaje
contra la infraestructura pública y privada; sin pedir contraprestación
señalando eso sí la necesidad de cesar la ofensiva legislativa contra el
pueblo colombiano. 2 meses, en los cuales Colombia sintió, lógicamente el
desacelere del conflicto y pese a la escala de las fuerzas militares
oficiales respiro aires de tranquilidad, así lo registran diversos
reportes. Queda demostrado que si es posible el cese de fuegos bilateral,
que es voluntad y decisión. La propuesta de acordarlo sigue en pie por
parte de las FARC-EP. 9) ¿Cual es la situación con respecto a la
incorporación de Simón Trinidad como negociador? ¿Efectivamente es
posible? ¿Cual es el mecanismo jurídico que se utilizaría? AP:
Importantes voceros de EEUU han desinflado la oportunidad para que el
gobierno de OBAMA haga un gesto de paz hacia Colombia. Esperamos un
pronunciamiento del presidente a quien han sido dirigidos nuestros mensajes
sobre la libertad inmediata de SIMON TRINIDAD. 10) ¿Cómo se configura la
correlación de fuerzas en el seno de la burguesía colombiana y la clase
dominante con respecto a favorecer la negociación? ¿Qué sectores la
adversan y cuales la favorecen? ¿Habría sectores planteándose un
mecanismo para abortar el proceso? MLC: El militarismo de civil y
uniformado tanto nacional como extranjero trabaja en contra de los
diálogos y la construcción de la paz. Más allá de razones ideológicas
son las poderosas razones económicas las que determinan estas posiciones
guerreristas, pues para ellos la confrontación es fuente de ganancias. Por
ejemplo la industria bélica estadounidense e israelí, al lado de sus
organismos de inteligencia ligados profundamente con la oligarquía
colombiana en el negocio de la guerra. 11)¿Le conviene, en este momento
histórico (con una crisis agudizada del modelo del capital, un
estancamiento de los acuerdos de libre comercio, la incorporación de
Venezuela a Mercosur, entre otros), a la burguesía colombiana el logro de
la paz? ¿Que elementos de ese contexto actual la empujan a aceptar el
diálogo? AP: Estos aspectos de su pregunta que ubican algunos elementos
del entorno internacional seguramente son leídos de diferente forma por el
régimen y por nosotros a la luz de las decisiones de sentarnos a dialogar.
Lo más lógico es que ante una tormenta que es lo que se avecina en lo
económico y social en el país, se tomen medidas para amainar el impacto
en la infraestructura política. Pero NO. Al parecer el cálculo es impedir
que la guerrilla con sus banderas de justicia social se lleven los aplausos
y el apoyo del pueblo colombiano en esta aguda crisis mundial sistémica
del capitalismo. 12) ¿Con quién cuenta el ex-presidente Uribe para
boicotear el diálogo? ¿A que capas de la burguesía representa y que
proyecto expresa? MLC: Uribe cada día está más solo. Se hunde en la
podredumbre de su accionar contra nuestro pueblo. Puede ser que ya no tenga
fuerza para ser cabeza visible de los sectores de ultraderecha,
narcoparamilitares, mafiosos y fascistas que lo llevaron a la presidencia.
No equivocarnos, esos sectores existen y tienen poder, el caído en
desgracia es Uribe y cabe preguntarse hasta cuando los gringos lo van a
proteger? Sabemos que ellos usan y desechan. Nota: Respondimos el
cuestionario Andrés París y Marco León Calarcá, como lo indicamos al
inicio de cada respuesta. Para otra información o actualización sobre el
desarrollo de los diálogos de paz o sobre nuestra realidad, los invitamos
a visitar www.farc-ep.com o pazfarc-ep.blogspot.com

Llaman a Santos, Obama y a la ONU a detener las fumigaciones aéreas con
glifosato en Colombia Agencia Prensa Rural / Domingo 27 de enero de 2013 Señor
Ban Ki-moon Secretario General de la Naciones Unidas Nueva York REF.:
Aspersiones aéreas para la erradicación de cultivos con usos ilícitos en
Colombia. Por violaciones de Convenciones y Tratados y contra los Derechos
Humanos, daños a la salud e impactos ambientales ocasionados por las
aspersiones aéreas con defoliantes y uso intensivo e indiscriminado de
agroprecursores en Colombia, los abajo firmantes ciudadanos y
Organizaciones Sociales, de Derechos Humanos, Reducción de Daños, Reforma a
la Políticas de Drogas, Medio Ambiente y Paz solicitamos la mediación de
las Naciones Unidas para que en Colombia: 1. Se declare de inmediato una
moratoria en las fumigaciones mientras se llevan a cabo con autonomía los
estudios científicos, epidemiológicos, de impacto ambiental y humanitario y
socio-económicos necesarios para determinar sus efectos perversos y/o
inocuidad. 2. Se retire la medida de aspersión aérea con químicos del
Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos en el Estatuto de Droga
presentado en el 2012 por el Ministerio de Justicia del Gobierno de Juan
Manuel Santos para ser debatido a partir de marzo 2013 por ser ésta
contraria a la normatividad vigente. 3. Se apliquen controles estrictos
sobre la importación, producción y venta de agroquímicos por ser estos
utilizados como agroprecursores para incrementar la productividad y
extensión de los cultivos con usos ilícitos. FIRMAR LA PETICIÓN:
FIRMAS: NOMBRE/NAME IDENTIFICATIÓN/ ORGANIZATION E-MAIL / PAÍS/COUNTRY
IP/ FIRMA / SIGNATURE PETICIÓN EN LÍNEA:
http://www.mamacoca.org/cartaun/Car... Carta anexa documentando las
razones que motivan esta petición: Bogotá, 4 de diciembre 2012 Señor
Ban Ki-moon Secretario General de la Naciones Unidas Nueva York Respetado
Señor Ban Ki-moon, Por consideraciones humanitarias y ante las
múltiples quejas por daños a la salud y graves violaciones a derechos
fundamentales, Derechos Humanos, DIH, normas ambientales, Constitución
Nacional colombiana y reservas de Colombia frente a la Convención de Viena
de 1988 , apelamos a Usted y por su conducto a las agencias de las Naciones
Unidas que se ocupan de los derechos humanos, de los refugiados y los
desplazados, de la protección ambiental y de la limitación de uso de armas
químicas, para que se intervenga ante los gobiernos de Colombia y los
Estados Unidos con el propósito de que se les conmine, obligue, a respetar
las Convenciones, Tratados y Protocolos a lo cuales se han comprometido. Una
de las reservas esbozadas por Colombia a la Convención de Viena de 1988
sobre sustancias psicotrópicas, expresada en la Sentencia No. C-176/94
precisa que “el Estado colombiano debe reservarse para evaluar el impacto
ecológico de las políticas contra el narcotráfico ya que la persecución del
narcotráfico no puede traducirse en un desconocimiento de la obligación que
tiene el Estado colombiano de proteger el medio ambiente, no sólo para las
generaciones presentes sino también para las generaciones futuras.” Dicha
sentencia obliga claramente al Estado colombiano a evaluar los daños y
respetar la precedencia y superioridad normativa de las Convenciones,
Tratados y Protocolos Internacionales de DDHH, DIH, ambientales ENMOD y
Convención Sobre Armas Químicas (CAQ) como consagrados en las Constitución
colombiana. Las Naciones Unidas, Unión Europea e incluso los Congresos de
Colombia y Estados Unidos han manifestado sus inquietudes sobre los efectos
del programa de erradicación aérea con defoliantes. No obstante el Estado
colombiano, con la insistencia y aval de los Estados Unidos, persiste en la
aplicación de una Política claramente nociva y de comprobada ineficacia
para los fines de erradicación propuestos. En su visita al Ecuador en el
2007, el Relator Especial de las Naciones Unidas certificó que “Existe
evidencia creíble y fundamentada que la fumigación aérea con glifosato en
la frontera colombo ecuatoriano ocasiona daños a la salud física de las
personas que viven en Ecuador. En ocasiones la fumigación aérea se efectúa
acompañada por helicópteros militares y esta experiencia puede ser
atemorizante, en particular para los niños.” La misma UNODC deja en claro
que ni fumiga ni supervisa las fumigaciones. La Unión Europea lleva desde
el 2001 advirtiendo a Colombia sobre sus dudas respecto a la efectividad de
la medida y los riesgos potenciales de un impacto negativo de las
aspersiones aéreas en la cooperación europea. Ha insistido en la necesidad
de efectuar un monitoreo, ajeno a las autoridades colombianas y
estadounidenses, bajo la supervisión de las Naciones Unidas y la
Organización panamericana de la Salud. Colombia es el único país del
mundo en el que la aspersión aérea de potentes mezclas químicas es Política
de Estado y medida de guerra. El papel protagónico de los Estados Unidos en
la medida de fumigaciones en Colombia está claramente establecido por,
entre otras, los documentos oficiales de ese gobierno. Desde 1978, el
Estado colombiano se plegó al supuesto estadounidense de que la Guerra de
la Drogas se podía librar con el “ataque de la oferta en la fuente” por
medio de la aspersión de químicos en territorio extranjero, comenzando con
el peligroso Paraquat. En 1979 el Secretario de Salud y Bienestar (HEW),
Joseph Califano, sometió un informe según el cual “..la fumigación de
marihuana con paraquat probablemente ocasione serios daños a la salud de
las personas que consuman marihuana fumigada” lo que obligó al abandono de
Estados Unidos de su programa de aspersión aérea con Paraquat en México.
Esto, sin embargo, no impidió que Estados Unidos impusiera el Paraquat en
Colombia en donde, por lo que se ha comprobado, se utilizó hasta 1997.
Méjico dejó de fumigar y el uso aéreo de tóxico pulmonar Paraquat se
encuentra hoy prohibido en el mundo.. Según un informe de 1997 de la
Comisión de Estupefacientes (CND por su siglas en inglés), “en Colombia se
ha fumigado con Garlon-4, 2,4-D- [el componente “mágico” del Agente
Naranja] tebuthiuron and hexazinone, tetrabromofluorescein (Eosine
Yellowish)” aunque esta última puede causar el amarillamiento de las hojas
de la vegetación en aéreas adyacentes. Las información pública-oficial
que se tiene es que, desde 1984, lo que se aplica es Glifosato (Roundup
Ultra) en una mezcla del peligroso surfactante POEA al cual se adicionan
los coadyuvantes Cosmo-Flux 411Fy CosmoInD, con los que se busca
cuadruplicar la acción corrosiva del Roundup. Sin embargo, la duda
justificada sobre la mezcla con la que fumigan en Colombia existe. En 1988,
la compañía Eli Lilly se rehusó a permitir el uso de su herbicida
tebuthiuron para erradicación de la coca afirmando que se desconocían los
efectos en ambientes tropicales y que temía todo tipo de demandas en su
contra. Sin embargo, todo parece indicar que dicha sustancia ha sido
asperjada en Colombia. Un FOIA de un documento de julio de 1997 de la CIA
revela que, en concordancia con la experimentación en Perú y Panamá por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Colombia había aceptado
“el “programa piloto para el uso del herbicida granular tebuthiuron en la
erradicación de la coca”. Aparentemente, otro químico con el que se ha
experimentado es el Imazapyr, a cuyo uso son particularmente susceptibles
las especies vegetales únicas y en peligro de extinción. Una reciente
condena por el Consejo de Estado revela igualmente que no es cierto que en
Colombia sólo se use glifosato desde 1984; revela que es cierto que las
fumigaciones son efectivamente indiscriminadas y afectan todo a su
alrededor. En enero de este año (2012) el Consejo de Estado condenó a la
Nación por daños ocasionados a cultivos de pancoger y fuentes de agua y
semovientes por fumigaciones con Gramaxone (Paraquat) en 1997. En el
litigio en curso que opone Ecuador contra Colombia en la CIJ por las
fumigaciones, el gobierno se negó a precisar la fórmula y concentración con
la que se fumiga en Colombia. Según estudios efectuados en el 2001 por la
agrónoma, bióloga y química Elsa Nivia, la formulación con que la que se
fumiga en Colombia contiene concentraciones de glifosato 26 veces mayores
que las recomendadas y utilizadas en otras partes. Hoy, diciembre 2012,
ya sabemos que lo importante —lo certificado por los Estados Unidos— es que
el glifosato no sea un genérico chino sino de la Monsanto USA a razón de 12
litros/ha. Los Estados Unidos defiende su marca aduciendo que su Glifosato
es “menos nocivo que la sal de mesa y la aspirina”. Los contratistas
privados de Estados Unidos, la Dyncorp, informan que las operaciones de
aspersión aérea no se efectúan cuando hay personas en los campos. Las fotos
tomadas revelan todo lo contrario. Los informes de organizaciones sociales
internacionales revelan que las comunidades no son advertidas de las
operaciones ni mucho menos consultadas, en clara violación del Convenio 169
de la OIT. Lo que se constata es que, el uso de cualquier agrotóxico genera
dependencia de parte de los agricultores a este producto en particular. Los
suelos empapados con dicho pesticida son necesariamente susceptibles a la
siembra de cultivos que le sean resistentes, en este caso los OGM con el
glifosato ya incorporado de los cuales ya se han introducido 108,000
hectáreas en Colombia. También existe la preocupación de que estos genes
con glifosato incorporado se vean transferidos a otros seres vivientes
poniendo así en peligro la biodiversidad colombiana. Los gobiernos de
Colombia y Estado Unidos justifican la fumigación aduciendo que el
narcotráfico contamina con sus precursores y que los pequeños cultivadores
utilizan agroprecursores; con lo que se deduce que esto permite al Estado
el derecho de ocasionar daños a la Nación entera. La literatura científica
existente señala que el uso agrícola del glifosato puede generar daños
crónicos a la salud y defectos genéticos cuando se administra en altas
dosis y por periodos prolongados. En Colombia, donde el mismo campo puede
ser fumigado hasta cuatro veces, y tras el vertimiento de millones de
litros de glifosato, el riesgo de que esto suceda es extremadamente alto.
El glifosato ha sido asperjado por todo el país de forma indiscriminada y
sería sorprendente que no hubiese destruido vegetación ajena a los cultivos
con usos ilícitos y especies en peligro de extinción en particular los
peces e invertebrados acuáticos que son los seres más susceptibles al
glifosatos y sus formulaciones. En Alemania un estudio del 2012 encontró
concentraciones de glifosato 5 a 20 veces superiores a los límites
establecidos para el agua potable. Los hallazgos de investigadores daneses
según los cuales el glifosato penetra las aguas subterráneas y, contrario a
lo que se pensaba, no se ve descompuesto por microrganismos al contacto con
el suelo, lleva al gobierno danés a prohibir el uso del glifosato en el
2003. Informes de salud del 2009 del oriente del Venezuela señalan que,
dada la alta incidencia de defectos genéticos solo comparable a las
incidencias en Colombia, “una de las posibilidades para considerar sería el
transporte fluvial de partículas tóxicas [de las fumigaciones] en las
corrientes aéreas que fluyen de la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el
occidente de Venezuela.” A pesar del sinfín de quejas por parte de las
comunidades campesinas e indígenas no sólo sobre la perdida de cultivos de
pancoger, contaminación de aguas, envenenamiento de ganado, abortos y
defectos genéticos en animales y niños tras las operaciones de fumigación,
sino asimismo de salpullidos, problemas respiratorios diarreas, bajo
aumento de peso en los niños, derrames nasales y desordenes digestivos,
entre otros, el hecho es que después de 34 años de fumigación
ininterrumpida, los ciudadanos colombianos desconocemos qué mezclas,
formulaciones y concentraciones, y cantidades han sido y están siendo
asperjadas sobre nuestras gentes, territorios y fuentes de aguas.
Descontando las advertencias previas y posteriores emitidas por el
Instituto Nacional de Salud , el Instituto Nacional de Recursos Naturales ,
la Defensoría y numerosas organizaciones sociales y ambientales la
información oficial sobre dónde y con qué fumigaron ente 1978 y 1995 es
prácticamente inexistente. Las cifras de la UNODC revelan que sólo en los
últimos 16 años, entre 1995 y el 2011, los Estados Unidos y Colombia han
fumigado más de 1,652,840 hectáreas de las 114 millones de hectáreas que
conforman el total del territorio de 48 millones de colombianos. Aunque las
advertencias científicas no han cesado, los gobiernos colombianos y
estadounidenses persisten en esta fracasada y riesgosa medida aunque los
únicos estudios que la avalan, y que datan solamente de 2005 y 2009 (27 y
31 años después de las primeras fumigaciones), fueron ambos efectuados por
la CICAD, una comisión cuyas preocupaciones se centran en contener por
todos los medios el abuso de drogas, que afecta aproximadamente entre 15 a
39 millones de los estimados 230,000,000 de usuarios voluntarios de todas
las drogas a nivel mundial. Consideramos que la afirmación de la CICAD de
que los daños sanitarios y ambientales ocasionados por la aspersión aérea
de glifosato son “insignificantes (“negligible”) no se compadece con la
realidad que vivimos y constatamos a diario los colombianos. Suscita temor
asimismo, en un mundo en pleno desfase químico, la propuesta del
investigador a cargo de los estudios de la CICAD, Keith Solomon, de
experimentar con nuevos agroprecursores para lo cual sugiere sus marcas
Roundup Biactive, Silwet L-77 and Mixture B como “buenos candidatos para
evaluación adicional”. Asimismo, no deja de ser inquietante el estudio en
curso [2009-2014] por el Departamento de Agricultura de lo Estados Unidos
dirigido a determinar la huella genética de la Coca para precisar los
genotipos de la coca en Colombia. La aspersión aérea es una de las
primeras causas del crimen del desplazamiento interno forzado y del
consecuente despojo de tierras campesinas por parte de los grupos armados
al servicio de los narcoterratenientes. Contribuye al fortalecimiento del
narcotráfico y control armado que ejerce sobre los cultivadores al
desamparo del Estado. Es una medida de Guerra de las Drogas aplicada en
clara violación del DIH a campesinos desarmados que no son parte de las
hostilidades; agrava no sólo las condiciones del campesinado en general
sino también el conflicto interno. Estos campesinos no son parte del
narcotráfico. Los campesinos que cultivan estas plantas llegan a esto por
la falta de medios de subsistencia en un país cuya injustica social es
comparable a la de países como Haití y Angola. Según la UNODC, la parcela
promedio de coca es de 0.67 hectáreas. Si acaso llega a tener una hectárea,
una familia de 4 tiene que vivir con menos de USD $294/mes, por debajo
hasta del salario mínimo legal colombiano. La UNODC constata asimismo que
los recortes en el uso de agroprecursores, los mismos que usa el gobierno
para fumigar con la pretensión de erradicar, han contribuido a reducciones
recientes en la productividad de la coca. Tanto los agroprecursores usados
por los mismos cultivadores así como los utilizados por el Estado
colombiano son altamente nocivos como bien lo señalan estudios pasados y
recientes, entre otros el del Profesor Séralini de la Universidad de Caen
[¿Todos Nosotros Conejillos de Indias- Tous Cobayes? 2012]. Las instancias
oficiales y sociales de defensa de los DDHH y recursos naturales vienen
advirtiendo al Gobierno colombiano desde antes y persistentemente después
de las primeras fumigaciones sobre su obligación de precaución y
responsabilidad por los daños ocasionados por su aplicación de sustancias
químicas. Consecuente con la ilegitimidad de esta medida, cuando las
comunidades protestan, las acusan de ser aliadas de la guerrilla y el
narcotráfico y, cuando se quejan por los daños ocasionados, quien recibe
(sólo desde 2001) y resuelve las quejas es quien fumiga: “La Dirección
Nacional de Estupefacientes y la Dirección Antinarcóticos de la Policía
Nacional son las autoridades responsables de atender y tramitar las quejas
presentadas.” [Res. 017 2001] Las plantas de coca, amapola y marihuana no
crecen orgánicamente en cualquier parte; para su expansión y productividad
dependen de uso de agroquímicos fertilizantes y herbicidas. Sin
consideración de que el intensivo e indiscriminado uso de agroprecursores
está al origen de la expansión de los cultivos con fines ilícitos, las
“Bases para el diseño de una política de precios de agroquímicos” del 2007
del Ministerio de Agricultura mantiene apenas en libertad vigilada los
precios de estos agroprecursores. Consideramos que el gobierno de Juan
Manuel Santos, en lugar de reducir el Impuesto de Valor Agregado (IVA)
sobre fertilizantes y herbicidas químicos como hizo con la reciente Reforma
Tributaria, debe tener presente el efecto expansivo que han tenido estos
precursores en detrimento de la lucha contra las drogas. Las primeras
fumigaciones en Colombia se efectuaron en 1978 con el objetivo de erradicar
19,000 hectáreas de marihuana en una reserva uno de los ecosistemas más
frágiles del Planeta [Declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y
Patrimonio de la Humanidad en el año de 1979] cuando la coca en Colombia
era poca y limitada a los usos sagrados y alimentarios de los Pueblos
Indígenas y la amapola era una flor. Hoy en día, tras la aplicación de
millones y millones de litros de químicos afectados sobre todo el
territorio nacional (incluso las reservas y parques nacionales), en
Colombia hay plantadas 64,000 has de coca, 338 has de amapola y un número
no censado de cultivos de cánnabis. Caben dudas justificadas sobre el rol
de las propias fumigaciones, además de la pobreza y falta de alternativas
voluntarias de erradicación, en la expansión de usos ilícitos en Colombia.
Como bien lo señalan las Cortes y las propuestas sociales y de las
Comunidades, el Gobierno de Colombia debe y tiene que valorar el legado —de
uno de los ecosistema mas biodiverso y frágil del mundo— emprendiendo un
camino sostenible y productivo de erradicación no forzada de los cultivos a
los que se da uso ilícito. Debe aprovechar los usos medicinales,
alimenticios e industriales de la Hoja de Coca acatando el camino señalado
por la Corte Constitucional “la hoja de coca podría tener formas de
comercio alternativo legal que precisamente podrían evitar la extensión del
narcotráfico.” La medida de limitar la venta de productos de coca de las
comunidades indígenas a sus territorios como lo pretende legislar el
Estatuto de Droga del 2012 y como lo ha intentado hacer la Dirección
Nacional de Estupefacientes (DNE) por intervención extranjera es no sólo
contraproducente y ajeno al sentido común sino claramente violatorio de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos
Indígenas a la defensa de sus propias prioridades de desarrollo. Hasta
ahora las fumigaciones se han efectuado con la promulgación de normas y
decretos que confirman a posteriori el derecho del Estado de aplicar esta
medida que se dice contra el narcotráfico. Sin embargo, este año el
Gobierno se propone convertir esta medida química en ley de la república
por vía del Estatuto de Drogas que derogará la Ley 30 de 1986. El Gobierno
de Juan Manuel Santos debe aprender de los errores del pasado y abstenerse
de incorporar las fumigaciones en el Estatuto de Drogas. Declarar una
moratoria en las fumigaciones mientras se llevan a cabo estudios sobre las
fumigaciones en sí (con consideraciones socioeconómicas de drogas pero no
solamente) epidemiológicos, de impacto ambiental, humanitario y sobre el
futuro comercial de Colombia para determinar con fundamentos científicos
los daños o si efectivamente, como dice la CICAD, no los hay. Promover, en
defensa de los intereses superiores de la Nación y de un mundo con
orientación ambiental, fórmulas de erradicación sostenible de aquellos
cultivos no dedicados a fines benéficos. Fórmulas que permitan a Colombia
exigir la Corresponsabilidad y no intervención indebida de otros Estados
frente a su deber de aprovechar y proteger sus recursos en aras del futuro
sostenible y pacifico de toda la Humanidad. Por todo lo anterior y otras
consideraciones de peso, requerimos, por su intermedio respetado Sr. Ban
Ki-moon, al gobierno de Juan Manuel Santos que se acoja a la normatividad
vigente y, en aras del Principio de Precaución, la Convención sobre
Diversidad Biológica, el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, la
Declaración de Estocolmo de 1972 y Declaración de Río de 1992 sobre el
Medio Ambiente Humano y Desarrollo Sostenible, se abstenga de proseguir por
este camino hasta que no se estudie, diseñen y desarrollen alternativas de
erradicación respetuosas de la calidad humana de los colombianos. Esperamos
que el respaldo nacional e internacional, y el pronunciamiento de entidades
internacionales a este llamado reciba la debida consideración de las
instancias llamadas a velar por el respeto de los derechos y normatividad
internacional y la atención del gobierno colombiano sobre las implicaciones
humanitarias y para las Mesas de Dialogo para la Terminación del Conflicto
de la actual práctica de fumigaciones que impacta la población civil
indefensa. Atentamente, ... Con copia a: • Presidente Juan Manuel
Santos /E.S.D • Presidente Barack Obama • Programa de las Naciones Unidas
para el Medioambiente –Leyes y Convenciones-DELC • Agencia de la ONU para
los Refugiados ACNUR- Calle 113 #7-21 Torre A Of 6001 • Alta Representante
de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Vicepresidenta de la Comisión / Catherine Ashton • Organización Mundial de
la Salud Colombia (OMS)/ Apartado Aéreo 253367 e-mail[at]col.ops-oms.org •
Organización Panamericana de la Salud (OPS) Teofilo Monteiro Cra 7 #74-21
p.9 • Representante para Colombia de la UNODC /Bo Mathiasen • Corte
Internacional de Justicia / La Haya • Corte Interamericana de Justicia
/Costa Rica • Secretaría General de UNASUR /secretaria.general[at]
unasursg.org • UNESCO United Nations Scientific, Educational and Cultural
Organization Paris • Defensor del Pueblo de Colombia /Jorge Armando Otálora
• Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia /German Navas
Talero • Congreso de Colombia / Juan Manuel Galán • Congreso de los Estados
Unidos /Congressman James McGovern (D –MA) • Ministerio de la Salud y
Protección Social /Alejandro Gaviria • Ministerio de Justicia y del Derecho
/ Ruth Stella Correa • Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural /Juan
Camilo Restrepo • Ministerio de Relaciones Exteriores /María Ángela Holguín
• Ministro de Interior de Colombia/Fernando Carrillo Flórez • Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo /Sergio Diazgranados • Autoridad Noruega para
el Desarrollo Internacional (NORAD) • Agencia Alemana de Cooperación
Técnica (GIZ) /Daniel Brombacher • Mesas de Diálogo para la Terminación del
Conflicto / • Comité Internacional de la Cruz Roja Colombia/ Jordi Curó
Raich • Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD)/ Javier Sagredo • Keith Solomon -University of Guelph Canada
Notas: http://treaties.un.org/Pages/ViewDe...
http://www.corteconstitucional.gov....
http://www.mamacoca.org/docs_de_bas... Jeremy Bigwood: Toxic Drift,
Mosanto and the Drug War in Colombia, http://www.corpwatch.org/article.ph...
Alexander Rincón, Giorgos Kallis: The Distributive effects of aerial
spraying policy in Colombia: Reduction of coca crops and socio-ecological
impacts in vulnerable communities: http://www.isee2012.org/anais/pdf/1...
http://www.mamacoca.org/docs_de_bas...
http://www.unodc.org/documents/crop...
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ...
http://www.mamacoca.org/docs_de_bas...
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/art...
http://www.unodc.org/pdf/document_1...
http://www.mamacoca.org/docs_de_bas... “The latest decision of the
Colombian government to adopt Imazapyr as the only granular herbicide for
testing was one more indication that the Colombians did the minimum, often
dragged their feet and appeared, at least to the U.S.G., no to be
cooperative.” http://www.gwu.edu/ nsarchiv/NSAEBB...
18001-23-31-000-1999-00397-01(22219) http://www.mamacoca.org/feb2002/art.
.. http://www.elespectador.com/impreso... Audrey Liounis and Murray
Cox : Silk for Cocaine and the Use of Herbicides in Colombia
http://www.mamacoca.org/docs_de_bas... US Department of Agriculture:
Glyphosate: a once-in-a-century herbicide “Glyphosate is less acutely toxic
than common chemicals such as sodium chloride or aspirin...”
http://naldc.nal.usda.gov/download/... 2007 Coincidencialmente, la aspirina
parece estar al origen de 4 veces más casos de sobredosis que cualquier
otra droga legal o ilegal en el mercado. Juan Carlos Rincón: Línea
jurisprudencial sobre la consulta previa a comunidades indígenas en
Colombia http://jkrincon.com/2010/09/02/line... SU-383 de 2003, Sentencia
T-376/12 y otras. http://www.greenpeace.org/internati... When these
risks are compared to other risks associated with the clearing of land, the
uncontrolled and unmonitored risks of use of other pesticides to protect
the coca and poppy, and exposure to substances used in the refining of the
raw product into cocaine and heroin, they are essentially negligible.”
http://www.cicad.oas.org/en/glifosa...http://www.gmwatch.org/latest-listi...
http://www.gene.ch/genet/2003/Jul/m...
http://bibmed.ucla.edu.ve/DB/bmucla...
http://www.mamacoca.org/docs_de_bas...
http://www.mamacoca.org/docs_de_bas...
http://www.mamacoca.org/junio2001/d... /http://www.rds.org.co/aa/img_upload...
“La fumigación aérea presenta muchos riesgos para el ambiente y para la
salud humana »
http://defensoria.org.co/pdf/resolu...http://www.mamacoca.org/junio2001/c...
“La estrategia de erradicación desde una perspectiva constitucional”
http://www.defensoria.org.co/pdf/in... UNODC Monitoreos de cultivos de
coca en Colombia http://www.cicad.oas.org/en/glifosa...
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/...
http://www.ars.usda.gov/research/pr... Betsy March Going to Extremes,
LAWG: http://www.internal-displacement.or.
..)/C53E09CDB47BDF9BC12571480039EA14/$file/Going2ExtremesFinal.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_bas... Taken from: http://www.isn.ethz.ch/
idem. ¿Todos nosotros conejillos de indias ahora?
http://www.criigen.org/SiteEn/index... FOIA: ”... so as not to give the
narcos and the guerrillas, who had inspired the peasant demonstrations, the
belief that by arranging demonstrations they could stop or even slow down
the drug eradication program.” http://www.gwu.edu/ nsarchiv/NSAEBB...
http://www.nasaacin.org/attachments...
http://www.cicad.oas.org/Fortalecim...
http://www.minagricultura.gov.co/ar...
http://www.mamacoca.org/Imagenes/AN... idem.
http://www.mamacoca.org/docs_de_bas...
http://www.mamacoca.org/docs_de_bas... Consultado en noviembre 20102 en:
http://www.eltiempo.com/justicia/AR... Artículo relacionado: IV
Conferencia latinoamericana sobre políticas de drogas. Bogotá, Doviembre de
2012. "Las políticas agrarias de los países desarrollados basadas en
subsidios a la producción y exportación agrícola, han causado la crisis del
campo en los países del sur y la expansión de los cultivos de coca" Mali
no es solamente una guerra neocolonial; es una guerra abiertamente colonial
James Petras 27.Ene.13 :: Batalla de ideas Lo que se llamó la
‘primavera árabe’ ha terminado fortaleciendo al colonialismo. En Túnez,
Egipto, etc. los que dominan están vinculados con los países de la
OTAN Audición
de James Petras por CX36 del lunes 21 de enero de 2013, Radio Centenario
desde Montevideo (Uruguay). www.radio36.com.uy Efrain Chury Iribarne: En
el arranque, quería consultarte sobre lo que viene sucediendo en el norte
de África, en esta etapa del neocolonialismo que lo vemos no solo en
Malí. JP:
Obviamente lo que los comentaristas llamaron la ‘primavera árabe’ ha
terminado fortaleciendo el colonialismo. En Túnez, Egipto, los que dominan
son políticos vinculados con los países de la OTAN. Ahora, el caso
fundamental, la punta de lanza, fue el ataque a Libia porque allí hubo una
intervención directa de las fuerzas de Europa y Estados Unidos, con tropas
beligerantes ocupando y destruyendo el gobierno secular y progresista de
Muhamar Gaddafi. Y a partir de eso, desplazaron a más de un millón de
africanos, gente de color, muchos fueron torturados, asesinados, mujeres
violados. Fueron forzosamente desplazados a otros países, entre ellos a
Malí. Las fuerzas de resistencia en Malí actualmente no son sólo
islamistas, sino que hay también muchos negros africanos desplazados por la
OTAN de Libia. Entonces ahora, cuando empezó la guerra en Malí, con la
invasión francesa, no se trata solamente de una guerra neocolonial; es una
guerra abiertamente colonial. Y el ministro de Defensa del autotitulado
gobierno ‘socialista’ francés dice: “Francia debe reconquistar Malí”. Es
decir, claramente, la principal fuerza actuante en Malí es el ejército
francés con la meta de establecer la autoridad colonial del gobierno de
Hollande. Una cosa complicada en esto es que el gobierno francés no tiene
el apoyo de la mayoría de la gente en Malí por varias razones.
Principalmente porque son invasores con un antecedente terrible de pillaje,
destrucción y autoritarismo. Segundo, porque la mayoría de las fuerzas de
la resistencia está compuesta por islámicos y otros pueblos, como los
Tuareg que trabajaban y vivían en Libia y ahora buscan reestablecerse en
Malí. Y el tercer punto que debemos entender, es que el levantamiento en
Argelia, es un proceso de continuación de este conflicto. La toma de la
refinería refleja una guerra constante de 20 años. En Argelia, en los años
‘90 el partido islámico presentó candidatos y ganó las elecciones, pero con
la ayuda de Francia anularon las elecciones, aplicaron un golpe militar y
empezaron la persecución de los islámicos. Hace muchos años que en
Argelia están en guerra, 250 mil personas han muerto y la mayoría son
víctimas de la persecución del gobierno. Ahora este levantamiento en
Argelia, la guerra en Malí, el conflicto que continúa en Libia, el gran
descontento en Egipto y Túnez, es la segunda lucha, es la lucha contra el
neocolonialismo donde Europa y los Estados Unidos tratan de imponer otra
vez gobiernos reaccionarios y represivos. Mucha gente está muriendo y
vamos a ver una extensión de los conflictos que existen ahora en el Medio
Oriente, las guerras de Afganistán, Irak, Siria, se extienden a África del
norte y mucho más allá. EChI: Venimos a nuestro continente, se nota una
caída en la economía brasileña. ¿Cuáles son las causas? JP: El hecho es
que Brasil nunca tuvo ninguna dinámica interna, lo que funcionaba era el
sector exportador, de soja y otras materias primas, como hierro y petróleo.
Como consecuencia de eso, Brasil -en vez de diversificar y profundizar la
industria- se quedó dependiente de las exportaciones primarias. Es un gran
mito lo del crecimiento brasileño. Yo afirmo que es mentira que los
gobiernos de Lula Da Silva y de Dilma Rousseff bajaron la pobreza y la
desigualdad. Una bolsa de familia de 60 dólares mensuales no soluciona
ningún problema de pobreza, y mucho menos las grandes concentraciones de la
riqueza. En el caso de Brasil hay enormes fortunas escondidas en los
offshore [paraísos fiscales]. Entonces los cálculos estadísticos que dicen
que en Brasil ha bajado la desigualdad son mentira. En segundo lugar, el
supuesto incremento del nivel de consumo de las clases populares, en gran
parte es un mito, porque proviene de créditos y préstamos de corto plazo
que no pueden sostener más allá de un tiempo limitado. Todos estos factores
están actualmente en convergencia. La capacidad de estimular la economía
a través de la industria es muy débil por las importaciones y la falta de
poder de compra de las grandes masas populares. La falta de una política
industrial, la falta de un proyecto popular que podría incorporar a las
grandes mayorías de la población, son razones por las cuales podemos decir
que Brasil ya ha llegado al fin. Hoy es un gran centro de especulación, de
inversionistas extranjeros que entraron para aprovechar las altas tasas de
interés. Pero ahora en 2013, con el estancamiento del año 2012, creo que
Brasil ya ha pasado su punto de crecimiento dinámico. Si es que lo tenía,
porque ese crecimiento dinámico era una ilusión funcionando en parte por
una economía neocolonial, con exportación de materias primas e importación
de bienes de lujo. Eso ya no tiene futuro en Brasil, aunque podríamos ver
algunas imitaciones en otros países como Bolivia, Argentina y tal vez en
Uruguay. EChI: ¿Los vecinos van por el mismo camino? JP: Si, pero con
alguna diferencia. Las desigualdades en Uruguay no son iguales a las que
hay en Brasil. Son graves, son profundas, importantes. Pero Brasil es otro
mundo, es el país con mayor desigualdad, con un gran sector marginado que
no podría ser un estímulo a la economía. Creo que Uruguay también tiene
otros sectores de ingreso como el turismo, el sector bancario, el lavado de
dinero que está extendido y otras formas de diversificar. Creo que en
Uruguay puede bajar la tasa de crecimiento, pero no en el grado que lo hará
Brasil este año. Y eso solamente es un paliativo temporal, puede ser que el
año próximo o más al futuro, Uruguay podría volver a pasar una crisis como
en los primeros años de este nuevo siglo. EChI: ¿En qué otros temas estas
trabajando? JP: Podríamos pasar a las elecciones en Israel, donde los
sectores ultraderechistas, los partidos que favorecen la expulsión y el
desplazamiento de los palestinos como el Likud (‘Consolidación’), el
Yisrael Beytenu (‘Israel nuestro hogar’), el Habait Hayhudí (‘Casa Judía’)
van a conseguir algo más del 55% de los fueros parlamentarios y tienen la
aprobación del 63% de los encuestados. Pero hay una contradicción:
Mientras los judíos en Israel están votando por la ultraderecha, se quejan
de los problemas sociales y económicos y culpan al mismo gobierno. No hay
ninguna coherencia, van a votar por los partidos que van a perseguir una
política más neoliberal, con más recortes sociales. Es una de las
contradicciones e incoherencias entre los judíos en Israel. Ahora ¿por
qué hay tanto interés en las elecciones en Israel? Un pequeño país con unos
cinco millones de votantes. Yo creo que la atención surge en que tiene su
poder en los Estados Unidos a partir de los sionistas y a partir del manejo
de la política externa norteamericana. Tienen por asociación esa capacidad
de lanzar guerras contra los vecinos como Líbano, los palestinos y otros
países. Por eso centra tanto la atención, no hay nada excepcional en el
votante israelí, al contrario, es una perversión, apoyando al racismo, al
colonialismo, al militarismo, etc. Pero por asociación y manipulación de la
política externa de los Estados Unidos, tiene una proyección internacional.
Ahora, ¿dónde están las izquierdas israelíes? Son muy minoritarias y no
son muy coherentes tampoco. El Partido Laborista israelí ha perdidos mucho
apoyo porque son cómplices de los asentamientos judíos. El grupo Meretz,
que es el único partido realmente consecuente, tiene menos del 5% de los
votos y los partidos árabes tampoco tienen mucha influencia, ya que en
conjunto tienen menos del 10% de los votos. Podríamos decir entonces que
con el resultado de las elecciones en Israel, se van a profundizar los
problemas de guerras en Medio Oriente, profundizar la expulsión de los
palestinos y extender el período de gobierno del ultra Benjamin Netanyahu,
asociado ahora abiertamente con fuerzas fascistas. El segundo tema que
quiero tocar es Colombia. El alto al fuego unilateral de las FARC termina
porque el gobierno de Juan Manuel Santos no aceptó una tregua bilateral; al
contrario, ha seguido atacando y bombardeando los campamentos de las FARC y
más que nada, atacando las comunidades campesinas, indígenas, donde las
FARC tienen prestigio e influencias. Y las FARC aguantaron dos meses de
ataques unilaterales del gobierno colombiano y declararon que si el
gobierno no puede acomodar la paz, ellos vuelven a la guerra. Es una mala
señal el hecho de que el gobierno de Santos no quisiera firmar una tregua
porque está pendiente la reforma agraria. Y las FARC dicen que hay 20
millones de hectáreas que podrían servir para atender las necesidades de
los 4 millones de campesinos sin tierra. Pero el gobierno rechaza eso. Lo
que el gobierno colombiano pretende es una solución como la del Frente
Farabundo Marti en El Salvador o como la de los guatemaltecos, donde los
guerrilleros entregaron todo simplemente a cambio de ocupar diputaciones o
alcaldías, pero son países donde las desigualdades de tierra, de poder, de
riquezas, sigue exactamente igual o peor que antes. Las FARC no aceptan
eso, las FARC no se van a entregar ni van firmar un documento simplemente
para dedicarse a la política electoral, como el Farabundo Martí, para
llegar a la Presidencia y gobernar en nombre de las multinacionales y en
confabulación de los grandes terratenientes. Eso no va a pasar en
Colombia. La ilusión de Santos y del Departamento de Estado norteamericano,
de que podrían repetir en Colombia lo que pasó en Centroamérica, es un
error estratégico. Deben aceptar que si quieren conseguir paz, tienen que
conseguirla a partir de justicia social, que empezará en primera instancia
con una reforma agraria, lo que va a afectar a los grandes poderes
ganaderos y los grandes especuladores de la tierra, que son una fuerza
importante en el gobierno. Entonces el gobierno de Santos tiene que
decidir si va a continuar la guerra, las FARC están a esa altura. Y si
quiere sentarse para empezar un camino de paz con justicia social empezando
con la reforma agraria, la paz es factible. No deben pensar que las FARC
unilateralmente se van a desmovilizar, desarmar y olvidar del pueblo. En
cambio, las FARC convocan a los foros populares, a las organizaciones de
masas a intervenir en estas negociaciones. Esto no es sólo la cúpula de una
organización pactando con un gobierno reaccionario como pasó en
Centroamérica. Tenemos que decirlo en forma categórica, eso no va a pasar
en Colombia. Ahora, las últimas dos cosas que quiero comentar, son
simultáneas. Barack Obama está inaugurando su segundo período de
gobierno, va a jurar públicamente frente a unas quinientas mil personas en
Washington, un tercio de lo que hubo durante su primer Presidencia. Hay un
desencanto bastante fuerte. Pero también es el día en el que se celebra el
cumpleaños de Martin Luther King que es el 15 de enero, pero aquí se
celebra con un feriado el tercer lunes de enero. Quiero enfatizar la gran
distancia que existe entre Barack Obama y Martin Luther King, porque Obama
y todos los políticos siempre hablan de Luther King como un gran americano,
ciudadano, representante de la Justicia, pero en los hechos lo niegan.
Martin Luther King estaba contra la guerra colonial en Vietnam, mientras
Obama está apoyando todas las guerras en todas partes, empezando con
Afganistán y continuando ahora con Mali y otros países como Siria. Martin
Luther King intervino para apoyar a los huelguistas en las luchas,
particularmente a los empleados públicos; mientras que Obama está negando
el derecho de los sindicatos a hacer huelgas en el sector público.
Finalmente,
Martin Luther King era un vocero para todas las minorías -negros,
hispanohablantes, etc.-; mientras que Obama no ha hecho nada para apoyar a
los inmigrantes, ni a los hispanoparlantes ni a los negros y demás. Entonces,
a pesar de que la gente compara a Barack Obama y Martin Luther King, son
dos personas con trayectorias opuestas. Y los liberales aquí, los llamados
progresistas, que dicen que Luther King es su héroe, se olvidan que el
presidente Kennedy tenía a la Policía Federal vigilando a Martin Luther
King, controlando su teléfono, sus actividades y persiguiéndolo porque
tenía asesores de izquierda, personas socialistas y otros. Por eso debemos
descalificar la opinión de los liberales que apoyaron a Martin Luther King
muerto, pero no en la vida y la práctica. EChI: Debo felicitarte por
esto, Petras. JP: Bueno, es algo que debemos enseñar a la juventud,
porque aquí en Estados Unidos siempre celebran los progresistas y las
vanguardias, cuando muere Martin Luther King, Malcolm X y todas las
personas que luchan. Pero mientras luchan, los gobernantes y los liberales,
conservadores, están en contra. Cuando mueren empiezan a decir que son
grandes personalidades norteamericanas. Finalmente quiero mencionar que
aquí entre los mitos sagrados está Franklin Delano Roosevelt, presidente en
los años ‘30 y ‘40. Y ahora los políticos, tanto demócratas como
republicanos, están en proceso de eliminar sus principales programas. Por
ejemplo, el Senado está considerando subir la edad de jubilación a 70 años,
de 65 a 70 años; y el seguro social de 67 a 70. ¿Cuántas personas van a
morir antes de cobrar el seguro social que pagaron por 50 años? El mensaje
es trabajar hasta morir y no tener tiempo de ocio para caminar por las
playas o pasar tiempo con los nietos. Aquí la política de Roosevelt está en
retroceso, precisamente por los políticos que siempre celebran la herencia
de Roosevelt. Es otra de las hipocresías que circulan en estos países.
Extractado
por La Haine Domingo,
27 de Enero de 2013 05:30 Cumbre Celac-UE Alistan “nueva alianza
estratégica” Por La Jornada Autor: Enrique Gutiérrez Santiago, 26 de
enero. Los jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión Europea (UE) pusieron en
marcha este sábado la primera de dos jornadas de una cumbre encaminada a
construir “una nueva alianza estratégica”, al cabo de la cual aprobaron la
Declaración de Santiago y el plan de acción común para el periodo 2013-14. La
Declaración de Santiago, el documento final de la cumbre suscrito por los
representantes de 60 países asistentes, se pronuncia por evitar el
proteccionismo y promover el comercio entre Europa y América Latina y el
Caribe. Se estableció en el documento celebrar la próxima cumbre de la
Celac-UE de 2015 en Bruselas. Al inaugurar la reunión, el presidente
chileno, Sebastián Piñera, llamó a las delegaciones de las naciones
presentes a integrar una alianza estratégica económica y social. “Somos una
comunidad que representa a 60 países, un tercio de los habitantes del
mundo, un tercio del producto mundial; tenemos una tremenda responsabilidad
con nuestra región y el mundo”, afirmó. El tema que nos convoca es la
construcción de una nueva alianza estratégica para lograr el desarrollo
sustentable en base a inversiones de calidad tanto en lo ambiental como en
lo social”, dijo Piñera en la ceremonia de apertura en el centro de eventos
Espacio Riesco, rodeado de un inédito despliegue de seguridad con más de 5
mil carabineros. El gran ausente La Celac, que aglutina a las naciones
americanas salvo Estados Unidos y Canadá, fue constituida en Caracas en
diciembre de 2011 a instancias del presidente venezolano, Hugo Chávez, gran
ausente a causa de su convalecencia en Cuba. Pero ahora le ha tocado a
Chile efectuar esta cita con la UE, la más grande que haya organizado esta
nación en su historia. Si bien Piñera dijo que 43 por ciento de las
inversiones extranjeras en América Latina provienen de Europa, esto se ha
frenado últimamente debido a la crisis que afronta la mayor economía del
planeta. Sin embargo, reconoció que las inversiones vienen de pocos países,
como España, Gran Bretaña y Francia, y son pocos los receptores, como
Argentina, Brasil y Chile. En esta séptima cumbre, Europa abogó ante
empresarios y mandatarios latinoamericanos por un compromiso político
sólido para frenar el proteccionismo y pidió un marco jurídico transparente
para las inversiones, de acuerdo con la intervención del presidente de la
Comisión Europea, José Manuel Barroso. En la cumbre paralela empresarial,
indicó que “es fundamental garantizar un marco jurídico transparente y
estable que respete las normas internacionales y evite la arbitrariedad”,
de modo que se evite el proteccionismo y se promueva la liberalización. Se
trata de constituir socios estratégicos, dijo, frente a los desafíos del
desarrollo y crecimiento económico sostenidos. Destacó el acierto del
surgimiento de la Celac como “un paso importante en el proceso de
integración regional”, y dijo que estrechar los lazos entre la economía más
grande del mundo, Europa, y algunas de las economías en más rápida
expansión situadas en América Latina, “redundará en interés de todos
nosotros”. Documento final Como se sabe, Venezuela, Argentina y Bolivia
han expropiado en los últimos años empresas foráneas, incluidas europeas, y
Caracas se retiró del Centro Internacional para la Resolución de Disputas
sobre Inversiones del Banco Mundial. Entre los mayores conflictos por esa
razón los han tenido Argentina y Bolivia con firmas y el gobierno de Madrid.
De hecho, Venezuela exigió que una mención al derecho de los estados a
las expropiaciones fuera incluida en el documento final del encuentro, dijo
un funcionario venezolano. “La expropiación es un mecanismo que tienen
los estados para intervenir en la economía, como lo son los subsidios. Éste
es uno de los puntos que hemos defendido como un mecanismo de los estados
para el bienestar común de la sociedad”, señaló una fuente de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), que integran Cuba,
Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, Dominica, y San Vicente y
las Granadinas. La Declaración de Santiago reitera “nuestro compromiso con
evitar el proteccionismo en todas sus formas”. Apoya una “inversión
productiva que respete del todo los aspectos económicos, sociales y
ambientales constitutivos del desarrollo sostenible”. Asimismo, “rechaza
toda medida coercitiva de carácter unilateral con efectos
extraterritoriales que sean contrarias a la ley internacional y a las
reglas comúnmente aceptadas del libre comercio”, y condena en particular la
ley estadunidense Helms-Burton, que fortaleció el embargo estadunidense
contra Cuba, el cual cumplió medio siglo. El presidente cubano, Raúl
Castro, participa de la cumbre y asumirá por un año la presidencia pro
tempore de la Celac a partir de este lunes. En otro punto se acordó
“fortalecer el mecanismo de coordinación sobre drogas entre la Celac y la
UE”, y se reafirma “nuestro compromiso con la universalidad e
indivisibilidad de los derechos humanos como están expuestos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos”. El presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, había expresado su deseo de que Europa se una al debate
tendiente a una revisión de la estrategia de la lucha antidrogas, como lo
han reclamado otros gobernantes latinoamericanos y especialistas de la
región, que consideran un fracaso la guerra de 40 años contra el
narcotráfico impulsada por Estados Unidos. En la declaración final se
insistió en la relevancia de asociaciones estratégicas de cara a la crisis
económica y financiera y las exigencias de los pueblos, la adopción de
políticas que promuevan el comercio y las inversión entre países de la
Celac y la UE. Inversiones productivas que se cumplan plenamente e integren
las dimensiones económicas, sociales y ambientales de desarrollo
sustentable. Morales critica el librecambismo Evo Morales, presidente de
Bolivia, criticó el modelo de libre mercado e insistió en su “diplomacia de
los pueblos” para hallar solidaridad y complementariedad de los países de
la región. Dijo que “estamos acá para compartir nuestras experiencias de
trabajo permanente en defensa de la vida, por la igualdad y la dignidad en
la unidad de nuestros pueblos”. Señaló que “cuando nos sometemos al
mercado, hay problemas de carácter económico y social, mientras sigue
creciendo la pobreza”. Morales abogó por reducir las “profundas asimetrías”
entre países y de continente a continente. Por lo demás, América Latina
reprocha a Europa sus gigantescos subsidios a la agricultura, lo que
representa uno de los puntos que bloquean las negociaciones para un tratado
de libre comercio UE-Mercosur, integrado por dos grandes potencias
agrícolas como Brasil y Argentina. Por eso, ante los llamados de Europa a
abrir los mercados, Argentina ha adoptado barreras proteccionistas para
mantener su nivel de reservas internacionales, al tener cortado el crédito
internacional desde el default en su deuda externa en 2001. Lo mismo ha
hecho Brasil, la mayor economía de América Latina, imponiendo barreras
comerciales a la importación de productos europeos. La presidenta
argentina, Cristina Fernández, antes de la cumbre calificó de “hecho
histórico” que Cuba asuma la presidencia pro tempore de la Celac. “Marca
una nueva época, una América Latina y el Caribe “muy unidos”, y pese a las
“diferencias” y “distintas visiones” en la región se mantiene una
“concepción de progreso y de inclusión social”. Fernández indicó que el
Mercosur emprenderá en el último trimestre de este año una oferta a la UE
ante el demorado acuerdo de libre comercio. Sin embargo, acotó que el pacto
no deberá perjudicar a las industrias del bloque sudamericano. La canciller
alemana, Ángela Merkel, consideró que la región puede jugar un papel
importante en la recuperación de España y Portugal, que atraviesan el peor
momento de sus graves crisis, tras una reunión que tuvo con Piñera. El
vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró que llegaba después de
haber estado en Cuba con el presidente Hugo Chávez, de quien traía un
mensaje para esta cumbre, referido a un “conjunto de propuestas
fundamentales”. Asimismo, dijo que entregó sus felicitaciones al pueblo de
Chile por la organización de esta cumbre, así como a los estados que
conformaron la Celac.
*Samuel Barinas Varela*
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