Julián Conrado: Expediente Amañado

Está en juego que un hombre no sea entregado a la tortura por un expediente totalmente amañado. Es importante denunciar ahora el carácter amañado del expediente, si es entregado será otra ilegalidad

Por Solidaridad Julián Conrado



El expediente contra el cantor está AMAÑADO: fechas falsificadas, acusaciones falsas, no hay trámite LEGAL de extradición!
Hace algunos días escribíamos sobre el peligro de que La Manipulación mediática allanara el camino para otra ilegalidad. Hoy, tras conocer el expediente del cantor Julián Conrado, y al constatar que es un expediente plagado de arbitrariedades e ilegalidades, de incoherencias que revelan que es un montaje, vemos que tristemente estábamos en lo cierto.
Hoy la tarea de informar es muy importante: está en juego que un hombre no sea entregado a la tortura, por un expediente totalmente amañado. Es importante denunciar ahora el carácter amañado del expediente, pues si es entregado será otra ilegalidad que cargarán las autoridades venezolanas: una gravísima violación al DIH, con expediente amañado incluido. Una violación al DIH y a toda legalidad procesal con un expediente totalmente amañado además de los más de 77 días de detención ilegal, los 66 días sin acceso alguno a abogado, los 9 días atado y con los ojos vendados, la ilegal detención (con sus debidas Actas falsificadas de detención), etc.

El caso de Julián Conrado se ha convertido en una patraña jurídica, que pudiera catalogarse de “falso positivo” urdido entre autoridades colombianas y venezolanas. En efecto, el expediente judicial es asombroso: un acta de detención fechada mágicamente a posteriori del anuncio; ningún trámite de extradición en curso, no hay requerimiento legal por parte de Colombia; sólo hay una solicitud de interpol por delitos menores y de opcional cumplimiento, y para hechos que habría cometido Conrado cuando era imposible que los cometiera pues estaba en el Caguán ante miles de cámaras, a más de 1000 kilómetros de distancia del sitio referido por las falsas acusaciones del gobierno colombiano. Por otro lado ya se ha pasado el plazo de 60 días para tramitar. Julián debería estar libre si se respetara la legalidad.

Así lo expresa Arturo Ramos de la coordinadora Que no Calle el Cantor, cuando relata la cantidad de incoherencias que contiene el expediente:

"(...) sarta de incoherencias que contiene el expediente elaborado en la corredera de captores, fiscales y jueces responsables del proceso, el cual sigue su curso actualmente en el Tribunal Supremo de Justicia (...) insólitos datos y aspectos que contiene y se desprenden del sumario, del cual obtuvieron copia los abogados, la Coordinadora “QUE NO CALLE EL CANTOR” y FUNDALATIN, encargados de la defensa.(...)





· Actas de detención irregulares, a todas luces ilegales, contradicen hasta el comunicado oficial

1.- Las actas de captura y detención están redactadas y firmadas por la comisión de 7 militares que ejecutó el procedimiento, en camionetas sin placas ni identificación alguna, comandadas por un Coronel de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). El detalle de los detalles: las actas señalan como fecha de captura y detención el 4 y 5 de junio respectivamente, pero el anuncio fue hecho por el Presidente Chávez y corroborado por Santos, quien lo felicita, el día 1, mientras el comunicado oficial del Ministro del Interior y Justicia es del día 2 de junio. "

O sea que en las Actas de la detención pretenden tramposamente contradecir la realidad (!), y no figuran debidamente identificados los captores, algo que se suma a la ilegalidad de todo lo cometido contra el cantor. Así lo expresa Ramos: "Sencillo imaginar el forjamiento de las actas y la compulsión a que fue sometido el artista al firmarlas, luego de haber estado numerosos días atado y amordazado, aislado totalmente y sin asistencia legal ni funcionario alguno que garantizara sus derechos."



· El Fiscal 20 no hace imputación por no existir delito alguno cometido por el detenido en el Territorio Nacional. Y el único documento de pretendida inculpación intenta acusar a Conrado de algo imposible pues la teletransportación no ha sido inventada aún.

“2.- Como agravante, el Fiscal 20 del Ministerio Público que apareció por primera vez para el detenido, a los 66 días de su detención, expresa de viva voz en el Tribunal 26 de Primera Instancia no hacer imputación alguna, por no existir delito alguno cometido por el detenido en el Territorio Nacional, con el añadido de que el único documento que reposa en el expediente que pretende inculpar al preso y con el que intentan justificar la detención, es una circular de Interpol, emitida en el año 2002 y en la cual se sindica al artista de “extorsión telefónica” (año 1999) y “ataque armado contra el ejército resultando heridos dos soldados” calificando dicho acto como “lesiones personales con fines terroristas” (¿?) en el año 2001, en la población de Parranda Seca, Municipio Ciénaga del Departamento de Magdalena. ¡El Estado colombiano, campeón de escándalos por chuzadas, amenazas y chantajes telefónicos a su Corte Suprema, acusando con cinismo de lo mismo que delinque! También acusando a Conrado de participar en un combate de las fuerzas políticas insurrectas de las FARC-EP, contra las FFAA del Estado colombiano, en Parranda Seca, localidad situada a más de 1000 kilómetros de distancia de San Vicente del Caguán, lugar donde estuvo Conrado durante todo ese año, sirviendo como delegado en los Diálogos de Paz, entre el gobierno para entonces de Andrés Pastrana y las FARC-EP, según consta en numerosos videos existentes y como afirman todas las fuentes informativas, (incluso las de medios) oficiales que hoy lo criminalizan. La capacidad premonitoria que le asignan las actas de detención al Presidente Chávez se quedó chiquitica ante Julián Conrado, quien por tales dones de ubicuidad no es solo Guillermo Enrique Torres Cueter, sino también Mandrake el Mago, por la imaginación de la “justicia” colombiana, que le concedió la prodigiosa capacidad de aparecer y desaparecer según le convenga al aparataje represivo que lo persigue con obsesión. A la capacidad de resurrección del cantautor, luego de su anunciada muerte por el Presidente Santos en la masacre de Ecuador, ahora debemos sumarle la de transmutarse, del Sur al Norte de Colombia en cuestión de instantes o, lo que es lo mismo, en el tiempo que tarda la policía colombiana en falsear una solicitud de captura."





· Las autoridades colombianas NO han presentado el debido trámite de extradición legal

"3.- ¡Agárrense de la silla!: NO HAY NINGÚN TRÁMITE DE EXTRADICIÓN, como afirmó el Ministro Tarek Al Aissami, en tanto NO HAN PRESENTADO LAS AUTORIDADES DEL PAÍS VECINO NINGUNA SOLICITUD DIPLOMÁTICA A PROPÓSITO, como pauta la Ley Aprobatoria de 1998 del Tratado de Extradición de 1985 con Colombia, cuya vigencia discuten algunos juristas por no ser ratificado en el Parlamento colombiano, cual Estado requirente y como exige el Artículo 4 de la misma Ley.”



· Las circulares de INTERPOL solo suponen detención preventiva y el plazo para que Colombia aportara los recaudos ya caducó (eran 60 días); Julián debería estar libre



“Las circulares rojas de Interpol solo suponen una detención preventiva y, esto, solo en casos de que los países donde pudiera activarse, de manera soberana, le otorguen tal valor. Una circular roja de Interpol implica, repetimos, tan solo una detención preventiva y por un lapso taxativamente definido, en el cual el país requirente (supuestamente Colombia) debe presentar recaudos firmes para que el país requerido (supuestamente Venezuela) proceda en un máximo de 60 días (y no los 74, que lleva ya el detenido), en sus instancias jurisdiccionales y según las leyes y tratados internacionales propios(as) suscritos(as), para considerar la posibilidad de extradición. No existe entre Venezuela y Colombia, ningún obligación legal de extradición por razones diferentes a las establecidas en el cuestionado tratado, en su Artículo 1, aparte b), que reza “Que el hecho por el cual se solicita la extradición constituye delito y sea punible por la legislación sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas del Estado requirente y del Estado requerido”, por lo que las medidas parecidas ejecutadas en el pasado han estado motivadas por consideraciones de tipo político, sin sustento legal alguno y prohibidas por los Tratados Internacionales suscritos por la República. (…)

Quiero pensar que el Ministro El Aissami está muy mal informado (…) O que afirmó ese disparate amedrentado por la jauría reaccionaria colombiana (…)



· Cohonestando las falacias del gobierno colombiano, saltándose la constitución venezolana

4.- Con la “puesta a derecho” del cantautor, el pasado 5 de agosto ante el Juzgado 23 de Primera Instancia a cargo de la jueza Norma Ceiba Torres se intentó regularizar el procedimiento del arbitrario secuestro y detención del cantautor colombiano, 66 días después de consumado y violatorio de los principios de respeto a la dignidad y derechos humanos que consagra nuestra Constitución. La jueza Ceiba Torres, se saltó a la torera la justicia, sin consistencia ni motivación legal alguna, dictaminando una detención cautelar, hasta tanto el Tribunal Supremo tome una decisión al respecto, dándole continuidad y cohonestando las falacias del gobierno colombiano, secundado por algunos funcionarios venezolanos con actas viciadas de ilegalidad manifiesta, en cumplimiento no se sabe de quienes y/o qué instrucciones.

(...)es de sospechar que, en esas andanzas de colaboración de nuestras fuerzas represivas con las del hermano país, nos contagiamos de la epidemia de “falsos positivos” que son el día a día en el tenebroso escenario represivo de Colombia."

(...)Difícilmente en un proceso transparente se le podrán comprobar “delitos de violencia” pues la labor insurgente que desarrolló fue fundamentalmente de tipo cultural; incluso los mismos medios, que contradictoriamente lo acusan, sostienen que “...su misión no era el combate sino el trabajo de masas a través de la música y las composiciones...”(...)

Lo anteriormente mencionado, demuestra el carácter meramente político y no judicial o penal de la arbitraria detención y secuestro, en la pretensión de reeditar el Plan Cóndor y empantanar más aún a Venezuela en la guerra interna colombiana, quebrando su manifiesta imparcialidad histórica y vocación pacifista, perpetuando los nefastos sufrimientos del hermano pueblo y sus consecuencias de este lado de la frontera."



Desde Solidaridad con Julián Conrado denunciamos:

· 1. NO hay solicitud legal de extradición, pero hay manipulación mediática que lo afirma mentirosamente.

Hace algunos días el ministro del interior decía que Venezuela “estudia la salud de Julián Conrado” a la vez que “tramita extradición”; parece increíble que el ministro del interior Tarek el Aissami incurra en semejantes inexactitudes: y es indignante que no haya información sobre lo que requiere un pedido de extradición, a saber un procedimiento LEGAL; en el que media derecho a defensa y respeto por el DIH, si eso no se cumple (y no se ha hecho en el caso de Julián Conrado), estamos ante “trámites” ilegales y arbitrarios, impropios de un estado de derecho e impropios del respeto por el DIH y los DDHH, unos “trámites” que no serían otra cosa que el tipo de “trámites” que efectúan los regímenes represivos como el de EEUU con los humanos que pisotea en Guantánamo y sus demás cárceles ilegales. Y Venezuela no puede aceptar acatar esos procederes, no podemos aceptar que Venezuela efectúe ese tipo de “tramitación” en la total ilegalidad.



· 2. La manipulación mediática y algunas autoridades en sus declaraciones se basan en ignorancia y la manipulación para hacerle creer a la gente que el traslado de un ser humano es como el de una cosa, y que no exige procedimientos legales

NO puede haber "trámite" (LEGAL) de “extradición” de Julián CONRADO, sin pasos LEGALES, porque contraviene el DIH y la propia Constitución venezolana: porque un "trámite" legal no es algo que decide arbitrariamente una autoridad, sino que exige derecho a defensa, con lo cual Aissami se anticipa a un proceso legal, en el cual lo legal sería el otorgamiento de asilo (por DIH), o en caso de denegarlo, que el cantor sea remitido a un tercer país neutral. Ante un pedido de extradición (el cual no ha sido hecho en forma legal) , se exige un proceso de extradición, este debe cursar en lo LEGAL: exige un procedimiento que incluye derecho a la defensa, presentación de las partes requirientes y requeridas, derecho a refutación y defensa, derecho a controvertir las “pruebas” aducidas y derecho a la presunción de inocencia para cada una de las acusaciones, derecho a recusación, derecho a sentencias y sus debidas apelaciones.



· 3. El plazo para la tramitación legal ha vencido y las autoridades colombianas no iniciaron el procedimiento legal correspondiente, Julián debería quedar libre si se respeta la ley

Para iniciar el trámite legalmente y para depositar la documentación el país requiriente tiene un plazo de 60 días, el cual ya pasó sin que siquiera se iniciara legalmente dicho trámite, ni menos se entregara recaudo alguno; esa es una razón más por la cual si se respeta la legalidad Julián Conrado debería ser puesto en libertad, ya que el mismo Fiscal 20 del ministerio público no elevó ninguna acusación contra él por no haber cometido ningún delito en Venezuela, como quedó constancia el día 66 en la primera presentación a la legalidad del caso.



· 4. El DIH impide entregar a Conrado a Colombia: ¿tal vez por eso el régimen colombiano intentó la vía ilegal?

Además, por si lo anterior fuera poco, en todo ese proceso deberían mediar, como espina dorsal, las convenciones y normas del DIH, a la vez que el respeto por la legalidad: el DIH impide la extradición de Julián Conrado, dado que no se puede entregar a un perseguido político a un régimen que practica la tortura (Convención Contra la Tortura); no se puede entregar a un perseguido político enfermo que además ha solicitado expresamente el Asilo político (Convención de Ginebra, y otras convenciones y normativas del DIH), por lo tanto, hablemos claro:

Si las autoridades venezolanas lo entregan a Colombia, será en violación de la legalidad, eso aunque quieran entre los medios oficialistas venezolanos y los medios fascistas de Santos tejer la ILUSIÓN de 'legalidad'. La ley es muy clara, y del DIH hay varias Convenciones que esperamos Venezuela no elija violar nuevamente: recordamos lo que cometieron contra el periodista Joaquín Pérez Becerra que fue una total violación de la legalidad.

Llama poderosamente la atención que el gobierno colombiano ni siquiera se haya tomado el trabajo de hacer la tramitación en forma legal: ¿Tal vez justamente porque sabe que por lo legal no hay posibilidades de obtener a ese ser humano, y por ello intenta de manera ilegal?



· 5. La manipulación mediática busca suplantar la legalidad: los medios publican delitos inventados y afirman que hay legalidad de trámite, donde no la hay

La Manipulación mediática pretende allanar el camino para otra ilegalidad. Los medios colombianos mienten constantemente, y las agencias internacionales repiten sin ningún tipo de investigación ni verificación de veracidad las mentiras del gobierno colombiano de que Julián Conrado sería requerido por: “Secuestro, homicidio y narcotráfico”, cuando en realidad lo único que reposa en el expediente en su contra son delitos menores, y además son acusaciones amañadas como lo explicamos anteriormente. Además de ser delitos que no justifican extradición alguna, pues la Convención de Ginebra protege a Conrado como perseguido político, como combatiente, y más combatiente enfermo y en retiro. La mentira de la existencia de un "trámite de extradición" fue una cosa expresada ante los medios oficialistas venezolanos, e inmediatamente retomada por los reaccionarios medios colombianos.

El temor es que se haga una campaña mediática de que Julián tiene acceso a la defensa, mientras que las decisiones se toman en base a un expediente groseramente amañado; que se haga una realidad virtual de que pudo defenderse, y finalmente sea entregado.”



· 6. Cuestionamientos

Hay una serie de cuestionamientos, que hay que tener muy presentes, pues reflejan el núcleo del asunto: hay considerables planteamientos políticos que serán revelados por el desenlace de lo que ocurra con este ser humano. Sentimos la necesidad de ver que esta vez no se va a proceder a una entrega ilegal como ocurrió con Joaquín Pérez Becerra. Está en juego la vida de un ser humano y de los siguientes, está en juego la neutralidad de un país, el devenir de la región, un devenir regional de los pueblos que pasa por entender que el pueblo colombiano tiene derecho a la dignidad, y que sumarse al coro de los que estigmatizan a los disidentes de "terroristas", no es sino la aplicación de las políticas EEUU en la región. Llámese como se llame quién las aplica.

Estas son las preguntas que ponemos a consideración de todos aquellos y aquellas que acepten hacérselas con honestidad, a todos aquellos que entiendan lo trascendental de este asunto para el devenir de nuestros pueblos:

¿Será respetada la Convención contra la Tortura que impide entregar a un ser humano a un estado como el de Colombia o como el de EEUU, que son denunciados como estados que practican la tortura de manera reiterada?

¿Será respetada la Convención de Ginebra que impide entregar a un combatiente o civil perseguido político enfermo al estado persecutor?

¿Será respetada la Convención de Ginebra que estipula que se le debe otorgar asilo a alguien que reúne las condiciones de Julián Conrado?

¿Y si las autoridades venezolanas no otorgan el Asilo a Julián Conrado, Respetarán al menos la Convención de Ginebra que estipula que si el asilo no es otorgado, debe remitirse a la persona a un tercer estado que sea efectivamente neutral, pero nunca entregarlo al estado persecutor?

¿Cederán las autoridades venezolanas nuevamente frente al despotismo y las mentiras inventadas por los generales colombianos contra todo perseguido político?

¿Estos 2 meses de incomunicación y detención ilegal habrán servido para que el estado colombiano tenga tiempo de urdir una patraña horrenda con acusaciones del generalato contra el cantor?

¿Será Venezuela otra vez sorda al respeto al DIH y a su propia constitución que impide entregar a un perseguido político a un régimen que practica la tortura, y los montajes judiciales, argumentando una tras otra acusaciones falsas basadas en computadores mágicos, las voces del generalato, o del paramilitarismo?

¿Venezuela se hará esta vez la que 'no sabía' respecto a la catadura moral mentirosa del generalato colombiano, cuya cúpula es la máxima responsable de los asesinatos de civiles en los mal llamados "falsos positivos", y tomará por ciertas las aseveraciones amañadas de los generales colombianos; o al contrario procederá con dignidad, contrarrestando cada falacia en un derecho a defensa extenso y digno, en territorio venezolano?

¿Ante el inocultable carácter amañado del expediente; aparecerán autoridades que hagan que se retorne a la ética y a la legalidad, o se continuará con este montaje en Venezuela, violatorio de la legalidad, de los derechos humanos y del DIH?

¿Seguirán las autoridades venezolanas estigmatizándo a quién critica estas entregas de perseguidos políticos, como en recientes días lo hizo nuevamente Maduro; o al contrario la parte digna de esas autoridades esta vez no se plegará ante los designios de Santos y EEUU sino que escuchará a los de abajo?

¿Seguirá el gobierno de Venezuela participando en la cacería humana, entregando perseguidos políticos, en claro acatamiento de los lineamientos de EEUU, así sea necesario para ello pisotear la Constitución Bolivariana y el DIH?

La labor de informar, ahora, como son las cosas podrá tal vez incidir en que sean mejores.



· 7.Convención Contra la Tortura y Convención de Ginebra: que sean respetadas

Lo que corresponde ahora es respetar la Convención Contra la Tortura que impide entregar a un perseguido a Colombia, un país en el que ya han fallecido 5 presos políticos en 2011 por tortura y denegación de asistencia médica.

Corresponde respetar la Convención de Ginebra que impide entregar a un combatiente, o perseguido político enfermo, y más cuando este ha solicitado asilo, lo que corresponde ahora es que Venezuela le otorgue el asilo, y si no quiere hacerlo, que lo remita a un tercer país que sea efectivamente neutral. Hay otras convenciones del DIH, e incluso artículos de la propia constitución venezolana que impiden esta entrega: claramente si Julián Conrado es entregado, será otra ilegalidad más, aunque hayan tejido una apariencia de legalidad mediante los medios oficialistas, para cubrirse en este caso un poco más que lo que hicieron con el periodista, donde creyeron que bastaba con censurar y mentir sobre su nacionalidad, profesión, estatuto de refugiado, etc... y ni siquiera tejieron ilusión de legalidad.

Lo importante es que haya derecho a la defensa, pero una apariencia no basta, puede ser aún peor una apariencia vacía, porque legitima lo peor. Lo que vemos ahora es un expediente totalmente AMAÑADO: eso es ilegal.



· 8. Pedido a los medios alternativos, y personas solidarias

Pedimos a todos los medios alternativos, a todo ser humano consciente, que ayuden a informar del tema, sin caer en las trampas de la complacencia en la que caen los medios oficialistas venezolanos. Seguimos esperando que esta vez las autoridades venezolanas respeten la legalidad, el DIH, la ética bolivariana, aún queremos creer que es posible.

Que no sea entregado el cantor Julián Conrado a una tortura segura, a un acortamiento de su vida en las mazmorras colombianas, en las que fallecen con inusitada frecuencia presos políticos por la cruel tortura de dejarlos a la voracidad de la muerte en los peores dolores, sin brindarles asistencia médica. Que no sea sepultado el cantor en Colombia, o hasta peor, en EEUU. EEUU ofrecen a los caza recompensas 2,5 millones de dólares para callar la voz del canto más digno. Callar al cantor sería una herida sin cicatriz en el corazón de América, que sea Venezuela quién lo entregue sería lo peor que se pueda desear al respeto por los pueblos: asilo para Julián.

Además de las consideraciones legales, están las consideraciones éticas: ¿Qué ‘anti-imperialismo’ podrá esgrimir el gobierno de Venezuela si entrega al cantor a sabiendas de que es como entregárselo a EEUU, a que lo entierren en un socavón como criminalmente lo hacen con Simón Trinidad, a que lo empapelen con montajes judiciales como criminalmente lo hacen contra los 5 cubanos en el imperio?



· 8. Conclusión: un expediente amañado para cazar a un perseguido Político

La Manipulación mediática pretende allanar el camino para otra ilegalidad: Es mentira que haya "trámite de extradición". El DIH y la propia constitución venezolana impiden entregar a un perseguido político a sus verdugos, la Convención Contra la Tortura impide que sea entregado a Colombia o a EEUU, la Convención de Ginebra estipula que no puede ser entregado, que en todo caso Venezuela pude remitirlo a un tercer país neutral, pero en ningún caso entregarlo a Colombia.

Ahora conocemos el expediente amañado: fechas y actas falsificadas, no existe trámite de extradición legal, ni siquiera pedido desde Colombia, sólo un pedido de INTERPOL por delitos menores, de cumplimiento opcional por Venezuela, y evidentemente basado en falsedades del gobierno colombiano, pues para lo que se le imputa, Conrado estaba a 1000 kilómetros, y la humanidad aún no se ha inventado la tele-transportación. Además ya vencieron los términos para tramitar lo relativo a esa circular y hacer un pedido LEGAL, un plazo que era de 60 días, y no se tramitó legalmente nada, ni siquiera por parte de las autoridades colombianas, que tal vez confiaban más en obtener al cantor por la vía ilegal que por la legal, ya que sabían que por la legal, el DIH impide entregarlo, y que sus aducidas 'pruebas' quedarían además fácilmente desmontadas por lo legal. Hoy, a día 77 el cantor sigue enjaulado en total ilegalidad.

ALERTA! Se conoció el expediente: Caso Julián Conrado es gigantesco "falso positivo judicial"

Por Arturo Ramos R. / Trabajador Cultural | Coordinadora "QUE NO CALLE EL CANTOR / FUNDALATIN


En una mamarrachada jurídica, que pudiéramos catalogar de “falso positivo” a la venezolana, se convirtió el caso de Julián Conrado. El expediente judicial es asombroso: un acta de detención fechada mágicamente a posteriori del anuncio; ningún trámite de extradición en curso, no hay requerimiento legal por parte de Colombia; sólo hay una solicitud de interpol por delitos menores y de opcional cumplimiento, y para hechos que habría cometido Conrado cuando era imposible que los cometiera pues estaba en el Caguán ante miles de cámaras. Por otro lado ya se ha pasado el plazo de 60 días para tramitar. Julián debería estar libre si se respetara la legalidad.



Homenaje jurídico venezolano a Cantinflas en su centenario: en el cual, si uno se fija en la evidente inadecuación de la realidad con las falacias consignadas en las Actas (fechas mágicamente ulteriores, y personas con don de ubicuidad); El Presidente Chávez sería adivinador del futuro y Julián Conrado sería Mandrake El Mago, veamos:



En una mamarrachada jurídica, que pudiéramos catalogar de “falso positivo” a la venezolana, se convirtió el caso de Julián Conrado, tal como sucede en el juicio de la famosa película “Ahí está el detalle”, protagonizada por don Mario Moreno, Cantinflas. Lo anterior se desprende de la sarta de incoherencias que contiene el expediente elaborado en la corredera de captores, fiscales y jueces responsables del proceso, el cual sigue su curso actualmente en el Tribunal Supremo de Justicia. Pido a los lectores paciencia y capacidad de asombro, para discernir fríamente algunos insólitos datos y aspectos que contiene y se desprenden del sumario, del cual obtuvieron copia los abogados, la Coordinadora “QUE NO CALLE EL CANTOR” y FUNDALATIN, encargados de la defensa. No referiré todo el cúmulo de falsedades e irregularidades confesas que contiene el expediente, sino las más destacables y de allí se podrán deducir el calibre y/o las características de las omitidas en estas líneas:

1.- Las actas de captura y detención están redactadas y firmadas por la comisión de 7 militares que ejecutó el procedimiento, en camionetas sin placas ni identificación alguna, comandadas por un Coronel de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). El detalle de los detalles: las actas señalan como fecha de captura y detención el 4 y 5 de junio respectivamente, pero el anuncio fue hecho por el Presidente Chávez y corroborado por Santos, quien lo felicita, el día 1, mientras el comunicado oficial del Ministro del Interior y Justicia es del día 2 de junio. Creo que el comandante Chávez es un líder con capacidades excepcionales, pero no hasta el punto de poseer virtudes adivinatorias.

Sencillo imaginar el forjamiento de las actas y la compulsión a que fue sometido el artista al firmarlas, luego de haber estado numerosos días atado y amordazado, aislado totalmente y sin asistencia legal ni funcionario alguno que garantizara sus derechos.

2.- Como agravante, el Fiscal 20 del Ministerio Público que apareció por primera vez para el detenido, a los 66 días de su detención, expresa de viva voz en el Tribunal 26 de Primera Instancia no hacer imputación alguna, por no existir delito alguno cometido por el detenido en el Territorio Nacional, con el añadido de que el único documento que reposa en el expediente que pretende inculpar al preso y con el que intentan justificar la detención, es una circular de Interpol, emitida en el año 2002 y en la cual se sindica al artista de “extorsión telefónica” (año 1999) y “ataque armado contra el ejército resultando heridos dos soldados” calificando dicho acto como “lesiones personales con fines terroristas” (¿?) en el año 2001, en la población de Parranda Seca, Municipio Ciénaga del Departamento de Magdalena. ¡El Estado colombiano, campeón de escándalos por chuzadas, amenazas y chantajes telefónicos a su Corte Suprema, acusando con cinismo de lo mismo que delinque! También acusando a Conrado de participar en un combate de las fuerzas políticas insurrectas de las FARC-EP, contra las FFAA del Estado colombiano, en Parranda Seca, localidad situada a más de 1000 kilómetros de distancia de San Vicente del Caguán, lugar donde estuvo Conrado durante todo ese año, sirviendo como delegado en los Diálogos de Paz, entre el gobierno para entonces de Andrés Pastrana y las FARC-EP, según consta en numerosos videos existentes y como afirman todas las fuentes informativas y oficiales que hoy lo criminalizan. La capacidad premonitoria que le asignan las actas de detención al Presidente Chávez se quedó chiquitica ante Julián Conrado, quien por tales dones de ubicuidad no es solo Guillermo Enrique Torres Cueter, nativo de Turbaco, sino también Mandrake el Mago, esta vez plagiado al caricaturista Lee Falk por la imaginación de la “justicia” colombiana, que le concedió la prodigiosa capacidad de aparecer y desaparecer según le convenga al aparataje represivo que lo persigue con obsesión. A la capacidad de resurrección del cantautor, luego de su anunciada muerte por el Presidente Santos en la masacre de Ecuador, ahora debemos sumarle la de transmutarse, del Sur al Norte de Colombia en cuestión de instantes o, lo que es lo mismo, en el tiempo que tarda la policía colombiana en falsear una solicitud de captura.

3.- ¡Agárrense de la silla!: NO HAY NINGÚN TRÁMITE DE EXTRADICIÓN, como afirmó el Ministro Tarek Al Aissami, en tanto NO HAN PRESENTADO LAS AUTORIDADES DEL PAÍS VECINO NINGUNA SOLICITUD DIPLOMÁTICA A PROPÓSITO, como pauta la Ley Aprobatoria de 1998 del Tratado de Extradición de 1985 con Colombia, cuya vigencia discuten algunos juristas por no ser ratificado en el Parlamento colombiano, cual Estado requirente y como exige el Artículo 4 de la misma Ley. Las circulares rojas de Interpol solo suponen una detención preventiva y, esto, solo en casos de que los países donde pudiera activarse, de manera soberana, le otorguen tal valor. Una circular roja de Interpol implica, repetimos, tan solo una detención preventiva y por un lapso taxativamente definido, en el cual el país requirente (supuestamente Colombia) debe presentar recaudos firmes para que el país requerido (supuestamente Venezuela) proceda en un máximo de 60 días (y no los 74, que lleva ya el detenido), en sus instancias jurisdiccionales y según las leyes y tratados internacionales propios(as) suscritos(as), para considerar la posibilidad de extradición. No existe entre Venezuela y Colombia, ningún obligación legal de extradición por razones diferentes a las establecidas en el cuestionado tratado, en su Artículo 1, aparte b), que reza “Que el hecho por el cual se solicita la extradición constituye delito y sea punible por la legislación sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas del Estado requirente y del Estado requerido”, por lo que las medidas parecidas ejecutadas en el pasado han estado motivadas por consideraciones de tipo político, sin sustento legal alguno y prohibidas por los Tratados Internacionales suscritos por la República. Sería interesante revisar, como antecedente para entender mejor este ítem, la información emitida por la misma Interpol relacionada con el prófugo Manuel Rosales, solicitado por actos de corrupción.

Quiero pensar que el Ministro El Aissami está muy mal informado por sus subalternos y abogados asesores. O que afirmó ese disparate amedrentado por la jauría reaccionaria colombiana. Quizás también se suma al homenaje a Cantinflas, en su fecha centenaria. ¡Quién sabe!

4.- Con la “puesta a derecho” del cantautor, el pasado 5 de agosto ante el Juzgado 23 de Primera Instancia a cargo de la jueza Norma Ceiba Torres se intentó regularizar el procedimiento del arbitrario secuestro y detención del cantautor colombiano, 66 días después de consumado y violatorio de los principios de respeto a la dignidad y derechos humanos que consagra nuestra Constitución. La jueza Ceiba Torres, se saltó a la torera la justicia, sin consistencia ni motivación legal alguna, dictaminando una detención cautelar, hasta tanto el Tribunal Supremo tome una decisión al respecto, dándole continuidad y cohonestando las falacias del gobierno colombiano, secundado por algunos funcionarios venezolanos con actas viciadas de ilegalidad manifiesta, en cumplimiento no se sabe de quienes y/o qué instrucciones.

“Quien con niños se acuesta, mojado se levanta”, dice el refrán y es de sospechar que, en esas andanzas de colaboración de nuestras fuerzas represivas con las del hermano país, nos contagiamos de la epidemia de “falsos positivos” que son el día a día en el tenebroso escenario represivo de Colombia. ¡Cómo nos salpica el ventilador!

Lo anteriormente mencionado, demuestra el carácter meramente político y no judicial o penal de la arbitraria detención y secuestro, en la pretensión de reeditar el Plan Cóndor y empantanar más aún a Venezuela en la guerra interna colombiana, quebrando su manifiesta imparcialidad histórica y vocación pacifista, perpetuando los nefastos sufrimientos del hermano pueblo y sus consecuencias de este lado de la frontera. Solo es aceptable nuestra participación en el conflicto, de acuerdo a los altos principios humanitarios que guían a la revolución bolivariana y a nuestro líder Hugo Chávez, siendo impulsores y mediadores en un proceso de diálogo y paz, tal como se intentó en el pasado.

Julián Conrado no es reo debido a las imputaciones que retorcidamente se le hacen, sino por ser un dirigente político que durante décadas ha militado en la lucha contra la opresión. Difícilmente en un proceso transparente se le podrán comprobar “delitos de violencia” pues la labor insurgente que desarrolló fue fundamentalmente de tipo cultural; incluso los mismos medios, que contradictoriamente lo acusan, sostienen que “...su misión no era el combate sino el trabajo de masas a través de la música y las composiciones...”, como podemos ver en la noticia que televisó la Cadena Caracol el día 2 de junio y que corrobora lo que venimos afirmando: Julián Conrado es un político perseguido, secuestrado y preso, amenazado de ser entregado al imperio y con la perspectiva de sufrir “…tortura y la muerte…”; endilgándole delitos inexistentes, supuestamente cometidos por él; y, paradójicamente, con el currículo de ser “ex miembro de la Unión Patriótica”, “integrante del comité temático de los diálogos de Paz del Caguán” e “ideólogo-cantante de la FARC-EP”. ¿Quién entiende este pasticho de “imputaciones” y halagos, de “culpabilidades” y alabanzas?, sin debido proceso ni defensa legal alguna.

¿Seguirá la Venezuela bolivariana enlodándose en esta pesadilla? Hay sobrados elementos y condiciones para que no sea así. Sin embargo, ello dependerá de las tantas voluntades honestas y conscientes que hemos decidido una América sin ignominias y de justicia para los pobres.

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NOTA:

Se llama a las personas conscientes y medios alternativos a dar la máxima información sobre el tema: sólo mediante la información podría evitarse una injusticia mayor e irreparable.

Joaquín Pérez Becerra VS María del Pilar Hurtado

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La magia de INTERPOL, el periodista, la Directora del DAS y el reino de la mentira


Por Colectivo por la ética y hermandad de los pueblos
Rebelión


Joaquín Pérez Becerra, sobreviviente a un genocidio y periodista entregado a sus verdugos, VS María del Pilar Hurtado Directora del DAS, parte de un ente de persecución política y protegida. Había un amparo legal inmenso para no entregar a Joaquín Pérez Becerra. Una circular de Interpol no da derecho a secuestrar a un ser humano: exige un procedimiento legal que fue violado en Venezuela.
Él informaba porque sabía que la paz verdadera se consigue con dignidad, y que el conocimiento es dignidad. Él sabía que la paz se consigue con justicia social, porque el hambre es guerra contra el niño que muere por desnutrición. Se acordaba de los descalzos cuando fue concejal de Corinto Cauca, de las miradas de esperanza que había en la gente, esperanza que fue truncada por el exterminio. Él pensaba que esa esperanza debía mantenerse, y por ella informar. Informar. Ese fue su “crimen”.



1. Los hechos en breve

El periodista Joaquín Pérez Becerra, perseguido político y sobreviviente al genocidio contra el partido político opositor Unión Patriótica en Colombia, asilado en Suecia tras el asesinato que sufrieron 5000 de sus compañeros militantes de partido a manos de las herramientas del estado colombiano (1) , viajó a Venezuela en abril 2011, allí fue detenido ilegalmente durante breves días, totalmente incomunicado, y entregado en total ilegalidad a las autoridades colombianas. La entrega del periodista fue ilegal y arbitraria: fue violado el DIH, la propia constitución venezolana y los derechos humanos del periodista, privándolo del debido proceso y del derecho a defensa. Fueron violadas la Convención Contra la Tortura, la Convención de Ginebra, el Estatuto de Refugiado, el Pacto de San José, la Convención de Viena, e innumerables convenios de los cuales Venezuela es signataria. Tras sufrir el Plan de Exterminio estatal contra la UP (denominado 'Baile Rojo'), en el que su propia esposa fue asesinada, el periodista había incluso renunciado a su nacionalidad colombiana y adoptado la nacionalidad sueca. Además, el Estatuto de Refugiado ampara toda la vida frente a persecuciones políticas del estado del cual el asilado ha huido. Lamentablemente habiendo un amparo legal inmenso para evitar la entrega, las autoridades venezolanas eligieron violar todo amparo legal para poder concretar la entrega.

2. Las calumnias contra un sobreviviente a genocidio y periodista alternativo entregado a sus verdugos

Los medios de comunicación tuvieron y tienen un papel importante en la legitimación de las entregas de perseguidos políticos. A través de la censura y la manipulación mediática logran justificar hasta la ilegalidad del proceder de las entregas, ni qué decir ya de la legitimación del atropello de la ética. El periodista Becerra fue víctima de la desinformación por parte de los medios de la oligarquía colombiana, y lamentablemente también por parte de los medios del oficialismo venezolano, quienes en este caso estuvieron curiosamente alineados. Presentaron al periodista como “terrorista”, replicando el mismo comunicado en ambos países, no hubo presunción de inocencia en los medios de comunicación, y asimismo no hubo respeto por la presunción de inocencia en el trato efectivo que recibió el periodista: condenado sin juicio por su pensamiento crítico. Los medios colombianos continúan el linchamiento, presentando al periodista como “terrorista” porque actúan como agentes de la represión: el juicio contra el periodista es un juicio político.

Que los medios de la oligarquía colombiana, de la familia Santos, calumnien al periodista, parece ser inherente a sus intereses de clase y su guerra contra la información alternativa en su tarea constante de fabricación de una realidad virtual sobre la realidad colombiana; pero que sean los medios del gobierno venezolano los que ejerzan esa desinformación, es muy preocupante.

Los medios oficialistas venezolanos censuraron la información, y sólo filtraron sobre el periodista las calumnias más variopintas para legitimar la deleznable entrega. Ocultaron su asilo en Suecia, el asesinato que sufrieron 5000 de sus compañeros de partido a manos de las herramientas del estado colombiano, y cuando no pudieron opacar las informaciones que provenían de las voces que se alzaron desde los medios alternativos para clamar la verdad, entonces hubo hasta artículos de ‘opinión’ en los medios venezolanos que se preguntaron de la manera más deleznable “Qué colombiano no se hace el sueco?”, o también “¿cómo es que sobrevivió si más de 5000 de sus compañeros fueron asesinados, será realmente un compañero?” (2). Las calumnias llegaron tan lejos en la infamia que hubo incluso quienes intentaron culpabilizar al periodista de su propia entrega, inventando ‘complots’ y aduciendo que las autoridades venezolanas estaban “entre la espada y la pared”cuando no hay falsedad más enorme, pues había un amparo legal sustancioso que hubiera permitido no entregar al periodista. Uno de los apologistas de las entregas expresa así su peculiar manera de criminalizar al periodista víctima, diciendo que este ‘no puede gemir’ por‘hechos consumados’: “ Quien obre por decisión o inadvertencia contra la concreción de la Celac, está haciendo algo muy grave(…) Y quien apele a la política de los hechos consumados, no puede gemir luego porque encuentra frente a sí, también, hechos consumados.” (3). Acogiéndose al respeto por el DIH, las autoridades venezolanas hubieran podido enviar al periodista a Suecia, o simplemente respetar el debido procedimiento legal y derecho a la defensa que exige toda extradición. Los medios oficialistas venezolanos no informaron del inmenso amparo legal que existía como opción para evitar entregar al perseguido político, tampoco informaron del carácter absolutamente enclenque de las “pruebas” aducidas por el estado persecutor colombiano contra el periodista Becerra: los “computadores mágicos” atribuidos por los generales colombianos al asesinado Raúl Reyes. “Pruebas” tan falaciosas que hasta la propia Corte Suprema de Colombia tuvo que declararlas nulas (4). La sentencia de nulidad cayó a 10 días de haber sido entregado el periodista: si se hubiera procedido legalmente en Venezuela, el periodista hubiera visto caer en nulidad las “pruebas” aducidas en su contra aún en territorio venezolano, pero al estar ya en Colombia, el estado colombiano no quiere soltar a su presa.

A 3 meses de la entrega ilegal es indignante que Ciudad Caracas, que se dice un diario "bolivariano", calumnie al periodista alternativo y sobreviviente a un genocidio. No contentos con haber participado (por su censura, silencio y mentiras) al ocultamiento y viabilización de la entrega ilegal , los medios oficialistas venezolanos ahora siguen calumniando al periodista, refiriéndose a él como "dirigente guerrillero Joaquín Pérez Becerra" como publicó Ciudad Caracas (5), en un texto que además busca legitimar esas violaciones de los derechos humanos y del DIH contra perseguidos políticos, haciéndole creer a la gente la falacia que una Circular Roja de Interpol da derecho a secuestrar a un ser humano, cuando exige un procedimiento legal que Venezuela violó.

3. La Circular Roja sea de tipo real o imaginario, exige procedimiento legal

La famosa Circular Roja contra Joaquín Pérez Becerra no aparece (6), con lo cual es legítimo preguntarse si no fue un grueso invento (avalado por ambas autoridades) para justificar la cacería contra un periodista opositor al régimen colombiano.

Los estatutos de Interpol impiden emitir Circular Roja por motivos de persecución política, y si esta entidad lo hace, mediante un procedimiento legal, se puede revocar dicha circular: para ello hace falta que al ser humano objeto de la injusta Circular le permitan el debido derecho a la defensa, cosa que le fue violada a Joaquín Pérez Becerra en Venezuela. No aparece la aducida circular roja contra Pérez Becerra, y si la llegó a haber, la Circular Roja se hubiera revocado fácilmente mostrando el Estatuto del Refugiado que Suecia le otorgó al periodista por motivos eminentemente políticos; pero eso no se pudo hacer por la total violación de la legalidad que sufrió el periodista.

Hasta el mercenario israelí Yair Klein logró revocar una Circular Roja y una extradición, porque tuvo acceso a un juicio legal, y a derecho a defensa: obviamente que en su caso, para conseguir la impunidad medió la protección de la derecha europea, dado que era bastante evidente que su caso no era de “persecución política”, pues Yair Klein fue formador de paramilitares en Colombia, según está fehacientemente probado, incluso por testimonios de los altos mandos paramilitares. La ironía macabra es que uno de los sobrevivientes a las hordas de asesinos paramilitares entrenados en descuartizar personas vivas con motosierra y torturar de las más inimaginables maneras, está hoy preso en Colombia, entregado por Venezuela, mientras que uno de los formadores en torturas de los paramilitares goza de protección por “persecución política”. Yair Klein, uno de los formadores de la herramienta paramilitar de guerra sucia del estado colombiano y de las multinacionales está impune, mientras que uno de los miembros de la Unión Patriótica que sobrevivió a las masacres, está en manos de quiénes asesinaron a su propia esposa, preso, entregado por la actitud sorprendentemente arbitraria, ilegal y cómplice con la cacería humana desatada por el régimen colombiano, que tuvo el gobierno de Venezuela.

El impedimento estipulado en la normativa de Interpol para emitir Circular Roja por motivos de persecución política es la razón por la cual Interpol acaba de negar la Circular Roja a María del Pilar Hurtado, ex directiva del siniestro DAS de Colombia, quién es requerida por la justicia colombiana. Hurtado adujo ser "perseguida política" y obtuvo asilo político en Panamá: un asilo bastante cuestionado pues adujo ser perseguida por el mismo estado del cual era funcionaria, un estado en el cual sigue imperando la misma fuerza política y económica, en lo que evidencia que era a la justicia a la que ella, y el mismo estado colombiano, querían evitar. Se consiguió impunidad para la directiva del DAS y callar lo que sabe sobre los atentados, seguimientos, interceptaciones telefónicas, amenazas, connivencia con el paramilitarismo, del siniestro DAS de Colombia. Y se consiguió esa impunidad para el DAS, porque este sigue activo. El asilo de María del Pilar Hurtado fue calificado por las víctimas del DAS como una gruesa farsa en la que la figura del asilo político había sido abusada, y usada para proteger a los verdugos parte de una maquinaria estatal, cuando es una figura cuya finalidad es proteger a los perseguidos políticos, de los estados persecutores. En cambio, en el caso de Joaquín Pérez Becerra, este obtuvo su asilo en Suecia, por ser opositor al gobierno colombiano, parte del partido opositor UP exterminado, con familiares suyos entre las víctimas. Tristemente la directora del siniestro DAS fue protegida por Panamá, estado que incluso abusó de la figura del asilo para blindarla; y el periodista sobreviviente a un genocidio fue entregado por Venezuela, estado que no respetó el inmenso amparo legal que existía para proteger a este sobreviviente de la feroz persecución política de sus verdugos.

4. Joaquín Pérez Becerra vs María del Pilar Hurtado: los periodistas van presos, los verdugos son protegidos

Causa estupor leer las informaciones sobre la impunidad lograda en el caso de María del Pilar Hurtado; y más si se compara con la total violación al los derechos humanos sufrida por el periodista Joaquín Pérez Becerra. Causan estupor las declaraciones de los generales colombianos, que súbitamente entienden de DIH al tratarse de mantener callada a una de los suyos, para lograr impunidad para los crímenes e estado

Citamos parcialmente la nota de AP, Interpol rechaza circular roja sobre ex funcionaria (7):

“El director de la Policía Nacional de Colombia informó el jueves que Interpol aseguró que no procede emitir una circular roja sobre la ex directora de la policía secreta porque va contra estatutos internos relacionados con el respeto al asilo político, bajo el cual la ex funcionaria se encuentra en Panamá.

El general Oscar Naranjo dijo que la decisión de Interpol está fechada el 26 de julio y alega que por los estatutos internos de esa policía internacional las circulares rojas o que informa sobre personas buscadas por la justicia no pueden emitirse por respeto a figuras como la del asilo.

Interpol y sus normas son claras "en señalar el respeto por situaciones y figuras o instituciones políticas, en este caso se refiere específicamente a la figura del asilo político otorgado por el gobierno de Panamá a la doctora María del Pilar Hurtado", dijo el oficial.

"Por razones que tiene que ver con los estatutos de Interpol no procede la emisión de la circular roja (u) orden de captura inmediata sobre María del Pilar Hurtado", agregó el oficial.

Jaime Camacho, abogado de Hurtado en Colombia, dijo telefónicamente que la determinación de la Interpol "era previsible" y "una respuesta a una persona que goza de la figura del asilo" (…) Panamá ha dicho que mantendrá el asilo a Hurtado, que lo tramitó con ayuda del ex presidente Alvaro Uribe.”

5. Joaquín Pérez Becerra, de nuevo en la pesadilla

Joaquín Pérez Becerra es periodista, los que dicen que es "dirigente guerrillero" son Juan Manuel Santos, la prensa derechista colombiana, y parte del oficialismo venezolano que se aplica en repetir las calumnias contra el periodista. El periodista ahora mismo está encarcelado sin pruebas (dado que las aducidas “pruebas de los computadores de Raúl Reyes” fueron declaradas nulas por la Corte Suprema (ver 4)). Enfrentará un montaje judicial kafkiano, que ya ha empezado con dilaciones del juicio y triquiñuelas de todo tipo para mantenerlo enjaulado mientras los persecutores rearman el montaje que se les cayó al caerse la falacia de los “computadores de Reyes” (8): su abogado en recientes declaraciones expresó que librarlo del montaje podría tardar entre un año y 10 años, en una lucha constante por desmantelar una tras otra las trampas de un juicio político. Juicios políticos en los que reiteradamente el estado colombiano recurre a ‘testigos’ pagados y otras artimañas para sepultar al pensamiento crítico en las mazmorras colombianas. Por ello el régimen colombiano es 'record' en presos políticos, con 7.500 personas encarceladas por motivos políticos (9), más de 7000 de ellas civiles: sindicalistas, periodistas, académicos, estudiantes, ambientalistas, campesinos, etc... encarcelados bajo montajes judiciales para callar su reivindicación social, desintegrar la organización política civil, y callar el pensamiento crítico.

El periodista Joaquín Pérez Becerra por el momento está detenido sin pruebas en Colombia, y debería haber sido liberado al caerse las pruebas con las que el estado colombiano sustentaba las acusaciones en su contra, pero de manera totalmente arbitrara sigue preso. Joaquín P. Becerra hoy sufre la insalubridad y torturas reiteradas que impone una cárcel colombiana a los presos políticos (un estudio en varios centros reveló que la comida estaba mezclada con materia fecal, el hacinamiento es cruento, los castigos son reiterados). Joaquín está hoy separado de su hija porque fue víctima de una entrega ilegal, en la que le fue violado su derecho a defensa, violado el procedimiento legal y el DIH. Entrega que contó con el silencio cómplice de innumerables sectores de la ‘izquierda’, aunque también reveló la solidaridad de buena parte de la izquierda solidaria, a nivel mundial. Ahora está expuesto a más arbitrariedad: al entregarlo al régimen colombiano, los que perpetraron la entrega, sabían que lo condenaban a sufrir una injusticia tras otra, pues no es un secreto que el estado colombiano practica la tortura y las judicializaciones como arma política.

El periodista era Concejal de Corinto Cauca cuando su esposa fue asesinada por las herramientas del estado colombiano, se asiló en Suecia al presenciar el asesinato de miles de militantes de su partido, exterminado por el estado colombiano: impresiona que a un ser humano que ya tanto ha sufrido, Venezuela haya elegido entregarlo, teniendo un amparo legal inmenso para no hacerlo. Había muchas evidencias de que era un perseguido político, pero hubo oídos sordos, y de nuevo, lo incluyeron en la pesadilla: hoy es un ser humano que enfrenta un mecanismo de moler vidas tras las rejas.



6. Venezuela: La importancia de la crítica para no perder la ética

Tristemente son muchos los que no entienden que estas medidas derechistas es importante criticarlas, y exigir que cesen las entregas de perseguidos políticos: por el mismo amor y apoyo que le hemos brindado al proceso venezolano, no podemos ver en silencio como el gobierno de Venezuela toma medidas derechistas, como viola el DIH; ni podemos aceptar que al periodismo que se dice "bolivariano" se lo haga en base a calumnias contra un periodista entregado ilegalmente y preso en condiciones infrahumanas. Si perdemos la ética, lo que queda son consignas vacías. Y a cada silencio, crece el riesgo de una víctima más: estamos dejando que se normalice una deleznable política de entregar perseguidos políticos cada vez que callamos ante la injusticia que sufren los entregados a sus verdugos. Estas entregas vulneran la neutralidad de Venezuela: debe cancelarse esta política que lleva directo a más derechización del proceso, y que destruye la verdadera unidad latinoamericana, que es la de los pueblos.

Los medios oficialistas venezolanos están alineados en esa directriz de manipulación de la realidad y calumnias en cuanto a entregas de perseguidos políticos se trata: lo que arroja un panorama triste sobre el devenir de unos medios que en su momento despertaron esperanzas en los pueblos, y en los que aún quisiéramos poder confiar si cesaran su política de calumnias, mentiras y censuras sobre un tema tan medular para la región como lo es el tema de los perseguidos políticos y las entregas a las que están siendo sometidos, en algo que hace pensar en la reedición del Plan Cóndor.

En los medios alternativos, la calumnia también ha hecho su rumbo: tras meses de haber sido entregado el periodista Joaquín Pérez Becerra al régimen colombiano, en evidente violación al procedimiento legal de una extradición, en violación al DIH y a la propia constitución venezolana, algunos articulistas siguen culpando al periodista Becerra de la violación al DIH de la que fue víctima en Venezuela. Hacen contorsiones increíbles para culpabilizar a la víctima, una práctica recurrente de la derecha secular.



7. Culpabilizar a la víctima

Lo que hacen los periodistas oficialistas de Venezuela contra Joaquín Pérez Becerra se asemeja a lo que hacen cuando a una mujer violada le dicen los oscurantistas: ‘¿Y por qué estaba en ese lugar en ese momento? ¿Y por qué no pensó que la podían violar? ¿ Y por qué….?’ Un sin numero de preguntas a cual más ignominiosa que buscan todas endilgarle a la víctima la responsabilidad que recae en el victimario. En el caso de la mujer violada la responsabilidad del crimen es del victimario, en el caso del periodista cuyos derechos fueron violados, la responsabilidad es de las autoridades que los violaron. Sólo una contorsión indignante de mala fe puede querer pretender lo contrario, pero en el caso de Joaquín Pérez Becerra han abundado los Maiza, Bilbao, Azanza, Bracho, Escusas y otros tantos apellidos de escribanos contorsionistas, en una sucesión de absurdos a cual más inverosímil, llegando incluso a preguntar “¿por qué el periodista no llamó al ministerio venezolano antes de viajar?” (¿!?!), y algunos diciendo que “no tenía el permiso del ministerio para ese viaje” (¿!?!); y algún incauto podría preguntarse: ¿será que hay leyes tan fascistas en Venezuela que hacen que los viajeros deban solicitar permiso telefónico con explicación de motivaciones de viaje antes de viajar? Sabemos que no es así, sabemos también que un ciudadano sueco no requiere VISA para Venezuela: ¿Entonces por qué se han aceptado como textos ‘periodísticos’ tales tejidos de calumnias y absurdos destinados a culpabilizar al periodista? Otro de los absurdos ha sido lanzar suspicacia sobre “los amigos de Pérez Becerra en Venezuela” que según los mercenarios de la mentira, habrían “tendido una trampa”, y ojo ténganse bien, “una trampa contra el comandante Chávez”, porque claro, Joaquín Pérez Becerra no es sino una víctima colateral para sus sesgadas mentes en las que no quieren dejar entrar la evidencia: había mil amparos legales para no entregar al periodista, con lo cual la tesis de la“trampa contra Chávez” o “contra la CELAC” se cae, porque si existe un amparo legal inmenso que impide entregar al periodista, basta con acogerse a él y no hay“trampa” que valga, pero curiosamente estos apologistas de las entregas de seres humanos omiten siempre nombrar el amparo legal: el carácter perverso de esta y otras técnicas del absurdo y la calumnia las analizaremos en otro texto.

8. Joaquín Pérez Becerra: su “crimen” fue informar, ser una luz en medio de las tinieblas

Contra el periodista Joaquín Pérez Becerra se han ensañado dos estados, con toda su potencia mediática y coercitiva. Joaquín Pérez Becerra representa un símbolo de la prensa alternativa perseguida por uno de los estados más represores del mundo, (el estado colombiano); a su vez su caso ha destapado un profundo y necesario debate sobre la ética, sobre la solidaridad entre los pueblos, sobre la conceptualización que tenemos de la “unidad latinoamericana”, a saber si es la unidad de las oligarquías y los aparatos represores, o si es una unidad que se construye entre los pueblos, desde el respeto por los pueblos. Su caso también ha destapado el importante tema de la libertad de información, y la necesidad de denunciar la cacería humana contra el pensamiento crítico y la lucha social impuesta desde los lineamientos de EEUU al mundo.

Un periodista perseguido por el sólo “crimen” de atreverse a informar sobre un país y un pueblo del cual las informaciones que llegan al mundo están casi al 100% filtradas por el terrorismo de estado: la cantidad de periodistas, académicos, sindicalistas asesinados, desaparecidos encarcelados por atreverse a informar es abrumadora, y años de sistemática represión al pensamiento crítico han dejado un país de gente que se auto-amordaza antes de que vengan a amordazarla por la fuerza. Si a eso se le suma que los gigantescos monopolios de la (des)información ocultan y manipulan sistemáticamente toda información sobre Colombia, y se le suma el ejército de ‘intelectuales’ funcionales al régimen, financiados por la USAID, UE y otros engendros que surten siempre una versión acorde con los intereses económicos de sus multinacionales, tenemos el Reino de la Mentira. Un Reino de la Mentira en el que la palabra Paz es enarbolada por un presidente que se ufana del bombardeo a otro país, y se ufana cuando le traen la mano cortada de un líder estudiantil comunista que tras años de persecución y al ver caer a miles de comunistas asesinados por el estado en total indefensión, decidió entrar a la insurgencia para poder sobrevivir un poco más. Pero el líder estudiantil fue encontrado por la “pacífica” práctica de un estado que paga por asesinar, un estado que da recompensas a quién le trae miembros cortados de un ser humano, y todos los medios se hacen coro a esa orgía de sangre (10). El reino de la mentira en el que la palabra Paz es vociferada por un presidente que tiene a su haber 3.200 asesinatos de civiles en los macabros “falsos positivos” en los que los militares asesinan a niños y jóvenes civiles y los disfrazan de “guerrilleros abatidos en combate”, para recibir recompensas por cadáver presentado(11). En Colombia es usada la palabra Paz por los peores guerreristas: la usan para atizar la guerra, para atizar la persecución política.

En ese Reino de la Mentira aparecen de cuando en cuando almas valientes y dignas, como el periodista Joaquín Pérez Becerra, que desde su exilio en Suecia, seguía preocupado por el pueblo que lo vio nacer. No hizo como otros exiliados que se olvidan de todo, no hizo como otros exiliados que se sumen en la depresión absoluta, no hizo como otros que venden su alma en representaciones de‘programas’ del estado colombiano, o como otros que se convierten en apologistas del arrodillamiento: él encontró la fuerza de crear un medio alternativo (Anncol). Trabajaba de día cuidando ancianos, y de noche se desvelaba por aportar algo de claridad al Reino de la Mentira. Informaba, porque él sabía que la Paz verdadera se consigue con dignidad, y que el conocimiento es dignidad. Él sabía que la Paz se consigue con Justicia Social, porque el hambre es guerra contra el niño que muere por desnutrición. Porque él se acordaba de los descalzos cuando fue concejal de Corinto Cauca, en ese breve espacio de tiempo que hubo esperanza en reforma agraria y cambios a favor de los pobres; en ese breve espacio entre la elección a cargos políticos en representación de los descalzos y las masacres contra los electos y sus bases, que demostraron con miles de tumbas la intolerancia política del estado colombiano... él se llevó de Colombia el recuerdo de sus compañeros asesinados, de los ríos de sangre… pero también se acordó siempre de las miradas de esperanza que había en la gente, esperanza que fue truncada por el exterminio. Él pensaba que esa esperanza debía mantenerse, y por ella informar. Informar: ese fue su “crimen”.



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NOTAS:

(1) Genocidio de contra el partido político Unión Patriótica (UP), el plan de exterminio se denominó 'Plan Baile Rojo':

http://video.google.com/videoplay?docid=8981304868098159223

(2) Estas calumnias y más están referenciadas en los siguientes textos, que ofrecen un importante análisis del caso Pérez Becerra, relacionado con la carencia de ética que hubo en el manejo de la información:

A raíz de la entrega ilegal de Joaquín Pérez Becerra(…) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=128568

Lucía Ruiz anota con pertinencia que: “ Acontecimientos importantes permiten que afloren nobles y éticos principios, o en su defecto, perversas pasiones y falencias ideológicas

El Presidente Chávez y el ‘Asunto Joaquín Pérez’

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=127913

(3) “ Quien obre por decisión o inadvertencia contra la concreción de la Celac, está haciendo algo muy grave(…) Y quien apele a la política de los hechos consumados, no puede gemir luego porque encuentra frente a sí, también, hechos consumados.” Escrito por Luis Bilbao.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=127974&titular=la-deportaci%F3n-de-un-militante-

(4) Se ratifica invalidez de pruebas de “computador de Raúl Reyes”: http://www.youtube.com/watch?v=K0EE38MICGI&feature=channel_video_title

http://www.kaosenlared.net/noticia/fiscalia-prepara-para-asumir-caso-conrado

http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/95998-NN/afirman-que-enjuiciados-con-pruebas-de-computadoras-de-raul-reyes-pueden-demandar-al-estado-colombiano/

(5) Ver Ciudad Caracas, artículo de Clodovaldo Hernández, con desmentido diminuto días después y cambio de la redacción inicial a posteriori.
Ciudad Caracas | Fiscalía se prepara para asumir caso de Conrado
www. ciudad ccs.info/?p=196220 El desmentido sigue inexacto pues para una deportación se requiere también tramitación legal, y lo que hubo fue una entrega ilegal. http://www.ciudadccs.info/?p=196483

“ACLARATORIA SOBRE PÉREZ BECERRA . En nuestra edición de ayer apareció un error en la nota titulada: “Fiscalía se prepara para asumir caso Conrado”,publicada en la página 9 bajo la firma del periodista Clodovaldo Hernández. Allí, el ciudadano sueco de origen colombiano Joaquín Pérez Becerra, deportado en abril pasado a Bogotá luego de su captura en Maiquetía, aparece incorrectamente identificado como “dirigente guerrillero”. En rigor, Pérez Becerra es comunicador y director de la agencia de noticias Anncol. Su pertenencia a la guerrilla ha sido desmentida por él mismo y por las FARC.”

Aquí la publicación tal cual tomada de la de Ciudad Caracas, sin el cambio hecho a posteriori: www.kaosenlared.net/noticia/fiscalia-prepara-para-asumir-caso-conrado

(6)La circular Roja no aparece:

http://www.interpol.int/Public/Wanted/Search/Form.asp

(7)Nota de AP: Interpol rechaza circular roja sobre ex funcionaria

http://es-us.noticias.yahoo.com/colombia-interpol-rechaza-circular-roja-funcionaria-142921758.html



(8) Noticia del medio El Tiempo, propiedad de la familia Santos: http://m.eltiempo.com/justicia/proceso-del-editor-de-anncol/9642045

Juez niega anular proceso de Joaquín Pérez, director de Anncol
Su abogado pidió la nulidad. Dice que por ilegalidad de la prueba no debe continuar el proceso.

“La jueza aseguró que no es el momento procesal, por lo que se abstiene de analizar la legalidad de las pruebas. (…) abogado de Joaquín Pérez Becerra, dijo que "teniendo en cuenta nuevos acontecimientos de tipo jurídico y de orden nacional, aspira a que este proceso llegue a su fin con una nulidad". Como respuesta a la petición de la defensa, la Fiscalía dijo que el recurso no "está llamado a prosperar", dado que aún no está formalizado el escrito de acusación contra el señalado director de Anncol y que todavía hay la posibilidad de incluir nuevas pruebas que lo comprometen. "Este no es el momento procesal para pedir la nulidad y la exclusión de las pruebas", dijo la Fiscalía. La Procuraduría le dio la razón al ente investigador y pidió no decretar la nulidad. Sin embargo, la representante de la Procuraduría señaló que hay fallas en el escrito de acusación, como no identificar adecuadamente a los testigos. La defensa apoyó este comentario de la Procuraduría y señaló que la Fiscalía no argumentó satisfactoriamente las conductas punibles contra Joaquín Pérez, acusado de ser el 'embajador' de las Farc y de haber incurrido en concierto para delinquir, financiación del terrorismo y administración de bienes provenientes de acciones terroristas(…)”

(9) La estimación de 7.500 presos políticos es una estimación que manejan las organizaciones de solidaridad jurídica y humana con los presos políticos desde hace algunos años, y debido al incremento vertiginoso de encarcelamientos bajo montajes judiciales desde los últimos años, se presume que esta cifra es referencial, pero se queda corta. Nuevas estimaciones hablan de 9.500 presos políticos en Colombia, y la proporción de presos políticos civiles se mantiene, estimando que el 90% de los presos políticos son civiles encarcelados bajo montajes judiciales para callar su pensamiento crítico y reivindicación social: sindicalistas, periodistas, maestros, estudiantes, ambientalistas, investigadores, campesinos, líderes comunitarios, etc… www.traspasalosmuros.net

http://www.arlac.be/A2009/2009/Tlaxcala.htm Campaña europea por la liberación de los presos políticos, Colombia. Firmar aquí: http://www.tlaxcala.es/detail_campagne.asp?lg=es&ref_campagne=14

(10) El texto se refiere a Iván Ríos: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=101893

http://www.youtube.com/watch?v=nwQ4jEMdhhA&feature=player_embedded

(11) 3.200 asesinatos de civiles en los macabros “falsos positivos” en los que los militares asesinan a niños y jóvenes civiles y los disfrazan de “guerrilleros abatidos en combate” para llevar los cadáveres a sus altos mandos y recibir recompensas. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=132440

En mayo 2011 el CINEP publicó un informe en el que evidencia que los asesinatos de civiles a manos de militares, lejos de disminuir, han aumentado bajo la presidencia de Santos. Informe especial Falsos Positivos:

http://www.es.lapluma.net/images/stories/documents_periodicos_app/%27Falsos%20Positivos%27%202010%20Clamor%20por%20la%20vida%20y%20la%20justicia_%20CINEP%20PPP.pdf

Callar la carcajada lúcida: Crimen de Estado contra Jaime Garzón es testimonio del exterminio

Favor publicar el texto con este Video incrustado, muchas gracias!
http://www.youtube.com/watch?v=vEuVyNqoyAk

Callar la carcajada lúcida: Crimen de Estado contra Jaime Garzón es testimonio del exterminio

“los gringos tienen el rabo de paja y la nariz empolvada compañeros; porque además de metérsela toda, ahora quien metérsenos al rancho(…) y es que detrás de toda narco-democracia, hay un narco-imperialismo” Jaime Garzón

Este Crimen de Estado es testimonio de la intolerancia extrema del estado colombiano frente a la oposición y a toda voz crítica.


Por Azalea Robles
VIDEOS Noticias Uno y Jaime Garzón

El 13 de agosto 2011 se cumplieron 12 años del asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón: un hombre cuya genialidad humorística ponía al desnudo el mecanismo genocida del estado colombiano, denunciaba la estrategia paramilitar del estado, la ocupación estadounidense de Colombia, la extrema desigualdad social y el despojo de tierras. El asesinato de Garzón es un crimen de estado que es símbolo de los niveles de intolerancia política del estado colombiano, quien adelanta un exterminio contra la oposición y el pensamiento crítico. Recordamos a Jaime Garzón enarbolando sus ideas, su denuncia del genocidio, de la mentira, de la estrategia paramilitar: porque por ese legado cegaron su vida.

· General del Ejército contactó a paramilitar Ernesto Báez para asesinar al humorista Jaime Garzón.


Varios generales son señalados como instigadores del asesinato, entre ellos el general Mora Rangel y el general Rito Alejo del Río. Testimonia paramilitar alias 'El Cirujano' que el crimen fue planeado por el ejército, por la 'inteligencia' del estado colombiano (1). El Jefe paramilitar Alias ‘El Cirujano’ ha confesado la orden estatal del asesinato de Garzón: "Una nueva versión que le aporta elementos muy importantes a la investigación por el crimen de Jaime Garzón será entregada a la Fiscalía por el paramilitar alias El Cirujano. El Cirujano declarará que el asesinato de Garzón se planeó tres años antes de su ejecución y que en él participaron militares que en ese momento estaban activos."(íbid)

Jaime Garzón fue asesinado por el Estado colombiano por denunciar, con su humor sensible, la estrategia del Estado de implementar la herramienta paramilitar para callar la reivindicación social, y para desplazar a millones de habitantes de sus tierras para favorecer al gran capital. Jaime Garzón denunció incesantemente la connivencia militar-paramilitar y la invasión de Colombia por EEUU. Denunció con valentía, lo que hoy deviene inocultable: la existencia de un narco-estado colombiano (2), de un ‘narco-imperialismo’ (EEUU), desnudó la falacia de que Estados Unidos "luchan contra las drogas" cuando en realidad son los que manejan el negocio y usan ese pretexto para intervenir países y reprimir la lucha social en diversos puntos del globo, siendo Colombia un ejemplo claro de su política colonial disfrazada de "lucha contra las drogas". Jaime Garzón denuncia con su entrañable personaje ‘John Lenin’ la ocupación gringa en Colombia (3); ocupación hoy tristemente más vigente que nunca con las 7 bases militares que continúan instalándose bajo Santos, aún pese al fallo de inconstitucionalidad de la Corte (4). Garzón desmiente la falacia de la “lucha contra el narcotráfico” que pretextan los EEUU:

“los gringos tienen el rabo de paja y la nariz empolvada compañeros; porque además de metérsela toda, ahora quien metérsenos al rancho(…) y es que el enemigo ve la paja en la carreta nuestra, pero no ve la Cosa Nostra que tiene en el ojo de Águila imperial: y es que detrás de toda traco-democracia*, hay un narco-imperialismo” (3, VIDEO): http://www.youtube.com/watch?v=vEuVyNqoyAk


El asesinato de Jaime Garzón, así como el de miles y miles de periodistas, sindicalistas, artistas, estudiantes, profesores, ambientalistas, líderes agrarios, abogados, etc... marca la extrema intolerancia política de la oligarquía colombiana: intolerancia extrema que es raíz de una guerra que desde el poder económico se desata a diario contra el pueblo colombiano, en sus más diversas expresiones, con la finalidad de despojar a la población para favorecer la acumulación de capital en pocas manos.



Varios jefes paramilitares han hablado sobre las órdenes de asesinar al humorista: impartidas desde el generalato y el siniestro DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) del estado colombiano.

· Directivos del DAS y sus cursillos a paramilitares: "Por qué está bien matar comunistas en Colombia"

El representante a la cámara (PDA), Iván Cepeda, declaró en el juicio que se le adelanta al exdirector del DAS, José Miguel Narváez, y a otros seis exfuncionarios del DAS, que el extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', le aseguró que José Miguel Narváez era miembro orgánico de las estructuras de las AUC paramilitares (5). "(Alias ‘Don Berna’) Dijo que (Narváez) cumplía varias funciones. Que era consejero del señor Carlos Castaño (Jefe paramilitar) y él se desempeñaba como líder de esa organización criminal (...) Y que además de eso cumplía la función de instructor ideológico de los campamentos en los cuales tenían sus sedes" declaró Cepeda (Ibíd. ).


Añadió que el Jefe paramilitar ‘Don Berna’ dijo que el exdirector del DAS impartía en esos campamentos un cursillo denominado: "Por qué es legítimo o por qué está bien matar comunistas en Colombia" y que además a 'Don Berna' le constaba personalmente haber escuchado a Carlos Castaño decir que José Miguel Narváez le había aconsejado varios crímenes. "Asesinar a mi padre, quien en ese momento era el congresista de la República Manuel Cepeda Vargas (por la exterminada UP), igualmente el señor Narváez había aconsejado al señor Carlos Castaño asesinar al humorista Jaime Garzón", relató Cepeda (Ibíd.)

Los directivos del DAS son investigados por el escándalo de las llamadas 'chuzadas' telefónicas operadas por ‘organismos de inteligencia’. Las investigaciones conciernen: seguimientos, amenazas, sabotajes, instrucciones a paramilitares, allanamientos ilegales, escuchas telefónicas operadas por el siniestro DAS de Colombia: un escándalo que implica crímenes de estado gravísimos, al que los medios masivos han logrado opacar bajo la rotulación de “las chuzadas”. Se espera que la labor judicial abarque el amplio espectro de crímenes cometidos por el DAS y no reduzca las cosas a “las chuzadas”; lamentablemente al tratarse de Crímenes de Estado lo más probable es la impunidad o sentencias individuales y ‘penas’ irrisorias y en condiciones privilegiadas para los pocos condenados. Pese a las valientes declaraciones de víctimas testigos como Cepeda o de antiguos cómplices del DAS, la impunidad hace su camino: a la directiva del DAS María del Pilar Hurtado, han logrado ponerla en modo silencio ya que goza de un escandaloso “asilo político” otorgado por Panamá (6).

· Asesinato de Jaime Garzón: Símbolo del exterminio, que hoy continúa

El crimen de estado contra el humorista Jaime Garzón es un símbolo de la intolerancia extrema de la oligarquía y del estado colombiano contra la oposición política y el pensamiento crítico.
Tristemente, en el 2011, bajo la presidencia de Santos, este crimen sigue en la total impunidad y continúan los crímenes de Estado, sumiendo a Colombia en una situación de extrema crisis humanitaria, no solamente por el conflicto social y armado que vive el país producto de la extrema desigualdad social; sino sobretodo por un sistemático Terrorismo de Estado desatado contra todo aquel o aquella que ose elevar una reivindicación social, política, medioambiental, laboral. Terrorismo de Estado que es implementado tanto por la fuerza pública como por su hermana siamesa, la herramienta paramilitar, la cual es parte de una estrategia represiva del terror y actúa en plena connivencia con la fuerza pública. Bajo la presidencia de Santos han sido asesinados 27 sindicalistas, 20 en el 2011, siendo Colombia el país en el que son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo (7). Sólo en los 3 primeros meses de Santos han sido asesinado 50 opositores políticos (denuncia PDA), y el genocidio ha seguido incrementándose hasta hoy. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denunció en marzo 2011: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo en su nueva etapa de reingeniería conocida con el eufemístico término de bandas criminales (bacrim). (…) la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. (…) continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada(…)”(8).

El genocidio continúa y las masacres para desplazar comunidades se intensifican como necesidad de la codicia multinacional: el 40% del territorio esta pedido en concesiones a multinacionales mineras (9). El amparo brindado por el estado a su herramienta paramilitar y militar lo constituyen las Leyes de impunidad.

· Impunidad del gobierno de Santos para la herramienta paramilitar: Ley 1424 y continuidad del genocidio

La impunidad que brinda el estado colombiano a su herramienta paramilitar, garantiza la continuidad de esta, mientras la propaganda se encarga de alienar masivamente a nivel nacional e internacional con la falacia de ‘el aire nuevo con Santos’. La Ley 1424 del gobierno de Santos garantiza impunidad a paramilitares y sus financistas, así reza: “La información que surja en el marco de los acuerdos de que trata este artículo no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a lo Verdad Histórica y a la Reparación o en contra de terceros” (10). Esta nueva ley permite el otorgamiento de beneficios como la suspensión de la ejecución de la pena y la suspensión de las órdenes de captura proferidas en contra de paramilitares supuestamente desmovilizados.
Así expresa la situación de impunidad el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo:
“Cumplidos 6 años de expedida la ley 975 de 2005 o ley de “justicia y paz”, existe claridad y consenso sobre el balance negativo de la ley de justicia y paz. No es para menos, las cifras señalan un total de 35.353 desmovilizados. Pero de éstos, 31.281 fueron beneficiados de medidas consistentes en la renuncia del Estado a la persecución penal de sus crímenes: no se cumplió con el deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Estos beneficios otorgados por el estado al paramilitarismo permiten: a) la terminación de procesos penales por algunos delitos (amnistía impropia), y b) la no aplicación de la pena impuesta por los jueces (indulto). En la etapa propiamente judicial solo a 385 paramilitares se les ha formulado imputación, de estos solo a 91 se les ha formulado cargos, 12 de ellos están en etapa de legalización, solo 4 postulados han recibido condena, aunque solo 2 de ellos con sentencia debidamente ejecutoriada.” (11)

· Genocidio y Leyes estafa: terror y aparato legal al servicio de este

La declaración de julio 2011 del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado hace una síntesis de las Leyes estafa del santismo y de la continuidad del Terror de Estado, cito unos apartes(12): "(...) permanencia de las estructuras paramilitares y su connivencia con mandos militares y policiales, sectores políticos y empresariales(…) Desde la posesión del Presidente Santos, más de 20 hombres y mujeres líderes (reclamantes de tierras) han sido asesinados, entre ellas, Ana Fabricia Córdoba, cuyo asesinato se dio al tiempo en que se promulgaba la “ley de víctimas” y hoy el asesinato de Keyla Esther Berrío Almanza de la Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar. Estos crímenes pretenden ser desnaturalizados por sectores políticos y mediáticos sin que existan investigaciones eficaces, independientes e imparciales. (…) ausencia de voluntad política por parte del gobierno para desarticular las estructuras paramilitares, que continúan beneficiando a terratenientes, empresarios y políticos.”

El MOVICE denuncia la impunidad que otorga el estado a su herramienta paramilitar y la peligrosidad de las Leyes presentadas por el gobierno de Santos y los mass-media como la panacea: favorecen la impunidad, el despojo, y por ende la continuidad del genocidio:
“Tanto el principio de oportunidad, como la Ley de “justicia transicional”, encubrieron miles de amnistías a paramilitares, que no confesarán sus crímenes ni se someterán a la justicia colombiana. Se han demostrado las limitaciones estructurales de la Ley 975 de 2005, mal llamada de “justicia y paz”, para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Basta con recordar que a seis años de la puesta en marcha de la Ley 975 de 2005, no se ha reparado efectivamente a ninguna de las víctimas de los grupos paramilitares. (...)”

“Con la extradición a los Estados Unidos de los principales jefes paramilitares se frustró el modelo de juzgamiento de máximos responsables, ya que al no existir un acuerdo de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos se ha obstaculizado la continuación de los procesos judiciales que adelanta la justicia nacional. Solo existe una carta concertada entre estos dos gobiernos que tan solo permite el acceso a las cárceles estadounidenses de los operadores judiciales, excluyendo a las víctimas y sus representantes.
Esta situación ha imposibilitado la reconstrucción de la verdad y el esclarecimiento histórico de los crímenes atribuidos a los paramilitares, que debe comprender la identificación de las estructuras de poder, las redes de financiación y la individualización de beneficiarios. Contexto que se ve agravado con la adopción de la ley de “justicia transicional”, sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos, que permite amnistiar a miles de paramilitares omitiendo su obligación de investigar, juzgar y sancionar, sacrificando así los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición.”

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia que las mal llamadas ‘Ley de Víctimas’ y ‘Ley de Tierras’ promueven la impunidad, legalizan el despojo y permiten que las tierras despojadas sean entregadas a la mega minería y el agro- industrial:
“El proceso de aprobación de la Ley 1448 de 2011 desconoció a las víctimas y sus propuestas, lo que la constituye en una ley inconsulta. Iniciativa en la cual no se reconoció como fundamento de la reparación a las víctimas, el deber de garantía, respeto y protección de los derechos humanos atribuible al Estado. (...) La ley no contempla la restitución patrimonial a la población desplazada, y en general, es regresiva en relación con las órdenes que la Corte Constitucional dictó al declarar el “estado de cosas inconstitucionalidad”.

En la Ley 1448 de 2011 se incorporaron cláusulas y figuras que promueven la impunidad y favorecen abiertamente a los beneficiarios del despojo. Entre ellos, el contrato de transacción, la revisión de indemnizaciones por solicitud del Ministerio de Defensa y el “contrato de uso” también conocido como “derecho de superficie”, entre otras. Al mismo tiempo, el gobierno nacional promueve disposiciones legales y políticas que permiten que los territorios despojados se conviertan en espacios de operaciones extractivas, impulsando agronegocios a gran escala y obras de infraestructura, lo que desconoce los derechos ambientales y de habitación de las comunidades rurales victimizadas. Los artículos de la Ley 1448 de 2011 que se refieren a la (…) restitución, reparación colectiva, memoria histórica han quedado supeditados a su reglamentación por el poder ejecutivo.

El gobierno de la “Unidad Nacional” está promoviendo un proyecto de ley de reforma a la justicia que pretende limitar los alcances judiciales en los procesos de parapolítica y en los que se siguen en contra de integrantes de la fuerza pública de alto rango (…) se pretende limitar los procesos adelantados por la Corte Constitucional respecto a los derechos de la población desplazada y de las víctimas.
El MOVICE decidió demandar los aspectos inconstitucionales de la “ley de víctimas” y llama la atención sobre los riesgos que existen en el proceso de reglamentación e implementación, especialmente teniendo en cuenta que regiones importantes del país se encuentran aún bajo el dominio y control de estructuras paramilitares."

Como denuncia el MOVICE e innumerables organizaciones sociales y comunidades: el genocidio continúa incrementándose. La arremetida estatal contra la población no ha cesado desde el asesinato del humorista Jaime Garzón, al contrario. Garzón hubiera tenido muchas cosas más que denunciar, si lo hubieran dejado vivir.

· La carcajada lúcida

La familia de Jaime Garzón decidió demandar al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el crimen del periodista (13). Sus abogados, en base a pruebas como las varias declaraciones de jefes paramilitares, señalan a varios generales, entre los cuales Rito Alejo del Río y Mora Rangel como instigadores del crimen. En rueda de prensa el abogado Alirio Uribe dijo que “ya es hora de que la fiscal Vivianne Morales vincule a los militares que están involucrados en el crimen”(Ibíd. ) El hermano de Jaime Garzón declaró, en su homenaje de agosto 2011: "A Jaime lo matan por su activismo en favor de la justicia social, la justicia económica, y la paz. ¡El homicidio de mi hermano es un crimen de estado!" (14)

En uno de sus últimos espectáculos Jaime Garzón expresaba la persecución al pensamiento crítico que sufren los opositores, defensores de derechos humanos, periodistas independientes por parte de las herramientas de exterminio del estado colombiano:

“Si yo que ni soy independiente (periodista), que me burlo no más: a la casa a uno lo llaman a cada rato y le dicen ‘Nosotros sabemos donde vive, le vamos a cortar la lengua’… y eso le cambia a uno la vida: yo por ejemplo ahora me cambio de calzoncillos y medias todos los días … ¡Sí porque qué tal: un cadáver ahí cagado…uuuufff! El que no me reconozcan no me da miedo: ¿porque quién tiene unos dientes así? Uno ya avisa a la fiscalía que una cosita de oro que tengo aquí, que se la devuelvan a mi mamá, que no se la vayan a robar (…) Es que la independencia tiene un valor: esos tipos independientes que denuncian a los militares por violar los derechos humanos, ¡eso es terrible contra ellos! Si uno no más se burla de los militares, y así y todo mandan a decir ‘hágale suave que…’”(15)

Si hubieran dejado vivir a Jaime Garzón, él hubiera seguido fomentando carcajadas, sentimientos y pensamiento crítico. Su voz era necesaria para la construcción de la emancipación que busca el pueblo colombiano, así como decenas de miles de voces que han sido acalladas por las herramientas del terror estatal. Un pueblo que busca la paz debe tener memoria histórica, reclamar a sus presos políticos y entender ante todo las raíces de la guerra. Porque las raíces profundas de la guerra en Colombia son la extrema desigualdad social y, aunada a esta base, la sistemática represión y exterminio que desata el estado (como aparato al servicio de la acumulación de capital en pocas manos) contra toda reivindicación de tipo social, económica, ecológica, política. Estamos ante una violencia desatada desde arriba contra los de abajo que osan cuestionar el expolio y el empobrecimiento: por eso es asesinada hasta la carcajada lúcida.
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NOTAS:

(1) General del Ejército contactó a paramilitar Ernesto Báez para asesinar al periodista y humorista Jaime Garzón: http://www.noticiasuno.com/noticias/general-del-ejrcito-contact-a-ernesto-bez-para-asesinar-a-jaime-garzn-.html
VIDEO Noticias Uno:
http://www.youtube.com/watch?v=38k1faaRpIQ&feature=player_embedded#at=12

(2)Javier Giraldo: “El narcotráfico penetró las instituciones: el poder ejecutivo, las fuerzas armadas, la policía”: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131599

(3) Vea a Jaime Garzón en este video, denunciando a narco-EEUU, con su entrañable personaje 'Jhon Lenin': http://www.youtube.com/watch?v=vEuVyNqoyAk
* Cuando Garzón dice “traco-democracia” significa “narco-democracia”, o “democracia-criminal”:“traco” viene del argot “traqueto” que designa a un sicario, que a su vez viene del traquetear de las armas.

(4) El Senador Robledo denuncia la violación de la sentencia de la Corte Constitucional: El gasto multimillonario del Pentágono revela la instalación efectiva de bases del Comando Sur en el país: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=123813
Pese a que la Corte declaró inconstitucional el Tratado de cesión: El Ejército de Estados Unidos ha firmado 126 contratos para construir en bases colombianas http://www.rebelion.org/noticia.php?id=123295

(5) El representante a la cámara Iván Cepeda (por el PDA), sostuvo que el extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', le aseguró que José Miguel Narváez, directivo del DAS, era miembro orgánico de las estructuras de las AUC paramilitares: http://www.caracolradio.com/nota.aspx?id=1436047

(6) A la directiva del DAS María del Pilar Hurtado, han logrado ponerla en modo silencio ya que goza de un escandaloso “asilo político” otorgado por Panamá: http://www.rebelion.org/seccion.php?id=13

(7)Bajo la presidencia de santos han sido asesinados 27 sindicalistas, 20 en el 2011, siendo Colombia el país en el que son asesinados el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo 2010 cerró con 49 sindicalistas asesinados. Van más de 20 en 2011: El país más peligroso del mundo para los sindicalistas: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133818&titular=el-pa%EDs-m%E1s-peligroso-del-mundo-para-los-sindicalistas-
El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo, son asesinados en Colombia:
“ en Colombia se comenten el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo (…) una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120921

(8) El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) denuncia en marzo 2011: “Las acciones del gobierno de Santos para encubrir el paramilitarismo en su nueva etapa de reingeniería conocida con el eufemísitico término de bandas criminales (bacrim). (…) la persistencia de los Crímenes de Lesa Humanidad se encubre bajo la denominación de Bandas Criminales, que es parte de la reingeniería paramilitar y la falsedad del espectáculo de las desmovilizaciones. Persistiendo el poder mafioso, político y empresarial en las estructuras paramilitares. (…) continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización de campesinos, estudiantes y defensores de DDHH, con la prolongación de la práctica de la desaparición forzada, la violencia sexual”
http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=487:movice-anuncia-acciones-contra-encubrimiento-a-reingenieria-paramilitar-&catid=64:nacionales&Itemid=48

(9) El 40% del territorio está pedido en concesión para minería: Las venas abiertas de Colombia:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=126725
El Gobierno beneficia a las multinacionales mineras en detrimento del medio ambiente y las comunidades: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=132682
(10) Cfr. Ley 1424 de 2010. Artículo 4º, inciso 2º.

(11) Así expresa la terrorífica situación de impunidad el colectivo de abogados Alvear Restrepo:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133850&titular=suenan-reformas-a-la-ley-%22de-justicia-y-paz%22-de-2005-tras-6-a%F1os-de-
http://www.colectivodeabogados.org/Suenan-reformas-a-la-ley-de,3190
(12) declaración de julio 2011 del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE):
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=133262&titular=el-sue%F1o-de-una-colombia-en-paz-con-justicia-social-
(13) La familia de Jaime Garzón decidió demandar al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el crimen del periodista. Abogados señalan al general en retiro Rito Alejo del Rio como instigador del crimen. Abogado Alirio Uribe dijo que “ya es hora de que la fiscal Vivianne Morales vincule a los militares que están involucrados en el crimen”http://carloslozanoguillen.blogspot.com/2011/08/estado-colombiano-demandado-ante-la.html

(14) Caso Jaime Garzón crimen de estado:
http://www.youtube.com/watch?v=g8Xkij01obo

(15) Jaime Garzón sobre la persecución al pensamiento crítico, las amenazas:
http://www.youtube.com/watch?v=znt_KM4rjSg
Jaime Garzón denuncia a los militares:
http://www.youtube.com/watch?v=_FCkfEop2cs

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www.azalearobles.blogspot.com

Declaración de Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado:

continúa paramilitarismo de Estado y del gran capital; leyes de impunidad que legalizan el despojo

Continúa la estrategia paramilitar y su connivencia con mandos militares y policiales, con sectores políticos y empresariales. Decenas de asesinatos desde la posesión de Santos. Leyes de impunidad y leyes inconsultas que vulneran a las víctimas: "promueven la impunidad y favorecen abiertamente a los beneficiarios del despojo; permiten que los territorios despojados se conviertan en espacios de operaciones extractivas, impulsando agronegocios a gran escala (...)"

Por MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

Declaración de Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado: "El sueño de una Colombia en Paz con Justicia social"

Declaración Pública Comité de Impulso Ampliado del Movice Nacional
El sueño de una Colombia en paz con justicia social
Durante los días 21 y 22 de julio de 2011, nos encontramos delegados y delegadas de 22 capítulos regionales del MOVICE, deliberamos sobre la situación de riesgo y amenaza en que se encuentran las víctimas en todo el país, sobre la necesidad fortalecer el proceso organizativo de las víctimas, hicimos un balance del proceso de aprobación de la Ley 1448 de 2011 y de otras iniciativas legislativas que encontramos regresivas, analizamos el contexto social y político que acompaña el actual momento, y finalmente establecimos nuestra agenda de movilización social para el segundo semestre de 2011

Al momento de escribir esta declaración hemos conocido la lamentable noticia del asesinato de Keyla Esther Berrío Almanza, víctima y líder de derechos humanos de Turbaco (Bolívar). Keyla hacia parte de la Liga de Mujeres Desplazadas y era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009.

Dicho esto, dejamos ante la sociedad la siguiente:

Declaración Pública

Teniendo en cuenta:
Que el modelo de “reconciliación” en Colombia, vive una evidente crisis por la permanencia de las estructuras paramilitares y su connivencia con mandos militares y policiales, sectores políticos y empresariales en diversas regiones del país. Solo en el tiempo que ha transcurrido desde la posesión del Presidente Juan Manuel Santos, más de 20 hombres y mujeres líderes han sido asesinados, entre ellas, Ana Fabricia Córdoba, cuyo asesinato se dio al tiempo en que se promulgaba la “ley de víctimas” y hoy mismo, el asesinato de Keyla Esther Berrío Almanza de la Liga de Mujeres Desplazadas de Bolívar. Estos crímenes pretenden ser desnaturalizados por sectores políticos y mediáticos sin que existan investigaciones eficaces, independientes e imparciales. Estos asesinatos, sumados, a las permanentes y sistemáticas amenazas y hostigamientos a lo largo y ancho del país, reflejan la ausencia de voluntad política por parte del gobierno para desarticular las estructuras paramilitares, que continúan beneficiando a terratenientes, empresarios y políticos.

Que es evidente la continuidad del conflicto armado interno, y la imposibilidad del Estado para superarlo. Al tiempo que persiste la grave situación de derechos humanos y se ha profundizando la crisis humanitaria, especialmente en las áreas rurales. Por su parte, el gobierno se hace de oídos sordos ante los llamados al diálogo político e insiste en la salida militar al conflicto armado.

Que tanto el principio de oportunidad, como la Ley de “justicia transicional”, encubrieron miles de amnistías a paramilitares, que no confesarán sus crímenes ni se someterán a la justicia colombiana.

Que se han demostrado las limitaciones estructurales de la Ley 975 de 2005, mal llamada de “justicia y paz”, para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Basta con recordar que a seis años de la puesta en marcha de la Ley 975 de 2005, no se ha reparado efectivamente a ninguna de las víctimas de los grupos paramilitares. Otro elemento ilustrativo son los exiguos resultados de la reparación administrativa, que en la actualidad se encuentra en un limbo jurídico y que en todo caso no comprende el derecho de las víctimas a una reparación integral.

Que con la extradición a los Estados Unidos de los principales jefes paramilitares se frustró el modelo de juzgamiento de máximos responsables, ya que al no existir un acuerdo de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos se ha obstaculizado la continuación de los procesos judiciales que adelanta la justicia nacional. A la fecha, solo existe una carta concertada entre estos dos gobiernos que tan solo permite el acceso a las cárceles estadounidenses de los operadores judiciales, excluyendo a las víctimas y sus representantes.

Esta situación ha imposibilitado la reconstrucción de la verdad y el esclarecimiento histórico de los crímenes atribuidos a los paramilitares, que debe comprender la identificación de las estructuras de poder, las redes de financiación y la individualización de beneficiarios. Contexto que se ve agravado con la adopción de la ley de “justicia transicional”, sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos, que permite amnistiar a miles de paramilitares omitiendo su obligación de investigar, juzgar y sancionar, sacrificando así los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición.

Que el proceso de aprobación de la Ley 1448 de 2011 desconoció a las víctimas y sus propuestas, lo que la constituye en una ley inconsulta. Iniciativa en la cual no se reconoció como fundamento de la reparación a las víctimas, el deber de garantía, respeto y protección de los derechos humanos atribuible al Estado. Obligación que se ha contraído por remisión directa de la Constitución Política de 1991 y por mandato de instrumentos internacionales, especialmente por los Principios de lucha contra la impunidad y el derecho a saber de Naciones Unidas, informes de organismos de protección de los derechos humanos y sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ley no contempla la restitución patrimonial a la población desplazada, y en general, es regresiva en relación con las órdenes que la Corte Constitucional dictó al declarar el “estado de cosas inconstitucionalidad”.

Que en la Ley 1448 de 2011 se incorporaron cláusulas y figuras que promueven la impunidad y favorecen abiertamente a los beneficiarios del despojo. Entre ellos, el contrato de transacción, la revisión de indemnizaciones por solicitud del Ministerio de Defensa y el “contrato de uso” también conocido como “derecho de superficie”, entre otras. Al mismo tiempo, el gobierno nacional promueve disposiciones legales y políticas que permiten que los territorios despojados se conviertan en espacios de operaciones extractivas, impulsando agronegocios a gran escala y obras de infraestructura, lo que desconoce los derechos ambientales y de habitación de las comunidades rurales victimizadas.

Que los artículos de la Ley 1448 de 2011 que se refieren a la indemnización, rehabilitación, restitución, atención, reparación colectiva, memoria histórica han quedado supeditados a su reglamentación por el poder ejecutivo.

Qué el gobierno de la “Unidad Nacional” está promoviendo un proyecto de ley de reforma a la justicia que pretende limitar los alcances judiciales en los procesos de parapolítica y en los que se siguen en contra de integrantes de la fuerza pública de alto rango. Con esta reforma también se pretende limitar los procesos adelantados por la Corte Constitucional respecto a los derechos de la población desplazada y de las víctimas.

Que el MOVICE en su V encuentro decidió demandar los aspectos inconstitucionales de la “ley de víctimas” y llama la atención sobre los riesgos que existen en el proceso de reglamentación e implementación, especialmente teniendo en cuenta que regiones importantes del país se encuentran aún bajo el dominio y control de estructuras paramilitares.

Por estas razones decidimos:
1. Avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones locales y regionales de víctimas a partir de nuestras estrategias de lucha en contra de la impunidad, el genocidio político y el exilio, y en favor de la búsqueda de la verdad, la reconstrucción de la memoria histórica, el fortalecimiento de la Comisión Ética y la movilización social por la exigibilidad de nuestros derechos.

2. Acompañar procesos de retorno y restitución de tierras en todo el país, de organizaciones y comunidades rurales del MOVICE y de las que lo soliciten. Esto como mecanismo de defensa y protección de los territorios, los recursos naturales y la soberanía de los pueblos.

3. Impulsar una campaña pedagógica de divulgación a nivel nacional para mejorar la comprensión de las implicaciones que tienen, para los derechos de las víctimas, el modelo de “reconciliación”, la “ley de víctimas”, la “ley de justicia transicional” y las distintas rutas de reparación que existen hoy.

4. Hacer seguimiento a la demanda de inconstitucionalidad que interpusimos en contra de la ley “de justicia transicional” y continuar adelantando acciones jurídicas en contra de normas contrarias a los derechos de las víctimas.

5. Buscar que la demanda de inconstitucionalidad que se interpondrá en contra de la Ley 1448 de 2011, conocida como “ley de víctimas”, sea suscrita y respaldada por amplios sectores sociales. Iniciativa que acompañaremos con diversas expresiones de movilización social.

6. Constituir una veeduría crítica e independiente que haga seguimiento al proceso de reglamentación de la “ley de víctimas”, bajo los principios que nos orientan y los instrumentos internacionales de derechos humanos. En coherencia con los intereses de las víctimas, presentaremos nuestras propuestas y denunciaremos cualquier intención de sacrificar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.

7. Hasta tanto el gobierno nacional no tome medidas de fondo para depurar la Fuerza Pública, organismos de seguridad y autoridades locales al más alto nivel, el MOVICE creará mecanismos alternativos de protección civil sin renunciar a la exigencia del cumplimiento de las obligaciones del Estado en garantizar la vida de las víctimas. Instamos a la comunidad internacional, gobiernos cooperantes y parlamentos a exigir del gobierno colombiano el cumplimiento del deber de protección de la vida y la integridad de las víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, y reconocer que no estamos viviendo una situación de postconflicto. Mientras esta situación persista se abstenga de firmar o ratificar cualquier tratado comercial con el Estado colombiano.

8. El MOVICE atendiendo y escuchando a las organizaciones sociales y populares, en la perspectiva de la confluencia y la unidad del movimiento social convocará, impulsará y participará en el Encuentro Nacional de Comunidades Rurales por la Paz a realizarse en Barrancabermeja del 12 al 15 de agosto y en el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías a realizarse en Cali y Cajamarca del 26 al 30 de septiembre de 2011. Igualmente, el MOVICE se sumará a la agenda nacional de movilización impulsada por Comosocol, Comosoc, Reclame, Recalca y Justicia Ambiental en defensa y protección propositiva de los territorios, el derecho al agua, a la salud, a la educación pública, a la paz con justicia social en la perspectiva de impulsar un Paro Cívico Nacional en 2012.

9. Atendiendo a la grave situación de riesgo y amenaza que enfrentan los integrantes del Capítulo Sucre y de otras regiones del país, impulsaremos una gran movilización de víctimas hacía Bogotá. La movilización tendrá como propósito exigir directamente al presidente Juan Manuel Santos soluciones efectivas para la protección y garantías para las víctimas que parten necesariamente del desmonte real y definitivo de las estructuras paramilitares en Colombia.

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http://www.colectivodeabogados.org/El-sueno-de-una-Colombia-en-paz

http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=976:declaracion-publica-comite-de-impulso-ampliado-del-movice-nacional&catid=58:conclusiones-encuentros&Itemid=480