Colombia Conversaciones de Paz - Aclaración al señor Enrique Santos Calderón

-- Aclaración al señor Enrique Santos Calderón      
Amamos  nuestra patria y a su gente. No nos interesa ningún otro lugar del mundo
para vivir. Y lo soñamos libre de explotación e injusticia.   Por Mauricio
Jaramillo  Miembro del Secretariado Nacional de las FARC-EP  Jefe de la
comisión fariana en el Encuentro Exploratorio   “Creo que para Semana Santa
debe haber salido siquiera el primer punto. Conozco a mi hermano, él está
jugado con esto, pero su paciencia no es infinita. Tampoco la del país”.
Con tales palabras termina el periodista Enrique Santos Calderón su
reciente escrito acerca de su participación en la fase exploratoria de las
conversaciones con las FARC en La Habana.   Es obvio que cada persona
guarda en su memoria y parecer lo que le llama particularmente la atención.
No todos miramos los acontecimientos desde una misma óptica, lo cual se
nota sobremanera cuando se trata de hechos con trascendental significación
política, en los cuales la visión de clase ejerce una poderosa influencia.
Un integrante de la más rancia oligarquía capitalina, describirá siempre
sus experiencias de un modo radicalmente distinto a como lo harían los
alzados en armas que combaten a los de su clase. Es el caso del artículo en
mención.   El solo título de su crónica, Yo estuve negociando con las FARC
en Cuba, revela cierto tono individualista y fatuo, como si se tratara de
un acto heroico, algo que a diferencia del señor Santos, consideran
absolutamente normal los miles de campesinos y colombianos en general que
se relacionan con la insurgencia diariamente. Y que no negocian nada con
ella, como tampoco lo hizo el señor Santos, quien formó parte de una
comisión oficial que estuvo discutiendo con nosotros los términos de un
Acuerdo encaminado a posibilitar conversaciones formales y públicas de paz.
 Entendemos que el señor Enrique Santos releva con su escrito a las FARC
del compromiso de confidencialidad acordado. Él, integrante de la
delegación gubernamental y hermano mayor del Presidente, reconocido
periodista nacional, aborda la tarea de exponer al público su versión  acerca
de hechos cubiertos hasta ahora por la reserva. Así las cosas, es obvio que
nosotros también podemos hacerlo.   En realidad no entendemos cómo puede
considerarse clave al papel desempeñado por el hermano mayor en la fase
inicial de las conversaciones. Participó en ellas, sí, como todos los
integrantes designados por el Gobierno, y jugó su papel. Pero de ahí a
definirlo como clave hay una gran distancia. Ambas delegaciones contaron
con dos tipos de integrantes, unos plenipotenciarios y otros llamados de la
comisión técnica. Desde un principio se nos aseguró que Enrique Santos
sería plenipotenciario, pero al final no figuró como tal, sino como una
especie de asesor, de delegado personal del Presidente, subordinado por
completo al propio jefe de delegación, el señor Sergio Jaramillo, el tipo
clásico del arrogante y presumido, siempre empeñado en hacer sentir su
importancia, especialmente a los de su propio equipo.   Quizás por ello
escribe ahora el hermano mayor, urgido de inflar su disminuida influencia a
la hora de las conversaciones. Ocurrió más de una vez que tras haber
acordado alguna cuestión con él, en alguna ausencia del señor Jaramillo, al
llegar éste último ignorara con evidente displicencia la palabra
comprometida por el periodista Enrique Santos.  Era como si le recordaran
aquello de zapatero a tus zapatos.   Es cierto que el proceso estuvo a
punto de morir por la dificultad en concertar la sede de las
conversaciones. Pero había un elemento de gran peso contra la posición
oficial de que los diálogos no podían desarrollarse en Colombia. La primera
reunión entre delegados del Gobierno y FARC se produjo en territorio
colombiano, en la región del Catatumbo, con delegados de parte y parte, sin
que existiera formalmente proceso, lo que demostraba que eso no era
imposible.   Por cierto que las FARC, en aras de echar adelante las
conversaciones, terminamos pasando por alto la primera violación flagrante
de la palabra  del Gobierno, pues en el momento de acudir a la cita con los
camaradas Andrés París y Ricardo Téllez, los dos miembros de Estado Mayor
Central autorizados, los delegados enviados por el Presidente no fueron los
de más alto nivel que había  prometido, sino dos burócratas medios
completamente distintos.   Aduce exageradamente el hermano mayor, que el
traslado de Mauricio Jaramillo a Cuba entrabó durante un año el inicio de
las conversaciones. Por encima de la hipérbole  cabe aclarar que cualquier
demora en ese sentido sólo se puede achacar al Gobierno. ¿Alguien podría
considerar serio que los delegados oficiales sostuvieran que sólo se podía
trasladar al Comandante del Bloque Oriental de las FARC-EP por tierra,
desde las selvas del Meta o Guaviare hasta la frontera venezolana en el
Norte de Santander? ¿No podía el gobierno nacional disponer que un
helicóptero rodeado de toda clase de garantías lo trasladara de una vez
hasta Venezuela?   La desconfianza obviamente no podía derivarse de lo
acaecido con la operación Jaque, un hecho que todo el mundo reconoce hoy
como otra de las grandes farsas de la Seguridad Democrática, al lado de la
desmovilización paramilitar y los falsos positivos. El Presidente, que
ejerciendo como ministro de la defensa ordenó la invasión militar al
territorio ecuatoriano en marzo del 2008, mal podía alegar que, aun
contando con la autorización formal del gobierno de Venezuela, el traslado
aéreo era imposible por cuanto violaba los controles antidrogas acordados
con USA. Salta a la vista la pobre idea que tienen de la soberanía nacional.
 Al final el traslado se cumplió como lo planteábamos nosotros. No sin que
antes se generara otra discusión, porque según los delegados
gubernamentales el avión sólo podía llegar hasta Cúcuta, donde los
trasladados debían descender para continuar su recorrido en carro hasta San
Antonio, en el Táchira, donde debían abordar otra aereonave que los
conduciría al aeropuerto de Maiquetía. Resultaba elemental pensar que tras
la febril argumentación santanderista que imponía cruzar innumerables
retenes del Ejército Nacional, se escondía otra intención non sancta.
Múltiples
empecinamientos de ese orden, todos atravesados en el camino por los
delegados oficiales, han conformado la fuente real de los grandes retardos.
El hecho de que tras exponerlos tercamente, el Gobierno termine cediendo de
un momento a otro, basta por sí solo para preguntar acerca de su
contribución efectiva a la celeridad de todo este asunto. Algo de
naturaleza semejante sucedió con la formalización de Alexandra, la
guerrillera holandesa, como delegada por las FARC. Son cosas que no conoce
el gran público y que por tanto aprovecha mucha gente, en particular la
gran prensa, para manipular y tergiversar la verdad de lo ocurrido.   Sin
duda alguna que el señor Enrique Santos cuenta con varias maestrías en tal
tipo de materias. De otro modo no dedicaría espacio a su imaginaria
descripción de la partida del Comandante del Bloque Oriental desde un lugar
situado a escasos kilómetros de San José del Guaviare, cosa de la que él
jamás fue testigo, pues los delegados del gobierno nacional no tuvieron la
menor injerencia  en la ejecución de ese procedimiento.   Lo que tal vez sí
sea cierto, es que como todo miembro de la alta burguesía nacional que se
respete, el señor Enrique Santos pasa más tiempo en Miami que en su propio
país, del cual no obstante se considera uno de sus propietarios exclusivos.
No hizo mención en su nota al aplazamiento que tuvo que cumplirse en cierta
etapa, porque un largo viaje de descanso familiar del periodista al
exterior impedía su presencia. Resulta increíble que por minucias de ese
orden la paz del país tenga que esperar.   Como si se tratara de cuestiones
baladíes, el hermano mayor insiste en seguir culpando a las FARC de las
demoras en la firma de un Acuerdo, por haber puesto de presente hondas
diferencias y problemas de lenguaje y semántica, dentro de los cuales
ejemplifica las dificultades presentadas con el término desmovilización.
Las cosas fueron distintas. Desde un comienzo el gobierno nacional dejó ver
que lo único que esperaba de un proceso de diálogos con las FARC, era la
firma de nuestra rápida y sumisa desmovilización. Haber logrado sobrepasar
esa inamovible muralla tras seis meses de discusiones puede considerarse de
verdad un logro importante.   Cualquier dificultad nacida de la
confrontación armada en Colombia, o como lo recuerda el señor Enrique
Santos, de la liberación de los prisioneros de guerra en nuestro poder,
únicamente puede imputarse a los delegados del Gobierno. Este último
asunto, como todos los demás, era completamente ajeno al tema que
discutíamos, el acuerdo de una agenda y unas reglas de juego para
conversar. Eso había quedado suficientemente claro desde el cruce de
razones con el Presidente. Cuando ante la arremetida de los delegados
gubernamentales tuvimos con cierto énfasis que recordar esta regla, el
hermano mayor terminó cerrando el asunto con una especie de autocrítica,
que culminó con la mirada fija en sus colegas mientras sus labios
recordaban: adjetivo que no da vida, mata.   La pretendida infidencia que
el hermano mayor sugiere al hablar de la presencia del camarada Timoleón
Jiménez en marzo pasado en La Habana, no tiene en realidad nada de ello. A
ruego del Presidente Santos, y previa solicitud formal del gobierno
colombiano, el Presidente Chávez, aun desde su lecho de enfermo, tuvo la
gentileza de intervenir en algunos momentos difíciles, a fin de contribuir
con su enorme prestigio para que fueran limadas ciertas asperezas. Las
reuniones siempre contaron con el visto bueno del Presidente Santos y su
hermano mayor debe saberlo bien, a menos que por prudencia no se lo
hubieran comentado.   Hay algo que quisiera aclarar al señor Enrique
Santos. Cuenta que al despedirse de Mauricio Jaramillo, al que él insiste
en llamar siempre El Médico, a manera de apodo, para sembrar la matriz de
un alias que nunca han usado para él sus camaradas de las FARC, percibió
que a ese hombre de pocas palabras le hacía falta el monte. Tareas de
diversa índole hicieron necesario mi relevo por el Camarada Iván Márquez al
frente de la delegación fariana. Eso no tiene nada que ver con un presunto
apego montaraz, pese a los treinta y seis años de lucha guerrillera que
llevo encima.  Había sí cierta nostalgia por nuestra gente y quizás no la
podía ocultar.   Todas las aproximaciones y luego el encuentro exploratorio
estaban cubiertos por la más absoluta reserva y confidencialidad. A
diferencia de los delegados gubernamentales que viajaban de continuo a
Colombia o incluso a tours de recreación al exterior, nosotros
permanecíamos en Cuba dentro del secreto más absoluto. Prácticamente nadie
podía vernos y no podíamos dejarnos ver de nadie, lo cual convertía nuestra
prolongada estancia allí en algo semejante a una clausura monacal. Nuestros
interlocutores habituales no eran otros que los integrantes de la
delegación gubernamental encabezada por el pesado señor Jaramillo. En esas
condiciones renacen todas las añoranzas. Por Colombia, por nuestro pueblo,
por nuestros guerrilleros que combaten con heroísmo contra la maquinaria de
muerte del Estado. Allí están sembradas nuestras raíces. Amamos nuestra
patria y a su gente. No nos interesa ningún otro lugar del mundo para
vivir. Y lo soñamos libre de explotación e injusticia. Seguro que el
hermano mayor pensó algo diferente.   Pero sería volver al comienzo y ya
esto se convirtió en una epístola. Hubo algo que me conmovió y agradó del
señor Enrique Santos. Su enfática afirmación de que cree en este proceso,
porque lo considera una obligación moral y política. Pueda ser que sea
cierto. Que pese más esto que la frase con la que cierra su escrito y que
yo elegí entre comillas para empezar el mío. No deja de tener cierto aire
de amenaza. Debiera dejar esas cosas para su hermano menor, el ministro
Pinzón, o los generales de la República.   Montañas del Oriente colombiano,
5 de enero de 2013.   Perdónalos Señor…    – 08/01/2013Posted in: Artículos
y Opinión, Temas de actualidad     El conflicto adquirirá dimensiones no
pensadas. Es una cuestión elemental. Basta con recordar a los 48 campesinos
que enfrentaron la operación Marquetalia.   Por Gabriel Ángel   Comienza el
año nuevo y ya escuchamos otra noticia trágica. Las fuerzas militares dan
parte al país de la eliminación, mediante el método del bombardeo aéreo, de
más de una docena de guerrilleros de las FARC en los límites de Chocó y
Antioquia. La prosperidad democrática enseña de nuevo sus brutales
dentelladas y nuevamente se aterra la gente buena de Colombia.   Las
víctimas se hallaban en alguno de sus campamentos, en las entrañas de la
selva, celebrando desprevenidos las festividades de fin de año.
Ingenuamente confiados, contra toda orientación y advertencia de los
organismos superiores de dirección, en que el cese el fuego decretado por
la organización para esta época los mantenía al margen del peligro.   Un
gesto reprochable desde cualquier perspectiva disciplinaria a la luz de la
experiencia bélica. Sobre todo tomando en cuenta las arrogantes y
frecuentes amenazas proferidas por los altos mandos de las fuerzas
regulares, quienes al igual que el ministro de defensa, se refocilan
permanentemente en los medios advirtiendo de severos golpes a ejecutar.   Sin
embargo, y por encima de los imperdonables yerros de algunos mandos
guerrilleros, los cuales por desgracia pagan con su vida y la de varios de
sus combatientes, no dejan de parecer obsesivos y criminales la actitud, la
mentalidad y el comportamiento del gobierno de Juan Manuel Santos, quien al
tiempo que discursea de paz no deja dudas sobre su devoción por la
sangre.   Las
FARC hemos demostrado en todas las formas posibles nuestra voluntad de
diálogo y reconciliación. En aras de una solución civilizada al grave
conflicto que padece el país, hemos llegado a pasar incluso por encima de
los cadáveres de nuestros más importantes y queridos Comandantes. Hemos
puesto una y otra vez la otra mejilla para no echar todo al abismo.   Nuestro
credo es muy sencillo. La oligarquía de este país, con sus inveteradas
prácticas violentas de explotación y dominación, terminó por generar la
respuesta armada de los de abajo, respuesta que han intentado durante
décadas exterminar, sin conseguirlo, mediante el empleo de las más
abominables prácticas de terror. La paz significa poner término
definitivamente a todo esto.   Que cese el alzamiento guerrillero, sí. Pero
para que esto sea posible, es necesario poner fin, para siempre,al
ejercicio del poder mediante la intimidación y la muerte. Que se abran los
espacios para expresar libremente la inconformidad con el orden de cosas.
Que se generen unas condiciones mínimas de justicia social y convivencia.
No nos parece una cuestión inadmisible.   Sin embargo, plantear las cosas
de ese modo, resulta intolerable para el régimen. Su posición se limita a
exigir una y otra vez la rendición incondicional de la rebeldía. Bajo la
soberbia amenaza de una aniquilación inminente. La oligarquía colombiana
presta oídos sordos a cuanto no signifique un sumiso sometimiento. Sólo la
satisfaría un acuerdo de rendición agradecida.   De ahí que se niegue a
hablar de cese bilateral de hostilidades, de participación de la población
en las conversaciones, de cualquier aproximación entre pueblo e
insurgencia. De ahí su sentencia de no discutir la aplicación de ninguna de
sus políticas. Desmovilización cuanto antes repite incesante. Y sigue
matando, amenazando y matando, matando y amenazando. Como siempre.   Gracias
al cese el fuego declarado y cumplido religiosamente por las FARC-EP,
millones de colombianos pudieron disfrutar tranquilamente la navidad y el
año nuevo. Incluidos los prisioneros de guerra liberados incondicionalmente
por nosotros el año anterior. Y numerosos burgueses que saben que no serán
retenidos gracias a nuestra decisión declarada oficialmente.   Sin embargo,
otra porción inmensa de compatriotas ignora todavía lo que puede significar
una temporada de paz. Se trata de los habitantes de las zonas ocupadas por
el Ejército Nacional. Para ellos no cesan las requisas, los retenes, los
amedrentamientos, las capturas, la hostilidad diaria. Ni el sobrevuelo de
las aeronaves de guerra, ni los bombardeos y ametrallamientos.   Que
terminarán llegando también a las puertas de las grandes ciudades, tal y
como van las cosas, puesto que la guerrilla no va a doblegarse ante la
furia del régimen. Y entonces éste acrecentará su labor persecutoria hasta
el último rincón donde resuene una voz inconforme. Un destino que,
empezando el año, debiera ser compromiso de todos evitar.   La paz se
encuentra en perspectiva siempre que sean muchas las voces que se alcen a
exigir al Gobierno de Juan Manuel Santos un cambio en sus posturas. Podemos
tener un país mejor, siempre que millones de colombianos asuman su
protagonismo político en la exigencia de cambios y reformas. Es la
disyuntiva que se le plantea a nuestra nación al comenzar el 2013.   La
fórmula que recitan los voceros oficiales según la cual nada en la Mesa de
Conversaciones está acordado hasta que todo esté acordado equivale a un
todo o nada. Desde la óptica del régimen significa que mientras no se
acuerde la rendición y entrega nada tendrá sentido. Otra debería ser la
opción popular. La oligarquía debería sacrificar algo por la paz, so riesgo
de perderlo todo.   En un inevitable discurrir, cada día, cada mes, cada
año, decrecerá el número de bajas guerrilleras por causa de los bombardeos
aéreos. Y crecerá el número de los aviones y helicópteros echados a tierra
por la insurgencia. Los cinematográficos uniformes de los soldados
mercenarios no los protegerán del fuego guerrillero. Ni a ellos ni a
quienes les dan las órdenes.   El conflicto adquirirá dimensiones no
pensadas. Es una cuestión elemental. Basta con recordar a los 48 campesinos
que enfrentaron la operación Marquetalia. Desde entonces los gringos
estaban aquí, traídos de Corea y el Vietnam. Hoy llegan con sus drones
desde Afganistán e Irak, a aconsejar a los generales que despectivos nos
cifran en unos pocos miles. Perdónalos Señor…   Montañas de Colombia, 2 de
enero de 2013, 63 cumpleaños del Mono Jojoy.     Síntesis propuestas
sociedad civil Síntesis propuestas sociedad civil sobre primer punto de la
agenda: Política de desarrollo agrario integral (enfoque territorial).




Las FARC-EP, en el periodo de receso de los diálogos, han aprovechado el
tiempo para leer, discutir, analizar y resumir las diferentes propuestas de
la sociedad civil que nos han llegado a través de las mesas regionales y
también a través de la página web
www.mesadeconversaciones.com.coQuisiéramos exponer aquí una síntesis
de ellas, teniendo en cuenta:
   Que para la Delegación de Paz de las FARC-EP, como lo ha reiterado ya
multitud de veces en la mesa y también por fuera de ella, es fundamental
escuchar la voz del pueblo. Para nosotros, el pueblo es el constituyente
primario, es decir, si se quiere realmente construir una sociedad nueva
donde haya participación política, económica y social de todos los sectores
del país, es absolutamente lógico e indispensable que todos participen.
Pensamos que para implementar las propuestas de la población no se puede
condicionar algo que es un deber del Estado a que se produzca la dejación
de armas por parte de la insurgencia. Ni muchos menos se pueden hacer
pender amenazas sobre le movimiento sociales o personas que aspiran o
efectivamente están aportando sus ideas al desarrollo del proceso.     Que
hay una realidad de miseria y pobreza generalizada en el campo colombiano.
Son muchas las expresiones concretas de esa miseria, mencionadas en la gran
mayoría de propuestas hechas por organizaciones campesinas y populares de
la nación: falta de vías terciarias, falta de mercado para los productos,
deficiencias en el sistema de créditos, en salud, educación, vivienda. En
muchas áreas no hay ni siquiera agua potable, bueno, todos coincidimos en
que hay que buscar formas de contrarrestar esta situación. Pero la
Delegación de  Paz de las FARC-EP cree que no se puede curar un cáncer con
paños de agua tibia, no. Cuando alguien está enfermo, se le hace primero un
diagnóstico y se buscan las causas que han producido la enfermedad. El
campo colombiano también está gravemente enfermo, los síntomas ya los
nombramos y los conocemos, pero tenemos que buscar las causas de la
enfermedad.     Que la Delegación de Paz de las FARC-EP considera que un
estado existe en primer lugar para garantizar la vida y los derechos de sus
ciudadanos. El Estado colombiano reclama y dice ser un representante
democráticamente elegido por sus ciudadanos. Como tal, pensamos que está en
la obligación de no solo escuchar, sino también implementar las propuestas
que ellos hagan. Semejante magnitud de propuestas hechas por la ciudadanía
de un país es una señal de que esa ciudadanía está pidiendo participar en
la construcción del país, y lo pide a gritos.  Además, el conjunto de las
propuestas es de tal tamaño, que se podría considerar una convocatoria
multitudinaria a hacer un referéndum por la paz, es decir, ahí está
reflejado la voluntad de la gran mayoría de colombianos y como tal tiene
que ser tomada en cuenta     Tratamos de hacer una síntesis, o más bien
encontrar un hilo común, en las propuestas transmitidas por los miles de
ciudadanos. Es un primer intento, y todas las opiniones, inquietudes o
sugerencias son más que bienvenidas. El debate debe desatarse, y a través
de él debemos llegar a conclusiones de consenso que nos permitan construir
entre todos la Nueva Colombia.     Muchas organizaciones proponen una
reforma agraria integral, democrática e incluyente. Nos escribe el
compañero Luis Javier Franco Agudelo, de Barbosa, Antioquia: 1. Que el
derecho a la tierra se eleve a rango constitucional y cada familia
colombiana tenga derecho a un mínimo vital de tierra de una UAF. 2. Que
ningún colombiano pueda poseer más de 100 hectáreas de Tierra. 3. Que cada
empresa no pueda poseer más del 10 por ciento de la tierra por Municipio
colombiano. 4. Que la guerrilla, los paramilitares, los empresarios, la
clase política sea controlada para que su acceso a la tierra no sea
especulativa y no sobrepase los límites anteriores. 5. Para cumplir el
propósito de que la tierra sea para todos los colombianos, y que cada
familia pueda poseer una UAF y se haga el control del techo máximo, se haga
un censo catastral nacional. En general, se quiere una democratización de
la tenencia de la tierra y los suelos de vocación agropecuaria. La
Organización de Víctimas de Nuevo Horizonte, las Palomas, hacia el Cambio
Rural propone: La legalización del predio donde vivimos y adjudicación de
parcelas a unos desplazados que conviven con nosotros en el mismo predio.
La Empresa Comunitaria de Reforma Agraria El Tambor de Malambo, Atlántico,
propone entregarle tierra a los campesinos y acompañados con proyectos
productivos que verdaderamente mejoren la calidad de vida de los
campesinos. La Asociación de Víctimas del conflicto armado del Sur de
Bolívar, ASVICSUR, propone que se realice mediante ley un límite a la
propiedad de la tierra rural que no exceda las 300 hectáreas, que exista
titulación de predios en todo el país y que se realice una gran reforma
agraria. Se quiere eliminar la acumulación improductiva e ilícita de las
tierras mediante la aplicación eficaz de la extinción de dominio, la
expropiación por vía administrativa y la aplicación de fuertes gravámenes
para las tierras inadecuadamente explotados en términos de producción,
generación de empleo y sostenibilidad ambiental.     El desplazamiento de
gran parte de la población rural también es objeto de reflexión y
propuestas. Al respecto dice José Buenaventura Parada Moreno: Reincorporar
a los campesinos desplazados, que fueron llevados a las periferias de
miseria de las grandes e intermedias ciudades, reubicándolos en viviendas
en concentración subsidiadas, a muy bajo valor y cuotas de amortización
mínimas; que sean dignas del ser humano y cuenten con servicios de salud,
educación básica primaria, secundaria técnica superior, recreación y
cultura; beneficio del que también podrán hacer uso las personas que aún se
encuentren en sus humildes y aisladas moradas. El Movice, del Meta,
propone: El retorno de desplazados y otros al campo con garantías de
permanencia y rodeados de condiciones políticas, económicas y culturales
para que siembren alimentos y garanticen la seguridad alimentaria a sus
familias comunidades y al país.     Hay una representación muy
significativa por parte de organizaciones femeninas que están reclamando
sus derechos y su participación en todos los ámbitos de la vida nacional:
desde participación política como tener acceso a la tierra. La Alianza
Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, de Carmen del Bolívar y San
Onofre, quiere: Dar cumplimiento a los acuerdos nacionales e
internacionales en materia de igualdad de género. Fomentar oportunidades a
las mujeres para la tenencia de tierra en calidad de propietarias. En
Colombia, la mujer y muy especialmente la mujer campesina ha sido
discriminada históricamente; muchas organizaciones piden que también a
ellas se les puedan otorgar títulos de tierras, ya que muchas mujeres son
cabezas de hogar y son discriminadas a la hora de adquirir tierra para
trabaja. La mujer campesina muchas veces, aparte de atender su hogar y
criar sus hijos, trabaja en el campo y son trabajos no remunerados. Así que
ellas piden decididamente que se les respete sus derechos y que se haga
énfasis especial en el problema de género cuando se habla del problema
agrario.     Fortalecimiento y ampliación de Zonas de Reserva Campesina. En
este sentido, Germán Gaona Amado, de Vistahermosa, Meta, propone: Que la
reserva natural del parque de La Macarena se convierta en una zona de
reserva campesina que le dé garantías, derechos y deberes al campesino que
lleva más de 50 años de asentamiento en este lugar y que a esta fecha ni
siquiera puede utilizar su posesión como garantía para apalancarse de un
crédito. Un compatriota anónimo, de Aguas de Dios, Cundinamarca, dice: Las
zonas de reserva campesina y agrícola bien delimitadas y priorizadas son la
garantía de viabilidad futura como país. Las zonas de reserva campesina hay
que estimularlos como zonas esenciales para el desarrollo agropecuario
ecológicamente y humanamente sostenible, y hay que crear muchas ZRC más.
 Dinamizar proceso de titulación de las tierras indígenas comunales y
territorios colectivos para afros. El compatriota de Aguas de Dios, de
Cundinamarca, dice: Que las tierras y fincas arrebatadas a los campesinos -
indígenas y negros por los generadores de violencia (guerrilla -
paramilitares - narcotraficantes - parapolíticos - bacrím - corruptos y
otros) les sea devuelta sin ninguna clase de restricciones ni mucho menos
aduciendo tenencia de buena fe. Redistribución de las tierras
improductivas. Una propuesta anónima, desde Bogotá: Expropiar tierras que
no produzcan que estén en manos de terratenientes y entregarlas a los
campesinos subsidiarlos y apoyar la agricultura en esas tierras,
nacionalizar infraestructura minera, petrolera (…).     Además, la mayoría
coincide en que hay que complementar la titulación de tierras con programas
de capacitación y asistencia técnica para la producción, administración, el
mercadeo y créditos subsidiados. Respecto a los créditos nos escribe Jorge
Vargas Vargas, desde Firavitoba, Boyacá, que se debe crear una política
real de crédito planificado y blando para los agricultores. El Comité por
la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba, de Montería, Córdoba,
dice: Que se rediseñe la política agraria vigente y se enmarque en unos
espacios más incluyentes, donde la acción del Estado llegue hasta el
mediano y pequeño productor del campo, con líneas de créditos de bajos
intereses y fácil acceso, y políticas claras y programas que faciliten la
realización de proyectos productivos sostenibles en el tiempo.     Se
quiere que los programas de desarrollo sean previamente discutidos y
concertados con las comunidades indígenas, campesinas y afro-descendientes
y contemplen en su concepción, el enfoque de género y la diversidad
ecológica, regional y cultural. Ian Acuña hace una propuesta sobre cómo
respetar esa diversidad: El estado debe auto escriturarse inmediatamente
todo el territorio nacional "baldío" para que nadie pueda llegar a
apropiarse por vías de hecho ningún territorio. Mediante una figura general
(o varias) estos territorios "baldíos" o improductivos deben cambiarse a
una clasificación por nivel de conservación (definido por su ecosistema
original: sabanas en las sabanas, selvas en las selvas, paramo en el
páramo, perdonando la obviedad) y aquellos con cierto nivel de conservación
DECLARARLOS BIEN PUBLICO INALIENABLE, PROPIEDAD DE TODOS Y NO NEGOCIABLE.
Sobre la concertación con las comunidades dice Arturo González Patrón,
promotor del movimiento político Cartagena Raizal y Progresista: En este
sentido, nuestra propuesta concreta es que se ejerza un fuerte
intervencionismo de Estado para poner coto al festival de licencias que
otorgan oficinas de control urbano o curadurías urbanas e incluso
concesiones inconsultas de uso de playas, sin antes socializar
suficientemente dichos proyectos con las comunidades. Los indígenas Waunana
–Nonam, del Bajo Calima, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca,
proponen: Que se incluya como política de desarrollo integral, nuestra
propuesta de Resguardo Biodiverso construida a partir de un plan de
ordenamiento territorial en total identidad con nuestras prácticas
milenarias de vida, de respecto con la Pacha mama y de solidaridad con la
humanidad.     Impulso de política de recomposición de la economía
campesina que fortalezca la soberanía y seguridad alimentaria en Colombia.
La organización EVOCULTURAL propone un huerto escolar comunitario: Que
estudiantes, madres, padres y maestros, quienes necesitan alimento y
carecen de tierra, sembrando juntos, en tierra adjudicadas a las escuelas,
por el Estado, aprendan a sembrar y alcancen la autosuficiencia de
alimentos orgánicos, para compartir no para vender y recuperen el uso de la
tierra en comunidad, aportando así a la solución de la crisis ambiental,
económica y social.     Que el campesinado sea reconocido en el marco
normativo y constitucional como sujeto de especial atención y grupo social
diferenciado con voz y voto para su inclusión política. Dice María
Margarita Obdul, de Bogotá: Mi propuesta es otorgarle a los campesinos la
oportunidad real de desarrollar sus proyectos productivos, proponiéndolos
desde un consejo de comunidad para ser avalados por el estado y no que el
estado sea quienes lo propongan y ellos acepten. Tiene más sentido hacerlo
de esa manera pues son ellos quienes conocen sus necesidades y de acuerdo a
lo que saben y piensan de su comunidad propondrán buscando los mejores
beneficios de su comunidad.     Diseñar un nuevo Código Minero que responda
a las necesidades del territorio, que sea debidamente concertado con las
comunidades y que respete el trabajo de la mediana minería y de mineros
artesanales. (Derogar Resolución 0045 de 2012, revisar, discutir y
concertar con las comunidades la actual política minero-energética. Así
pide el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Río Naya,
Buenaventura: Garantizar la protección de nuestra identidad cultural y del
territorio biodiverso como garantía de vida para la humanidad, prohibiendo
toda concesión que multinacionales y empresarios soliciten para la
extracción o privatización de nuestros recursos. Esta comunidad de
afro-descendientes es una comunidad que practica la agricultura, minería,
pesca, cacería, artesanía en uno de los territorios más biodiversos del
pacífico. La comunidad de El Crucero KM 9, cuenca del Bajo Calima, fue
víctima durante 40 años de la multinacional papelera SMURFIT KAPPA CARTON
DE COLOMBIA, quienes con el consentimiento del gobierno nacional arrasaron
todo el bosque primario, causando daños ambientales y sociales que están en
la total impunidad. Proponen que el Estado y la fuerza pública les
garanticen el deber constitucional de proteger vida, honra y bienes de la
comunidad, reparando sus actuaciones en las que protegen intereses
empresariales.     Implementar programas de desarrollo infraestructurales
(carreteras, agua y electricidad, transporte) que respondan a una política
de autoabastecimiento alimentario para Colombia. Que esos programas tenga
veeduría ciudadana y que sean administrados por entes territoriales (para
eso, capacitar pequeños y medianos productores). Un compatriota de
Bucaramanga, Santander: Sugiero una acción sobre las vías terciarias de las
tierras improductivas, para garantizar al campesino seguridad, estabilidad,
y productividad de la tierra. Marcela Daniels afirma: El desarrollo de la
infraestructura vial de Colombia debe considerar la necesidad de conectar
los centros de producción con los principales centros de consumo. Es
necesario que los productos de los campesinos de Nariño, Cauca, Huila y la
Orinoquía puedan llegar a las grandes ciudades para hacer frente a la
creciente importación de alimentos.     En materia de salud, se proponen
iguales oportunidades para todos los colombianos para acceder a un sistema
público de alta calidad. La salud es un derecho, y debe ser de calidad y
tener accesibilidad. La mayoría de las propuestas son claras y concretas:
Hay que hacerle una reforma a la ley 100. El sector salud debe cubrir el
100% de la población colombiana, propone un compañero de Bogotá. La Mesa
Regional campesina de Montes de María propone: Construcción de puestos de
salud rurales – bien dotados- con visitas periódicas de los médicos y
enfermeras. Crear una norma que otorgue la salud subsidiada al 100% del
campesino de estratos 1, 2 y 3, prestar atención de medicina especializada
en los municipios.     Respecto a la educación: que el Estado garantice una
educación pertinente, acorde con los usos y costumbres de las comunidades y
grupos étnicos, dando cumplimiento al Convenio 169 de la OIT y la Ley 21
del 1991. Debe ser gratuita y de calidad, debe haber formación técnica, se
debe promover la investigación. Un compañero de Bucaramanga, Santander, se
pregunta: ¿Que hacemos sin educación rural? ¿Los entes territoriales cómo
apoyan al campesino si no se generan fuentes de trabajo? ¿Qué sentido tiene
llevar un concierto de jazz a Mompos, cuando la zona de la depresión
momposina se hunde en la pobreza absoluta, donde no pueden obtener su
mínimo vital? Sin salud, sin vías, sin educación, sin trabajo…Le agrega
José Fernando Salcedo, del municipio de Sogamoso, Boyacá: Pensar en un buen
sistema educativo y de salud pilares de la sociedad rescatar verdaderamente
el campo llegar a miles de veredas abandonadas por el estado brindarles los
beneficios que por derecho tienen, fortalecer la educación en las ciudades
y municipios dar más apoyo al sena creando el sena rural para que muchos de
los hijos campesinos puedan acceder a este beneficio. Un compañero de
Jamundí, Valle del Cauca: Es importante también que esta calidad de
educación llegue a las zonas rurales. Se debe generar una educación de
calidad publica, tanto profesional como técnica, se debe proporcionar
mecanismos de financiación de fácil acceso a extractos bajos (BECAS), se
debe fortalecer el deporte y el desarrollo artístico desde la infancia y
generar la logística necesaria para lograrlo. Una compañera de Bogotá
propone: Inversión integrada, exponencial y progresiva en Educación y Salud
a través del establecimiento del monopolio Estatal de esos servicios, y la
creación del tribunal nacional independiente de salud y educación. Se trata
de establecer por medio de ley la obligación del Estado de realizar una
inversión anual para educación y salud públicas, siempre por encima del
presupuesto de defensa e infraestructura, creciendo un 10% cada año fiscal.
Es decir, el presupuesto de salud y educación debe ser más grande siempre
que la sumatoria de los presupuestos de defensa e infraestructura. Un
compatriota de El Copey, del departamento del Cesar, propone: Determinar,
definir y montar un programa que dé solución al problema de analfabetismo
en el campesinado colombiano.     En cuanto al problema de vivienda en el
país, se dice que hay que garantizar el derecho a una vivienda adecuada,
con servicios de electricidad y agua, con diseños que sean armónicos con el
territorio, que tenga en cuenta las tradiciones de los pueblos.  Dice José
Buenaventura Parada Moreno: Viviendas que pudieran ser alimentadas con
biogás, producto del procesamiento de los desechos vegetales en
biodigestores explotados y administrados por la misma comunidad. Jorge
Orozco Suarez propone: un programa para Resarcir a los que somos
"damnificados" por el funesto sistema UPAC (política económica impuesta por
el estado en el gobierno de Misael Pastrana Borrero) al tener que dar
endación de pago a la Corporación Colmena un apartamento ante la
imposibilidad de cumplir las voraces cuotas (tengo el acta o carta de
entrega, del bien que nunca pudimos recuperar) Hoy 11-12-2012 con 60 años y
medio, desempleado sin esperanza de recuperar vivienda pues es un tema
olvidado por todos los gobiernos, salvo que los "defensores" del pueblo,
sugieran en la mesa de negociación que nos incluya en el programa de
100.000 viviendas gratis pues en cierta manera somos "desplazados" de un
techo, sin que a las lumbreras "asesores" de políticas sociales del
gobierno se les ocurra mencionar. Para que comprueben que hace 10 años no
tengo trabajo estable y 11 años sin techo. ¿Qué calidad de vida es esta,
para la tercera edad?     Fortalecer la organización campesina en
cooperativas y asociaciones para la producción, transformación y
comercialización de los productos agropecuarios, aprovechando el TLC, pero
al mismo tiempo revisión de ese TLC: generar mecanismos de protección a la
producción local. La Asociación de usuarios campesinos de Salamina, Caldas,
escribe al respecto: -Se debe garantizar el mercadeo de los campesinos a
través de sus propias organizaciones sociales, tales como cooperativas o
sección de mercadeo de cada organización.     Programas de asistencia
técnica rural. Escribe Otoniel Díaz Otero, del municipio de Zapatoca,
Santander, que: Desarrollar un permanente proceso de capacitación y
asistencia técnica en aspectos organizativos, productivos y de
comercialización y mercadeo y de intercambio de experiencias, de manera que
haya un constante interés y verdadero estímulo del productor agropecuario
en participar en el proceso de transformación del sector. La Plataforma
Municipal de Organizaciones Sociales de Carmen de Bolívar: Fomentar y
promover procesos ampliados de tecnología, tierras con calidad,
infraestructuras, créditos, distritos de riegos, investigación científica
agropecuaria, subsidios, oportunidades de comercialización con garantías
para todos y todas.     Proteger la producción nacional de alimentos y
consagrar el derecho a la soberanía alimentaria como deber del Estado.
Propone un compatriota de Chaparral, Tolima: (…) implementar proyectos de
investigación, tecnologías de última generación y sobre todo por la defensa
de la soberanía y seguridad alimentaria, como los bancos de semillas
nativas. Hay una gran cantidad de propuestas que nos hablan de la seguridad
y la soberanía alimentaria, por ejemplo esta propuesta que viene del
Atlántico: Frenar la compra de tierras por extranjeros, quienes buscan
comprar gran cantidad de tierras para producir alimentos lo que genera un
problema de soberanía. Que el gobierno subsidie la producción de alimentos.
Si no hay comida hay rabia, y si hay rabia hay violencia. Por ahí empieza
la paz. La Mesa Regional campesina de Montes de María, de Sincelejo, Sucre,
quiere crear mediante alianzas interinstitucionales bancos de semillas
especialmente nativas, para la preservación de la seguridad y soberanía
alimentaria.     Que las comunidades mantengan control local de sus
territorios, de sus semillas y de sus medios productivos, para que puedan
producir de manera autónoma y soberana sin depender de empresas nacionales
y transnacionales de alimentos. La producción ancestral con saberes y
semillas de los campesinos tendrá prioridad en el consumo interno del
estado y gozará del subsidio y blindaje contra cualquier manipulación
extraña, escribe la Asociación de usuarios campesinos de Salamina, Caldas.
Un autor anónimo, de Barranquilla, Atlántico, nos dice:  La idea
fundamental es que se crearan unas condiciones que les obligara a estas
compañías cumplir labores sociales notorias, que si quieren explotar
nuestras riquezas, nuestros recursos, nuestro subsuelo, no solo ganen ellas
y para sí, absurdas cantidades de dinero sino que también estas ganancias
se reflejen en las poblaciones aledañas. La Junta de Acción Comunal de
Cañaverales afirma: Rechazamos rotundamente la presencia de los
megaproyectos en nuestros territorios y presencia ministerial haciendo las
consultas previas, ya que con la llegada de los megaproyectos, acabarán con
la agricultura, manantiales y afectarán el medio ambiente. La Red de
Mujeres Comunitarias de Maicao, Guajira, propone una producción
agroecológica libre de semillas transgénicas, basada en la recuperación,
manejo e intercambio de la biodiversidad, semillas nativas y la soberanía
alimentaria. ¡¡No a los alimentos transgénicos!! En cuanto las semillas, se
ha propuesto derogar el artículo 4 del Código penal (ley 1032/06), la
Resolución del IA 970/10, la Ley 1518/12, el Convenio Internacional UPOV
91, Decreto 4525/05. Hay que proteger las semillas nativas y realizar
campañas sobre los efectos nocivos de las semillas transgénicas.     Hay
varias propuestas que son Proyectos de Ley, demasiado extensas para exhibir
en este espacio, por ejemplo el Proyecto de Ley de Franco Romo Lucero de la
Federación de juntas de Acción Comunal de Nariño, llamado “SOBERANÍA
ALIMENTARIA, MINERÍA ARTESANAL, CONSERVACIÓN DE CUENCAS Y BIODIVERSIDAD”.
 Como ya dijimos, ésta es solo una pequeña muestra de las miles de
propuestas, pero es una muestra particular de unas ideas reflejadas en casi
la totalidad de las organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas,
de mujeres, desplazados, etc.     Los integrantes de la Delegación de Paz
creemos que la mayoría de las propuestas implican una mirada integral al
problema de la  ruralidad en Colombia, entendiendo que el asunto no se
refiere en exclusivo a los graves problemas de nuestro campesinado sino que
se trata de problemas que afectan al país en su conjunto. No está por demás
decir que no se puede considerar una repartición equitativa de la tierra
sin analizar el problema del latifundio; no se puede siquiera pensar en
seguridad y soberanía alimentaria si no se analiza la explotación de
nuestros recursos por parte de empresas multinacionales extranjeras y
nacionales; no se puede hablar de políticas frente Fiscalía reabre
investigación contra Uribe por presunto paramilitarismo  Por: Camilo Raogozo
   La Fiscalía tendrá que evaluar las pruebas presentadas por el
congresista Iván Cepeda Castro contra el presunto narcoparamilitar Álvaro
Uribe Vélez.     La reapertura preliminar del caso fue hecha por un fiscal
delegado ante la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro
Uribe Vélez, por presuntos nexos con grupos paramilitares.     Iván Cepeda
advirtió que cabecillas paramilitares han dado testimonio sobre reuniones
de Uribe con los jefes paramilitares Pablo Hernán Sierra, alias El Loco
Guerrero y Juan Monsalve, en la hacienda Guacharacas, entre 1996 y1997.     Se
espera que la Fiscalía estudie y verifique las pruebas presentadas por el
congresista para determinar el grado de responsabilidad de Uribe en los
delitos de los que se le acusa.     Iván Cepeda le dijo a los medios que
las pruebas que presentó tienen datos concretos y contundentes como hora,
fecha, tiempo y lugar, donde ocurrieron los hechos.     Amenazas contra el
congresista     Igualmente el Representante Iván Cepeda Castro expresó su
temor debido a las amenazas que ha recibido por entablar las denuncias
contra Uribe.     “Yo he recibido constantes amenazas producto de mi
trabajo, espero que esta decisión de la Fiscalía no afecte o agrave la
situación de la seguridad mía”, dijo el representante Cepeda ante los
medios.




COLOMBIA: ¿FUTURO BASURERO DE ESTADOS UNIDOS?


   El controvertido negocio de la recolección de los residuos sólidos y
líquidos mueve cifras tan multimillonarias que lleva a los grupos políticos
a enfrentarse en defensa de sus intereses. No en balde en Cartagena se
atrevieron a prorrogar unos contratos a los que todavía les faltaba cerca
de dos años para vencerse, con el fin de asegurar los dividendos, sin
necesidad de tenerse que enfrentar en una licitación; diferentes concejales
dijeron que la prórroga del contrato significa ingresos cercanos a los
ciento veinte mil millones de pesos. Pero si por Cartagena llueve, por
Bogotá caen temporales.       Dice el ex candidato a la alcaldía de Bogotá,
Aurelio Suárez, que: “Petro siempre tuvo in pectore recontratar a los
operadores privados, quizás con algunas excepciones, descalificadas por
razones políticas… Luego del encuentro con Santos... Ratificó que en su
modelo cabían “privados” o aún “particulares poderosos”… El alcalde echó un
pulso donde “lo público” o fue un truco para negociar un contrato, o una
mano fallida por no hacer las cosas debidamente; por ahora, quedó aplazado
y la ciudadanía pagará los costos de la aventura y los onerosos términos de
los nuevos contratos”. Bogotá podría decirse que es seis veces más grande
que Cartagena, entonces de ese tenor es la diferencia entre los dos
contratos de depósitos de basuras. Una secretaria de una oficina del Centro
Histórico me dijo que “le salía más barato recoger la basura y enviarla por
correo a cualquier destino que pagarle el importe a los concesionarios
privados”. La decisión de Petro de importar maquinaria usada para atender
la crisis sanitaria y poner a funcionar su esquema de recolección de
desechos, además de denotar los grandes negocios que se mueven con sus
intereses políticos y económicos, lleva a reflexionar sobre un hecho
conexo. El periódico El Tiempo expresó que “los 23 compactadores, dos
barredoras y un carro taller con destino a Aguas de Bogotá y que llegaron
(procedentes de Estados Unidos) al puerto de Cartagena… equipos usados
importados, varios de los cuales están oxidados, presentan residuos de
basuras y plantas vivas”. Estamos ante un hecho cierto que es la
importación -en arriendo- de equipos usados contaminados “de 100 kilos de
residuos sólidos dispuestos después de la limpieza que se les hizo”, dijo
el importador. El tema es ¿qué pasará con la importación de bienes usados
contemplado en el TLC con Estados Unidos, los cuales a pesar de mantener el
régimen de licencia previa, incluso para el caso de ropa usada, no deja de
ser un peligro sanitario para la población y una amenaza para la industria
nacional? En el mismo sentido, ¿qué pasará con el tema de los
remanufacturados, así se haya pactado una desgravación lenta para
autopartes, electrodomésticos y metalmecánico? Y así para todas las
partidas arancelarias usadas.       Una de las denuncias realizadas durante
la negociación de dicho TLC es que los Estados Unidos ejercen poderosas
barreras fitosanitarias para impedir el ingreso de mercancías. En nuestro
caso, fue notorio el grado de sorpresa e improvisación de todos los
organismos de vigilancia y control de higiene sanitaria, lo cual nos lleva
a exigir a las autoridades nacionales que implementen los mecanismos
necesarios para evitar que los Estados Unidos nos conviertan en su
basurero, pero además les tengamos que pagar por sus desechos. Ya es
suficiente que nos invadan con los desperdicios de pollos y gallinas que
están proscritos como comida para los gringos y los cuales se vienen
importando al precio de arriesgar a nuestra población y a los productores
nacionales.¡No señores, Colombia no puede ser el basurero de nadie! ¡Feliz
2013! JOSE ARLEX ARIAS ARIAS Comunicador Social – Periodista Cartagena,
Bolívar, periódico La Verdad, 31 de diciembre de
*Samuel Barinas Varela*
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