las Farc - EP dio a conocer los últimos tres puntos de su “decálogo” para solucionar la cuestión agraria y garantizar la inclusión política, social y el desarrollo rural en los campos de Colombia

 Domingo 27 de enero de 2013 
 El decálogo agrario de las FARC EP César Jerez / 
Esta semana la delegación de paz de la guerrilla de las Farc - EP
dio a conocer los últimos tres puntos de su “decálogo” para solucionar la
cuestión agraria y garantizar la inclusión política, social y el desarrollo
rural en los campos de Colombia.   Las Farc hicieron sus planteamientos
desde el 14 de enero, día en el que se reanudaron los diálogos de paz entre
el gobierno y la guerrilla tras un receso de fin de año. El catálogo fue
expuesto en cinco comunicados, que fueron leídos por diferentes voceros de
la delegación de paz guerrillera.   El decálogo agrario representa una
actualización del programa agrario de los guerrilleros de las FARC, un
documento fundacional de esta guerrilla que data de 1964.   El decálogo de
las Farc tiene la particularidad de que incluye gran parte de las
propuestas de las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas en
materia de desconcentración, acceso a la tierra, autonomía, ordenamiento
territorial, ambiental, productivo y reconocimiento político del
campesinado.   Las Farc han sido enfáticas al manifestar que el único
camino posible para legitimar los eventuales acuerdos del proceso de paz es
la Asamblea Nacional Constituyente.   Llama la atención que en la septima
propuesta las Farc recogen la figura territorial de las Zonas de Reserva
Campesina (ZRC), pero la proponen como territorio colectivo de Zonas de
Reserva Campesina. Un elemento nuevo, pues en el proceso de construcción y
constitución de las ZRC, las organizaciones campesinas han reclamado que
los territorios campesinos deben tener los mismos alcances de las formas de
los territorios colectivos de comunidades negras e indígenas, pero
manteniendo la titulación individual de las fincas campesinas, con una
Unidad Agrícola Familiar que limita la propiedad y con una reglamentación
que las proteja del latifundio, los agronegocios y los intereses de las
empresas minero-energéticas.   El siguiente es el texto completo del
preámbulo y de las 10 propuestas presentadas por las Farc al gobierno y la
sociedad colombiana, fundamentales para el debate sobre la tierra, la
cuestión agraria y el desarrollo rural en Colombia. El decálogo es un punto
de partida determinate para el futuro del proceso de paz, el
establecimiento de acuerdos y el logro de una paz estable y duradera.
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 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del pueblo
(FARC-EP), comunican:   Su reiteración en exigir celeridad en el análisis
profundo e integral -pensando en los intereses de las mayorías nacionales-,
del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de
una paz estable y duradera. En tal sentido, conminan al gobierno de Juan
Manuel Santos a cesar en la retórica guerrerista que acompaña de falsas
promesas de solución a los problemas sociales, y se comprometa públicamente
a presentar soluciones prontas, tangibles, apartadas de la demagogia, para
los problemas de miseria que han generado la terrible confrontación que
desangra al país.   La Delegación gubernamental que dialoga con las FARC-EP
debe demostrar voluntad para avanzar, sentando sobre la Mesa propuestas
claras que le indiquen al país que el gobierno no prolongará
indefinidamente en el tiempo las soluciones al grave problema del
latifundio y de los despojos de la tierra por métodos violentos o
disfrasados de legalidad, que han profundizado la guerra generando
desplazamientos, masacres, luto y desolación, para favorecer a las élites y
a las trasnacionales que saquean la patria.   Las FARC-EP han estudiado con
atención las propuestas que el pueblo presentó en eventos como las Mesas
Regionales de Paz impulsadas por las Comisiones de Paz de Senado y Cámara,
el encuentro internacional Pueblos Construyendo Paz, el Foro Política de
Desarrollo Agrario Integral (enfoque territorial), las propuestas enviadas
a la página Web dispuesta por la Mesa de Conversaciones, entre otras
inciativas que deben motivar la máxima participación y la presencia directa
de la ciudadanía en el proceso de paz.   Del estudio de tales propuestas y
reflexiones, hemos tomado las conclusiones centrales para esbozar una
posición preliminar referida al primer punto del Acuerdo General, la cual
apunta a resolver la injusta estructura latifundista de la tenencia de la
tierra, causa fundamental de la miseria y la guerra que padece Colombia.
Nuestra propuesta, la cual iremos presentando a consdieración de nuetros
compatriotas en el curso de este nuevo ciclo de intercambios, la hemos
titulado Diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario
integral con enfoque territorial, y con respecto a ella presentaremos
paulatina y públicamente los argumentos de sustento que están construidos
observando las iniciativas de la población.   Las FARC-EP, en ejercicio de
su soberanía política y en desenvolvimiento de su interlocución constante
con el pueblo, ponen en conocimiento del pais la primera de las diez
propuestas:   PRIMERA PROPUESTA. Realización de una reforma rural y agraria
integral, socioambiental, democrática y participativa, con enfoque
territorial, fundamentada en los siguientes propósitos:   a. Superación de
las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que generan el
ejercicio estructural de la violencia por parte del Estado y fuerzas
paramilitares en las zonas rurales, y provocan el alzamiento armado
guerrillero para enfrentar esas condiciones.   b. Transformación de las
relaciones rurales, que contribuya a la democratización real del poder
territorial, de la sociedad, del Estado y del modelo económico en su
conjunto, así como al buen vivir de la población. c . Erradicación del
hambre, la desigualdad y la pobreza rurales;   restablecimiento de la
dignidad y reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos
políticos, y garantía y disfrute efectivo de sus derechos políticos,
económicos, sociales y culturales, incluida la correspondiente provisión de
recursos de presupuesto e infraestructura social.   d. Construcción de una
nueva ruralidad basada en la justicia territorial y la democratización de
las relaciones urbano-rurales.   e. Desconcentración y redistribución de la
propiedad sobre la tierra mediante la erradicación del latifundio
improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso.   f. Promoción al acceso
y el disfrute del derecho a la tierra y al territorio de los campesinos sin
tierra y de las mujeres en especial.   g. Prohibición o establecimiento de
límites estrictos, según el caso, a la extranjerización de la tierra.   h.
Reparación integral de la población víctima del desplazamiento forzado y
del despojo.   i . Protección y mejoramiento de las condiciones de
propiedad y producción de los pequeños y medianos propietarios.   j.
Reconocimiento y respeto de los territorios colectivos de comunidades
indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, así como de los
territorios campesinos de Zonas de Reserva Campesina y de futuras Zonas de
Producción de Alimentos.   k . Ordenamiento territorial y definición de
usos de la tierra que garanticen la protección de los ecosistemas, la
sostenibilidad socioambiental, el derecho al agua, la producción de
alimentos y la soberanía alimentaria.   l. Estímulo a la economía campesina
y en especial a la producción de alimentos, considerando la coexistencia de
diferentes modelos de producción, atendiendo regulaciones estrictas de los
encadenamientos productivos.   m. Auspicio de una política de investigación
y desarrollo científico técnico, de protección de las semillas nativas y
del conocimiento propio.   n. Dotación de medios de producción, de
infraestructura física de transporte y comunicaciones, de distritos de
riego y regadío, de acopio, almacenamiento y comercialización, de recursos
de crédito y de otros medios de financiación, privilegiando las economías
campesinas y de producción de alimentos.   o. Denuncia o revisión de
tratados y acuerdos y de todo tipo de regulaciones de libre comercio,
inversión o propiedad intelectual que afecten la soberanía alimentaria y
las condiciones de nutrición y alimentación de la población.   p.
Definición precisa de medidas para evitar la especulación financiera con la
tierra y las economías rurales. En todo caso, el total de la propuesta será
publicada al terminar el mes de enero con las correcciones a que hubiere
lugar, y en adelante se presentarán los complementos de sustentación.   2.
La erradicación “del hambre, la desigualdad y la pobreza de los pobladores
rurales”   Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del
Pueblo, en ejercicio de su soberanía política y en desarrollo de su
interlocución permanente con el constituyente primario que es el pueblo,
comunican:    Mantenemos nuestro compromiso de presentar de manera
paulatina ante el país, nuestras propuestas referidas al primer punto de la
Agenda del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera.    Inspirados en los anhelos
populares, el conjunto de nuestras iniciativas son mínimos para buscar
puntos de aproximación con el gobierno; lleva por nombre Desarrollo rural
para la paz de Colombia y se compone de Diez propuestas para una política
de desarrollo rural y agrario integral, al respecto de lo cual hicimos un
primer esbozo en comunicado reciente de fecha 14 de enero de 2013.   A
continuación damos a conocer el encabezado de nuestra iniciativa de
Desarrollo Rural y las propuestas dos y tres de la misma:   Considerando el
mandato histórico del Programa Agrario de los Guerrilleros y de otras
elaboraciones programáticas de las FARC-EP, acogiendo y haciendo suyos
importantes análisis, propuestas e iniciativas, formuladas con entusiasmo,
esperanza y anhelos de paz por numerosas y muy representativas
organizaciones de la sociedad colombiana, en general, y del movimiento
social y popular, en particular, presentadas en los encuentros regionales
por la paz impulsados por las Comisiones de paz del Congreso de la
República, así como en el Foro Política de desarrollo agrario integral –
enfoque territorial, organizado por las Naciones Unidas y la Universidad
Nacional de Colombia (Centro de Pensamiento y seguimiento al proceso de
paz), a petición de la Mesa de Diálogos de La Habana, celebrado del 17 al
19 de diciembre de 2012 en Bogotá, D.C., las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, ponen a consideración
del pueblo colombiano las siguientes ocho propuestas de desarrollo rural
para la paz de Colombia:   Segunda Propuesta: Erradicación del hambre, la
desigualdad y la pobreza de los pobladores rurales, y compromiso con el
mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, mediante el acceso y
disfrute efectivo de sus derechos políticos, económicos, sociales y
culturales. Ello implica, de manera prioritaria, la puesta en marcha de
programas masivos de nutrición y alimentación y de empleo rurales, de
dignificación y laboralización del trabajo agropecuario atendiendo
estándares de normatividad internacional, así como la provisión de la
correspondiente infraestructura social en educación, salud, vivienda,
seguridad social, recreación, cultura y deporte, acompañada de la
disposición extraordinaria de recursos del presupuesto público.   Tercera
Propuesta: Construcción de una nueva ruralidad basada en la democratización
de las relaciones urbano-rurales, y en el principio de la justicia
territorial, que supere visiones extractivistas y utilitaristas del mundo
rural y reconozca en él sus potencialidades políticas y culturales para el
desarrollo del país y el buen vivir de su población.   Ello implica la
puesta en marcha de medidas excepcionales para cubrir la deuda histórica
política, económica, social y cultural del Estado con el campo y sus
pobladores, deuda que ha producido violencia, exclusión, desigualdad,
pobreza, discriminación y segregación territorial; impone la
desmilitarización del Estado y de la sociedad y la superación de la
estigmatización del campesinado; conlleva el ordenamiento y la regulación
del territorio urbano-rural con base en criterios de equidad, mutuo
beneficio y participación democrática; demanda medidas reales y efectivas
para la apropiación de la riqueza pluriétnica y multicultural del mundo
rural, incluyendo valores, modos de vida y de organización de la
economía.   CUARTA
PROPUESTA: Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del
territorio, del derecho al agua y de los usos de la tierra, que propicie
relacionamientos sostenibles con la naturaleza y equitativos con la ciudad,
priorizando la protección de ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute
estratégico del agua por parte de la población; reconozca y respete las
diversas trayectorias étnicas y culturales de vida y de organización del
territorio; estimule usos agrícolas de la tierra que “desganadericen” las
economías rurales y privilegien la producción de alimentos y la soberanía
alimentaria; contemple una organización de la producción de bienes
agrícolas básicos en espacios aledaños a los centros de consumo,
propiciando y afianzando el asentamiento y estabilización de pequeños y
medianos productores en esos espacios; establezca límites y estrictas
regulaciones socioambientales, o prohibiciones, según el caso, a las
economías de extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos,
de generación de energía hídrica y de producción de agrocombustibles;
establezca regulaciones específicas de acompañamiento a la pequeña y
mediana minería y a la minería artesanal para contribuir a su
sostenibilidad socioambiental o a su reconversión; y contemple acciones
frente a los cultivos de uso ilícito para transitar hacia producciones
alternativas o de sustitución, o para su legalización atendiendo fines
medicinales y terapéuticos o razones culturales.   QUINTA PROPUESTA:
Garantía de acceso real y efectivo y disfrute del derecho a los bienes
comunes de la tierra y el territorio, considerando de manera especial el
derecho de las mujeres, y una perspectiva pluriétnica y multicultural. Se
propone la creación de un Fondo de Tierras, conformado por tierras
provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuamente
explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la
violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico. Con base en
la definición de las condiciones agroecológicas, de fertilidad y
productividad de las tierras que conforman el Fondo, se procederá a su
distribución a través de la dotación de tierra a campesinos sin tierra y a
mujeres, de manera prioritaria; se mejorarán las condiciones de propiedad y
de producción de los pequeños y medianos propietarios, incluida la
superación del microfundio. Las unidades de propiedad, medidas en Unidades
Agrícolas Campesinas, deberán garantizar condiciones de vida y de trabajo
digno a los campesinos y campesinas y evitar la concentración de la
propiedad sobre la tierra. Economías campesinas asociativas y de
cooperación serán estimuladas. Los flujos poblacionales y reasentamientos
provocados por la redistribución democrática y participativa de la tierra
serán concertados con los campesinos. El acceso a la tierra comprende el
reconocimiento y definición de territorios campesinos, indígenas,
afrodescendientes, raizales, palenqueros e interétnicos. En el caso de la
población desplazada y de las víctimas del despojo, la restitución de
tierras debe ser superada por la reparación integral basada en el catastro
alternativo. El acceso a la tierra no implica la mera formalización
jurídica de la propiedad, es decir, la titulación, también exige la
provisión de condiciones generales para su usufructo, la protección frente
a la especulación financiera, la prohibición o regulación estricta, según
el caso, del derecho de superficie. La política tributaria debe erigirse en
un instrumento de la política de desconcentración de la propiedad; debe ser
directa y progresiva y prever mayores castigos tributarios para tierras
ociosas, improductivas o inadecuadamente explotadas; supone una
actualización inmediata de los avalúos catastrales, atendiendo parámetros
técnicos.   SEXTA PROPUESTA: Reconocimiento de los territorios colectivos y
las territorialidades de los pueblos indígenas, de las comunidades
afro-descendientes, raizales y palenqueras, lo cual implica la titulación
colectiva de sus tierras y territorios, el respeto real y efectivo de la
autonomía y la organización política, económica, social y cultural de esas
comunidades, con fundamento en jurisdicciones propias, y la responsabilidad
del Estado para su protección y financiamiento. En el mismo sentido, se
propone el establecimiento de territorios interétnicos, definidos como
territorios de coexistencia de las diferentes formas culturales de vivir de
las comunidades campesinas, indígenas y afro-descendientes, con
regulaciones colectivas propias y atendiendo principios de autonomía y
autogestión.   SÉPTIMA PROPUESTA: Reconocimiento y definición de los
territorios y las territorialidades campesinas, incluidos los derechos de
las comunidades campesinas y la dignificación y el reconocimiento político
del campesinado. Los territorios campesinos deben tener los mismos alcances
de las otras formas de territorios colectivos. En consecuencia se
fundamentan en el respeto real y efectivo por la autonomía y la
organización política, económica, social y cultural, en el establecimiento
de jurisdicciones campesinas propias, y en la responsabilidad del Estado
para su protección y financiamiento. Estos territorios asumirán dos formas:
Primero, como territorio colectivo de Zonas de Reserva Campesina; segundo,
como Zonas de Producción Campesina de Alimentos. Todo lo anterior, ha de
acompañarse de medidas que garanticen la vida y las concernientes a la
dignificación y al reconocimiento político de los campesinos y campesinas
por parte del Estado, lo cual debe empezar con la adopción de la
declaración de los derechos del campesino de la ONU, así como del acuerdo
141 de la OIT referente al trabajo rural, con su consecuente incorporación
en el ordenamiento jurídico.   Las FARC-EP presentarán en el día mañana, el
desarrollo de la quinta propuesta, y responderán a las inquietudes de los
comunicadores sociales sobre el tema, en rueda de prensa que se realizará a
partir de las 15:00 horas.   Propuesta Octava: Compromiso con la soberanía
alimentaria mediante la promoción y el estímulo a las diversas formas de
producción de alimentos destinadas al cubrimiento de las necesidades
nutricionales y de alimentación del pueblo colombiano. Ello demanda crear
condiciones de producción, circulación, comercialización y consumo de los
alimentos, basadas en relaciones de equidad y justicia y de mutuo beneficio
entre productores rurales y consumidores urbanos, incluidas la provisión de
infraestructura física, especialmente de vías de comunicación y de riego,
de transporte, de acopio y almacenamiento, de comercialización y acceso a
los mercados local, regional, nacional o internacional, de crédito y de
otros medios de financiación. La economía campesina merece especial
protección y estímulo por parte del Estado. Lo anterior, también comprende
la posibilidad de encadenamientos productivos entre diversos modelos de
producción agrícola, con fundamento en estrictas regulaciones que
garanticen organización y distribución equitativa de la producción y sus
beneficios entre los diferentes componentes de tales encadenamientos. Se
incluyen igualmente las economías rurales de carácter agroindustrial,
orientadas al mercado mundial, siempre y cuando no afecten la soberanía
alimentaria y garanticen sostenibilidad socioambiental.   Propuesta novena:
Estímulo a la investigación y al desarrollo científico y tecnológicos, a la
protección y promoción del conocimiento ancestral y propio, a las semillas
nativas, con miras a garantizar la conformación de una base
técnico-material que sirva de sustento para el abastecimiento alimentario y
el desarrollo industrial. Estímulo a la investigación socioeconómica de la
economía y sociedad rural, apoyada en la producción y sistematización
permanente y actualizada de información, para apoyar el diseño de las
políticas de desarrollo rural. Ello impone la realización inmediata de un
Censo Rural y Agrario.   Propuesta décima: Denuncia o revisión de los
acuerdos y tratados y de toda regulación supranacional de comercio,
inversiones o propiedad intelectual, que menoscaben la soberanía
alimentaria y las condiciones de nutrición y alimentación de la población,
propicien la extranjerización de la tierra y el territorio, promuevan su
acaparamiento en manos de consorcios transnacionales o estimulen la
especulación financiera, propicien la producción transgénica o la
imposición de paquetes tecnológicos por transnacionales de los agronegocios
o de la alimentación. Mientras ello se produce, expedición de medidas
inmediatas de protección y subsidio a las economías de producción de
alimentos, en especial a la economía campesina, amenazadas por la puesta en
marcha de los tratados de libre comercio.   Las diez propuestas aquí
presentadas, demandan la conformación de una nueva institucionalidad
estatal y social de la economía y la sociedad rural colombiana. De igual
manera, implican la activación de mecanismos que garanticen su seguridad
jurídica, una Asamblea Constituyente y legislativa es el camino.
                   Declaración Cumbre de los Pueblos, Santiago de
Chile   Autor:
     Cumbre de los Pueblos   En el marco da la Cumbre de los Pueblos
realizada entre los días 25, 26 y 27 de Enero de 2013, en Santiago de
Chile, las organizaciones y movimientos sociales y políticos de los
diferentes países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea
declaramos lo siguiente: Hoy, somos testigos de cómo los bienes naturales,
los derechos y las personas han sido mercantilizadas en las naciones y
pueblos de América Latina, Europa y el Caribe, producto de la lógica
capitalista, que en su vertiente neoliberal y machista, permite su
instalación y profundización a través de aparatos cívicos, políticos,
militares.   Las relaciones existentes entre la Unión Europea y América
Latina y el Caribe que priorizan los privilegios y ganancias de los
inversionistas frente a los derechos de los pueblos a través de acuerdos
comerciales y acuerdos bilaterales de inversiones, profundizan este modelo
que perjudica a los pueblos de ambas regiones.   Es así, que estos Estados
mercantilistas, las transnacionales y las corporaciones continúan siendo
administradores y profundizadores de la pobreza y la desigualdad social en
el mundo, amparados por un tipo de democracia representativa, de mano de la
elite, que se aleja de los intereses de las grandes mayorías de nuestro
pueblo.   Esta hegemonía del capital financiero se manifiesta entre otros
en la privatización y mercantilización de los servicios públicos, el
desmantelamiento del Estado de bienestar, la precarización del trabajo, el
extractivismo, la usurpación, la destrucción y mercantilización de los
bienes naturales y sociales propios del pueblo y el desplazamiento forzoso
de los pueblos originarios, provocando las crisis alimentarias,
energéticas, climáticas. En la Unión Europea la crisis capitalista ha
significado un verdadero golpe de estado financiero que ha impuesto
políticas de austeridad en contra de los derechos de los pueblos, de los
derechos laborales, ambientales, etc. La troika europea (FMI, BCE, Comisión
Europea) obliga los estados a endeudarse para salvar los bancos para que
seamos los pueblos los que paguen la crisis provocada por ellos mismo.   Al
mismo, es necesario visibilizar la creciente opresión y discriminación
hacia las mujeres en América Latina, el Caribe y Europa.   No obstante, a
este panorama que parece adverso, reconocemos procesos históricos y
recientes a partir de las luchas de nuestros pueblos en el mundo, que han
logrado tensionar y agrietar las actuales lógicas y nos dan la esperanza de
que otro mundo es posible.   De este modo, surge la necesidad de construir
las bases para un nuevo modelo de sociedad que transforme las actuales
lógicas y coordenadas políticas, económicas, sociales y culturales en todas
nuestras naciones y pueblos de ambos lados del continente las luchas de los
diferentes actores y organizaciones del campo popular.   Para alcanzar
estos objetivos proponemos que:   Los derechos y bienes naturales
arrebatados a nuestro pueblo deben ser recuperados, por medio de la
nacionalización, la comunitarización de los bienes y servicios y los medios
de producción y el reconocimiento constitucional de la naturaleza como
sujeto de derecho. Esto implica pasar de ser resistencia y movimientos
reivindicativos a una alternativa que contenga una propuesta
política-social integral de país.   Promover el paradigma del buen vivir
basado en equilibrio del ser humano con la naturaleza y el medio ambiente y
los derechos de la tierra, al servicio de los pueblos, con una economía
plural y solidaria.   Democracia directa, participativa y popular y su
concretización desde las bases sociales. Para ello, es necesario la
integración de actores sociales y políticos del mundo, valorando prácticas
territoriales y haciendo el dialogo entre las instancias locales y globales.
 Promover la integración en la participación política de los niños y niñas
y las juventudes, desde un enfoque de género. Respeto a la libre
determinación de los pueblos originarios del mundo, entendiéndolos como
pueblos hermanos no sometidos a la territorialidad impuesta por la
colonización. Esto, sumando a la promoción de la soberanía alimentaria en
perspectiva de una autotomía territorial que a los pueblos y comunidades
decidir qué y cómo producirlo.   En cuanto al avance de la represión y la
criminalización de la protesta, movimientos sociales y populares, debemos
articularnos de tal manera de generar la fuerza necesaria para frenar el
avance de leyes antiterroristas y la inserción en las comunidades indígenas
de nuestros pueblos, como a su vez la militarización imperialista que ha
instalado bases militares en América Latina, Europa y el Caribe.
Sensibilizar,
agitar y promover luchas contra las transnacionales, mediante campaña de
denuncias y boicot en todos los niveles. Posicionar el feminismo con un
proyecto político antipatriarcal y anticapitalista. Reconocer y promover
los derechos de los migrantes y los derechos de los pueblos de libre
tránsito entre las naciones. Plena solidaridad con el pueblo Palestino y
todos aquellos pueblos y naciones oprimidos por el poder colonizador y el
imperialismo, así como el repudio a las intervenciones cívicos-militares en
Honduras, Haití y Paraguay. Apoyamos los procesos de paz, con la
participación de los actores sociales y políticos en Colombia. Solidaridad
con el pueblo cubano en contra del bloqueo, con Argentina en el proceso de
recuperación de las Malvinas, con Bolivia y su demanda por salida al mar,
con el pueblo Venezolano en el proceso Bolivariano y con los movimientos
sociales en Grecia y España. En el caso de Chile, solidaridad con el
movimiento estudiantil en defensa de la educación pública, gratuita y con
el pueblo-nación mapuche contra la represión realizada de parte del Estado.
 Acompañando la lucha por la soberanía de nuestros territorios en América
Latina, es necesario luchar por el respeto de la soberanía de nuestro
cuerpo como territorio propio de las mujeres.   Entendemos que la
superación de la precarización laboral a la que se ven expuestos las
mayorías de trabajadores en América Latina y el mundo, pasa por un cambio
estructural que altere las relaciones de propiedad y producción de bienes y
servicios valorando la labor esencial que desempeñan los trabajadores y
trabajadoras como sustento sobre el cual se construye toda sociedad.   De
manera transversal, debemos avanzar en la construcción de plataformas de
lucha comunicacional que no sólo permitan develar y difundir las demandas y
alternativas de nuestros pueblos frente al modelo hegemónico, sino también
como forma de explicar las verdaderas causas de los problemas que hoy nos
aquejan.   Debemos ser capaces de construir demandas unitarias que
aglutinen a todos los actores sociales y pueblos en disputa y que a su vez
nos permitan trazar un horizonte estratégico hacia el cual avanzar,
articulando y organizando la unidad entre el movimiento sindical, social y
político en América Latina, el Caribe y Europa. Esto debiera traducirse en
una hoja de ruta de trabajo y de movilizaciones para el presente periodo,
pero con perspectivas a largo plazo. Al mismo tiempo, fortalecer la
organización social y popular en cada sector de inserción, potenciando la
amplificación de nuestras demandas a las grandes mayorías por medio de la
politización y la movilización.   No podemos dividir más las instancias
organizativas en las que estamos, conducir hacia un proyecto en la
diversidad es el mayor desafío que se nos presenta para la generación de
una alternativa real de poder popular. Romper con los sectarismos que
fragmentan, dividen e impiden la construcción de unidad del campo popular,
es una tarea urgente.   Frente al poder del bloque dominante sólo la unidad
y la solidaridad entre nuestros pueblos nos darán la fuerza necesaria para
alcanzar nuestros más alto objetivos y vencer. Santiago de Chile, Enero 2013
*Samuel Barinas Varela*
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