-- Las
FARC-EP presentan la síntesis de las propuestas de la sociedad ll
sobre política minero-energética y proyectos agroindustriales Síntesis
Política minero-energética SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD II:
SOBRE POLÍTICA MINERO-ENERGÉTICA Y PROYECTOS AGROINDUSTRIALES La
Delegación de Paz de las FARC-EP, dentro del análisis que hemos hecho de
las diferentes propuestas provenientes de la sociedad colombiana en su
conjunto, quisiéramos usar este espacio para tratar un tema específico que,
desde un punto de vista integral, interactúa e influye sobre los temas de
la agenda. Se trata de la extranjerización de la tierra, entendiéndose el
tema de la política minero-energética y de grandes proyectos
agroindustriales que se vienen aplicando cada vez con más fuerza dentro del
marco global del neoliberalismo. Dibujemos primero un cuadro general, que
después nos ayuda a entender mejor cuál es la realidad que las diferentes
sectores sociales y populares de Colombia enfrentan, y por qué a través de
los diferentes foros, páginas web y formularios físicos nos han llegado
tantas propuestas e inquietudes sobre este tema específico. En Colombia
hay 114.17 millones de hectáreas de área terrestre. Los llamados €œbloques
petroleros†ocupan el 58.2% del territorio nacional. ¿Qué quiere decir
bloque petrolero? Es una extensión de tierra que, si no está siendo
explotada ya, es considerada por la ANH (Agencia Nacional de
Hidrocarburos), área reservada -regiones donde se considera que hay
posibilidad de que haya petróleo- o área disponible, listos para iniciar un
proceso de concesión. En otras palabras: aunque no signifique que en la
totalidad de esas 66.5 millones de hectáreas (el 58.2%) se esté
efectivamente explotando petróleo, sí quiere decir que dependiendo de los
estudios, se podría explotar petróleo y están en riesgo los modos de vida
de las comunidades que ahí habitan. Ahora echemos un vistazo a la
minería. De los ya mencionados 114.17 millones de hectáreas, 4.848.471 de
ellas están utilizadas para la explotación minera, mientras que 26.348.039
están solicitadas para tal fin. Cabe hacer el mismo señalamiento que con el
petróleo: son 31.196.510 hectáreas, aunque no siendo explotadas en su
totalidad en este momento, sí existe una amenaza pendiente sobre las
cabezas de los habitantes de esas regiones. Y cabe recordar otro€œdetalle€:
sobre política minero-energética y proyectos agroindustriales Síntesis
Política minero-energética SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD II:
SOBRE POLÍTICA MINERO-ENERGÉTICA Y PROYECTOS AGROINDUSTRIALES La
Delegación de Paz de las FARC-EP, dentro del análisis que hemos hecho de
las diferentes propuestas provenientes de la sociedad colombiana en su
conjunto, quisiéramos usar este espacio para tratar un tema específico que,
desde un punto de vista integral, interactúa e influye sobre los temas de
la agenda. Se trata de la extranjerización de la tierra, entendiéndose el
tema de la política minero-energética y de grandes proyectos
agroindustriales que se vienen aplicando cada vez con más fuerza dentro del
marco global del neoliberalismo. Dibujemos primero un cuadro general, que
después nos ayuda a entender mejor cuál es la realidad que las diferentes
sectores sociales y populares de Colombia enfrentan, y por qué a través de
los diferentes foros, páginas web y formularios físicos nos han llegado
tantas propuestas e inquietudes sobre este tema específico. En Colombia
hay 114.17 millones de hectáreas de área terrestre. Los llamados €œbloques
petroleros†ocupan el 58.2% del territorio nacional. ¿Qué quiere decir
bloque petrolero? Es una extensión de tierra que, si no está siendo
explotada ya, es considerada por la ANH (Agencia Nacional de
Hidrocarburos), área reservada -regiones donde se considera que hay
posibilidad de que haya petróleo- o área disponible, listos para iniciar un
proceso de concesión. En otras palabras: aunque no signifique que en la
totalidad de esas 66.5 millones de hectáreas (el 58.2%) se esté
efectivamente explotando petróleo, sí quiere decir que dependiendo de los
estudios, se podría explotar petróleo y están en riesgo los modos de vida
de las comunidades que ahí habitan. Ahora echemos un vistazo a la
minería. De los ya mencionados 114.17 millones de hectáreas, 4.848.471 de
ellas están utilizadas para la explotación minera, mientras que 26.348.039
están solicitadas para tal fin. Cabe hacer el mismo señalamiento que con el
petróleo: son 31.196.510 hectáreas, aunque no siendo explotadas en su
totalidad en este momento, sí existe una amenaza pendiente sobre las
cabezas de los habitantes de esas regiones. Y cabe recordar otro€œdetalle€:
Las áreas
que son denominadas reservas mineras estratégicas
(áreas potenciales de explotación minera por su gran cantidad de recursos
mineros) son puestas en venta por la Agencia Nacional Minera, bajo la
principio: el que más ofrece, lleva. David contra Goliat: Los pequeños y
medianos mineros pierden, las grandes multinacionales llevan. El
siguiente mapa representa a los cultivos de palma africana en Colombia. Las
áreas en rojo están actualmente sembradas con palma africana en Colombia Las
metas de crecimiento para el año 2020, según Fedepalma (Federación Nacional
de cultivadores de Palma de Aceite), son crecer el área sembrada de 170.000
hectáreas en el año 2000 a 743.000 en el 2020, teniendo en cuenta que en
Colombia hay 3,5 millones de hectáreas de tierras aptas para el cultivo de
la palma de aceite. Además, las metas para extender las áreas de producción
de caña de azúcar, caña panelera y yuca para la producción de Etanol son de
215.000 hectáreas (fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural),
sumando un total de 958.000 hectáreas. Usted nos explicaba, por ejemplo,
que su país tiene un millón de hectáreas sembradas en palma africana, palma
de aceite, y quizá no tienen más tierra para poder expandir estas
plantaciones. Colombia tiene cerca de 300 mil hectáreas sembradas, pero es
un país lleno de oportunidades. Si uno mira este país en su conjunto, uno
ve perfectamente que existen muchísimas posibilidades de sembrar seis
millones de hectáreas más de palma africana€ Álvaro Uribe Vélez, al ex
Primer Ministro de Malasia, Doctor Tun Mahatir Bin Mohamad Según un
informe de la FAO (Food and Agriculture Organization, ONU) en 2008, €œEl
rápido crecimiento de la demanda de materias primas para biocombustibles ha
contribuido a un aumento de los precios de los alimentos, y amenaza la
seguridad alimentaria de compradores netos de alimentos, tanto en áreas
rurales como en áreas urbanas€. Así mismo, advierta que El impacto más
importante está determinado por el cambio en el uso de la tierra, por
ejemplo a través de la deforestación, dada la expansión de la superficie
destinada a la agricultura. Otros posibles efectos medioambientales
negativos en la tierra y los recursos hídricos, así como en la
biodiversidad, también dependen en gran medida de los cambios en el uso de
la tierra€. Después de este panorama muy general, que se limita a ser una
mirada fugaz sobre el ordenamiento territorial de los proyectos de
extracción minero-energética y de proyectos para el cultivo de
agrocombustibles, vamos a publicar algunos de los múltiples planteamientos
que nos han llegado a través del Foro Política de Desarrollo Agrario
Integral (Enfoque Territorial) que tuvo lugar en Bogotá el 17, 18 y 19 de
diciembre, frente a este tema. Muchas organizaciones hacen primero un
diagnóstico del problema, cada una desde sus propias experiencias vividas,
pero a la vez muestran un conocimiento teórico profundo de la problemática.
Asoquimbo afirma que: las empresas nacionales y transnacionales (Isa,
Isagen, Endesa, Enel, Emgesa, Emerald Energy, Anglo Gold Ashanti,
Hydrochina, etc.) invierten sus excedentes financieros en la explotación de
nuestros recursos naturales con el propósito de incrementar su capital,
explotando al máximo la fuerza laboral, desplazando a las comunidades de
sus territorios, destruyendo los tejidos sociales, la seguridad
alimentaria, la fauna, la flora e incrementando el calentamiento global. La
Coordinación Agrominera, del departamento de Antioquia, dice: la
violación al derecho al territorio es cada vez más evidente, enmarcadas en
los macroproyectos mineros, hidroeléctricos y viales que buscan desalojar a
cientos de familias, que desde hace más de 70 años y por más de tres
generaciones llevan habitando y subsistiendo en estos territorios. Esto se
hace claro en el caso de la hidroeléctrica de Ituango, La concesión de
tierras del Bajo Cauca, Guamoco, Remedios, Segovia a empresas
transnacionales y multinacionales para la explotación aurífera, y el
replanteamiento económico que se busca realizar con el anejo de las ZRC,
llevando como consecuencia la pérdida total de la soberanía del pueblo
colombiano. El MOVICE plantea: Es importante recordar que los contextos de
conflicto han conllevado a que empresas extranjeras, con intereses marcados
y ciertos en la tierra y su producción, ya sea agropecuaria o extractiva,
como el caso de Chiquita Brands; hayan participado directamente como
financiadores de actores armados ilegales. Igualmente la propuesta Santos
avanza hacia la adecuación de un escenario propicio para la implementación
de los TLC, la cual es el centro de la propuesta de las alianzas
productivas y las formas asociativas de producción con el fin de lograr
“aumentar las escalas de la producción bajo un enfoque de conglomerados
productivos que integren vertical y horizontalmente la producción,
transformación y comercialización€. El MODEP, Movimiento por la Defensa
de los Derechos del Pueblo, plantea:€Un elemento muy importante de este
modelo de acumulación capitalista hace referencia a la apropiación de
tierras y territorios por parte de monopolios nacionales e internacionales,
por medio de compra, arriendo y usufructo de territorios para megaproyectos
agroindustriales, el agro-negocio y minero-energético de carácter
imperialista y por medio de esta modalidad se genera un ordenamiento
territorial alrededor de esos proyectos de inversión, en torno a los cuales
se organiza la población y se generan relaciones sociales y de producción
de las comunidades, subordinando las necesidades de los pueblos, del
ecosistema y los derechos y diversidad de las comunidades. La Delegación
de La Guajira: €œLas comunidades indígenas han venido denunciado mega
proyectos que rodean la Sierra y que amenazan el agua, la tierra y, sobre
todo sus tradiciones y el respeto a sus pueblos. Entre estos la
construcción de hoteles 7 estrellas en el parque Tayrona por parte de la
transnacional tailandesa Six Senses, el puerto multipropósito de Dibulla, y
el desvío del río Ranchería, para lo cual el ejército ya está provocando el
desplazamiento de comunidades como Yuoret y Paridan donde realizaron un
operativo de amedrentamiento y detención de miembros de una comunidad y el
asesinato de un indígenaâ€. Las comunidades señalan la obvia relación
entre estas empresas multinacionales, los paramilitares y la Fuerza
Pública. Así dice la Coordinación Agrominera del departamento de Antioquia:
(A) la relación existente entre los megaproyectos, el paramilitarismo y el
creciente pie de fuerza en las regiones a través de planes militares
denominado €œPlan Troya. Fensuagro Nariño rechaza €œla posición de Fedegan
de deslegitimar el presente foro, porque a esta entidad no le conviene que
se escuche a los campesinos, pues los ganaderos financiaron la mitad de los
grupos paramilitares€. La Mesa de trabajo número 20: €œAlgunas
organizaciones sociales plantean que el conflicto se ha profundizado a raíz
de la incursión del paramilitarismo buscando el control de los recursos en
territorios estratégicos, generando el desplazamiento de comunidades
enteras. Relatoría Mesa C:
(áreas potenciales de explotación minera por su gran cantidad de recursos
mineros) son puestas en venta por la Agencia Nacional Minera, bajo la
principio: el que más ofrece, lleva. David contra Goliat: Los pequeños y
medianos mineros pierden, las grandes multinacionales llevan. El
siguiente mapa representa a los cultivos de palma africana en Colombia. Las
áreas en rojo están actualmente sembradas con palma africana en Colombia Las
metas de crecimiento para el año 2020, según Fedepalma (Federación Nacional
de cultivadores de Palma de Aceite), son crecer el área sembrada de 170.000
hectáreas en el año 2000 a 743.000 en el 2020, teniendo en cuenta que en
Colombia hay 3,5 millones de hectáreas de tierras aptas para el cultivo de
la palma de aceite. Además, las metas para extender las áreas de producción
de caña de azúcar, caña panelera y yuca para la producción de Etanol son de
215.000 hectáreas (fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural),
sumando un total de 958.000 hectáreas. Usted nos explicaba, por ejemplo,
que su país tiene un millón de hectáreas sembradas en palma africana, palma
de aceite, y quizá no tienen más tierra para poder expandir estas
plantaciones. Colombia tiene cerca de 300 mil hectáreas sembradas, pero es
un país lleno de oportunidades. Si uno mira este país en su conjunto, uno
ve perfectamente que existen muchísimas posibilidades de sembrar seis
millones de hectáreas más de palma africana€ Álvaro Uribe Vélez, al ex
Primer Ministro de Malasia, Doctor Tun Mahatir Bin Mohamad Según un
informe de la FAO (Food and Agriculture Organization, ONU) en 2008, €œEl
rápido crecimiento de la demanda de materias primas para biocombustibles ha
contribuido a un aumento de los precios de los alimentos, y amenaza la
seguridad alimentaria de compradores netos de alimentos, tanto en áreas
rurales como en áreas urbanas€. Así mismo, advierta que El impacto más
importante está determinado por el cambio en el uso de la tierra, por
ejemplo a través de la deforestación, dada la expansión de la superficie
destinada a la agricultura. Otros posibles efectos medioambientales
negativos en la tierra y los recursos hídricos, así como en la
biodiversidad, también dependen en gran medida de los cambios en el uso de
la tierra€. Después de este panorama muy general, que se limita a ser una
mirada fugaz sobre el ordenamiento territorial de los proyectos de
extracción minero-energética y de proyectos para el cultivo de
agrocombustibles, vamos a publicar algunos de los múltiples planteamientos
que nos han llegado a través del Foro Política de Desarrollo Agrario
Integral (Enfoque Territorial) que tuvo lugar en Bogotá el 17, 18 y 19 de
diciembre, frente a este tema. Muchas organizaciones hacen primero un
diagnóstico del problema, cada una desde sus propias experiencias vividas,
pero a la vez muestran un conocimiento teórico profundo de la problemática.
Asoquimbo afirma que: las empresas nacionales y transnacionales (Isa,
Isagen, Endesa, Enel, Emgesa, Emerald Energy, Anglo Gold Ashanti,
Hydrochina, etc.) invierten sus excedentes financieros en la explotación de
nuestros recursos naturales con el propósito de incrementar su capital,
explotando al máximo la fuerza laboral, desplazando a las comunidades de
sus territorios, destruyendo los tejidos sociales, la seguridad
alimentaria, la fauna, la flora e incrementando el calentamiento global. La
Coordinación Agrominera, del departamento de Antioquia, dice: la
violación al derecho al territorio es cada vez más evidente, enmarcadas en
los macroproyectos mineros, hidroeléctricos y viales que buscan desalojar a
cientos de familias, que desde hace más de 70 años y por más de tres
generaciones llevan habitando y subsistiendo en estos territorios. Esto se
hace claro en el caso de la hidroeléctrica de Ituango, La concesión de
tierras del Bajo Cauca, Guamoco, Remedios, Segovia a empresas
transnacionales y multinacionales para la explotación aurífera, y el
replanteamiento económico que se busca realizar con el anejo de las ZRC,
llevando como consecuencia la pérdida total de la soberanía del pueblo
colombiano. El MOVICE plantea: Es importante recordar que los contextos de
conflicto han conllevado a que empresas extranjeras, con intereses marcados
y ciertos en la tierra y su producción, ya sea agropecuaria o extractiva,
como el caso de Chiquita Brands; hayan participado directamente como
financiadores de actores armados ilegales. Igualmente la propuesta Santos
avanza hacia la adecuación de un escenario propicio para la implementación
de los TLC, la cual es el centro de la propuesta de las alianzas
productivas y las formas asociativas de producción con el fin de lograr
“aumentar las escalas de la producción bajo un enfoque de conglomerados
productivos que integren vertical y horizontalmente la producción,
transformación y comercialización€. El MODEP, Movimiento por la Defensa
de los Derechos del Pueblo, plantea:€Un elemento muy importante de este
modelo de acumulación capitalista hace referencia a la apropiación de
tierras y territorios por parte de monopolios nacionales e internacionales,
por medio de compra, arriendo y usufructo de territorios para megaproyectos
agroindustriales, el agro-negocio y minero-energético de carácter
imperialista y por medio de esta modalidad se genera un ordenamiento
territorial alrededor de esos proyectos de inversión, en torno a los cuales
se organiza la población y se generan relaciones sociales y de producción
de las comunidades, subordinando las necesidades de los pueblos, del
ecosistema y los derechos y diversidad de las comunidades. La Delegación
de La Guajira: €œLas comunidades indígenas han venido denunciado mega
proyectos que rodean la Sierra y que amenazan el agua, la tierra y, sobre
todo sus tradiciones y el respeto a sus pueblos. Entre estos la
construcción de hoteles 7 estrellas en el parque Tayrona por parte de la
transnacional tailandesa Six Senses, el puerto multipropósito de Dibulla, y
el desvío del río Ranchería, para lo cual el ejército ya está provocando el
desplazamiento de comunidades como Yuoret y Paridan donde realizaron un
operativo de amedrentamiento y detención de miembros de una comunidad y el
asesinato de un indígenaâ€. Las comunidades señalan la obvia relación
entre estas empresas multinacionales, los paramilitares y la Fuerza
Pública. Así dice la Coordinación Agrominera del departamento de Antioquia:
(A) la relación existente entre los megaproyectos, el paramilitarismo y el
creciente pie de fuerza en las regiones a través de planes militares
denominado €œPlan Troya. Fensuagro Nariño rechaza €œla posición de Fedegan
de deslegitimar el presente foro, porque a esta entidad no le conviene que
se escuche a los campesinos, pues los ganaderos financiaron la mitad de los
grupos paramilitares€. La Mesa de trabajo número 20: €œAlgunas
organizaciones sociales plantean que el conflicto se ha profundizado a raíz
de la incursión del paramilitarismo buscando el control de los recursos en
territorios estratégicos, generando el desplazamiento de comunidades
enteras. Relatoría Mesa C:
€œExigir al Estado y al Ministerio de Defensa la
aplicación de mecanismos y
estrategias
conducentes a evitar la conformación
de ejércitos privados, al servicio de empresas mineras o extractoras de
recursos. Hay una cantidad de organizaciones mineras quienes exigen el
respeto y respaldo a los pequeños y medianos mineros: La Coordinación
Agrominera, del departamento de Antioquia, dice: Las comunidades campesinas
y mineras de Antioquia, exigimos la soberanía sobre nuestros recursos
minero energéticos, por lo tanto proponemos la construcción del nuevo
código minero coherente con las necesidades de las comunidades que respete
el trabajo que históricamente se ha ido desarrollando por minero
artesanales y la mediana minería. 2.2. Legalización, protección de títulos
mineros, así como el apoyo para tecnificar los procesos de minería
locales.2.5. Exigimos garantizar la seguridad de nuestros compañeros
mineros, no más estigmatización del trabajo minero. ANZORC declara: €œSe
debe implementar un programa de fortalecimiento de la pequeña minería y la
minería artesanal que garantice condiciones de seguridad, protección
ambiental, acceso a tecnología, y mayor participación en las ganancias€. La
Delegación de Paz de las FARC-EP planteamos, en la cuarta propuesta de
nuestra iniciativa de DESARROLLO RURAL PARA LA DEMOCRATIZACIÓN Y LA PAZ CON
JUSTICIA SOCIAL EN COLOMBIA: Establezca regulaciones específicas de
acompañamiento a la pequeña y mediana minería y a la minería artesanal para
contribuir a su sostenibilidad socio ambiental o a su reconversión€. Otra
propuesta recurrente es la de la consulta previa a las comunidades sobre
los grandes proyectos que quieren llevar a cabo dentro de sus territorios.
Plantea la Coordinación Agrominera de Antioquia: Garantía de realización de
la consulta previa, libre e informada frente a los grandes megaproyectos
agrarios y minero energéticos. MUCAPOC (Mesa de Unidad Cívico Agraria y
Popular del Oriente Colombiano) plantea: €œLa consulta previa debe ser un
espacio d identificación de necesidades, diálogo, debate y construcción
colectiva que vele por dar espuestas apropiadas y oportunas. La forma cómo
debe funcionar es mediante la utilización de los censos como herramienta
para que se incluya en lo posible la mayor cantidad de población,
campesinos, indígenas y negritudes, tanto lo que viven en sus regiones de
origen como aquellos que se encuentran en condición desplazamiento; la
implantación de mesas de trabajo locales, donde se aborden las temáticas
desde los aspectos de importancia para la población (conservación y
prevención de los recursos, vial agrario, etc.), posteriormente ue se
realicen plenarias a nivel regional y finalmente nacional. Las mesas de
trabajo y las plenarias deben contar con la presencia de integrantes de las
diferentes instancias responsables de los temas tratados (ministerios de
ambiente, agricultura, vías, etc.), además de veedores y transmisiones en
vivo y en directo tanto radial como televisivo, lo anterior con el fin de
velar por la regularidad y transparencia del proceso€. La Delegación de
Paz de las FARC-EP planteamos como elemento para la discusión la idea de
que no se debería solo hablar de consulta, sino también de consentimiento,
es decir, se puede consultar sin aplicar las opiniones que se hayan
recogido. Otro planteamiento es que esa consulta y consentimiento debe ser
aplicada desde la fase de Area Disponible€ (ver mapa bloques petroleros
arriba), ya que en este momento se hace la consulta previa en la fase €œExplotación
de ejércitos privados, al servicio de empresas mineras o extractoras de
recursos. Hay una cantidad de organizaciones mineras quienes exigen el
respeto y respaldo a los pequeños y medianos mineros: La Coordinación
Agrominera, del departamento de Antioquia, dice: Las comunidades campesinas
y mineras de Antioquia, exigimos la soberanía sobre nuestros recursos
minero energéticos, por lo tanto proponemos la construcción del nuevo
código minero coherente con las necesidades de las comunidades que respete
el trabajo que históricamente se ha ido desarrollando por minero
artesanales y la mediana minería. 2.2. Legalización, protección de títulos
mineros, así como el apoyo para tecnificar los procesos de minería
locales.2.5. Exigimos garantizar la seguridad de nuestros compañeros
mineros, no más estigmatización del trabajo minero. ANZORC declara: €œSe
debe implementar un programa de fortalecimiento de la pequeña minería y la
minería artesanal que garantice condiciones de seguridad, protección
ambiental, acceso a tecnología, y mayor participación en las ganancias€. La
Delegación de Paz de las FARC-EP planteamos, en la cuarta propuesta de
nuestra iniciativa de DESARROLLO RURAL PARA LA DEMOCRATIZACIÓN Y LA PAZ CON
JUSTICIA SOCIAL EN COLOMBIA: Establezca regulaciones específicas de
acompañamiento a la pequeña y mediana minería y a la minería artesanal para
contribuir a su sostenibilidad socio ambiental o a su reconversión€. Otra
propuesta recurrente es la de la consulta previa a las comunidades sobre
los grandes proyectos que quieren llevar a cabo dentro de sus territorios.
Plantea la Coordinación Agrominera de Antioquia: Garantía de realización de
la consulta previa, libre e informada frente a los grandes megaproyectos
agrarios y minero energéticos. MUCAPOC (Mesa de Unidad Cívico Agraria y
Popular del Oriente Colombiano) plantea: €œLa consulta previa debe ser un
espacio d identificación de necesidades, diálogo, debate y construcción
colectiva que vele por dar espuestas apropiadas y oportunas. La forma cómo
debe funcionar es mediante la utilización de los censos como herramienta
para que se incluya en lo posible la mayor cantidad de población,
campesinos, indígenas y negritudes, tanto lo que viven en sus regiones de
origen como aquellos que se encuentran en condición desplazamiento; la
implantación de mesas de trabajo locales, donde se aborden las temáticas
desde los aspectos de importancia para la población (conservación y
prevención de los recursos, vial agrario, etc.), posteriormente ue se
realicen plenarias a nivel regional y finalmente nacional. Las mesas de
trabajo y las plenarias deben contar con la presencia de integrantes de las
diferentes instancias responsables de los temas tratados (ministerios de
ambiente, agricultura, vías, etc.), además de veedores y transmisiones en
vivo y en directo tanto radial como televisivo, lo anterior con el fin de
velar por la regularidad y transparencia del proceso€. La Delegación de
Paz de las FARC-EP planteamos como elemento para la discusión la idea de
que no se debería solo hablar de consulta, sino también de consentimiento,
es decir, se puede consultar sin aplicar las opiniones que se hayan
recogido. Otro planteamiento es que esa consulta y consentimiento debe ser
aplicada desde la fase de Area Disponible€ (ver mapa bloques petroleros
arriba), ya que en este momento se hace la consulta previa en la fase €œExplotación
€, cuando ya el mal está hecho. Y si la acción de las
empresas
afecta a comunidades que están por fuera del área (por ejemplo por la
secación de fuentes hídricas): ¿Qué se debe hacer? Las organizaciones en
muchas ocasiones exigen que las empresas multinacionales que llevan a cabo
proyectos de extracción minero energética salgan de sus territorios o que
se detenga la concesión de títulos: La Coordinación Agrominera del Norte y
Nordeste antioqueño: €œ esto dentro de un proceso de nacionalización de
recursos, donde el país sea beneficiario de las riquezas. En este sentido
exigimos que las grandes empresas multinacionales salgan de nuestros
territorios. Quitarle al Gobierno Nacional el privilegio de concesionar
los subsuelos sin restricciones. Que el gobierno no siga negociando los
territorios del campesino, dice la Asociación Campesina de Arauca, ACA. La
Delegación de La Guajira declara: En la Guajira, 19.000 soldados, jóvenes
hijos de pobres, cuidan y se hacen matar para que las transnacionales
puedan saquear nuestras riquezas. En otras palabras, pagamos y ponemos a
nuestros hijos a cuidar para que nos roben y destruyan el medio ambiente.
La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
(Asoquimbo), dice: €œSe detenga inmediatamente la concesión de títulos a
empresas nacionales, trasnacionales y multinacionales que tengan como
objetivo el desarrollo de mega minería€. En otros casos, el planteamiento
consiste en ponerle riendas a esas empresas, como escribe la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC: €œLimitar la venta y
subasta de tierra a compañías extranjeras. La Asociación Colombiana de
Ingenieros Agrónomos dice: Apoyamos la obtención, vinculación, de
tecnologías foráneas, pero rechazamos enfáticamente la venta de nuestros
limitados recursos, como es la tierra y sus fuentes de protección, bien sea
a multinacionales y extranjeros. Y FENSUAGRO dice: €œLa explotación de los
recursos naturales renovable y no renovables debe estar en concordancia de
la vida humana y la naturaleza hacia su sostenibilidad, hoy y futura. Más
adelante afirman: Nos oponemos a la extranjerización de tierra que implica
vender las mejores tierras colombianas al capital transnacional ya que
atentaría la integridad de la soberanía nacional, la exportación de las
riquezas producidas por la mano de obra colombiana, el desplazamiento de
inmensas masas de campesinos y campesinas y al de abastecimiento
alimentario de los colombianos. La ONIC/CRIC, organizaciones indígenas del
Cauca, exigen: €Eliminación de todas las licencias ambientales, títulos y
concesiones mineras otorgados en territorios indígenas y afrodescendientes,
sin el ejercicio del derecho a la consulta previa€. €Que se controle la
adquisición de tierra por parte de extranjeros por un máximo de un 5% total
en todo el país, así mismo a las multinacionales que explotan nuestros
recursos nacionales no renovables; un NO rotundo a la MEGAMINERIA a cielo
abierto€, dice la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos del
Quindío. En nuestra 4ª propuesta de Desarrollo Rural para la
Democratización y la Paz con Justicia Social en Colombia, las FARC-EP
proponemos que se establezcan límites y estrictas regulaciones socio
ambientales, o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción
de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía
hídrica y de producción de agrocombustibles€. Hay un llamado generalizado
al Gobierno nacional y al Congreso de la República a revisar el modelo
económico (neoliberal) que están llevando a cabo, y que no siga con la
locomotora minero energética: Hacemos un llamado para que no se siga
repartiendo y entregando en concesiones nuestro territorio a las
multinacionales petroleras y mineras por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos en complicidad con los Ministerios de Minas, Energía y medio
ambiente, dice la Mesa Regional Putumayo, Sucumbios, Nariño y Baja Bota
Caucana. ANZORC propone: El país debe desmontar la locomotora minera. La
explotación minera y de hidrocarburos debe dejar de atentar contra la
permanencia en el territorio de las comunidades agrarias y debe orientarse
a la soberanía energética del país. Debe tener límites muy claros y de
riguroso cumplimiento. Límites en la escala, en el tiempo, en los métodos,
en los lugares, en los sujetos que la ejecutan, en los beneficiarios. La
Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
(Asoquimbo), plantean: Replantear el modelo de €œdesarrollo€ vigente y la
política minero-energética y los agronegocios€. Hay una preocupación
generalizada por los efectos de la extracción minero-energética y los
cultivos para agrocombustibles. En este sentido, La Coordinación Agrominera
de Antioquia exige: Protección del medio ambiente mediante la creación de
proyectos alternativos de extracción. La Mesa de base número 3: €œLos
campesinos y campesinas son quienes deben elaborar los planes de
ordenamiento ambiental de las ZRC y deben recibir incentivos fiscales por
la protección del medio ambiente y proteger la biodiversidad del país€. La
CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, plantea:
afecta a comunidades que están por fuera del área (por ejemplo por la
secación de fuentes hídricas): ¿Qué se debe hacer? Las organizaciones en
muchas ocasiones exigen que las empresas multinacionales que llevan a cabo
proyectos de extracción minero energética salgan de sus territorios o que
se detenga la concesión de títulos: La Coordinación Agrominera del Norte y
Nordeste antioqueño: €œ esto dentro de un proceso de nacionalización de
recursos, donde el país sea beneficiario de las riquezas. En este sentido
exigimos que las grandes empresas multinacionales salgan de nuestros
territorios. Quitarle al Gobierno Nacional el privilegio de concesionar
los subsuelos sin restricciones. Que el gobierno no siga negociando los
territorios del campesino, dice la Asociación Campesina de Arauca, ACA. La
Delegación de La Guajira declara: En la Guajira, 19.000 soldados, jóvenes
hijos de pobres, cuidan y se hacen matar para que las transnacionales
puedan saquear nuestras riquezas. En otras palabras, pagamos y ponemos a
nuestros hijos a cuidar para que nos roben y destruyan el medio ambiente.
La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
(Asoquimbo), dice: €œSe detenga inmediatamente la concesión de títulos a
empresas nacionales, trasnacionales y multinacionales que tengan como
objetivo el desarrollo de mega minería€. En otros casos, el planteamiento
consiste en ponerle riendas a esas empresas, como escribe la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC: €œLimitar la venta y
subasta de tierra a compañías extranjeras. La Asociación Colombiana de
Ingenieros Agrónomos dice: Apoyamos la obtención, vinculación, de
tecnologías foráneas, pero rechazamos enfáticamente la venta de nuestros
limitados recursos, como es la tierra y sus fuentes de protección, bien sea
a multinacionales y extranjeros. Y FENSUAGRO dice: €œLa explotación de los
recursos naturales renovable y no renovables debe estar en concordancia de
la vida humana y la naturaleza hacia su sostenibilidad, hoy y futura. Más
adelante afirman: Nos oponemos a la extranjerización de tierra que implica
vender las mejores tierras colombianas al capital transnacional ya que
atentaría la integridad de la soberanía nacional, la exportación de las
riquezas producidas por la mano de obra colombiana, el desplazamiento de
inmensas masas de campesinos y campesinas y al de abastecimiento
alimentario de los colombianos. La ONIC/CRIC, organizaciones indígenas del
Cauca, exigen: €Eliminación de todas las licencias ambientales, títulos y
concesiones mineras otorgados en territorios indígenas y afrodescendientes,
sin el ejercicio del derecho a la consulta previa€. €Que se controle la
adquisición de tierra por parte de extranjeros por un máximo de un 5% total
en todo el país, así mismo a las multinacionales que explotan nuestros
recursos nacionales no renovables; un NO rotundo a la MEGAMINERIA a cielo
abierto€, dice la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos del
Quindío. En nuestra 4ª propuesta de Desarrollo Rural para la
Democratización y la Paz con Justicia Social en Colombia, las FARC-EP
proponemos que se establezcan límites y estrictas regulaciones socio
ambientales, o prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción
de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía
hídrica y de producción de agrocombustibles€. Hay un llamado generalizado
al Gobierno nacional y al Congreso de la República a revisar el modelo
económico (neoliberal) que están llevando a cabo, y que no siga con la
locomotora minero energética: Hacemos un llamado para que no se siga
repartiendo y entregando en concesiones nuestro territorio a las
multinacionales petroleras y mineras por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos en complicidad con los Ministerios de Minas, Energía y medio
ambiente, dice la Mesa Regional Putumayo, Sucumbios, Nariño y Baja Bota
Caucana. ANZORC propone: El país debe desmontar la locomotora minera. La
explotación minera y de hidrocarburos debe dejar de atentar contra la
permanencia en el territorio de las comunidades agrarias y debe orientarse
a la soberanía energética del país. Debe tener límites muy claros y de
riguroso cumplimiento. Límites en la escala, en el tiempo, en los métodos,
en los lugares, en los sujetos que la ejecutan, en los beneficiarios. La
Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
(Asoquimbo), plantean: Replantear el modelo de €œdesarrollo€ vigente y la
política minero-energética y los agronegocios€. Hay una preocupación
generalizada por los efectos de la extracción minero-energética y los
cultivos para agrocombustibles. En este sentido, La Coordinación Agrominera
de Antioquia exige: Protección del medio ambiente mediante la creación de
proyectos alternativos de extracción. La Mesa de base número 3: €œLos
campesinos y campesinas son quienes deben elaborar los planes de
ordenamiento ambiental de las ZRC y deben recibir incentivos fiscales por
la protección del medio ambiente y proteger la biodiversidad del país€. La
CODHES, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, plantea:
€œEn relación al medio ambiente el Convenio 169
establece en su artículo
7.4. la obligación general que los gobiernos deberán tomar medidas en
cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio
ambiente de los territorios que habitan€. Hemos reproducido aquí
diferentes planteamientos algunos concretos, otros más generales- sobre
el problema de la extranjerización de la tierra, concretamente en la
extracción minero-energética y las plantaciones para agrocombustibles. Las
FARC-EP hemos publicado 10 planteamientos que esperamos sea una síntesis de
lo planteado por organizaciones e individuos en los diferentes foros y a
través de la página web. Reiteramos que esas propuestas no tienen punto
final; el debate sigue, debe seguir, cada vez con más fuerza, para aportar
más elementos a las conversaciones de paz. Cabe recordar aquí lo
siguiente, expresado por la Asociación de Afectados por el Proyecto
Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo):€œEl problema está en que los
ciudadanos sí tenemos el derecho de reclamar al Gobierno y a los
congresistas, que dicen representar al pueblo, no aprobar políticas como la
minero energética y los agronegocios, que responde al modelo neoliberal, y
que favorecen intereses de las empresas nacionales y transnacionales, a
nombre de la confianza inversionista para incrementar la prosperidad,
especialmente, de los banqueros€. El Gobierno Nacional, en reiteradas
ocasiones, ha declarado que no está dispuesto a negociar el modelo
económico (neoliberal) de este momento; sin embargo, gran parte de los
problemas aquí planteados y muchos otros- derivan de este modelo, que
como un pulpo extiende sus brazos sobre Colombia. La movilización popular
es un factor determinante para curarle la miopía al Gobierno Nacional en
determinados asuntos que son claves para lograr nuestro sueño de un país
más equitativo, con una economía basada en el bienestar de las mayorías y
la sostenibilidad medioambiental. Pueblo Colombiano: €œa´la Mesa!
Delegación
de Paz de las FARC-EP Fuentes: FAO,
7.4. la obligación general que los gobiernos deberán tomar medidas en
cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio
ambiente de los territorios que habitan€. Hemos reproducido aquí
diferentes planteamientos algunos concretos, otros más generales- sobre
el problema de la extranjerización de la tierra, concretamente en la
extracción minero-energética y las plantaciones para agrocombustibles. Las
FARC-EP hemos publicado 10 planteamientos que esperamos sea una síntesis de
lo planteado por organizaciones e individuos en los diferentes foros y a
través de la página web. Reiteramos que esas propuestas no tienen punto
final; el debate sigue, debe seguir, cada vez con más fuerza, para aportar
más elementos a las conversaciones de paz. Cabe recordar aquí lo
siguiente, expresado por la Asociación de Afectados por el Proyecto
Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo):€œEl problema está en que los
ciudadanos sí tenemos el derecho de reclamar al Gobierno y a los
congresistas, que dicen representar al pueblo, no aprobar políticas como la
minero energética y los agronegocios, que responde al modelo neoliberal, y
que favorecen intereses de las empresas nacionales y transnacionales, a
nombre de la confianza inversionista para incrementar la prosperidad,
especialmente, de los banqueros€. El Gobierno Nacional, en reiteradas
ocasiones, ha declarado que no está dispuesto a negociar el modelo
económico (neoliberal) de este momento; sin embargo, gran parte de los
problemas aquí planteados y muchos otros- derivan de este modelo, que
como un pulpo extiende sus brazos sobre Colombia. La movilización popular
es un factor determinante para curarle la miopía al Gobierno Nacional en
determinados asuntos que son claves para lograr nuestro sueño de un país
más equitativo, con una economía basada en el bienestar de las mayorías y
la sostenibilidad medioambiental. Pueblo Colombiano: €œa´la Mesa!
Delegación
de Paz de las FARC-EP Fuentes: FAO,
*Samuel
Barinas Varela*
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