Atisbos analíticos 129, SantiAgo de CALI, junio 2011, humberto vélez Ramírez, profesor de la Universidad del VALLE, iep-programa de estudios políticos y resolución de conflictos, presidente de ecopais, fundación estado-COMUNIDAD-PAÍS, POR “Un nuevo Estado para un nuevo país”.
Hace cinco días, el 27 de mayo pasado, al traer a la memoria sus 47 años de existencia, el Estado Mayor central de las Farcep, emitió una declaración pública en la que destaca,
“Nuestra razón de ser es la paz de la vivienda digna, la del desarrollo humano equilibrado, la de la educación gratuita en todos los niveles, la de la salud preventiva para toda la nación, la de la reforma agraria integral que beneficie a las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, la del salario justo y del empleo garantizado, la de la protección integral del medio ambiente, la de las garantías políticas para el debate y la participación en los órganos del poder político, la garante del ejercicio pleno de los derechos humanos integrales, la del respeto y garantías a las comunidades LGTV, la del reconocimiento pleno a los derechos de género, la del reconocimiento al aborto como parte sustancial de una sociedad que debe crecer en derechos y la del derecho a la protesta y a la movilización social. Y por esta paz nos la hemos jugado toda, hasta la vida misma, como lo han refrendado con generosidad cientos de combatientes, entre quienes destacamos, con compromiso indeclinable, a los inolvidables comandantes guerrilleros Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Efraín Guzmán, Raúl Reyes, Iván Ríos, Jorge Briceño, Mariana Páez y a todos nuestros héroes farianos.” (1. ANNCOL, mayo 31 del 2011)
Tres días después, el 30 de mayo, desde Barcelona- España, la Escuela de Cultura de Paz, liderada por Vicenc Fisas sacó a la luz pública internacional un Comunicado en el que asume una posición favorable a la posición del Estado Mayor de las Farc,
“En ocasión de su 47 aniversario, escribió, las FARC han hecho público un comunicado (http://www.anncol.info) con un lenguaje novedoso, en el que señala que jamás habían renunciado a la solución política del conflicto social y armado, que la violencia nunca había sido su razón de ser y que la paz es posible, insistiendo en la movilización de la gente. A modo de agenda, las FARC insisten en la distribución justa de la tierra y la reforma agraria integral, el establecimiento de efectivas políticas de salud preventiva, la democracia plena, el ejercicio pleno e integral de los derechos humanos, la reducción del gasto militar, el redireccionamiento de la política de defensa, el acuerdo humanitario, la vivienda digna, el desarrollo humano equilibrado, reglas fiscales que protejan a los más desfavorecidos, una ley de víctimas y restitución de tierras que beneficien a los sin tierra, la reforma del régimen de pensiones, la educación gratuita a todos los niveles, el salario justo y el empleo garantizado, la protección integral del medio ambiente, la garantía política para el debate y la participación en los órganos del poder político, el reconocimiento pleno a los derechos de género, el reconocimiento al aborto, y el derecho a la protesta y a la movilización social. Para las FARC, ‘la paz es un derecho que hay que hacer realidad, y la barbarie no puede seguir siendo parte del destino, y menos ahora que con la movilización se puede imponer un futuro cierto y civilizado’.
Para el director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, Vicenç Fisas, ‘este comunicado constituye un gesto de primera magnitud a favor de la paz, en la medida en que por primera vez prima la movilización social sobre cualquier estrategia belicista’. Para Fisas, “el presidente Santos debería considerar este comunicado como una invitación al diálogo y al silencio de las armas, pues nunca un comunicado de las FARC había sido tan enfático en una agenda política y social y menos partidario del empleo de las armas. Ha llegado el momento de iniciar un diálogo exploratorio que permita la liberación de las personas privadas de libertad e iniciar unas negociaciones’. (2. Nota de Prensa. “Ventana de Paz en Colombia”, Barcelona, mayo 30 de 2011).
Por su parte en el Atisbos Analíticos No. 127 de marzo del 2011, escribimos,
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“Ese es el reto que nos aguarda a quienes entremos a trabajar en REDUNIPAZ. Por ahora nos limitamos a fijarlo reorientando este Atisbos, primero, a recoger algunas enseñanzas del pasado y segundo, a soñar con libertad aterrizada en lo que podrían ser unas nuevas Estrategia y Agenda de Negociación.
Diez y seis años de frustrados intentos por negociar (1986-2002) y ocho años ( 2002-2010) de una re-guerra atada a una salida militarista, nos deberían conducir, primero, a aprender y desaprender de las experiencias pasadas, segundo, a poner a jugar una “imaginación negociadora” y, tercero, a ejercitar la “prudencia” des-mediando y des-electoralizando una posible nueva negociación. No se trata de des-politizar un conflicto que, en contraste con el deseo de muchos, todavía es un conflicto político, pues no obstante sus perversas y perniciosas consecuencias y las problemáticas relaciones que las guerrillas tienen con el narcotráfico y con el Derecho Internacional Humanitario, continúa manteniendo como referente privilegiado al Estado colombiano. Esto no obstante EL CICR, Comisión Internacional de la Cruz Roja, desde Suiza, ha precisado que el mundo no existe ninguna guerrilla política, tipo Farc, que se financie con dineros legales. No podría ser. Todas han sido financiadas con dineros ilegales provenientes de los mercados ilegales de diamantes, esmeraldas, petróleo, heroína, opio, cocaína etc.
Entonces, que de cara a un posible entendimiento, que ningún partido convierta el debate en torno a los posibles desenlaces del conflicto armado, en una oportunidad para acrecentar votos o para restarlos al adversario. Por otra parte, desde el festival de las palomas de 1985 cuando Belisario Betancourt nos puso a pintar palomas en todos los tableros imaginarios del país, hasta la “Operación Jaque”, cuando Uribe Vélez, con una teatralización más publicitaria que militar, en definitiva derrotó a las Farc en la intimidad de miles y miles de colombianos, los momentos más álgidos de las distintas versiones de negociación han sido un asunto más de los micrófonos e imágenes televisivas que de la racionalidad instrumental de las mesas en las que estaban sentados los negociadores.
Es eso lo que entendemos por “des-mediar” el conflicto: que los negociadores, respetando el derecho de los MEDIOS a obtener y difundir la información, se coloquen más cerca de las dinámicas de las mesas y de los grandes nacionales que de la tenración de los micrófonos.
Cuando atrás hablamos de “imaginación negociadora”, buscamos resaltar que entre las notas del perfil de un buen negociador, al lado de la racionalidad instrumental debe destacarse su creatividad, vale, decir una enorme capacidad para inventar e imaginar salidas aterrizadas al cúmulo de problemas que pululan alrededor de los conflictos centrales. Como decir, mucha razón aterrizada y mucho aterrizaje creativo.
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Al examinar las pasadas experiencias de negociación nos encontramos con el hecho de que nunca un militar de trayectoria ha hecho parte del equipo de negociadores.
En nuestro concepto, esta ausencia conspira y ha conspirado, primero, contra la naturaleza del Estado (éste, además de una organización que le marca dirección a la sociedad, estructuralmente es un fenómeno de fuerza, un aparato coercitivo), segundo, contra la historia concreta de los militares en Colombia (estos, además de los administradores institucionales de las armas legítimas del Estado, han sido en este país un muy poderoso grupo de interés y de presión) y, tercero, contra la fuerte identidad de los militares con el Estado ( éstos, como representación simbólica, se sienten instalados en su pasado, su presente y su futuro).
Pensamos, entonces, que en Colombia ninguna negociación tendrá futuro si en la formalización de las grandes decisiones finales a ellas asociadas, no participan los militares como protagonistas, aunque subordinados al presidente de la República.
Constitucionalmente toda decisión en torno a los posibles desenlaces del conflicto armado, compete al presidente. Entonces, en caso de fraguar una negociación, en representación del presidente en el equipo de negociadores deberían estar el Alto Comisionado de la Paz y un Militar de trayectoria con una clara definición de funciones y de tiempos de presencia de acuerdo con las materias a negociar.
Pero, los ausentes no han sido sólo los necesarios militares. Nos guste o nos disguste, Colombia es un país inscrito en el marco de la dominación hegemónica mundial de los Estados Unidos. Ahora en la época del Wikileaks, como nunca antes se ha evidenciado que en este país, en materia política, nada importante sucede que no haya pasado antes por la Embajada norteamericana. Es difícil, entonces, que uno de nuestros “independientes presidentes” tome una decisión de desenlace del conflicto armado sin haber obtenido antes el apoyo del gobierno norteamericano. Dejemos que, de nuevo, nos hable el español Vicenc Fisas
“No veo una salida al conflicto colombiano sin ese diálogo entre los factores de poder, sin una implicación directa de los Estados Unidos en algún estadio del proceso, y sin abordar de manera clara el tema del narcotráfico a lo largo del proceso negociador, pues es el sustento económico del conflicto.” Creo que debemos instalarnos en el optimismo en este tema, dejando a un lado el pesimismo razonado y justificado de los últimos tiempos. Entramos en una nueva etapa política, y hemos de pensar que ha de ser posible llevar a cabo nuevas iniciativas de paz. Desde la insurgencia y desde el Gobierno, sin embargo, deberán lanzarse “señales de humo” en esta dirección. Estaría bien, además, que desde otros países amigos se alentara esta dinámica de gestos de paz. Estaría bien que algunos presidentes de la región lo manifestaran de forma explícita. También sería bienvenida una declaración proveniente del Gobierno de Estados Unidos y de Naciones Unidas. “
Por otra parte, la negociación del conflicto armado debe estar marcada por tres notas centrales, CONFIDENCIALIDAD, DIGNIDAD Y CONFIANZA. Son tres requisitos indispensables. Cuando alguno de ellos falla o se evidencia débil, el proceso de negociación tiende a abortar. Por ausencia o debilidad de algunas de esas tres notas, es por lo que, en las últimos 25 años, los procesos de negociación han sido tan frágiles: o porque la confidencialidad ha sido arrasada o porque a la mesa se han sentado personas, que desconfiaba del vecino o porque se ha golpeado la dignidad de uno o de otro pretendiendo sometimientos insoportables.
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Para hacer despegar una negociación, para que aflore una esperanza de pacificación, las partes en conflicto deben encontrar un punto común, (“un consenso de mínimos en cuanto a la transformación del país”, lo ha denominado nuestro ya citado Fisas), que tiene que girar en torno, primero, de las condiciones de la negociación, y, segundo, de la negociación de la negociación, o vale decir, de los márgenes y parámetros dentro de los cuales negociarían.
Para avanzar en la fijación y precisión de condiciones y parámetros de negociación, por ahora no se requiere de reuniones formales. Cada quien puede ir fijándolas de modo informal y discrecional de cara al país.
Como punto de partida, cada quien fijará su esquema “ideal” de condiciones y parámetros y quizá se atreva a ir hasta las “deseables”. Sin embargo, la negociación no podrá encontrar su punto de despegue si no cuando, en un segundo momento, limadas asperezas y desmontadas desconfianzas, logren pactar “condiciones y parámetros” “necesarios” y “viables”. En estos dos primeros momentos, las premuras no son aconsejables, pues atentan contra el futuro exitoso de una negociación. Los tiempos de estos primeros momentos son quizá más importantes que los tiempos de los restantes.
Pero, ya para una reunión formal, ¿quién debería llevar la iniciativa?
De modo erróneo se ha creído que llevar la iniciativa a ese respecto, o “mostrar demasiados deseos en el negocio”, como podría decir un antioqueño de mentalidad comercial, implica dejar escapar una señal de debilidad. Para los analistas pro-militaristas, por ejemplo, las farc sólo se han acordado del verbo negociar, cuando están pasando por coyunturas dificultosas requiriendo ganar oxígeno en la guerra. Pero, esta afirmación carece de validez fáctica si se recuerda que en el momento pre-Caguán fueron unas farc en vertiginoso ascenso militar, las que adelantaron la propuesta de negociación. En esta coyuntura del 2011, aunque no haya podido derrotarlas, el Estado se encuentra en una posición de superioridad táctico-estratégica frente a las Farc. En segundo lugar, ha evidenciado que, por razones, sobre todo, geopolíticas, un triunfo militar de las Farc es casi imposible, como imposible se ha evidenciado también que el Estado las pueda derrotar. Agreguémosle a todo esto, que en la práctica el Estado ha podido evidenciar y probar que ese conflicto armado, por lo costoso, destructivo, pernicioso y sostenido, ha empezado afectar las posibilidades de reproducción ampliada del capitalismo colombiano. Entonces, con tantas certezas y evidencias a flor de mano, un Estado que se siente militarmente fuerte, pero, al mismo tiempo, entrabado en sacar avante su proyecto de sociedad, no tiene por qué inhibirse en proponer una negociación, de la que finalmente saldría re-legitimado y sin los competidores para-estales cerrándole el paso.
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Si en el final del anterior acápite hemos planteado esa tesis atrevida, la de que sea el Estado el que lleve la iniciativa, es porque en esta coyuntura, contra todas las apariencias, ha sido el gobierno de Santos el que, en la práctica, le ha salido adelante a las Farc y al Eln en la fijación y explicitación de las condiciones bajo las que el Estado estaría dispuesto a negociar. Hasta este 4 de marzo del 2011, éstas han sido las consideraciones y condiciones por él fijadas para poder pensar en una negociación,
1. Que, por la razón o por la fuerza, le pondrá fin al conflicto armado.
2. Que una negociación no se hará a un precio cualquiera.
3. Que para poder pensar en una negociación, las guerrillas deben: 3.1. soltar a todos los secuestrados; 3.2.renunciar al reclutamiento de niños, así como a comprometerlos en acciones directas o indirectas, que tengan que ver con la confrontación armada; 32. abstenerse de toda acción de carácter terrorista.
4. Que una negociación debe inscribirse en el derecho positivo del país.
5. Que toda decisión sobre la materia debe provenir del presidente de la república absteniéndose, por ahora, de nombrar a un Alto Comisionado de Paz.
Las Farc, por su parte, ha mantenido la palabra “negociación” en casi todos sus comunicados: “el que siempre ha estado dispuesta a negociar si…”, ha sido ya casi una constante en todos sus comunicados pero sin concretar ese “si”. Por otra parte, su decisión de dosificadas y unilaterales liberaciones de secuestrados, ha sido interpretado por muchos como una señal indirecta de buena voluntad. Esto no obstante, en las últimas semanas Alfonso Cano ha evidenciado una actitud positiva hacia la ley de víctimas y de restitución de tierras a los campesinos expropiados. Ha sido así como ha hablado de
“una ley de tierras moderna, con visión estratégica, sembradora de paz”.[1]
Como decir, que en el ánimo de Alfonso Cano, la Política agraria de Santos podría abrir el camino hacia la paz. Por esto, se transparenta como muy importante que las personas, organizaciones o Estados que, de algún modo, pretendan participar en una posible negociación, por lo menos, hayan leído y analizado “La Plataforma Bolivariana” de las Farc.
Sobre este conjunto de pre-posiciones podríamos formular las siguientes glosas:
1. Como podrá observarse, en lo que ha avanzado en materia de condiciones, el presidente Santos no se ha colocado en una línea de exigencias máximas como sería: que “se sometan negociando sólo las ventajas que podría ofrecer un sometimiento”, o porque “no las considera actores políticos” o porque las observa como “militarmente derrotadas con la capitulación como única opción”. Ha hablado, más bien, de la posibilidad de negociar “si”….
2. Al plantear la posibilidad de negociar “si”… no les ha exigido que se desmovilicen o que, de entrada, hagan un alto al fuego, si no, más bien, que le bajen el tono a las hostilidades en aquellas operaciones, que tienen a la población civil como la más directamente afectada (secuestros, minas quiebrapatas, reclutamiento de niños).
3. Existen variados indicadores que evidencian que al Presidente y al Vicepresidente no los convencen las liberaciones unilaterales de secuestrados como señales “humanitarias” de una voluntad de paz. Piden, demandan y exigen hechos concretos de paz. Por ejemplo, pensamos nosotros, si las Farc quieren continuar con las liberaciones dosificadas como señales de buena voluntad, entonces, que, por lo menos, decidan abstenerse de volver a secuestrar, de liberar cinco mientras secuestran seis.
4. Indiscutiblemente que a los actores armados se les debe exigir el sometimiento al espíritu y a las reglas del DIH. Sin embargo, en cuanto a lo “humanitario” de algunas de sus acciones, que nos permitan, por lo menos, el beneficio de la duda y hasta el de la imposibilidad. En el caso colombiano, soldados y guerrilleros son, ante todo, guerreros, actores militares, que le asignan a su accionar armado un significado político: o defender al Estado en el caso de los soldados o subvertirlo para reemplazarlo por otro en el caso de los guerrilleros. En ese marco dominante, la pequeña dosis de “humanismo” que le puedan inyectar a su accionar armado, sólo podría provenir de su sometimiento efectivo al DIH. Por lo tanto, en nuestro concepto, las liberaciones unilaterales realizadas son, ante todo, actos políticos que, aunados, a otras acciones concretas de paz, podrían ser indicaciones de una voluntad real de negociación.
5. El presidente Santos, entonces, sin bajar las banderas de una Seguridad democrática sin el todo vale, ha avanzado más que las guerrillas en cuanto a la búsqueda de un primer punto común, el de las condiciones de una negociación. En lo militar, no ha desmontado la Estrategia del anterior gobierno aunque, bajo el criterio de una concepción liberal de la democracia, ha buscado rectificar en lo más punzante de sus errores, sobre todo en materia del “todo vale con tal de derrotar al enemigo”. Si no fragua una negociación, el tiempo nos dirá si fácticamente es válida la hipótesis que en los Atisbos hemos sostenido en el sentido de que la Estrategia y Agenda de Uribe ya dio de sí todo lo que podía dar. Por lo tanto, si no se concreta una negociación y el gobierno decide darle sostenibilidad en el tiempo, se verá obligado a reformularla si es que quiere que funcione con relativa eficacia como salida militarista del conflicto armado.
Mientras tanto, los uribistas más radicales, aquellos para quienes frente a las guerrillas no cabe más alternativa que la derrota militar o el sometimiento, harán hasta lo imposible para impedir que cristalice una posibilidad de negociación. Entrabarán, sobre todo, la aplicación de la ley de víctimas y de restitución de tierras, que es el espacio por donde puede empezar a construirse un puente simbólico y real entre el gobierno y las farc.
6. Aunque en Colombia una elevada cultura del poder determina que no sea lo mismo un presidente con poder institucional y con presupuesto y con el manejo de un aparato generador de puestos que un expresidente sin todos esos recursos, Uribe Vélez conserva todavía la más enorme capacidad de presión. Continúa siendo una fuerza capaz de inhibir la posibilidad de una negociación, pues la sociedad nacional continúa prisionera del “síndrome de Uribe”: aquel acendrado sentimiento que ha invadido la intimidad de miles y miles de colombianos de que todo lo él toque o roce con su mágica y adánica palabra se traduce en realidad. Es el imaginario colectivo de que su verbo es generador de realidad. Desde esta mirada, Uribe ha sido un fenómeno en la historia política y cultural de Colombia. En el pasado, en un contexto de historia muy distinto, sólo Gaitán se instaló tan profundo en la intimidad de la ciudadanía. Por eso en la actualidad, la ciudadanía es pesimista frente a la posibilidad de una negociación, lo que contrasta con el profundo optimismo social de la etapa pre-Caguán.
7. En relación con las Farc y sus condiciones para sentarse a negociar, no se puede echar en saco roto la afirmación de Alfonso Cano en el sentido de que la Política agraria de Santos podría ser el camino hacia la paz. Podría afirmarse que el nexo más importante de las Farc con la política nacional pasa necesariamente por el problema agrario. Santos está preocupado por la tierra expropiada mediante la violencia a millares y millares de campesinos pobres, así como por el desarrollo capitalista de la agricultura; las Farc, lo están por la tierra expropiada, así como por la tierra improductiva. Entonces, “la ley de víctimas y de restitución de tierras” (1) al lado de una ley de reforma agraria (2) y de un proyecto de capitalismo agrario con sentido social (3) podría ser el nudo de un primer acuerdo gobierno-farc.
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Definidas las condiciones de una negociación, se puede ir avanzando hacia la construcción de un segundo punto común: la negociación de la negociación, la definición de los parámetros dentro de los cuales se sentarían a negociar. Para estos efectos, en el punto de partida tampoco se requieren reuniones formales. Cada una de las partes los pueden ir avanzando de cara al país a través de los medios de los que cada quien dispone. Sólo en un tercer momento, cuando cada parte haya precisado su esquema particular de negociación de la negociación, se entraría a definir el cuándo, el cómo y el dónde se sentarían a acordarlo.
En una negociación del conflicto armado ni el Estado capitalista debe renunciar a su ideal de sociedad, la economía de mercado, ni los guerrilleros deponer y renunciar a su proyecto de economía socialista. Por lo tanto, una nueva negociación no se debe mover en términos de “o economía de mercado o economía socialista”. Es decir, en un nuevo modelo de negociación los guerrilleros no pueden pensar en hacer la revolución social – el campo de ésta es el de las luchas sociales- pero, de acuerdo con sus lógicas, el Estado no puede pensar en dejar incólume el capitalismo salvaje, que es la forma que, en la actualidad, ha asumido en Colombia la economía de mercado.
Entonces, para el Estado la opción es: “reformamos el capitalismo salvaje si ustedes, los guerrilleros, dejan la armas, entregan los territorios que tienen bajo su control, se insertan a la sociedad y se comprometen a luchar por su proyecto de economía socialista por las vías de las luchas democráticas”. Por su parte, para los guerrilleros la opción es: “renunciamos a las armas, entregamos las regiones que territorialmente controlamos, nos insertamos a la sociedad, nos comprometemos a luchar por nuestro proyecto de economía socialista dentro de los parámetros de la democracia, si se hacen reformas sociales al capitalismo salvaje y se democratiza el régimen político”.
Sería así como la reforma social y política del capitalismo salvaje podría constituirse en el segundo punto común del Estado y las guerrillas y aún de las sociedades civiles, que, por fuera de shows y micrófonos, también deben hacer presencia como movimiento social por la paz.
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Pero, sigamos soñando con libertad aterrizada. Vendría enseguida otro punto crucial: el del alcance de las reformas a realizar. Constituye ésta una segunda dimensión de la negociación de la negociación, pues, como ya sabemos, la primera ha estado asociada a la fijación de los parámetros dentro de los cuales se podría negociar.
A iniciar este Atisbos (acápite 2), trajimos a colación una cita extraída del Atisbos No 1 de hace casi una década atrás: dijimos entonces que no se podía pensar en una negociación del ya semisecular conflicto político armado sin pensar en un conjunto de reformas sociales y políticas, pero que tampoco se podía pretender que de ella se derivase una especie de revolución social, pues el ámbito casi natural de ésta era el de las luchas sociopolíticas. Como el actor que más había recibido las consecuencias perversas de la guerra interna era una sociedad nacional con un 80% entre pobres e indigentes, siendo también ésta la que, bajo la forma de impuestos, le entregaba al gobierno el dinero para que la financiara, había que aprovechar la coyuntura de oportunidad proporcionada por una negociación para realizar una serie de reformas, por lo menos medianamente aceptables, con las que el Estado comenzara a pagar la inmensa deuda social acumulada que tenía con la ciudadanía. Entonces pensamos que de fraguar una negociación, esas reformas estarían asociadas,
1. a una reforma agraria integral, que desarrolle, complemente y enriquezca la actual Política agraria de Santos;
2. a una redefinición radical de la política de empleo, que incremente, formalice y dignifique los oficios eliminando las superexplotadoras “Empresas de Trabajo Asociado”.
3. a una política de salud, que trascienda la idea de la salud como una mercancía.
4. a una nueva política educativa, que universalice y cualifique la educación pública y refuerce la regulación estatal de la privada.
5. a una nueva política ecológica que proteja, de modo integral, la naturaleza, que es una de las bases más importantes de la misma reproducción del capitalismo.
A lo mejor nos quedamos cortos, pero nos preocupa lo acaecido en el Caguán, cuando, a otros factores negativos, se agregó el hecho de la negativa de la clase empresarial a contribuir a financiar las reformas sociales recogidas en la Agenda pactada aunque se mostraron partidarios de una reforma agraria,
Como lo recogí en un artículo de 1999, por el encargo de El Tiempo y de la Revista Semana “Gallup Elites” le aplicó una Encuesta a 538 directivos de las 500 empresas más grandes del país de lo todos los sectores de la economía con resultados como éstos, “sólo un 16% considera inaceptable la expropiación de fincas de más de 200 hectáreas; en cambio, un 32% la miran como aceptable y otro 20% como medianamente aceptable. Es decir, para 387 ejecutivos (el 72%) la propuesta de reforma agraria pasa el examen.” Por otra parte, “el 84% (452) ejecutivos manifiestan que antes que financiar la guerra, preferirían costear la paz. De esos 452 encopetados ejecutivos comprometidos en sus opiniones, a negociar con las guerrillas, … el 28% (129) afirman que, para esos propósitos , no cederían nada de sus ingresos, el 25% (116) que se desprenderían del 1% de los mismos y un 13% manifiestan que irían hasta un 5% “.[2]
La otra reforma central sería de carácter político-electoral y estaría orientada, primero, a democratizar el régimen político; segundo, a impedir la presencia activa de ilegales armados, sean del signo ideológico que sean, en la vida política; tercero, a purificar el censo electoral; y cuarto, a definir el estatuto de los partidos y de la oposición.
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Entre todos los colombianos de la actualidad existe un asunto - punzante, complejo, resbaladizo, dificultoso de analizar y de más dificultoso tratamiento y toma de posición- asociado a la pregunta, en definitiva ¿quiénes son los responsables de todas las barbaridades, perversidades en que hemos incurrido y continuamos incurriendo? Para cada quien, para cada colombiano “el otro”, sobre todo “el otro” de signo ideológico y cultural contrario, es el responsable porque cada quien se auto-matricula como perteneciente a “la gente de bien” a la que “la gente de mal”, el “otro” contrario, no le permite una vida tranquila.
A veces, por fuera del análisis sereno, al observar tanto desastre cotidiano (los fusiles privados comandando lo público estatal y lo público ciudadano; honorables abogados litigantes y profesores universitarios comprando en público testigos; encumbrados Registradores re-escriturando tierras arrebatadas mediante la violencia a campesinos pobres; encumbrados funcionarios públicos organizando y promoviendo desmovilizaciones ficticias de guerrilleros y paramilitares; respetables curas abusando sexualmente de niños etc y etc siendo estos sólo algunos datos de esta semana) a muchos la mente se nos obnubila y se nos desdibuja el análisis racional que tenemos de los problemas del país.
Estamos tentados a decir que responsables somos todos, aunque con una frase así se diluyen las responsabilidades. Esto no obstante, digámoslo: al lado de los autores intelectuales, espirituales y materiales concretos de todas estas perversidades, de modo indirecto todos somos responsables, porque , por acción u omisión, todos hemos contribuido a la construcción de “un social”- pobre, raquítico y esquelético - que es el que ha posibilitado y continúa posibilitando,
1. una constante de violencias en la historia nacional;
2. reiteradas coyunturas de ejercicio de la violencia con crueldad;
3. la presencia ampliada de ilegales armados en el gobierno o cogobierno en muchos municipios del país.
4. la más histórica subordinación de lo institucional a lo para-institucional en la vida social cotidiana.
En un cuadro así, apenas medio sugerido, nos preguntamos, atravesados por muchas dudas, si no se debería aprovechar la oportunidad de una posible nueva negociación para abrir el debate y tomar posiciones sobre la funcionalidad y la “bondad”, así entre paréntesis, de UNA LEY DE DE PUNTO FINAL.
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Entonces, definidas las condiciones de la negociación y acordados los parámetros dentro los cuales la llevarían a cabo, la fijación del sitio de reuniones aparece como un punto importante. Una zona de despeje ya no es una espada de Damocles, primero, porque se aprendió la lección del Caguán cuando se escogió una zona en la que las farc presentaban evidentes ventajas comparativas de poder por formar parte de su retaguardia estratégica, y segundo, porque reformada la Ley de Orden público, han quedado prohibidas las zonas de despeje. Sea el que sea el sitio seleccionado, lo importante es que no sea un espacio poblado por personas reacias (tampoco proclives) a alguno de los actores enfrentados y que en él los negociadores puedan ser objeto de especial protección.
Para terminar este sueño de negociación diríamos que la oportunidad de terminar un conflicto tan costoso, destructivo, pernicioso y sostenido, bien merece el esfuerzo de una nueva ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Que se reforme la Constitución 1991 en las materias que se consideren básicas para posibilitar una negociación. Sin embargo, sería importante que clausurada, dentro de los plazos fijados, su labor, esa Asamblea Constituyente pueda entrar a operar como una Asamblea Nacional Legislativa, que traduzca en leyes los acuerdos pactados. Al margen de la discusión jurídica y jurídico-política que esta apuesta pueda provocar, la más pronta conversión de los acuerdos tomados en leyes permitiría un asentamiento socialmente funcional de la etapa post-conflicto.
Con Fisas, entonces, volvamos al sueño, que, sin dejar de ser tal, debe ser un sueño en la tierra y ritmado por las crudas realidades colombianas,
“Pensando en Colombia, pues, vemos que se dan ya algunos de estos requisitos (como el cansancio de la guerra, el deseo de paz, un nuevo gobierno, la imposibilidad de lograr una clara victoria militar), y que a medio plazo podrían darse otros requisitos (como incentivos externos, un ambiente regional propicio a la negociación, la pérdida de retaguardias para la guerrilla, una mayor presión de los sectores económicos y una mayor presión interna a partir de iniciativas populares a favor de la salida política negociada). Todo ello, conjugado, favorecería el logro del ambiente propicio para superar la situación actual, en la que predomina una cierta indefinición, para pasar a un contexto más activo a favor de la paz”. (3. Atisbos Analíticos No 127, Cali, Universidad del Valle, marzo 2011)
Por esas mismas semanas, en una serena reflexión, Alonso Moreno, colega del Programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle,
avanzó importantes tesis sobre una posible negociación política del conflicto armado interno,
“Hablar de modelos de procesos de negociación, escribió el profesor Moreno, nos lleva necesariamente a determinar y analizar las causas que han originado estos conflictos, con el fin de diagnosticar el tipo de demandas que expresa el conflicto en sus orígenes. En los estudios de los procesos de paz a escala mundial, quien ha logrado la mejor caracterización de los tipos de conflicto, es el profesor Vicenc Fisas[3], a partir de los estudios que se vienen realizando en la Escola de Cultura de Pau de la UAB (Escuela de Cultura de Paz), que él dirige. El profesor Fisas establece cinco modelos de procesos de paz: de reinserción, de reparto de poder, de intercambio, de medidas de confianza y el modelo de algunas formas de autogobierno (Fisas, 2007: 12).
El modelo de reinserción implica un intercambio de paz por desmovilización y reintegración. En este, el combatiente recibe del Estado un auxilio económico y la posibilidad de construcción de un proyecto de vida, modelo que, según los estudios de la Escuela de Paz, “se ha seguido en la región Angoleña de Cabinda con los miembros del FlEC y en el Congo con los Ninjas”. El modelo de reparto de poder busca tomar una parte del poder político y cogobernar, pretensión que podría estar en el proyecto político de las FARC. El tercer modelo propuesto es el de intercambio; implica la paz, a cambio de un propósito específico. Este modelo se ve representado en los casos de Israel (territorio por paz), Afganistán (paz por desocupación del territorio) y del País Vasco (paz por reconocimiento de derechos y autonomía). En el caso de Colombia, este modelo de proceso de paz podría también explorarse (paz por mayor democracia).
Por su parte, el modelo de creación de medidas de confianza busca distensionar relaciones para crear un clima propicio, con el fin de mejorar las relaciones entre países, como el caso de las dos Coreas, el conflicto de Cachemira, etc. (Fisas, 2009)
Finalmente el modelo de autogobierno, que se da “en aquellas regiones con demanda de autonomía o de independencia, es lo que se denomina arquitecturas políticas intermedias. Esto ha permitido lograr la paz en Irlanda del Norte, Indonesia (región de Aceh) o en el sur del Sudán, y constituye la base de la negociación con el MILF en Filipinas”. (Fisas, 2011: 39)
Ahora bien, si partimos del hecho de que en Colombia existe una relación histórica entre la violencia y el bipartidismo, afirmamos que la violencia política ha sido el instrumento al que han recurrido de manera frecuente las élites políticas del bipartidismo para el mantenimiento del sistema político y la defensa de sus intereses. Esto ha permitido mantener un régimen político de democracia restringida, paritaria y excluyente, a partir de los acuerdos de élites, que como el del Frente Nacional (1957) y la hoy llamada Unidad Nacional (2011), han excluido a las terceras fuerzas políticas de todo espacio de participación política. De tal manera que la propuesta de un proceso de paz en Colombia debería estudiarse en el marco del modelo propuesto por el profesor Fisas: Intercambio de paz por mayor democracia.
Cuando se habla de un modelo de proceso de paz por mayor democracia, este debe interpretarse como el modelo que le permitiría a las FARC colocar en una mesa de negociación sus viejas aspiraciones contenidas en la octava Conferencia Nacional Guerrillera del 3 de abril de 1993, denominada Plataforma para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional. En este documento, esencia de la agenda propuesta en las conversaciones del Caguán, los insurgentes convocan a los colombianos a conformar un gobierno nacional, pluralista, patriótico y democrático, una propuesta realmente reformista. Si algo ha caracterizado a las FARC en su historia política, es su agenda permanente alrededor de la ampliación de la democracia en Colombia.
Ahora bien, la experiencia ha demostrado que el fin de toda negociación de paz es alcanzar mayor democracia, modernización y justicia social. Si esto es así, en Colombia deberíamos intentar este modelo de negociación (paz por mayor democracia), el cual podría construirse a partir de una propuesta metodológica con base en la siguiente matriz de paz.
MATRIZ PARA LA PAZ
PAZ
Amigo - Adversario Cese
hostilidades
Actores
Estructuras
Cultura
Resolución
Reconstrucción
Reconciliación
Amigo - Enemigo
VIOLENCIA
La anterior matriz[4] nos permite observar que, cuando la sociedad se encuentra inmersa en unas relaciones amigo-enemigo, el conflicto tiende a expresarse de una manera violenta. En tanto la violencia, como afirma Boaventura de Souza, ” es producto de una relación social conflictiva que surge de intereses y poderes que no encuentran soluciones distintas a la fuerza. Es un nivel de conflicto que no se puede procesar dentro de la institucionalidad vigente porque, por ejemplo, el sistema político está construido sobre la base de una representación social que tiene muchos vicios: la legitimidad de los gobernantes se erosiona rápidamente, el clientelismo -como expresión de la privatización de la política- tiene sus límites, y las relaciones de poder se fundan en la exclusión del oponente antes que la inclusión, el consenso, la concertación o el acuerdo” (De Sousa Santos, Boaventura,1991).
Ahora bien, una relación amigo-enemigo (violencia) comprende unos actores, unas estructuras y una cultura marcada también por relaciones violentas, que generan o tienen las siguientes implicaciones:
1. Una sociedad que dirime sus conflictos de manera violenta como la colombiana hace que el campo de acción de los actores se torne violento, y que el cruce de las diversas violencias (paramilitar, delincuencia común, narcotráfico, guerrilla, pandillas, etc.) conduzca a la pérdida o deterioro, por parte del Estado, del monopolio exclusivo de la fuerza y su legitimidad, fracturándose, por supuesto, el poder político, en los mejores términos weberianos.
2. Las estructuras en el campo de esta relación dicotómica amigo-enemigo se tornan más rígidas. Por una parte, se deteriora la institucionalidad democrática y se tiende a la patrimonialización de lo público, por otra parte, las estructuras jurídicas se adecúan a las dinámicas del castigo severo, al rompimiento del debido proceso, a mantener un aparato de justicia en función de las necesidades del combate contra el terrorismo, lo que es legítimo, si esto no conllevara a deteriorar las libertades democráticas y ciudadanas y a judicializar la protesta pública (estatuto antiterrorista, empadronamientos, pago de informantes, estado de conmoción interior, falsos positivos, etc.) como viene ocurriendo en el país.
De igual manera, las estructuras económicas también se adecuan a la rigidez de estas sociedades inmersas en conflictos dirimidos de forma violenta, pues los recursos destinados al mantenimiento de la estructura militar de seguridad del Estado se incrementan en detrimento de la inversión social. La economía de guerra deteriora la economía de mercado, y lo más grave es el hecho de que sólo es posible mantenerla a través del incremento de impuestos, ampliando la base gravable hacia los pobres y deteriorando el salario de los trabajadores. Esta es, sin duda, una economía de guerra imposible de mantener por muchos años para un Estado, máxime cuando los resultados no son claramente evidenciables en función del propósito de acabar con el terrorismo.
Además, es preciso señalar que muchos de los dineros que financian a los grupos al margen de la ley provienen de un recurso ilegal expedito como lo es, entre otros, el proveniente del negocio del narcotráfico.
3. En esas dimensiones de lo violento, la cultura se vuelve paranoica (pulsaciones de miedo y de terror acechan a los colombianos). En la sociedad se fracturan las confianzas y las solidaridades, pues el vecino, el amigo, y aun, el familiar, resulta sospechoso, en tanto la política de los llamados informantes permite que la paranoia se apodere de los ciudadanos. Se trata entonces de superar esta relación de violencia dicotómica amigo-enemigo, abriéndole campo a una nueva relación de amigo-adversario que permita que el conflicto pueda ser superado y transformado de forma pacífica mediante la negociación.
Cambiarle el carácter de enemigo al “otro” para apreciarlo como “el adversario” es fundamental para establecer confianzas que permitan iniciar el proceso de diálogo hacia la superación del conflicto político armado en Colombia, y lograr así, la convivencia ciudadana y la paz. “La paz que queremos señalar es una referencia muy ambiciosa que está en el horizonte de la humanidad, a la que queremos dirigirnos y que supone una transformación absoluta de cuanto hacemos en el mundo. No tiene nada que ver con el mantenimiento del statu quo, tan lleno de injusticias y desigualdades, o la docilidad y resignación de quienes sufren las consecuencias de ello, y si en cambio, con el desenmascaramiento de los mecanismos de dominación, con la rebelión de quienes se les ha usurpado el derecho a tomar decisiones, a la recuperación de la dignidad, y con los procesos de cambio y transformación, en el ámbito personal, social y estructural, que están implícitos en el traspaso de una cultura de violencia a una cultura de paz” (Fisas, 2004:19).
En el ordenamiento constitucional colombiano, el derecho a la paz está consagrado en el Artículo 22 de la Carta de derechos como un derecho fundamental; pertenece a los derechos de la tercera generación, y por tanto requiere para su realización del concurso de los más variados factores sociales, políticos, económicos e ideológicos, en el marco de un manejo adecuado de los conflictos. En tal sentido, desde una perspectiva constitucional, la paz no debe ser entendida como la ausencia de conflictos, sino como la posibilidad de tramitarlos pacíficamente. Nuestra Corte Constitucional en Sentencia C225 de 1995 señala que “no debe ser la pretensión del Estado Social de Derecho negar la presencia de los conflictos, ya que éstos son inevitables para la vida en sociedad. Lo que sí puede y debe hacer el Estado es proporcionales cauces institucionales adecuados, ya que la función del régimen constitucional no es suprimir el conflicto -inminente a la vida en sociedad- sino regularlo, para que sea fuente de riqueza y se desenvuelva de manera pacífica y democrática. Por consiguiente, en relación con los conflictos armados, el primer deber del Estado es prevenir su advenimiento, para lo cual debe establecer mecanismos que permitan que los diversos conflictos sociales tengan espacios sociales e institucionales para su pacífica resolución. En ello consiste, en gran parte, el deber estatal de preservar el orden público y garantizar la convivencia pacífica” (Sentencia C225, 1995).
En la apreciación del conflicto actual en Colombia, “el otro” es percibido por algunos sectores de la sociedad colombiana y por sectores del Gobierno como el enemigo. De allí que sea imperioso una nueva lectura de los actores, que permita definirlos como actores políticos armados, con el fin de avanzar en una nueva caracterización de un modelo diferente de negociación, ya no con terroristas, sino como se afirmó anteriormente, con grupos insurgentes reconocidos como tales, y como sujetos de aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario (reconocimientos mutuos de la capacidad bélica y de estatus).
Es preciso partir de reconocer a los actores armados como insurgentes, para iniciar un proceso de negociación que implique, como punto de partida, un cese al fuego total y un cese de hostilidades (reconocimiento mutuo de la voluntad de superar el conflicto de manera pacífica).
Un proceso de paz implica crear un nuevo escenario, en el cual la retórica y la argumentación involucren a todos los actores, incluida la sociedad civil, y en el que los militarismos de derecha y de izquierda pierdan la iniciativa bélica, con el fin de dar paso a la solución pacífica del conflicto, en el cual se precise el cambio de la relación amigo-enemigo.
“Mientras el conflicto se mantenga dentro de la lógica de esa relación, no tendrá fin sino hasta que uno de los grupos de “amigos” quede sepultado. Producido este desenlace, el actor triunfante, ya sea el militarismo civil de derecha o el de izquierda, quedaría con el control exclusivo del Estado y de la sociedad. Sin embargo, ocurre que algunos de los actores directos e indirectos de la confrontación armada también propugnan por la construcción de la democracia. Por tanto, mientras estos actores existan, siempre habrá la posibilidad de un final políticamente negociado del conflicto armado” (Vélez, 1998: 43).
A partir de este cambio de escenario, es posible construir una nueva dinámica que permita trabajar en tres escenarios que se complementan:
El primer escenario es de resolución, es decir, trabajar en la resolución de los problemas
B. LA SOCIEDAD CIVIL
Son muchos los esfuerzos que desde la sociedad civil se han hecho para contribuir a la salida negociada de este conflicto. El papel de la sociedad civil debe ser prudente, como quiera que las experiencias han mostrado que cuando la sociedad civil se vincula a estos procesos y extralimita su presencia o maximiza su protagonismo, se convierte en un actor perturbador de las negociaciones y termina polarizándose y transformándose en un actor más del conflicto. El papel de la sociedad civil debe ser de acompañamiento y debe contribuir a crear confianzas. Ante todo, debe contribuir a la socialización de los acuerdos y al acompañamiento en su implementación. “En la solución del conflicto armado interno la presencia activa de la sociedad civil cobra cada vez mayor protagonismo. Se requiere de un consenso nacional, no sólo de un acuerdo político, a favor de una solución negociada del conflicto, lo que supone la presencia, en el proceso, de la sociedad civil organizada. La participación de la sociedad civil mediante la presencia de instancias representativas y organizadas es una de las claves de la construcción de la paz, a condición de que esa presencia signifique una vocación colectiva de paz” (Ortiz, 2008: 27).
C. EL NARCOTRÁFICO
A partir del tráfico de drogas surge de manera vertiginosa una nueva élite económica, que llega a enfrentarse con Estado mediante la violencia, y que disputa a algunos partidos políticos el control sobre el electorado. Dada su penetración en la política nacional y local, desaloja a sectores de la oligarquía tradicional y de las ramas de la actividad económica, y compiten con el régimen político, los aparatos del Estado, los jueces, los periodistas, la opinión pública y las Instituciones. La crisis de la llamada parapolítica así lo evidenció.
El narcotráfico es fuente de financiación de todos los actores armados ilegales que nutre financieramente, de manera indirecta, a las guerrillas, mediante el llamado “impuesto de gramaje”, que consiste en que cada parcela o sembrado de coca debe pagarle a las guerrillas un impuesto, a cambio de garantizar su protección.
“En la economía de la droga, las FARC están más cerca del cocalero que del consumidor gringo o europeo; esto a diferencia de los paramilitares y narcotraficantes, que están más cerca del consumidor que del cultivador. Y las ganancias del negocio crecen a medida que se acorta la distancia con el consumidor. Sin duda que las FARC trafican, pero nunca en la escala de los paramilitares y los narcotraficantes. No han tenido la protección política regional y nacional de estos últimos. No han entendido el asunto de las legitimidades fragmentadas que permiten a narcos y paramilitares legitimarse en unos círculos de poder inaccesibles para la guerrilla” [5]
En otros casos, se ha podido demostrar que las guerrillas también utilizan la coca como moneda de intercambio en transacciones por armas y logística, en general. En algunas regiones del geo-conflicto existe un claro maridaje entre grandes capos de la droga y comandantes de frentes guerrilleros. El narcotráfico, no sólo ha permeado el conflicto político armado y es una de sus fuentes de financiación, sino que también ha corrompido a la sociedad entera. Como el proceso de crisis política lo puso en evidencia, es fuente de recursos que financia y estimula al paramilitarismo.
El fenómeno económico del narcotráfico, debe ser también un elemento a superar en un eventual proceso de negociación. En este punto jugarán un papel importante en la agenda, la comunidad internacional, y en particular, la Comunidad Europea. De tal manera que el narcotráfico está hoy día en el centro de la disputa del poder económico, político e Institucional que se organizó históricamente en Colombia, a través del centralismo y del bipartidismo.
D. LAS GUERRILLAS
En la última década del siglo XX, el movimiento guerrillero en su conjunto logró multiplicar por más de dos veces los frentes armados, la cantidad de hombres en armas y el control de los territorios, convirtiéndose en algunos de ellos en la autoridad, al expulsar a las autoridades legalmente instituidas, y aumentado su poderío económico mediante las finanzas del narcotráfico y las prácticas del secuestro.
La guerrilla hizo tránsito de un movimiento de carácter “foquista”, que tenía actividades de defensa y de reacción contra las fuerzas oficiales, a una dinámica de la guerra de guerrillas, a una guerra de posiciones. En una acción, también de mayor ofensiva militar, que de posiciones, pasó a tener control territorial, y a constituirse en poder armado que mediaba las relaciones sociales, políticas y económicas en más del 50% de los municipios colombianos, en zonas, por demás, muy marginales.
“La afinidad de la organización guerrillera y los colonos es verosímil y profunda. Aclaremos: antes de la economía de la coca, el nexo era esporádico y ocurría en territorios dispersos. Pero la transformación de Colombia, de país de tránsito de estupefacientes, a país productor de hoja de coca, y la formación de un amplio campesinado trashumante que tuvo en la coca su segunda oportunidad creó, a partir de la década de 1980 y sobre todo en la siguiente, una de las más sólidas estructuras de oportunidad para el crecimiento de las FARC.
Este proceso no fue ni automático ni sencillo. Las colonizaciones no inventan un orden social nuevo; reproducen el existente pero en un vacío político y de autoridad. En la base emergen antagonismos entre los intereses de los empresarios de frontera y las necesidades de diferentes estratos campesinos. Crear y sostener un orden viable en una frontera hobbesiana no es cosa de aprendices. Las FARC han crecido militarmente y se han devaluado políticamente en el aprendizaje. Aportan al orden social de las zonas de frontera cocalera la organización del mercado, el respeto a reglas básicas de convivencia social jerarquizada y el "poder que nace del fusil". Es un orden siempre frágil, negociable, tan inestable y precario como el que allí logra construir el Estado nacional. Las políticas de erradicación, financiadas por el Plan Colombia, y en particular las de dispersión aérea de glifosato, dispararon el número de localidades productoras y con ellas el de los frentes de las FARC (Palacios, 2008).
Transitaron entonces las FARC de un movimiento guerrillero hacia batallones armados, que en buena medida empezaron a comportarse como ejércitos paralelos y alternos, y que le asestaron duros golpes militares a las Fuerzas Armadas. Las tomas de Patacascoy y El Billar, entre otras, quedan como aquel recuerdo nefasto, del día en que las FARC le propinaron derrotas militares al Gobierno, y en las cuales secuestró a una gran cantidad de efectivos militares, algunos de los cuales aún permanecen en cautiverio.
Por su parte, el Gobierno desde finales del siglo pasado también le ha propinado duros golpes a la estructura y a la cúpula de las FARC-EP, como en la llamada toma de Mitú en noviembre de 1988, un serio revés político-militar para la guerrilla.
Durante la administración de Álvaro Uribe, en el marco de la Política de Seguridad Democrática, además del proceso de reinserción de más de 15 mil insurgentes, según el Gobierno, se han desmantelado muchos campamentos guerrilleros y se han capturado y dado de baja a muchos miembros de sus bases. También se han capturado, extraditado, y dado de baja a importantes jefes guerrilleros, entre ellos a Raúl Reyes, miembro del Estado Mayor, quien murió junto con otros 16 combatientes en una zona de territorio ecuatoriano, cerca a la frontera con Colombia, en una operación aérea y terrestre desarrollada el 1 de marzo de 2008, y que le fue comunicada por el expresidente Uribe a su colega ecuatoriano Rafael Correa.
La muerte del segundo hombre al mando de la organización guerrillera, y miembro del secretariado, es considerada como el golpe más fuerte que se le ha dado a las FARC en toda su historia. Otro importante hecho fue la captura, en enero de 2004, del comandante Simón Trinidad, quien fue detenido en Quito por policías ecuatorianos que lo deportaron a Colombia, de donde salió extraditado hacia Estados Unidos.
La muerte del número dos de las FARC desencadenó una grave crisis diplomática entre Bogotá por una parte, y Quito y Caracas, por otra, ya que el guerrillero murió como se señaló, en una operación del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano.
Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá, en protesta. Su presidente, Rafael Correa, criticó duramente a su homólogo colombiano, mientras Colombia, a través de la Cancillería, aseguraba que “no había violado” la Soberanía del país vecino, ya que sus Fuerzas habían actuado en “legítima defensa”. El presidente venezolano, Hugo Chávez, en su momento, salió en defensa de Correa y ordenó movilizar las tropas hacia la frontera y el cierre de la Embajada de Venezuela en Bogotá.
Se han logrado otros éxitos militares en la lucha contra la guerrilla. El rescate de los secuestrados en la denominada Operación Jaque en el año 2008, que puso en libertad a Ingrid Betancourt y a otros 14 secuestrados más, y la liberación del parlamentario caldense Oscar Tulio Lizcano, estimulada por la política presidencial de “mate a su jefe, vuélese con un secuestrado y le pago”. De la misma manera, la llamada Operación Camaleón en agosto de 2010, a través de la cual, en medio de fuego cruzado, se logró el rescate de cuatro secuestrados, entre los que estaban el coronel Enrique Murillo y el general Luis Mendieta.[6]
Durante la administración presidencial del doctor Juan Manuel Santos fue dado de baja, el 22 de septiembre de 2010, el legendario guerrillero Víctor Julio Suárez Rojas, más popularmente conocido con los alias de Jorge Briceño o Mono Jojoy. Este guerrillero, que representaba el llamado ala militar del secretariado de las FARC, fue dado de baja en un operativo en las selvas de la Macarena, mediante un bombardeo a su campamento, en el cual también perecieron 20 hombres de su anillo de seguridad.
Es bueno precisar que las estrategias más exitosas aplicadas por el Estado colombiano en la lucha contra la guerrilla han sido, la información de inteligencia, algunas veces obtenidas de desertores, y los avances tecnológicos, que les ha permitido a las Fuerzas Militares ser más precisos en los bombardeos. Estas estrategias han sido efectivas en la lucha contra el terrorismo, al menos así se evidencia en el número de bajas propiciadas por el Ejército.
La muerte del Mono Jojoy, fue catalogada en su momento como el más importante golpe dado a las FARC, puesto que se trataba de un guerrillero con una gran trascendencia y autoridad militar al interior de la guerrilla. Raúl Reyes, también abatido, tenía una importancia más política y en las relaciones internacionales del grupo.[7]
Igualmente, así como hay logros destacados y éxitos militares en la lucha contra el terrorismo, también es preciso señalar que algunos operativos militares para el rescate de secuestrados terminaron en el asesinato de sus víctimas por parte de sus captores. Este fue el caso del fracasado intento de rescate militar del exgobernador Guillermo Gaviria y del exministro de Defensa Gilberto Echeverri. Gaviria y Echeverri fueron asesinados en abril de 2003 junto con ocho miembros de la fuerza pública colombiana, en un campamento de las FARC, en las selvas de Urrao, Antioquia. Los dos funcionarios hacían parte del grupo de secuestrados con fines de canje, así como la excandidata presidencial colombo-francesa, Íngrid Betancourt, rescatada en la operación militar Jaque, junto con otros 14 secuestrados, tres de ellos norteamericanos.
De la misma manera, es preciso recordar que, producto de la paranoia y las tensiones propias de la guerra, un grupo de guerrilleros que tenía bajo su custodia a los doce diputados secuestrados en el Valle del Cauca desde el año 2002, sin fórmula de juicio, asesinó de manera cobarde a once de ellos, el 18 de junio de 2007. Esto constituyó uno de los actos más despreciables y oprobiosos que ha cometido la guerrilla de las FARC en la última etapa.
Por su puesto que las gestiones exitosas del presidente venezolano Hugo Chávez y de la parlamentaria colombiana Piedad Córdoba ante las FARC, que permitieron la liberación de varias personas, entre ellas 6 parlamentarios, no se pueden desconocer, en tanto que tienen un gran valor para una eventual salida negociada al conflicto político armado. Del mismo modo, los últimos gestos unilaterales de las FARC, a pedido de un grupo de intelectuales por la paz, en cabeza de la senadora Córdoba, han permitido la liberación de Alan Jara y Sigifredo López, los últimos políticos, en condición, según la guerrilla, de canjeables, y de 4 militares. Enumero estos hechos ya que, según analistas, contribuirán a recobrar confianzas y a despejar el camino de una negociación política a este conflicto armado.
De otro lado, la naturaleza ha hecho lo propio con algunos jefes guerrilleros, en particular con el legendario jefe máximo de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, quien “murió en días pasados en manos de su compañera”, según lo informó alias Timoleón, jefe guerrillero miembro del secretariado de esa organización. El deceso de Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, el 26 de marzo de 2008 y confirmado por las FARC, a través de un comunicado leído por su comandante Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, constituye un hecho histórico de relevancia para el país, ya que como lo hemos venido señalando en el presente trabajo, Marulanda fue un personaje que estuvo presente en todas las etapas de violencia y treguas a partir de 1948. Hasta el día de su muerte, fue sin duda un personaje que determinó momentos muy importantes de la vida política Nacional.
Igualmente la naturaleza también ya había dado cuenta de otro jefe guerrillero, el segundo al mando, después de Tirofijo, en la década pasada, quien tenía el alias de Jacobo Arenas, y quien también murió de infarto en las selvas de Colombia, el 10 de agosto de 1990.
Después de la muerte de Marulanda, fue elegido como comandante general de las FARC, Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano. Este guerrillero, que lleva más de treinta años en la montaña, proviene de una familia de clase media-alta de la ciudad de Bogotá. Alfonso Cano es hijo de una Pedagoga y un agrónomo conservador laureanista, es el quinto de siete hermanos y vivió una infancia normal en el barrio Chapinero. Desde su temprana juventud militó en las juventudes comunistas y siempre mostró interés intelectual y obsesión por los libros de historia y de política. Estudió en el colegio Fray Cristóbal de Torres y según sus compañeros de clase, era él mas destacado en Historia. Ingreso a la Universidad Nacional en 1968 y estudió diez semestres de Antropología. Durante este periodo estaba en pleno auge la Revolución Cubana y se gestaban movimientos de carácter revolucionario como el de mayo de 1968. [][]
Como negociador político del grupo, Cano encabezó la delegación negociadora en Caracas (1991) y Tlaxcala (Diálogos de Paz de Tlaxcala, 1992), mientras que en los diálogos de paz del Caguán, en el gobierno de Andrés Pastrana mantuvo un bajo perfil. S[e dice que no creía en dicha negociación y era pesimista de lo que de allí pudiese resultar.[ ]Durante aquel tiempo, Cano aprovechó la coyuntura para reclutar gente para el movimiento bolivariano.[]
Después del fracaso de los diálogos del Caguán, Cano ideó junto con Pablo Catatumbo un plan que llevó al secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca,[ ] secuestro que terminaría años más tarde en la ejecución de once de ellos a manos de quienes los mantenían retenidos, según se conoce, por un "error de seguridad", debido a que los captores confundieron una unidad de la guerrilla del ELN con un ataque del Ejército. Alfonso Cano, como miembro del Secretariado, dirige el llamado Bloque Occidental, que aglutina un puñado de frentes que hacen presencia en el Macizo colombiano y que realizan ataques en el oriente del Cauca, el norte de Nariño y Putumayo, y el sur y el occidente del Huila, así como en el sur del Tolima. Según el gobierno colombiano, existen, hoy en día, intensos operativos la eliminación de Cano, en el lugar conocido como el Cañón de las Hermosas, en el departamento del Tolima. El Departamento de Estado de los Estados Unidos lo acusa de ser responsable de la fabricación y exportación de cocaína hacia ese país y ofrece 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.[]
A finales de mayo de 2008, el Gobierno anunció que Manuel Marulanda habría muerto por causas naturales en marzo del mismo año, y se especulaba que Cano sería su sucesor al frente del grupo guerrillero. El 25 de mayo del mismo año, las FARC, por medio de un comunicado leído por Timoleón Jiménez y difundido por la cadena Telesur, confirmaron la muerte de Marulanda y el nombramiento de Cano como Comandante en Jefe de las FARC.”[8]
Las FARC, al mando del actual jefe guerrillero, Alfonso Cano, tratan de pasar de zonas relativamente marginales, hacia otras de mayor importancia estratégica y geopolítica, no sólo en el ámbito nacional sino internacional. Actualmente se ubican en la dinámica de la urbanización de la guerra, que consiste en afianzarse en zonas de mayor poblamiento urbano y de mayor concentración de actividades económicas. []
En la dinámica de los guerrilleros sigue pesando de manera importante, pero adversa, el proceso de degradación del conflicto armado, la sindicación Internacional de terroristas, la continuada práctica criminal de la extorsión y el secuestro, las prácticas terroristas de los atentados y las masacres indiscriminadas, así como la creciente narcotización de algunos de sus frentes. Estos elementos tendrán que ser superados por los guerrilleros, si aspiran a adelantar un proceso de diálogo de paz. De lo contrario, es muy poco probable que se pueda abrir paso una negociación del conflicto político armado.
Cabe destacar que el grupo de Colombianos por la Paz, ha reiterado en su tercera misiva a los insurgentes de la FARC, que: “Como lo hicimos desde el inicio de este diálogo epistolar, rechazamos y condenamos las prácticas contrarias a los más elementales principios humanitarios y confiamos en que gestos, como el de las liberaciones recientes, conduzcan en poco tiempo a un reconocimiento expreso de que la degradación del conflicto está desarticulando política y moralmente a la sociedad colombiana y concluya en una franca, decida y definitiva proscripción de las prácticas lesivas de los valores humanitarios más esenciales. Reiteramos nuestra inquietud acerca de sí las FARC están dispuestas a excluir del conflicto armado el secuestro como arma de lucha”.[9]
D. EL PARAMILITARISMO
El movimiento armado paramilitar tiene varias fuentes de nacimiento. Por una parte, es una prolongación de la criminalizacion institucional contra la protesta y lucha de los sectores populares. En este sentido, significa el paso de la guerra sucia, a la guerra contrainsurgente. Por otra parte, el paramilitarismo es la respuesta de algunos terratenientes y ganaderos a la presión de las guerrillas, y a la lucha de los campesinos y aparceros, derivadas de la falta de políticas de reforma agraria por parte del Estado.
Los paramilitares, antes del gran proceso de desmovilización que se dio durante la Administración Uribe, que según fuentes oficiales, fue de casi 30 mil combatientes, cifra sobre las cuales existen serias dudas[10], tenían, al igual que el movimiento guerrillero (ambas fuerzas sumaron cerca de 50 mil combatientes), una estrategia de copamiento hegemónico de los territorios. Es decir, controlaban desde el tráfico vehicular, hasta los procesos electorales, pasando por el control de las políticas estatales en sus territorios y los pactos condescendientes o forzados con sectores de las fuerzas económicas, políticas y sociales regionales. Esto último quedó al descubierto en el llamado proceso de la parapolítica.
De tal manera que los paramilitares contribuyen también a debilitar el control central del Estado sobre los procesos políticos y del monopolio de la fuerza en el ámbito local. Exacerban la confrontación armada como medio fundamental de resolución de las disputas por el control político local, y constituyen una fuerza político -militar regional, con capacidad de incidencia sobre las perspectivas nacionales y territoriales de la guerra y la paz.
Se concluye así que, la crisis del Frente Nacional, el proceso de descentralización y globalización, el tráfico de drogas, el paramilitarismo y el auge del movimiento guerrillero, concurren en debilitar el poder central del Estado, y el control político tradicional del bipartidismo, quebrantando las alianzas económicas y políticas, y exaltando el control político y económico local como medio fundamental de acumulación de poder, ante la Nación y ante cualquier posibilidad de un proceso de paz.
Con base en lo anterior, es necesario precisar el desarrollo de la paz en Colombia en términos de un proceso de negociación del conjunto de equilibrio de las fuerzas a escala nacional. De allí la importancia de definir claramente los alcances de la paz en función también de un nuevo ordenamiento territorial, como una condición fundamental para la negociación de un nuevo pacto social en Colombia.
2. LA CULTURA:
El conflicto político armado ha tenido un impacto muy negativo en la cultura de la población colombiana. Como se precisaba anteriormente, la violencia se sintetiza como un producto de nuestra sociedad violenta, y como toda cultura que se reproduce de una manera social, debe también prevenirse de la misma forma.
De otro lado, los sentimientos de terror y miedo que genera la guerra, sumados a la sensación de incertidumbre, ocasionada por no ver en el futuro una pronta solución al conflicto, han hecho que los colombianos desarrollen estados de paranoia permanente.
Se calcula que por lo menos tres generaciones de colombianos, que se han desarrollado y socializado en la cultura de la violencia, tienen la percepción de que la única salida al conflicto está en la guerra. Ciertamente, una cultura de violencia no puede auto-explicar su misma situación, así como una cultura de paz, por sí sola, no alcanza a resolver la confrontación armada. Sin embargo, el país no puede continuar reproduciendo año tras año, década tras década, una cultura de violencia, que genera y desarrolla, en el plano simbólico, ideologías de exclusión, y que, en un nivel más político, reproduce militarismos de todo tipo (Vélez,1998: 116).
Para avanzar en la construcción de una verdadera paz, es preciso trabajar en la transformación del conflicto, desde una perspectiva cultural. En ese sentido, es necesario profundizar en una cultura de la legalidad y del respeto a la diferencia, así como en el reconocimiento de las diferentes maneras de interpretar y conocer las realidades de todo orden social, elementos que hacen parte de los valores y principios, que por fortuna se establecen con claridad en la Constitución colombiana de 1991.
3. RESOLUCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y RECONCILIACIÓN.
Ahora bien, el fin último de este proceso debe apuntar a la resolución, la reconstrucción y la reconciliación, los tres elementos de la matriz propuesta para superar el conflicto político armado que vive nuestro país. No tendría ningún sentido que la negociación del conflicto no apunte a resolver las causas que legitiman el accionar armado de los insurgentes, y a logro de una mayor democracia, modernización y justicia social.
Es necesario lograr la reconstrucción material y del tejido social, quebrantado durante tantos años de violencia, así como la formulación de un modelo correcto de reconciliación, que permita la reinserción de los alzados en armas, sin que sus vidas corran peligro, y sin el rechazo de la sociedad, generado por tantos años de dolor y sufrimiento a causa del conflicto armado.
A. LA RESOLUCIÓN.
La resolución del conflicto político armado está relacionado directamente con la necesidad de resolver los problemas estructurales sobre los cuales la insurgencia legitima su accionar revolucionario. Desde esta perspectiva, se afirma que la acción de la guerrilla en Colombia tiene un objetivo político, y por lo tanto, esto determina el carácter político de las reivindicaciones armadas. Las FARC-EP han planteado una plataforma de lucha de diez puntos, a partir de su Octava Conferencia Nacional Guerrillera. El documento fue publicado el 3 de abril de 1993. En dicha conferencia, la guerrilla planteó la invitación a trabajar por un gobierno nacional, pluralista, patriótico y democrático. Este programa de 10 puntos, de ninguna manera propone la construcción de una sociedad socialista, por el contrario, es de carácter eminentemente reformista.
PLATAFORMA PARA UN GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN Y RECONCILIACIÓN NACIONAL
Invitamos a todos los colombianos que anhelan una patria amable, en desarrollo y en paz, a trabajar por la conformación de un gobierno nacional PLURALISTA, PATRIÓTICO Y DEMOCRATICO, que se comprometa a lo siguiente:
1. Solución política al grave conflicto que vive el país.
2. La doctrina militar y de Defensa Nacional del Estado será BOLIVARIANA. Dijo el libertador que “el destino del ejército es guarnecer la frontera. Dios nos preserve de que vuelva sus armas contra los ciudadanos”.
Las FF.AA. serán garantes de nuestra soberanía nacional, respetuosas de los derechos humanos, y tendrán un tamaño y un presupuesto acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos. La Policía Nacional volverá a ser dependiente del Ministerio de Gobierno, reestructurada para que cumpla su función preventiva, moralizada y educada en el respeto de los derechos humanos.
3. Participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad.
Fortalecimiento de los instrumentos de fiscalización popular.
La Procuraduría será rama independiente del poder público y el Procurador General de la Nación será elegido popularmente.
El parlamento será unicameral.
La oposición y las minorías tendrán plenos derechos políticos y sociales, garantizándoles el Estado su acceso a los grandes medios de comunicación.
Habrá libertad de prensa.
La rama electoral será independiente.
La Corte Suprema de Justicia, La Corte Constitucional y el Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos por voto directo de todos los jueces y magistrados del país. Moralización de la administración pública y de las instituciones civiles y militares del Estado.
4. Desarrollo y modernización económica con justicia social.
El Estado debe ser el principal propietario y administrador en los sectores estratégicos: en lo energético, en las comunicaciones, servicios públicos, vías, puertos y recursos naturales, en beneficio del desarrollo económico-social equilibrado del país y las regiones.
El énfasis de la política económica será la ampliación del mercado interno, la autosuficiencia alimenticia y el estimulo permanente a la PRODUCCIÓN, a la pequeña, mediana y gran industria privada, a la autogestión, la microempresa y a la economía solidaria.
El Estado invertirá en áreas estratégicas de la industria nacional y desarrollará una política proteccionista sobre las mismas. La gestión económica oficial se debe caracterizar por su eficiencia, su ética, su productividad y su alta calidad. Habrá participación de los gremios, las organizaciones sindicales, populares, entes académicos y científicos en la elaboración de las decisiones sobre la política económica, social energética y de inversiones estratégicas.
5. El 50% del presupuesto nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al colombiano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales democráticas y buscando el equilibrio de la sociedad con su medio ambiente y la naturaleza. El 10% del presupuesto nacional será invertido en la investigación científica.
6. Quienes mayores riquezas posean, mas altos impuestos aportarán, para hacer efectiva la redistribución del ingreso.
El impuesto del IVA solo afectará bienes y servicios suntuarios.
7. Política agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Estimulo total a la industria y a la producción agropecuaria.
Proteccionismo Estatal frente a la desigual competencia internacional.
Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado con las organizaciones de la comunidad liquidando el latifundismo allí donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento a nuestras reservas.
Ayuda permanente para el mercado nacional e internacional.
8. Explotación de los recursos naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, etc., en beneficio del país y de sus regiones.
Renegociación de los contratos con compañías multinacionales que sean lesivos para Colombia.
La Comisión Nacional de Energía, con participación del Estado, los trabajadores del sector y las regiones, planificara la política energética.
Se construirán más refinerías y se desarrollará la industria petroquímica. El gobierno le informará a la comunidad con transparencia, los términos del contrato existente para la explotación de CUSIANA. Tan sólo los 5.000 millones de barriles de petróleo de reserva que posee, a los precios de hoy y a la tasa de cambio vigente, producirán $80 billones (ochenta millones de millones de pesos), es decir, mas de seis veces el presupuesto nacional de 1993. Colombia entera conocerá cómo y a qué ritmo se explotará CUSIANA y cómo insertamos su producido en los planes generales de nuestro desarrollo. Hay que “sembrar el petróleo” para las próximas generaciones, porque el crudo es de todos los colombianos y sus beneficios también.
9. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio.
Priorizar tareas para la integración regional y latinoamericana.
Respeto a los compromisos políticos del Estado con otros Estados.
Revisión total a los pactos militares y de la injerencia de las potencias en nuestros asuntos internos. Renegociación de la deuda externa, buscando un plazo de 10 años muertos, en el pago de los servicios.
10. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes.
Abril 3 de 1993.
Octava Conferencia Nacional Guerrillera comandante Jacobo Arenas, estamos cumpliendo.
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA-EJERCITO DEL PUEBLO FARC-EP.
Este programa de la Octava Conferencia Guerrillera es el mismo que las FARC-EP, ha venido difundiendo como la base programática para adelantar un proceso de negociación con el Gobierno. La esencia de este programa fue el elemento con el cual se construyó la agenda de 12 puntos propuesta en las malogradas conversaciones en San Vicente del Caguán, durante el gobierno de Andrés Pastrana.
De tal manera, que el elemento programático para la resolución del conflicto armado no es de ahora, se trata un programa de gobierno que ha estado presente en la política de las FARC-EP, desde su fundación en 1964, año en el cual las FARC proclamaron su programa agrario, un 20 de julio. El programa de la Octava Conferencia Guerrillera, como ellos mismos lo establecen, es la corrección y ampliación del programa fundacional de las épocas de Marquetalia.
Para que sea posible una negociación política en el modelo Paz por mayor democracia, es entonces pertinente conocer el programa que plantea la insurgencia de las FARC-EP, que apunta, según ellos, a resolver las causas estructurales que fundamentan o explican su accionar militar. Parte de las reformas, sino todas ellas, constituyen la misión histórica que la dirigencia nacional ha incumplido durante tantos años de ejercicio del poder político.
El investigador Humberto Vélez Ramírez, en su libro El conflicto político armado en Colombia: Negociación o Guerra, plantea 20 tesis sobre la negociación del conflicto político armado. La segunda tesis del profesor Vélez, apunta a su resolución mediante reformas estructurales. Dice el profesor Vélez que:
“La violencia guerrillera es sólo una manifestación de la violencia e inestabilidad del país. Es probablemente su manifestación más vistosa y, claramente, la única con contenido político. Pero la violencia e inestabilidad en Colombia, nacen igualmente de otras formas de conducta desviada, punible, sin motivaciones políticas (independientemente de la “base social” que puedan tener quienes incurren en tales conductas). Es el caso del narcotráfico y demás formas de delincuencia organizada, tanto como la simple delincuencia común a pequeña escala. Los académicos estudian once formas diferentes de violencia en el país.
De hecho, las formas de violencia delincuencial sin motivación política (especialmente la de pequeña escala), constituyen la abrumadora mayoría de los casos, por encima de las acciones de la guerrilla o el narcotráfico.
Las diferentes formas de la violencia tendrían claramente orígenes estructurales y, en consecuencia, la solución sólo puede conseguirse emprendiendo grandes reformas estructurales: de la tenencia de la tierra rural y urbana, del sistema político, del reordenamiento territorial, del acceso a los servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda, la justicia entre otros.
Es el sistema el que no funciona correctamente y genera la violencia. Las enormes desigualdades serían entonces la raíz del problema y sólo con profundas transformaciones se podría quitar el piso a la violencia y dar paso a un sistema estable y democrático.
Se habla de una violencia estructural del sistema, el cual excluiría violentamente (no siempre de manera física y tangible) a la mayoría o al menos a colectivos muy significativos de la población del disfrute de la riqueza y de su participación en los mecanismos de toma de decisiones. La constitución de 1991 ha sido un paso importante en esta dinámica de cambios estructurales profundos, pero sin duda, es apenas un punto de partida que por si mismo no resuelve el problema.
Para esta perspectiva, la solución vendría de la mano de un gran reformador social, un partido, una coalición, un líder o un movimiento social y político que, desde la legalidad, emprenda estas reformas indispensables” (Vélez,1998: 134,144).
B. LA RECONSTRUCCIÓN.
El proceso de paz requiere también de una política de reconstrucción, entendida esta como la posibilidad de activar nuevamente las dinámicas sociales y de participación política, que se han visto seriamente afectadas por los años del conflicto armado.
El tejido social ha sido uno de los que más se ha visto afectado y desarticulado a causa de la violencia, debido a la ocupación de los espacios de la oposición política en Colombia, por parte de los actores armados. El déficit de participación democrática y política en el país, a través de la sociedad civil, se explica por el copamiento de los espacios de protesta y resistencia civil que, cotidianamente, hacen los actores armados.
La protesta ciudadana ha sido relegada, debido al trato de orden público que ha recibido toda manifestación de protesta legal, por parte del Establecimiento. Por otra parte, la presencia de las organizaciones guerrilleras al interior del movimiento legal popular y democrático, ha hecho que la gente exprese temor y se incapacite para adelantar una protesta pacífica. Los actores armados han colonizado los espacios de oposición ante el desmembramiento de la sociedad civil, producto de la violencia de las organizaciones legítimas. Es necesario reconstruir esta fractura del tejido social y político. Se deberá aumentar y estimular el espacio de participación democrática, en la perspectiva de aumentar los espacios de participación política y social de las comunidades, especialmente las rurales, mayormente impactadas por el conflicto político armado.
Las terceras opciones políticas se han visto excluidas, bien sea por la vía de la violencia directa, liquidándolas, o por la vía de la adscripción, mediante mecanismos de cooptación clientelar. Es preciso reconstruir un modelo de democracia multipartidista, con reglas claras que permitan la vida política de los disensos y las minorías; un modelo en el que la actividad política no implique riesgo profesional de muerte, ni la posibilidad de ser coptado con dádivas o canonjías al establecimiento político mayoritario, es decir, un modelo político de respeto hacia la oposición democrática.
C. LA RECONCILIACIÓN
Es necesario hacer la distinción entre reinserción y reconciliación. Mientras que la reinserción plantea el espacio para que los antiguos combatientes se incorporen a la vida civil, a cambio de cierta favorabilidad laboral, política, económica y social en el ámbito individual, la reconciliación tiene una dimensión más colectiva y social, en función de la percepción y el margen de tolerancia que la sociedad, en su conjunto, deba tener hacia los actores armados que se reinserten y con la reparación integral a las víctimas.
Lo anterior quiere decir que se deberá adelantar un proceso de concientización y de cultura de paz y tolerancia, para que el proceso de reconciliación de los antiguos guerrilleros con la sociedad, pueda desarrollarse por fuera de la venganza y los odios acumulados durante tantos años de violencia.
No es suficiente que el Gobierno garantice prebendas económicas y políticas o sociales a los excombatientes, es preciso trabajar, con el conjunto de la sociedad, prácticas de respeto a los derechos humanos y de tolerancia en la dimensión del nuevo país que se quiere construir. En este sentido, la reconciliación no sólo involucra a los actores armados y al Gobierno, sino al conjunto de la sociedad, a la cual se le deberá expresar la necesidad de comprender el proceso político de la paz y de hacer catarsis colectiva, con el fin de generar una nueva cultura de paz, en la cual se reconstruya la fe y la confianza en el país.
que subyacen en el accionar de los violentos, o en los discursos legitimadores de su accionar violento, para avanzar hacia una nueva era de justicia social.
El segundo escenario es el de la reconstrucción del tejido social y político destruido por la guerra, contando con la ampliación y modernización de la democracia.
Y finalmente, el tercer escenario consiste en trabajar en la reconciliación nacional, sobre la base de que todos ganen mucho como sociedad y no pierdan todo como facciones.
Este esquema deberá conducirnos, finalmente, hacia la consolidación de la otra relación dicotómica, en la cual debe inscribirse la dinámica social del país en el posconflicto, que, sin establecer la negación del conflicto, permitirá abordarlo y recrearlo desde la relación dicotómica amigo-adversario. En esta relación, el conflicto se percibirá como un motor que potencia el desarrollo y el crecimiento del país, y no como algo negativo, ya que la democracia tiene como uno de sus fundamentos la convivencia de los ciudadanos en las dinámicas de los consensos y disensos.
LOS ACTORES, LA ESTRUCTURA Y LA CULTURA EN EL CONFLICTO POLÍTICO ARMADO.
1. LOS ACTORES:
A. EL ESTADO COLOMBIANO
El Estado, como actor fundamental inmerso en el conflicto, presenta a principios de este milenio una reforzada crisis de autoridad y de capacidad de hegemonía, y, lo más grave, el carácter de su representación es cada vez más cuestionado. Este primer actor, involucrado directamente en el conflicto, presenta este cuadro flemático como un resultado acumulado de su incapacidad por muchos años, no sólo de modernizarse, sino también, de articularse con los grandes problemas nacionales, lo que de alguna manera explica la dimensión de su falta de conclusión. Se agudiza aun más su crisis, por el modelo neoliberal de privatizaciones de los últimos gobiernos. Los tecnócratas del neoliberalismo explican la ineficiencia del Estado, a partir de la inexistencia de una compensación de sus gastos de funcionamiento, en sus instituciones y programas, con el crecimiento en la población y las zonas geográficas cubiertas por los servicios que presta. De allí, que la política de privatizaciones tiene la profunda consecuencia, según ellos, de garantizar la eficacia y ampliación de la cobertura de servicios que no puede lograr, debido a su incapacidad.
El proceso de descentralización que agencian, les interesa a los neoliberales, en tanto este se de cómo un proceso también de privatizaciones de las empresas y funciones del Estado. Es por eso que toda la legislación de descentralización de la educación, salud, servicios públicos etc., es privatizadora, lo que genera una transferencia de competencias y recursos a los municipios, muy por debajo de sus necesidades.
El modelo económico ha acentuado la pobreza y la exclusión social acumulada del pasado; los índices de pobreza han crecido, llegando a casi el 60% de la población, con una tasa de desempleo de cerca del 20%, para principios del siglo.
El economista colombiano Darío Indalecio Restrepo, en su texto Colombia entre la Guerra y la Paz: Descentralización o desintegración del Estado, afirma que: “La globalización ha debilitado grandemente el proyecto de construcción del estado nación... Desde hace más de 15 años no es posible encontrar algún texto oficial de Economía que proponga como objetivo la ampliación o la integración del mercado nacional. Ahora, se trata de integrar circuitos comerciales, productivos de infraestructura y de comunicaciones, a circuitos transnacionalizados.”
Es importante destacar el carácter neoliberal del Estado y el acumulado histórico de pobreza, marginalidad y desempleo, sólo para mostrar cómo las reformas estructurales son fundamentales en el proceso de negociación del conflicto político armado, ya que para la guerrilla en Colombia, la naturaleza del conflicto está directamente relacionada con la crisis de estructuras en todos los órdenes nacionales. De allí que en los frustrados diálogos del Caguán, el primer aspecto que interesó a las FARC-EP fue la discusión de la estructura económica y social del país.
En el documento “Agenda común para el cambio hacia una nueva Colombia”, que sirvió de bitácora para las conservaciones entre el Gobierno y la insurgencia, se establecieron en esta materia los siguientes puntos:
-Políticas de redistribución del ingreso.
-Ampliación de mercados internos y externos.
-Estímulos a la producción a través de la pequeña, mediana y gran empresa privada.
-Apoyo a la economía solidaria y cooperativa.
-Estímulo a la inversión extranjera que beneficie a la Nación.”(4. En. Atisbos Analíticos No 128, cali, abril 2011)
En los finales de este mayo recibí, proveniente de España, esta nota del recordado sociólogo Juan Diego García,
“Querido Humberto:
Hace dos días te envié unas letras sobre el proceso de paz. Lo hice a la red de REDUNIPAZVALLE y no sé si lo has recibido. Por si caso, te lo adjunto de nuevo. Por favor, confirma su recepción.
Un abrazo
Juan Diego
España, mayo 2011.”
Destacamos ahora este valioso aporte, en el que Juan Diego destaca los obstáculos a una posible negociación del conflicto armado interno,
“UN NUEVO PROCESO DE PAZ
(Juan Diego García)
Algunas iniciativas recientes del gobierno y de la insurgencia hacen abrigar esperanzas sobre la posibilidad de un nuevo proceso de paz. A pesar de la persistencia de los mismos obstáculos que antes llevaron al fracaso procesos similares cabe esperar que nuevas dinámicas conduzcan esta vez a resultados positivos.
Entre los obstáculos más destacados pueden anotarse los siguientes:
La cuestión agraria y el modelo económico.
En principio parece improbable concretar acuerdos entre el gobierno y los insurgentes en torno a sus reivindicaciones relativas a la propiedad rural porque existen diferencias profundas entre las exigencias de reforma agraria de la guerrilla y el modelo de desarrollo del agro seguido desde siempre en el país y que se fundamenta en la gran propiedad.
Nunca ha sido propósito de la clase dominante llevar a cabo algo que se parezca a una reforma agraria y las reacciones ante los intentos de algunos gobiernos por democratizar la propiedad rural han encontrado siempre un cúmulo insuperable de obstáculos de todo orden, desde la más enconada oposición política hasta la violencia física ejercida contra los campesinos. No es por azar que se señale reiteradamente y con razón el estrecho vínculo entre la violencia que azota el país desde hace más de medio siglo y la manera como se ha adelantado la política agraria.
Para nadie es un secreto que la llamada Violencia de los años cincuenta tiene sus orígenes en los intentos reformadores de la Revolución en Marcha y la posterior política liberal-conservadora que ahoga aquellas iniciativas reformistas. El conflicto se prolonga hasta los primeros años del Frente Nacional y está en el origen mismo del actual movimiento guerrillero. Ni siquiera los planes de reforma agraria impulsados en todo el continente por la Alianza para el Progreso (mucho más moderados que aquellos que los estadounidenses imponen en 1945 al Japón derrotado) consiguen disminuir la abierta hostilidad del gremio latifundista, aunque si alientan nuevas olas de violencia y descontento en las zonas rurales. Así ha acontencido hasta el día de hoy, cuando el nivel de concentración de propiedad rural es mayor que en los años sesenta y el conflicto social y armado alcanza dimensiones como nunca antes.
Al viejo latifundio de la ganadería extensiva (que sigue ocupando las mejores tierras del país) hay que agregar de un tiempo a esta parte el impetuoso desarrollo de modernas empresas agrícolas orientadas sobre todo a la exportación (verdaderos enclaves coloniales) y el impulso de la minería a gran escala, todo lo cual ha incrementado la competencia por el suelo y enfrenta a estas empresas con campesinos tradicionales, mineros artesanales, colonos y comunidades indígenas y afrocolombianas que, aunque no son numéricamente destacables están ubicadas en áreas de interés primordial para estas firmas, mucha de ellas grandes multinacionales del oro, el carbón, el banano, el petróleo, la madera y otros recursos claves para las economías metropolitanas. Tampoco faltan los conflictos por el territorio entre comunidades locales e intereses nacionales y extranjeros implicados en la construcción y explotación de recursos hídricos, energía eléctrica o grandes obras de infraestructura que se justifican como decisivas para el desarrollo nacional.
En este contexto, lo único que en principio parece viable de inmediato es hacer efectiva la intención del gobierno de reubicar a un número limitado de campesinos desplazados por la violencia, aunque las leyes de tierras y de víctimas en proceso de aprobación merezcan reproches muy fundados por su gran limitación y escaso impacto (dadas las dimensiones del problema). Desde esta perspectiva, en un hipotético proceso de paz la devolución de tierras y la reparación a las víctimas ofrecen sin embargo un terreno propicio a los acuerdos. No se trataría de una reforma agraria en toda regla -reñida con la actual estrategia económica- pero si disminuiría considerablemente la tensión actual en algunas áreas. No existe por el momento una correlación de fuerzas sociales y políticas que permita revertir las líneas centrales del actual modelo económico, pero conseguir una solución al menos para una parte de los más de cuatro milones de campesinos desplazados si puede ser una contribución de peso para reparar daños que por acción u omisión responsabilizan al estado. El gobierno daría así cumplimiento a una de sus medidas más publicitadas y para un movimiento guerrillero de orígenes y composición principalmente rural una medida de este calibre sirve sin duda como un argumento importante para justificar su desmovilización.
El obstáculo mayor en este caso es para el gobierno. Por los actuales acontecimientos de violencia contra las pocas familias campesinas que intentan regresar a sus propiedades se pone de manifiesto que el gobierno central no controla realmente la situación en muchas regiones del país. Si las fuerzas armadas y de policía (y la burocracia local) son incapaces de impedir la violencia (o peor aún, si resultan cómplices de la misma) es la autoridad del gobierno la que se pone en tela de juicio y en una mesa de negociaciones sus propuestas carecerían de credibilidad.
Tampoco resulta fácil para el gobierno devolver propiedades a campesinos o comunidades cuando esta devolución afecta grandes proyectos agrícolas o mineros en los cuales existe un compromiso oficial firme. Sin embargo, el gobierno siempre puede buscar fórmulas de arreglo mediante compensaciones adecuadas contanto además con una ventaja: muchas familias no desean ya el retorno, sea porque han conseguido de alguna forma instalarse en las ciudades, sea porque temen (y no sin razón) que volver entraña poner en riesgo sus vidas.
En relación a la problemática rural la negociación no debería entenderse tan solo (aunque también) como un proceso mediante el cual se otorga a los alzados en armas y a sus bases sociales una serie de beneficios, sino como la apertura de un amplio debate sobre la tenencia y uso de la tierra, la política de producción de alimentos, los asentamientos humanos y el futuro de los recursos naturales del país. Empezar por la devolución de las propiedades a los desplazados (o a parte de ellos) es sin duda muy positivo pero debería asumirse tan solo como un primer paso, como el inicio de una dinámica de mayores alcances en la que tome parte toda la sociedad. La guerrilla no tiene que renunciar a su objetivo de reforma agraria (y de cambio del modelo de desarrollo en general). Pero parece más realista que esos cambios de fondo sean el producto de un proceso político y social mucho más complejo que excede sin duda los primeros acuerdos de una negociación.
Los factores reales de poder
Para que tenga perspectivas de éxito el proceso de paz debe contar con el respaldo cierto de los poderes reales del país, es decir, de los grandes grupos de intereses que tienen su centro neurálgico en el sector financiero, la gran industria, el comercio al por mayor, los servicios modernos y las actividades agrícolas y ganaderas del viejo y nuevo latifundio. Sin ese apoyo el gobierno carece de posibilidades de concretar la paz y solo le resta buscar la rendición incondicional del movimiento guerrillero - que no otra cosa ha sido la estrategia seguida hasta ahora- con resultados bien conocidos. La decisión de aceptar formalmente que en el país existe un conflicto armado es sin duda un paso muy positivo, por ahora más como gesto que como una medida que se traduzca necesariamente en pasos concretos hacia una mesa de conversaciones. De todas formas, introduce un matiz esperanzador al menos en contraste con las posiciones del anterior gobierno. Queda por determinar en qué medida el apoyo de los grandes gremios económicos se concreta en una disposición efectiva a introducir cambios sustanciales en un sistema que a estos grupos les reporta tan pingües beneficios, en el que se sienten tan cómodos y para el cual- al parecer – no perciben riesgos destacables. Aunque pequeña en número, la clase dominante agrupa a su alrededor variadas capas de propietarios y sectores afines que si bien no poseen capital y poder en medida significativa constituyen una base social muy sólida como apoyo electoral y fuerza movilizada de gran eficacia ante el panorama de dispersión y desorientación de las mayorías trabajadoras y marginadas del país y, por supuesto, frente a la insurgencia. En realidad, este conglomerado social -minoritario respecto a la población total- es el que realmente cuenta en casi todos los sentidos: es el que vota, es el que opina (la conocida “opinión pública” que se expresa en las encuestas), es en fin de cuentas la franja de población que está integrada al sistema y en consecuencia lo defiende. El cuadro de desigualdades materiales, la enorme fragmentación social, la escasa participación política de las mayorías, la muy poco desarrollada cultura democrática, la cotidianeidad de la violencia y el terror, la debilidad del estado (al menos en lo que se refiere a la prestación de los servicios básicos) constituyen una ventaja para los grupos dominantes y sus aliados que acaparan toda suerte de medios de poder para garantizar sus privilegios.
La campaña mediática de convencimiento que llevó en su momento al apoyo de estos sectores a la estrategia de paz de Pastrana Arango es la misma que luego encumbra una estrategia diferente con Uribe Vélez. Si el apoyo a un proceso de paz como el que ahora impulsa Santos cuenta entonces con el aval de los poderes reales del país el gobierno tiene medios suficientes para convencer a esa “opinión pública” que ayer se movilizó a favor de la guerra para que ahora lo haga por un proceso de paz. El nivel de influencia y manipulación de los medios de comunicación, el cansancio y desgaste que produce el conflicto y la evidencia de lo inútil que ha resultado la respuesta militar como única alternativa pueden conseguir el respaldo necesario a la salida negociada. El gobierno sabe que el apoyo de los gremios es decisivo pero sabe igualmente que es necesario conseguir la anuencia de su base social y electoral. Es un margen de legitimación ciertamente escaso (rondará el 20-25% del censo electoral) pero suficiente para que la iniciativa de paz de Santos alcance un respaldo amplio dentro y fuera del país.
La extrema derecha, el sector lumpen de la burguesía
Si la clase dominante ha dado en verdad el necesario aval a la iniciativa del presidente Santos, el obstáculo mayor viene luego del ala más extrema de la derecha, políticamente agrupada alrededor del “uribismo puro” y con el respaldo de las mismas “fuerzas ocultas” que ya se han manifestado en circunstancias anteriores. Una expresión particular de este rechazo viene del paramilitarismo frente al cual el gobierno se muestra impotente. Santos necesita por lo tanto neutralizar políticamente y desarmar fisicamente a la extrema derecha; debe derrotarla tanto en las instacias parlamentarias como frente a la opinión pública. En el plano político habría algunos avances con la neutralización de los más reacios en las filas parlamentarias, pero el panorama no es tan positivo frente a las bandas paramilitares que están poniendo en jaque a la administración.
Si el solo intento de reparar aunque sea muy parcialmente a las víctimas de la violencia produce un recrudecimiento de los crímenes y desplazamientos de población, es fácil imaginar cuál será su reacción frente a un proceso de negociación que, por ejemplo, contemple alguna reforma de mayores alcances que afecte su poder local (ante todo su asentamiento firme en las instituciones del estado). Para la clase dominante la extrema derecha habría cumplido su papel de acallar la protesta social a sangre y fuego y eliminar (literalmente) la real o posible simpatía de la población por los insurgentes. Ahora, los núcleos centrales del poder económico y político entenderían que este sector tan útil en un determinado momento debe pasar a un segundo plano, aceptando incluso determinados “sacrificios”, de la misma manera que en otros países de nuestro entorno los militares golpistas tuvieron que hacer lo propio al restablecerse allí la democracia representativa.
La extrema derecha constituye el “sector lumpen” de la burguesía, alrededor del cual giran entusiasmados algunos grupos de las “clases medias” como ocurrió tradicionalmente en el fascismo. Se trata principalmente de estamentos “emergentes” que comparten el espacio social con las viejas elites del país; son nuevos ricos, “aparecidos” y gentes venidas a más de forma casi siempre dudosa, y quienes deben por tanto esperar de una a dos generaciones para hacerse “presentables”. En el fondo, nada diferente al modo como se ha constituido siempre la clase dominante en el capitalismo. Ahora bien, “civilizar” a la derecha extrema supone un proceso largo, condicionado al desarrollo de una cultura democrática. Para empezar y como una señal positiva, el gobierno debería proponerse el desarme real y efectivo de las huestes del paramilitarismo. No tiene futuro un proceso de paz mientras el estado no consiga realmente acabar con los “pajaros” modernos, los “bandoleros” del momento, que son incompatibles con cualquier forma civilizada de convivencia ciudadana. En una sociedad tan marcada por la desigualdad y el conflicto, permitir o directamente fomentar la participación de una parte de la población civil en la guerra solo puede dar como resultado el desborde y la generalización de la violencia y la total pérdida de legitimidad de estado.
Se supone que el gobierno no ignora esta dinámica y sabe cuál es el riesgo que corre si se tiene el propósito de desarmar al paramilitarismo, y más aún si se pretende construir un orden de paz superando la atmósfera de guerra civil que se ha fomentado desde siempre. El desarme del paramilitarismo no solo es garantía de vida para los guerrilleros que se desmovilicen sino un requisito indispensable para el discurrir normal de la vida cotidiana.
Las fuerzas armadas
El monopolio de la violencia por parte del estado debe significar al mismo tiempo que las fuerzas armadas y de policía así como los servicios secretos estén realmente sometido al poder político. En realidad y dentro de determinados límites, los cuerpos armados oficiales tienen siempre un cierto grado de autonomía pero se supone que nunca de forma que pongan en cuestión la supremacía del poder civil. Por principio estas fuerzas son fieles a la clase dominante de la que además forman parte las elites militares. Pero una cosa es la existencia de ese vínculo orgánico con la clase dominante y la armonía de los cuerpos armados con los fundamentos del orden social establecido y otra bien distinta que siempre y en todo caso se produzca la misma relación fluida con el gobierno de turno. Si en determinadas circunstancias el Ejecutivo (arropado por otros poderes del estado) impulsa un proceso de negociación con la insurgencia -como sería nuestro caso- la adhesión sincera de los militares resulta un requisito indispensable habida cuenta de la naturaleza misma del problema.
Los militares tienen un función clave asesorando en aquellos asuntos de su particular incumbencia, dejando en manos del gobierno el manejo político del proceso, de la misma manera que los funcionarios de Hacienda no deciden la política fiscal, ni los de Educación la formación de las nuevas generaciones. Así debería ser en cumplimientro estricto de los requisitos de una democracia moderna; pero en nuestro país aún se está bastante lejos de esa situación ideal y los cuarteles tienen de hecho un rol decisivo, claramente político, que configura un tipo particular de militarismo fruto de la fusión de los cuarteles con sectores decisivos de la clase dominante. Poco importa que no se produzca bajo la forma clasica del golpe militar o de una dictadura civil apoyada en los cuarteles (en realidad, el modelo colombiano tiene elementos de ambos). Por supuesto también se dan casos ciertamente excepcionales en los cuales se invierte su función represora al servicio del poder establecido y los militares se decantan en favor de fuerzas revolucionarias o reformistas, subvirtiendo con éxito el orden social. Pero esta alternativa no tiene referentes en la tradición de las fuerzas armadas colombianas y nada lleva a pensar que ahora pueda producirse. De todas formas, en la medida en que se avance en la solución del conflicto el gobierno tendrá que redefinir el rol de los militares devolviéndolos a sus cuarteles, de donde solo deben salir para proteger al país de una agresión extranjera.
Si es cierto que, como se afirma oficialmente, las fuerzas armadas apoyan sin reparos el proceso de paz en los términos definidos por el gobierno y existe el visto bueno de la clase dominante, es de suponer que el presidente Santos no está sometido a las amenazas y obstáculos de todo orden que ya se interpusieron en otras coyunturas cuando se intentó dar forma a un proceso de negociación con los insurgentes. Se habló entonces de “fuerzas oscuras” que conspiraban contra la paz, y ciertamente que los hechos vinieron a confirmarlo. El exterminio de la UP es una de sus manifestaciones más dramáticas.
Para asegurar un papel adecuado de las fuerzas armadas en un proceso de paz sería imprescindible eliminar paulatinamente determinados obstáculos, derivados de la forma y manera como se estructuran y operan el estamento militar, la policía y los cuerpos de inteligencia del estado.
El primer paso importante es poner fin de forma tajante a la colaboración directa o a la simple complicidad con los paramilitares, sea que se trate de comportamientos individuales que “no comprometen a la institución”, o -como todo parece indicarlo- todo obedezca a la aplicación de estrategias contrainsurgentes de origen institucional. Si son solo actuaciones aisladas el gobierno puede actuar sin miramientos y aplicar la legislación correspondiente. Pero si la violación de los derechos humanos y otros delitos semejantes constituyen un comportamiento sistemático y oficial en el manejo del conflicto, será ante todo una cuestión de voluntad política y de redefinición de la doctrina militar actual para que estas prácticas terminen.
Con mayor motivo debe acometerse la erradicación de las actuaciones criminales de directa responsabilidad de los uniformados, sean éstas desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tácticas psicológicas para amedrentar a la población o cualquier otra forma de guerra sucia o terrorismo de estado, algo absolutamente incompatible con un proceso de paz y con el tratamiento civilizado de los conflictos internos. La modernización y profesionalidad de las fuerzas armadas, de la policía y los cuerpos de inteligencia en manera alguna están reñidas con un respeto estricto de la legalidad. Por el contrario, son un requisito fundamental en un orden democrático. La guerra sucia deslegitima a quien la practica al tiempo que da razones a quienes se alzan en armas contra el estado. Con independencia de cualquier forma de actuación de los insurgentes, quienes se presentan como garantes de un orden democrático, ya sea en la arena política o en el campo de batalla, deben guardar una actitud en extremo escrupulosa y recta.
Las relaciones internacionales
El contexto internacional juega un papel central en la solución negociada del actual conflicto armado. Las relaciones con Estados Unidos, la participación nacional en los diversos procesos de integración regional y el impacto directo de la guerra en los países vecinos aparecen inevitablemente en la agenda de cualquier proceso de paz.
La relación exterior más importante es sin duda la que une al país con los Estados Unidos. Por razones de estrategia continental no parece que a Washington interese sobremanera el fin de un conflicto interno que le brinda la oportunidad de hacer una presencia decisiva y permanente en nuestro territorio. Además de los grupos de presión estadounidenses para los cuales esta guerra es un gran negocio y en consecuencia pondrán todo su empeño en prolongarla, están las necesidades geoestratégicas de Washington que otorgan a Colombia un papel clave en relación a muchas zonas de su interés: el Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y, de forma más amplia, prácticamente todo el continente hasta la misma región antártica. Como sugieren algunos especialistas en temas militares se trata igualmente de facilitar la intervención estadounidense en toda la costa occidental de África a partir de las bases que de hecho ya controla el Pentágono en nuestro país. La lucha contra la insurgencia es uno de los argumentos claves para justificar su presencia militar directa, su papel como principal agencia de “ayuda” para la formación de las tropas y como suministrador preferente de armamento y tecnología. Toda medida que en un proceso de paz debilite estas ventajas de los Estados Unidos tendrá una acogida poco favorable y producirá presiones sobre el gobierno colombiano.
La presencia militar directa refuerza el control político y la influencia que ya ejercen los Estados Unidos en todos nuestros asuntos. Se utiliza el conflicto (bajo el pretexto de la “guerra contra las drogas”) como oportunidad para convertir nuestro territorio en una base que facilite y refuerce su posición en la dura competencia por mercados, materias primas y zonas de influencia con otras potencias. En este complicado ajedrez hasta la presencia de los aliados directos de Estados Unidos (Japón y la Unión Europea) les convierte en competidores incómodos; por supuesto lo son mucho más las llamadas potencias emergentes -China y Rusia en particular-. Terminar el conflicto armado supondría reducir enormemente la presencia militar directa de fuerzas extranjeras (y mercenarias) y facilitaría revisar las relaciones político-militares que nos convierten hoy por hoy en una inmensa plataforma de operaciones militares en beneficio de una potencia extranjera. El calificativo de “Israel de los Andes” no es una simple expresión retórica. Directa o indirectamente, los estadounidenses van a estar presentes y muy activos en cualquier posible proceso de paz y para el gobierno en múltiples ocasiones puede que esta presencia no solo sea incómoda sino un serio obstáculo para llegar a acuerdos con los insurgentes. Cabe preguntarse hasta dónde se está dispuesto a introducir cambios en este tipo de relaciones. Si no parece muy viable revisar el Plan de Desarrollo abandonando o reduciendo la dimensión de la actual estrategia minera o el modelo agrario, tan o más complicado suena un cambio importante en las relaciones con los Estados Unidos.
Dadas las circunstancias (sobre todo con el fin de la Guerra Fría), potencias como Rusia o China (y Cuba, por otros motivos) no serán obstáculo alguno para un proceso de paz. Más aún, a estos países interesa sobre manera la pacificación del país, de la misma forma que interesa a los países vecinos y en general de las demás naciones de la región comprometidas hoy en un complejo proceso de integración regional. Todos y cada uno tienen un interés manifestado y reiterado de acompañar un posible proceso de paz que ponga fin al conflicto armado en Colombia; algunos -sobre todo los vecinos inmediatos- por los efectos inevitables de la guerra en sus propio suelo (Venezuela y Ecuador), otros, porque el fin de la guerra abriría la oportunidad de disminuir la influencia de los Estados Unidos en la región, algo que preocupa sobre todo a Brasil, potencia regional y eje sobre el cual gira el proceso de integración de Latinoamérica y del Caribe.
La cooperación militar de Colombia con los Estados Unidos (y en menor medida con la Unión Europea) tendría que ser revisada a fondo para disminuir al menos el rol decisivo que actualmente tienen los estadounidenses y dar al gobierno un margen más amplio de autonomía. Habría que provocar un vuelco radical en la política antidrogas que no solo ha sido un fracaso total sino un factor de desestabilización interna muy agudo. En un proceso de paz, el tratamiento del comercio ilícito de psicotrópicos es tema obligado y dadas sus dimensiones el estado colombiano tiene que atender un frente de cuyo adecuado tratamiento depende en buena medida el alivio de la tensión bélica y la solución de problemas sociales que están en la raíz misma de la siembra, procesamiento y tráfico de estupefacientes. Hasta el menos enterado verá la estrecha relación entre la economía del narcotráfico y un modelo agrario como el actual que provoca, por una parte, desplazamientos masivos de población y una urbanización cancerosa con altos índices de pobreza, y por otro, un proceso de colonización espontáneo y en condiciones de miseria extrema. Un cambio radical en la lucha contra los carteles de la droga, formas nuevas de cooperación internacional que comprometan tanto a países productores como consumidores y alguna forma de legalización que termine con el motivo principal del surgimiento y extensión de las mafias son formas prácticas de empezar a desvincular el proceso de combate a las drogas con el conflicto interno.
La reforma del sistema politico
Un posible proceso de paz en Colombia supone entonces para el gobierno un conjunto de retos de difícil superación: el primero y principal, contar con un respaldo cierto de la clase dominante o al menos de sus sectores más importantes; dar satisfacción en alguna medida al programa agrario de los insurrectos que provocará la reacción en contra de los terratenientes tradicionales y modernos; desmantelar el paramilitarismo y debilitar sus bases sociales de apoyo; tener el pleno auxilio de las fuerzas armadas y revisar a fondo las relaciones internacionales (en particular con los Estados Unidos) y conseguir la movilización de sus bases sociales y la opinión pública en general para neutralizar las fuerzas que se opongan. Es, sin duda, una tarea difícil pero no imposible; si hay voluntad política el gobierno tiene márgenes de acción suficientes para hacer que este proceso llegue a buen puerto.
El programa agrario y minero y en general el mismo modelo de desarrollo admiten de todas formas ciertas medidas que pueden generar consensos, no tanto porque se suscriban de inmediato sus contenidos sino porque se acuerde dar inicio a un proceso de debate nacional al respecto y se garanticen los mecanismos de participación que den plena legitimidad a las decisiones mayoritarias (hasta llegar, si es del caso, a una nueva asamblea constituyente). Si el gobierno cuenta efectivamente con el concurso de las fuerzas armadas y de policía el paramilitarismo puede ser desmantelado y la extrema derecha desarmada tendría que avenirse a una convivencia civilizada con el resto de la sociedad. Si el gobierno revisa a fondo la estrategia militar (hasta ahora la forma casi única de tratar el conflicto) y adelanta una política antidrogas diferente, el país necesitaría un pié de fuerza muchísimo menor, las condiciones presupuestarias serían mucho más favorables y la atmósfera de guerra civil permanente dejaría paso a una forma diferente de vida cotidiana para la población. No sería aún la paz pero el gobierno si conseguiría iniciar una dinámica nueva que es indispensable para el avance del proceso.
Una dinámica de tal naturaleza requiere mucho tiempo. Es irreal imaginarse cambios radicales de un día para otro. Ocurre con frecuencia, por ejemplo, que en conflictos semejantes al nuestro el proceso de paz eche a andar sin que terminen necesariamente las hostilidades. Un cese al fuego sería ideal tanto como las medidas mutuas de humanización de las operaciones militares y el tratamiento de los prisioneros pero aún en su ausencia se puede y se debe conversar. Pero algo si es indispensable, además de la buenas voluntad de las partes y el sincero deseo de llegar a acuerdos: medidas políticas de aplicación inmediata y que resultan decisivas para que el resto de los problemas discurran sin tropiezos y el proceso de paz se concrete. El gobierno tiene en este sentido toda la responsabilidad; es su mayor ventaja pero también su mayor reto. Revisar a fondo el sistema político y las formas generales de la participación ciudadana deben ser el punto de partida del proceso habida cuenta del papel que juegan en la generación y mantenimiento del conflicto. Un sistema político como el nuestro, excluyente, corrupto, pre-moderno y enormemente violento es incompatible con cualquier salida negociada, a no ser que los alzados en armas estén dispuestos a aceptar las actuales reglas viciadas del juego político y rindan sus armas a cambio beneficios personales o de grupo. Y este no es el caso.” (5. García, Juan Diego. “Un nuevo Proceso de Paz”. España, mayo 2011 )
Compañeros y amigos de la reactivación de REDUNIPAZ, retomemos el debate, las páginas simbólicas de los ATISBOS ANALÍTICOS quedan abiertas para darle cabida a todas las posiciones, que sabemos serán de mucha altura. humbertovelezr@gmail.com,
[1] . FRENTEAN.BLOGSPOT.COM/CATE-ALFONSO-CANO-AL-GOBIERNO-DE-SANTOS-HTML ; WWW.ELTIEMPO.COM/.../VIDEO-DE-ALFOMSO-CANO_7833413=1 ; HUELLADEUNCAMINANTE.WORDPRESS.COM/ALFONSO-CANO-HABLA-DE-PAZ/ ; WWW.ELESPECTADOR.COM/COLUMNA-253935-TIERRA-Y-PAZ ; WWW.LASILLA.VACIA.COM/HISTORIA/165012PAGE=1 ;
[2] . Vélez R. Humberto. Carta Abierta sobre la guerra en Colombia”. ECOPAZ AcEditores, Cali, 199, pgs.92 y 93.
[3]Vicenc Fisas es profesor de la cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la UAB, doctor en Estudios sobre Paz por la Universidad de Bradford, Premio Nacional Derechos Humanos 1988, y autor de más de treinta libros sobre conflicto, desarme e investigación sobre la paz. Algunos de los libros publicados son Procesos de paz y negociación en conflictos armados, La paz es posible y Cultura de paz y gestión de conflictos
27. Matriz elaborada con base en el esquema que propuso el profesor Johan Galtung, en el marco del VI Congreso sobre Cultura y Paz. Gernika, España, 1996.
[5] PALACIOS, Marco. Las FARC y la paz de Colombia. Letras libres-INESTCO. Instituto de Estudios Sociopolíticos Colombia Plural. Julio de 2008.
[6] La operación militar, denominada Camaleón, fue un éxito rotundo, que algunos analistas comparan con la Operación Jaque, en la que recobraron su libertad 15 secuestrados. Según lo relatado por fuentes oficiales, la Operación Camaleón comenzó a concretarse a principios de marzo y contó con la participación de 300 hombres de las Fuerzas Especiales. La irrupción en el campamento guerrillero produjo algunos enfrentamientos y fue imposible conseguir la liberación instantánea de los cuatro secuestrados. Los primeros en ser rescatados fueron el general Mendieta y el coronel Murillo, plagiados el 31 de octubre de 1998, tras una toma guerrillera en el municipio de Mitú, Vaupés.
[7] Según el expresidente, Andrés Pastrana Arango, el Mono Jojoy "era, por así decirlo, el ministro de defensa de las FARC; tal vez el hombre que más muertes tenía encima". En declaraciones al periódico El Tiempo, el 23 de septiembre de 2010, Pastrana manifestó que la muerte del Mono Jojoy es el golpe más importante que se le había hecho a la guerrilla. Aseguró que Raúl Reyes nunca empuñó un arma, sino que se dedicó a la política internacional, mientras que Alfonso Cano era el ideólogo del grupo. Por eso, en su concepto, el Mono Jojoy era el hombre más importante de las FARC, ya que era el verdadero guerrillero, el militar, el combatiente.
[8] Wikipedia. Disponible en <http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Cano>.
[9] Tercera misiva enviada a la guerrilla por mas de 155 mil personalidades, autodenominadas Colombianos por la Paz”, 1 de marzo de 2009.
[10] Funcionarios de las Naciones Unidas en Colombia confirmaron en el año 2011, que en las desmovilizaciones de presuntos paramilitares, durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), se presentaron significativas anomalías. Afirmaron que, muchos de los supuestos miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se presentaban en dichos procesos, eran impostores. De acuerdo con estos funcionarios, "no se podía instalar ningún tipo de filtro para evitar la presencia de falsos paramilitares, porque era un signo de desconfianza del Gobierno, que no convenía para la desmovilización". Aseguraron que, al contrastar las listas de los desmovilizados que tenía la Organización de Estados Americanos (OEA) con las de Naciones Unidas, se encontraron varias irregularidades. En ese sentido, mencionaron que en las funciones cumplidas por los supuestos integrantes de las AUC, podían aparecer hasta 300 sastres de un sólo bloque de ese grupo armado. Según el exjefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, en declaraciones de radio y prensa dadas en 2011, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez estaba enterado de todo lo relacionado con ese montaje y denunció como responsable del fraude al entonces Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, quien según este confeso paramilitar, presionaba para que el país tuviera un resultado concreto en las negociaciones con las AUC; declaró que en ese entonces, los miembros de las AUC sumaban entre 15 mil o 16 mil, y al final se desmovilizaron 31 mil. Con ello, el exjefe paramilitar se refería al cumplimiento de la controvertida Ley de Justicia y Paz, impulsada por Uribe. Dicha normativa fue adoptada en el año 2005 como marco jurídico para la reinserción de más de 31 mil presuntos miembros de las AUC.
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