Thursday, June 2, 2011

Asegura que la figura de la desaparición forzosa nació en Venezuela


Paúl del Río: “AD y Copei nos deben más de 3 mil muertos”

30 mayo 2011 |

Este martes 31 de mayo, después de 40 años, sobrevivientes y familiares de víctimas de la represión de los gobiernos de la IV República llevaron a la AN una propuesta de ley contra el silencio y el olvido

El excomandante guerrillero y Mónica Venegas, presa política del puntofijismo, piden a quienes conzcan más casos, que los denuncien

En 1967 Mónica Venegas fue detenida en la calle por funcionarios de la Dirección General de Policía (Digepol) que la consideraron sospechosa porque llevaba consigo unos panfletos que fueron calificados de subversivos. Estuvo incomunicada. Nunca fue juzgada porque no hubo levantamiento de cargos.

La pasaron al cuartel San Carlos y estuvo hacinada “en un sitio que debió ser conservado como memoria histórica. Lamentablemente fue destruido en la idea de reconstruir el cuartel, pero ese sitio ya no existe. Después estuve en este mismo sitio (calabozo ubicado al noroeste), aquí eramos menos. Nos encaramábamos y veíamos la cúpula del Panteón Nacional, que durante mucho tiempo, en las tardes sobre todo, era una conexión”. Estuvo presa dos años.

Nacida en Chile, el gobierno de entonces la deportó a ese país y sólo pudo regresar año y medio después, en 1971, con limitaciones impuestas.

Estuvo unida sentimentalmente al comandante Ely Pérez Silva, también víctima de la política exterminio de la guerrilla (aunque murió en el exterior muy enfermo) y luego reinició su vida de pareja con Andrés Pasquier, muerto y desaparecido hasta el sol de hoy.

“Sabemos que fue detenido el 10 de octubre de 1966 en el Teatro de Operaciones de Yumare. Hay testigos que lo vieron con vida. Hay gente viva que está dispuesta a declarar. El gobierno siempre desconoció los hechos. La madre madre de Pasquier mandó muchas comunicaciones de la Fiscalía General, que siempre negó la detención. “Era cómplice de todo eso”.

Paúl del Río estuvo alistado en el Frente Guerrillero Simón Bolívar, cuyo comandante era Argimiro Gabaldón, aunque su jefe directo fue Iván Daza.

Luego peleó en el Frente Ezequiel Zamora bajo las órdenes de Fernando Soto Rojas. En 1971 cae preso por una delación. Estaba enconchado en casa de una periodista en La Campiña, quien se lo contó a su novio militar, quien lo denunció.

Entre la Cárcel Modelo de Caracas, la penitenciaría de Trujillo y el cuartel San Carlos estuvo prisionero tres años y medio. Los represores tardaron diez años en capturarlo y no se cuidaron de acumular los expedientes (las investigaciones iniciales lo involucraban en el secuestro del futbolista Alfredo Di Stéfano, argentino nacionalizado español), que caducaron. Sólo le pudieron demostrar una cédula y pasaportes falsos y por so trataron de enjuiciarlo por rebelión militar, intención que no prosperó.

Luego de más de 40 años, tanto Venegas como del Río están sumados activamente a la propuesta de ley contra el silencio y el olvido, cuya entrega se realizará mañana ante la Asamblea Nacional a través de una marcha que partirá al mediodía desde la sede de la Fiscalía General de la República.

Desde la Asociación Bolivariana contra el Silencio y el Olvido, Venegas colaboró en la redacción del instrumento en armonía con el Frente de Familiares y Amigos de las Torturas y Desapariciones de la Cuarta República. Del Río hace lo propio desde la Fundación Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez.

En la sede del Cuartel San Carlos, justo en el celda donde Venegas recuerda la cúpula del Panteón Nacional, ambos hacer florecer los malos recuerdos de una época infausta y se erigen a partir de la posibilidad de que el próximo 21 de junio se realice la primera discusión en plenaria del “proyecto de ley para sancionar los delitos, torturas, desapariciones y demás violaciones a los derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998 y reparación a las víctimas”.

Del Río recuerda al lado del Cuartel San Carlos quedaba el Servicio del Inteligencia de la Fuerza Armada (Sifa). “Allí se torturaba, al pasar al cuartel ya estabas preso y era público y notorio. Lo difícil era llegar aquí, había que salir de los Teatros de Operaciones”, rememora.

“Nos acusan de insurgentes, de tomar las armas y atacar a las fuerzas del orden de los gobiernos de AD y Copei. Cierto, nos alzamos en armas siendo estudiantes, pero nosotros fuimos presos, fuimos a tribunales y pagamos”, esboza.

Pero esta admisión antecede lo que en verdad quiere allanar Paúl del Río. “Nosotros les reclamamos a ellos (AD y Copei) por los muertos nuestros que ellos torturaron, asesinaron y desaparecieron. Esos son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Nosotros le pagamos a la ley, ellos no han pagado nunca y nos deben más de 3 mil muertos” .

Del Río alega un registro minucioso de mil 200 asesinatos. “Los desaparecidos son incontables, caseríos completos en oriente y occidente. Miles. No contabilizamos El Porteñazo (más de mil muertos), El Carupanazo ni El Barcelonazo”.

“Mucha gente inocente que no tenía absolutamente nada que ver, vecinos y amigos de quienes sí estaban metidos, estuvo aquí presa”, cita Venegas, quien añade que era delito el simple hecho de visitar una casa o ser amigo de alguien.

“Los campesinos fueron arrasados. A nosotros nos bombardearon en Falcón y no tenían precisión como ahora, lo que menos caían (las bombas) era en campamentos guerrilleros, pero los campesinos se veían obligados a desplazarse y eso lo aprovechó mucha gente para tender cercas y apropiarse”.

Venegas recuerda que la impunidad era abismal. “Dónde iban a denunciar si en esa época hasta el gobernador de Falcón, que era el padre del Chema Saher, estaba en contra de esto”.

“Celebró la muerte de su hijo”, acota del Río, refiriéndose al padre del Chema Saher.

“LOS MUERTOS EN COMBATE SON UN ORGULLO”

“Nuestra guerrilla se caracterizó porque jamás utilizó el terrorismo, no matábamos civiles. Caso único”, comenta Paúl del Río, quien se interesa en hacer una precisión: no incluyen en la lista de víctimas a los guerrilleros caídos en la lucha.

“Los muertos en combate son un orgullo. Lo que reclamamos es la violación de los derechos humanos. ¿A mí me capturan en razón de qué?. En Venezuela es donde aparece por primera vez la figura de la desaparición forzosa, en el gobierno de Leoni. Después se riega para toda América Latina. Somos pioneros hasta en el martirologio”.

De ese pasado ingrato reposan en la Biblioteca Nacional más de 40 mil documentos que están disponible al público.

“Venezuela es el último país de América Latina que se incorpora la lucha por los derechos humanos a este nivel. Nos ganó de mano Colombia”, dice, para referirse tanto a que apenas ahora es que hay interés en Venezuela por resarcir a los guerrilleros y a que la semana que viene los colombianos aprobarán una ley que reconoce la existencia de una conflicto armado interno.

“La guerrilla colombiana, de la cual somos hermanos de sangre desde hace más de 40 años, tomó territorio en el que impuso sus leyes. Eran dos estados enfrentados. En nuestro caso, nunca tomamos territorio”.

Otro aspecto que del Río desea destacar se refiere al espíritu de desprendimiento que caracterizó a la lucha armada venezolana.

“No fuimos mercenarios, no cobrábamos un sueldo y dejamos familia, madre, esposa e hijos, estudios y trabajos. Fue realmente un esfuerzo que hizo esa juventud como para ser tomado en cuenta históricamente. Fue un trayecto de la historia de 40 años, con la anuencia de Estados Unidos y el silencio de la prensa. Era un terrorismo de Estado entrenado por una potencia”.

A los 19 años del Río se alzó y el Gobierno la emprendió contra toda su familia. Su madre, padre y hermano estuvieron presos y les quitaron la nacionalidad venezolana, siendo originarios de España. A los progenitores los mantuvieron detenidos en una habitación de su propia casa, custodiada por la Digepol.

En mi familia me alcé yo a los 19 años, pero metieron pero a mi madre, a mi padre y hermano. Los persiguen y acosan. Ellos son españoles y les quitan la nacionalidad venezolana hasta a mi abuela. A los padres presos en la habitación de su propio apartamento por la Digepol.

UN VERDADERO ROMPECABEZAS

En su condición de doblemente víctima -directa y dos veces indirecta- Mónica Venegas rindió declaración hace tres semanas ante los fiscales especiales designados por el Ministerio Público para investigar los hechos.

Alaba la manera en que los fiscales vienen haciendo esta labor (en la sede de Ferrenquín) y pide mantener los canales adecuados y conservar el anonimato en los casos que merezcan, lo mismo que garantizar que no habrá represalias para quienes aporten información.

“Hay que hacerle un llamado a todas las personas que conozcan de casos, sean víctimas directas o indirectas, para que vayan a Fiscalía. Los fiscales tienen que ir conectando un caso con otro; es un verdadero rompecabezas porque han pasado muchos años. Cualquier testimonio es importante, la gente no debe inhibirse, los fiscales están esperando y deseosos de conocer”.

Pero confía, pues en todo avanzará por la senda del esclarecimiento. “Hay nombres nombres y apellidos, hay gente que sabe quién los torturó. Hay gente que está trabajando por allí tranquilamente y algunos incorporados al proceso. Hay muchísimos testigos”, indica, aunque reconoce que instrumentar la ley es la parte complicada.

“Se buscarán mecanismos para que la gente se atreva y para que salgan de sus conciencias una serie de cosas”, expresa Venegas, con relación al aporte que puedan hacer quienes participaron como ejecutores de los delitos denunciados.

“Mucha gente estará atormentada por cosas que en un momento dado debió presenciar o contribuir”.

Completa este cuadro. “Yo me lo he imaginado miles de veces cuando al compañero de uno lo mataron: dónde lo mataron, quiénes lo mataron, en qué forma lo mataron. No fue una persona, lo llevaron seguramente en un vehículo, seguramente no lo mataron solo sino con otras personas. Ahí tienen que haber actuado al menos diez personas, más lo que supieron, los que les contaron a sus comadres. Hay mucha gente que tiene que haber sabido dónde se enterraron los compañeros desaparecidos”.

“Cuántos de estos soldados que llevaron gente a asesinar recibieron algún último recado antes de que mataran a la persona: díganle a fulanito tal cosa. Yo he pasado por muchas fantasías de ese tipo”, dice Venegas.

Del Río interviene en este punto para señalar que el general El general Alexis Sánchez Paz, recientemente condenado a 13 años de prisión por su participación en la Masacre de Yumare, se quitó de encima el peso de su conciencia.

“Delató a la gente que participó y le pidió disculpas a los familiares. Es un señor muy mayor y enfermo, que está preso en su casa”.

EXALTAR EL SACRIFICIO

La propuesta de ley que será entregada mañana está inspirada en la experiencia similar de América Latina. “He tenido contacto con las Madres de Mayo, con la gente de Chile, Uruguay y hemos revisado mucha jurisprudencia, más la propia experiencia personal que hemos venido tejiendo esto”, asevera Venegas.

Las consignas principales son: verdad, justicia, memoria y reparación, cuatro pilares de cualquier ley.

“La Constitución nacional habla del derecho de indemnizar los daños que el Estado haya ocasionado”, señala Venegas, sobre uno de los puntos donde más debate ha habido entre los promotores.

“La reparación moral es muy importante, dignificar el hecho de que un muchacho de 18 años sacrificara su vida, sus estudios y la posibilidad de una familia por un ideal, eso hay que exaltarlo”, pide.

Venegas argumenta que la reparación en todos los órdenes en necesarísimo. “No te puedes imaginar la cantidad de compañeros que aun tienen traumas desde el punto de vista psicológico, para la mayor parte de ellos la vida ha sido dura”.

Del Río, quien sostiene que la ley llega con retraso y que no hubiera sido posible sin el empuje de Fernando Soto Rojas, también defiende la necesidad de una pensión honorífica.

Trajo a colación el caso de una compañera que su padre luchó en las montañas. “Estuvo yendo mucho tiempo a un psicólogo porque odiaba a su papá, porque se había ido de la casa a la guerrilla y había abandonado a la familia”.

ESPACIOS DE LA MEMORIA

“Hice una investigación en Chile y tienen 154 espacios de memoria. Han metido placa en cuanto lugar consiguieron que pasó algo. En lugares increíbles. En una piedra escrita con un pincel hay un recordatorio. Nosotros tenemos una deuda brutal en ese sentido”, advierte Venegas.

Cree vital reivindicar con nombres de calles, plazas, lugares donde se supo que fueron asesinados. “El 23 de Enero está lleno, es una cantera de guerrilleros. Y se sabe dónde fueron detenidos y asesinados. Es necesario que haya monumentos en diferentes partes. Se necesita voluntad política”.

Venegas recuerda que en el capítulo de la propuesta de ley referida a la memoria histórica se pide que los Ministerios encargados de la educación deben hacerse cargo e introducir en sus pénsums estos 40 años.

T/Douglas Bolívar

F/Héctor Lozano

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