Por Carlos Bustos Patiño, Coordinador de la ICEM-Colombia
Rebanadas de Realidad - ICEM-Bogotá, 25/05/11.- La Primera Escuela de FORMACION POLITICA de la ICEM, reunida en EL Hotel el Alcaraván, de Puerto López - Meta del 16 al 20 de Mayo de 2011, luego de discutir la Política Nacional y la necesidad de ser Gobierno ser Poder, manifiesta ante la opinión pública lo siguiente:
DECLARACION POLITICA
1. No hay diferencias entre el gobierno de Uribe y Santos:
No podemos olvidar que nuestro actual mandatario hizo realidad la ley de transferencias en el gobierno de Pastrana como ministro de Hacienda, inició el proceso de descalabro a la educación, y naufragio de la Salud Pública. Creo el tributo 4xmil y puso a funcionar una costosa reforma tributaria desde ese entonces. Como Ministro del interior y de justicia en el gobierno Uribe fue responsable de los falsos positivos, de las falsas acusaciones de farcpolìtica a miembros de partidos de oposición y del espionaje ilegal del DAS hacia sectores políticos y sociales del país. En retrospectiva, Santos hizo parte de la institucionalización de la corrupción que promovió Uribe en todas las capas del gobierno Colombiano, donde el caso más reconocido es el del escándalo del AIS (Agro ingreso Seguro), y la permisión con los Nule en desfalcos al erario en licitaciones de construcción en Bogotá y a nivel Nacional.
En este orden de ideas, podemos asegurar que el nuevo mandatario es un defensor del proyecto económico Neoliberal y de la seguridad democrática. Proponiendo reformas de ley que atentan contra el trabajador, como la intención de aumentar la edad de pensión y, por supuesto, el número de semanas de cotización necesarias para acceder a este derecho; la reforma a la Ley 30 de educación tendiente acabar con la educación pública; y sus fuertes gestiones por lograr firmar el TLC con Estados Unidos a sabiendas del daño que representaría para Colombia un tratado bilateral en las condiciones en que se propone.
Vemos con preocupación el plan de desarrollo de las "cinco locomotoras" que impulsa su gobierno, en el que la economía del país se deja en manos de sectores primarios que aportan bajo valor agregado y altos costos humanos. Proyecto que se quiere hacer 100% efectivo en este 2011-2014 con la aprobación del TLC con Estados unidos y que requiere de la imagen institucional del vicepresidente Angelino Garzón para mostrar la cara positiva en materia de derechos humanos y laborales ante Washington.
2. Pobreza y Desigualdad
De acuerdo al gobierno, la mitad de los colombianos (46%) viven en condiciones de pobreza, y un 17% vive en la indigencia. Es decir, 20,5 millones son pobres y 7,9 son indigentes. Con un coeficiente de Gini, que se ubicó según el (CID, Centro de Investigaciones para el Desarrollo) en un 0.85, el país es el más desigual de América Latina, donde el 10% más rico de la población se queda con más del 50% del producto interno bruto (PIB) y sostienen en promedio a dos personas, mientras el 10% más pobre apenas recibe el 0.6% de la riqueza nacional y sostiene a 6 personas.
Colombia es uno de los países del mundo con la tierra más concentrada en manos de muy pocos. Según datos entregados por el instituto Geográfico Agustín Codazi el 61% de la tierra en Colombia está en poder del 0.4% de los propietarios, mientras que 97% de estos deben conformarse con apenas el 24% de la tierra". El neoliberalismo que auspicia los cultivos de tardío rendimiento y la agroindustria latifundista conduce a que estas cifras se agraven más con el tiempo.
Este cuadro desalentador del país contrasta con crecimiento en los sectores mineros e industriales, al igual que con el aumento de la inversión extranjera. Pero a pesar de los buenos indicadores macroeconómicos de los que hace el gobierno de turno gala, la pobreza, la desigualdad y el desempleo siguen siendo de los peores en América Latina porque la bonanza económica sólo se ve reflejada en los sectores más ricos y la política económica beneficia sólo a la clase industrial, terrateniente y financiera nacional e internacional
3. Malas Condiciones para los trabajadores
Las nefastas reformas políticas y laborales encaminadas al continuo desmejoramiento de las garantías de los trabajadores y sus familias, hacen que el país se encuentre entre los más desiguales del planeta en cuanto a sistemas de contratación y procesos de deslaboralización, con una tasa de desempleo del 10.8% al mes de marzo de 2011 y con una tasa de subempleo del 32.6% en el año 2010 mientras que en el 2009 era del 29.7%.
Hoy en día, de 8 millones de empleados en el país, el 78% gana menos de dos salarios mínimos mensuales y solo el 4.4% recibe 4 o más salarios agregando que el actual monto de salario mínimo no satisface las necesidades básicas, lo que contribuye a ampliar aún más las inequitativas condiciones sociales de la población trabajadora. El actual modelo neoliberal de desarrollo estimula una acelerada flexibilización laboral, y vemos con preocupación que en las empresas del país se están consolidando nóminas con más del 40% de personal subcontratado o tercerizado, volviéndose éste tipo de trabajo un estimulo para que las multinacionales y los inversionistas extranjeros vengan a aprovecharse de los menores costos de producción.
A esto hay que agregar que la vinculación de las mujeres al mercado de trabajo se hace preferentemente (el 60%) al sector informal y que en promedio las mujeres reciben un 30% menos de remuneración que los hombres.
La ley 100 de 1993 volvió la salud un factor mercantil y produjo el desfalco financiero más grande en la historia reciente de nuestro país. Ha llevado a los usuarios a vivir una crisis que parece no tener fin, la corrupción de este sector viene acabando con uno de los derechos fundamentales para el común de la ciudadanía y la consecuencia de estos malos manejos la sufren los usuarios con una atención deshumanizada día a día. Todo esto nos obliga a solicitar la derogación de esta nefasta ley.
La propuesta de reforma por medio de la ley 30 de la educación pública sigue siendo otro de los grandes problemas donde millones de niños y jóvenes no tienen acceso a ningún tipo de educación, muchos reciben clases sentados en el piso porque carecen de infraestructura apropiada para su desarrollo educativo se ven obligados a entrar al mercado laboral; además, los maestros son mal pagos y tienen de contrato de pésimas condiciones. Cuando Colombia se decida a impulsar una verdadera revolución educativa, tendrá que plantear estrategias, acciones y metas ambiciosas.
4. Violación de la soberanía Nacional y crisis ambiental
Desde el gobierno de Uribe se viene promocionando a Colombia como país minero, extractivo que le ofrece a las multinacionales y transnacionales enormes beneficios. Lo cierto es que en el país se encuentra el mejor clima de los negocios de América Latina después de Puerto Rico "por simplificar los trámites de crédito, protección de la inversión, y simplificación en el pago de impuestos".
Los gobiernos han privilegiado a las empresas multinacionales que generan importantes márgenes de utilidad a costa de un agudo conflicto social con duras características: deforestación, contaminación de las fuentes hídricas, desplazamiento de comunidades, desempleo, amenaza de la soberanía alimentaria etc.
5. Violencia y exterminio
Agregamos a todo lo anterior el hecho de no tener unas garantías sindicales apropiadas para el libre desempeño del ejercicio aún estando consagradas en la constitución política de Colombia y en el código sustantivo del trabajo avaladas internacionalmente por la OIT. Actualmente en Colombia se tiene una estadística muy negativa para el movimiento en este aspecto ascendiendo a la trágica suma de 2870 dirigentes sindicales asesinados desde 1986 a 2011 de los cuales la gran mayoría siguen en la impunidad.
No hay muchas esperanzas de cambio cuando el actual gobierno del presidente Santos es heredero de un gobierno que terminó en medio de escándalos de corrupción, persiguiendo a la oposición política y amedrentando a la Justicia. Las cifras de la gestión de Uribe hablan por sí solas: 5,2 millones de desplazados, 18.713 desaparecidos, 321 violaciones al derecho a la vida, libertad personal e integridad física contra trabajadores sindicalizados, casi 6.000 ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército y grupos paramilitares, aproximadamente 50.000 crímenes políticos, el incremento de la concentración de la riqueza (en abierta contradicción con la tendencia de la región), instituciones gubernamentales infiltradas por el paramilitarismo (lo mismo que la central de inteligencia del Estado-DAS), la persecución a los jueces que investigan sus actividades y, recientemente, la entrega de millonarias donaciones a grandes terratenientes del país.
Por lo anterior, nos permitimos manifestar nuestro interés en aportar conocimiento, capacidad de lucha y compromiso con la sociedad en general, para que cambiando nuestra mentalidad, rompiendo los paradigmas, buscando legitimar la lucha, estudiando continuamente y expresando con libertad nuestra firme decisión de participar en la actividad política, forjemos una nueva sociedad siendo "Gobierno y Poder".
Esta declaración es emanada el día de cierre de la 1ª Escuela de formación política 2011, a los 20 días del mes de mayo.
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