Vicenç Navarro
Público
A la vuelta de un largo exilio, uno de los hechos que más me sorprendieron de la vida política española fue la percepción –ampliamente aceptada por el establishment político, y promovida por los medios de mayor difusión– de que
la Transición de la dictadura a la democracia había sido modélica, creando una democracia que era homologable a las existentes en la Europa occidental. La realidad, sin embargo, mostraba con toda su crudeza una democracia muy
incompleta y un bienestar muy insuficiente, realidad que continúa hoy, 33 años después.
España continúa teniendo el gasto público social (que financia al Estado del bienestar) per cápita más bajo de la UE-15. Y políticamente acabamos de ver cómo las fuerzas conservadoras han intentado prohibir la participación en el proceso democrático de un partido político, Bildu, debido a su origen,
enraizado en una fuerza terrorista, ETA, y ello a pesar de que tal partido se ha distanciado de la violencia y ha aceptado las reglas del proceso democrático. Pero esto parece no ser suficiente para el Partido Popular, que desea que este partido condene tal pasado terrorista, intentando llevar a la cárcel a todos aquellos que todavía hoy defienden a ETA.
Este comportamiento sancionador del terrorismo contrasta, sin embargo, con el comportamiento del propio Partido Popular, que nunca ha condenado explícitamente y por su nombre a la mayor fuerza terrorista que existió en España durante el siglo XX, responsable del mayor número de asesinatos políticos que haya ocurrido en la historia del país. Ningún otro régimen ha
asesinado a tantos españoles como la dictadura iniciada por un golpe militar, liderado por el general Franco, en contra de un sistema democrático, la II República. Fue un régimen basado en el terror, con asesinatos políticos (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000), torturas (sistemáticamente realizadas en sus cárceles), campos de concentración y exilio. Aquel golpe fue realizado por
los que falsamente se autodefinieron como los nacionales (la mayoría de sus tropas de ataque eran mercenarios y extranjeros, y su victoria se debió única y exclusivamente al apoyo extranjero de Hitler y Mussolini) que estaban en una “cruzada” (cuyas tropas de choque, paradójicamente, eran
musulmanas) y que supuestamente defendían a la patria (imprimiendo un enorme retraso económico, político, cultural y social al país). En realidad, era una minoría en contra de la mayoría de las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España, lo cual requería el terror para su propia
supervivencia. El terror fue sustancial en la existencia de aquel régimen hasta su último día.
Sin pretender establecer categorías, el número de víctimas de aquel terror (asesinatos políticos) fue de casi 200.000, una cifra mucho mayor que la realizada por ETA (839). Las víctimas de aquel régimen terrorista continúan ignoradas durante el periodo democrático, sin que el Estado las haya homenajeado como se merecen. El contraste entre el comportamiento del Estado
hacia las víctimas de ETA y las víctimas de la dictadura es vergonzoso e ilustra no sólo la diferente vara de medir el terrorismo, sino la baja calidad del estado democrático, cuyo Tribunal Supremo, por cierto, está enjuiciando al único juez que ha intentado en España que el Estado se responsabilizara de encontrar a los desaparecidos en aquella dictadura y de
enjuiciar a los responsables de tanto dolor y terror. La entrada dedicada a Franco del Diccionario Biográfico Español –publicado por la Real Academia de la Historia, e iniciado y financiado por el Gobierno del PP dirigido por José María Aznar– es una alabanza y una apología del responsable del mayor terror que haya existido en España. A pesar de ello, un dirigente del PP
alabó la biografía de tal terrorista, presentándola como obra ejemplar. Utilizando el mismo criterio que tal partido aplica a ETA, el autor de tal biografía debiera estar en la cárcel y la Real Academia de la Historia tendría que haberse cerrado. Y, al propio portavoz del PP que hizo tal alabanza, se le hubiera tenido que llevar a los tribunales. El hecho de que todo esto no ocurra muestra el enorme poder de las fuerzas conservadoras que
hegemonizaron el proceso de la Transición y el periodo democrático. ¿Cómo, si no, puede explicarse que incluso hoy, en los libros de texto de la asignatura obligatoria de cultura cívica se sostengan posturas dignas de la ultraderecha del Tea Party de EEUU, tales como definir al feto como ser humano, considerar el aborto voluntario como un asesinato, o definir al
darwinismo como una doctrina sospechosa? ¿Y, cómo, si no, pueden explicarse la visión tan sesgada y negativa que se da de la II República y el silencio sobre el terror del régimen que la derrocó que están presentes en los libros de texto de las escuelas públicas? Pero la represión de aquel régimen fue
también psicológica e ideológica, precisamente debido al carácter
totalitario del mismo. La ideología que imponía era el nacionalcatolicismo, mezcla de un nacionalismo españolista extremo e imperialista, con características racistas (el día nacional se llamaba el Día de la Raza, y la película que realizó el dictador se llamó Raza) y de un catolicismo reaccionario en extremo que, junto con su caudillismo, un machismo muy
acentuado y una hostilidad al mundo obrero y sindical, constituyó una ideología totalizante, pues quería cambiar “al hombre”, penetrando en las áreas más íntimas de las personas, desde el sexo hasta la lengua, todo ello
normatizado. Tal régimen tuvo pleno control de los medios y de las instituciones. Considerar aquel régimen como meramente autoritario es ignorar la asfixia intelectual, política, económica y cultural que la mayoría de las clases populares sufrieron para mantener la “placidez” de aquellos que se beneficiaron de tal terror.
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