Las FARC abogaron por el derecho a la consulta previa, libre e informada, incluida en las propuestas de ordenamiento territorial.

La consulta previa  

Jueves, 14 Marzo 2013 05:04. | Por Jimy Ríos. | | El gobierno se queja del mecanismo y opinadores prepago le hacen la segunda acudiendo al “interés nacional.” Hay una arremetida contra la consulta a las comunidades afectadas por los megaproyectos que intervienen su territorio.    Esta es una muestra de la promesa incumplida de la democracia participativa y una razón más para cambiar esa constitución de 1991 llena de falacias y neoliberalismo. Acostumbrados a que la participación sea utilizada solo para legitimar decisiones tomadas previamente por el gobierno, ahora chocan con comunidades preocupadas por su integridad y contrarias a la explotaciónde recursos naturales a cualquier costo.     La consulta previa   Las FARC abogaron por el derecho a la consulta previa, libre e informada, incluida en las  propuestas de ordenamiento territorial. El gobierno se queja del mecanismo y opinadores prepago le hacen la segunda acudiendo al “interés nacional.” Hay una arremetida contra la consulta a las comunidades afectadas por los megaproyectos que intervienen su territorio.    Esta es una muestra de la promesa incumplida de la democracia participativa y una razón más para cambiar esa constitución de 1991 llena de falacias y neoliberalismo. Acostumbrados a que la participación sea utilizada solo para legitimar decisiones tomadas previamente por el gobierno, ahora chocan con comunidades preocupadas por su integridad y contrarias a la explotación de recursos naturales a cualquier costo.     Dice el artículo 330 de la constitución: los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones, entre otras: 1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios. 2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el  Plan Nacional de Desarrollo.   Pese a esto dicho por la norma de normas, el gobierno se queja de que las comunidades no acepten los proyectos del Plan de Desarrollo neoliberal. Y es que no pueden estar en “armonía” pues los megaproyectos minero energéticos por ejemplo atentan contra una cosmovisión ancestral de la tierra y los usos que en consecuencia le dan. Al no legitimarlos, el gobierno opta por el facilismo descalificando tanto el mecanismo como las organizaciones sociales que participan.   Juan Camilo

Restrepo, ministro de Agricultura, dijo que “las consultas previas se

convirtieron en algo laberíntico, interminable y costosísimo que ha hecho crisis, y que prácticamente está paralizando la gestión estatal, tanto la legislativa como la administrativa”. No ha sido como quiere el ministro.

Con la presentación de la ley de desarrollo rural y el código minero, el

gobierno no logró convencer de sus supuestos beneficios, y por el contrario encontró rechazo.   A su turno, el viceministro para la Participación Política, Aníbal Fernández de Soto, dijo que "no podemos aceptar bajo ninguna consideración que haya intención de que la consulta se entienda como un mecanismo transaccional y, entonces, quien está interesado en impulsar un proyecto compre conciencias de las comunidades y a partir de ahí se logren acuerdos para avanzar, eso es inaceptable". Sin embargo fue el mismo gobierno quien quiso cooptar con dadivas de buenos hoteles y buena comida.   De hecho, los costos financieros de la consulta son caballo de batalla del gobierno. Unas veces dicen que cuestan 4 mil, otras siete mil y han llegado a 12 mil millones de pesos en gastos de viáticos para las representaciones de las minorías. En la estrategia de descalificar y deslegitimar los líderes y las organizaciones indígenas y afro, se han atrevido a decir que piden mejores almuerzos de los que se les ofrecen.   El periódico conservador El Colombiano dedicó la editorial para preguntarse ¿pasará a ser la consulta previa un problema inmanejable que termine trancando el progreso del país? Además de hacer propias las quejas de los

ministros, reivindica el cacareado equilibrio entre el interés general y el

particular. En su discurso, el particular es el de las minorías étnicas, y

el general, “los otros”. Pero ¿quiénes son los otros? Pues las

multinacionales y las grandes empresas de la oligarquía colombiana, que ha posicionado sus intereses como intereses nacionales.    La godorria paisa mete las “dificultades” con la consulta previa en el mismo costal de la corrupción, al decir “como si ya no tuviéramos suficiente con los

contratistas incumplidos y los carteles de la contratación.” Para la

editorial, “el desarrollo del país está en juego. Nadie aboga por

desatender a los grupos étnicos. Pero hay proyectos que hay que hacer,

leyes que aprobar y vías que terminar que no pueden estancarse por procesos de consulta que por mal manejados enredan todo hasta el infinito.”   Según el prepago Alfredo Rangel, “las llamadas consultas previas se han convertido en el más absurdo de los procedimientos del populismo... En muchos aspectos el país está y va a seguir paralizado por obra y gracia de este mecanismo cuya creación se basó en unas intenciones “políticamente correctas”, pero que con el correr de los años se ha convertido en una traba insalvable que nos hace perder a los colombianos un tiempo precios para su desarrollo y su bienestar.”   Pero ¿quiénes son esos colombianos?

Veamos las respuestas que nos da el mismo Rangel: “Es catastrófico que en el sector minero-energético se disminuya la inversión como reacción a la incertidumbre en las reglas del juego provocadas por las susodichas consultas previas. Es absurdo que los planes de erradicación de una plaga que afecta el cultivo de palma aceitera.” Rangel sirve de caja de resonancia a quienes muy seguro ofrece conferencias de seguridad y en esta oportunidad les alquiló su columna en Semana.   Y continua con el cuentico de los intereses nacionales: “Los intereses de unas minorías étnicas, por respetables que sean, se están poniendo por encima de los intereses nacionales, representados por el Estado nacional. Y esto en el dudoso caso de que las organizaciones que dicen representar a esas minorías las representen efectivamente.”   Nos seguimos preguntando: ¿es posible que escala local se defina el uso del suelo y los otros componentes de ordenamiento territorial, cuando desde el gobierno central definen el modelo de desarrollo? Cuando las comunidades locales se oponen a ese modelo, entonces el gobierno y las empresas del saqueo encuentran un estorbo en la democracia. Así pasó con los Planes de Ordenamiento Territorial elaborados por tecnócratas que miran al Pueblo como convidad de piedra. Así pasó como otros mecanismos de participación como el referendo del agua, el cual engavetaron en el congreso. Así mismo con la participación en la planeación del desarrollo. Así con los cabildos abiertos convocados para discutir problemas municipales sin ninguna

decisión vinculante.   Neoliberalismo y democracia no son compatibles. El saqueo no está en discusión. Se realiza a sangre y fuego. Prueba de ello hay por todo el territorio colombiano. 

*Samuel Barinas Varela*

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