Desapariciones
y desapariciones
Alfredo
Molano Bravo
El
Espectador
La búsqueda,
casa por casa, alcantarilla por alcantarilla, potrero por
potrero,
del patrullero de la Policía Jairo Díaz Vargas, desaparecido
en el
barrio El Codito, en el norte de Bogotá, ha sido valiente y
denodada.
150 unidades
armadas de la Policía, del Ejército y de los servicios de
inteligencia
han sido movilizadas para dar con el paradero del
muchacho,
que había participado en la incautación de 30 kilos de
marihuana a
la banda de Los Pascuales, y apenas han encontrado el
chaleco
antibalas, por lo que se deduce que no se cayó por un
precipicio.
La Policía Nacional ha repartido miles de volantes con la
foto de la
víctima y ofrece 20 millones de pesos por información que
permita
encontrar a Díaz. Un formidable y loable esfuerzo de las
autoridades.
Ejemplar esquema. Así debían hacer con todos los
desaparecidos,
aunque salieran muy costosos los operativos si se tiene
en cuenta
que en Colombia se perdieron en los primeros 28 días de
enero de
este año 690 personas, es decir, 24 personas cada día. En
plata, 20
millones por 690 casos daría 13.800 millones de pesos y la
movilización
de 100.000 policías. Hay que reconocer que las campañas
contra la
desaparición han tenido relativo éxito: el año pasado se
reportaron
746 casos en los primeros 25 días de 2012. O sea, 29
personas
desaparecidas diariamente, un 8% menos. De las que
desaparecieron
en enero, solo 69 han regresado a su casa y ocho han
sido
encontradas muertas. Desde 2007 se han reportado 80.000
desaparecidas,
de las cuales 4.000 han aparecido vivas.
¡Escalofriante!
En 2011, el
defensor del pueblo, Vólmar Pérez, levantó el telón que
escondía
nuestra más escabrosa y repugnante tragedia: 61.604 personas
han
desaparecido en Colombia desde que comenzó la Violencia en 1947.
¡Impunidad
absoluta! De esa cifra, certificada, han sido víctimas de
desaparición
forzada 16.665 personas; solo 249 se han encontrado vivas
y 557
muertas. Sin duda, el capítulo más brutal de nuestra miseria
humana. La
desaparición forzada es un delito cometido por agentes del
Estado o
por personas actuando con su autorización, apoyo o
consentimiento,
que conlleva a numerosas violaciones a los derechos
humanos. De
las 8.295 investigaciones que se llevaban a cabo cuando la
Fiscalía
era dirigida por Viviane Morales, 1.598 eran homicidios
cometidos
presumiblemente por agentes del Estado. Según la Oficina
Internacional
de los Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), la
fuerza pública
es responsable de 3.000 ejecuciones extrajudiciales.
Según
Medicina Legal, entre 2005 y 2010 los paramilitares mataron a
173.183
personas y desaparecieron a 34.467. De los informes de
Medicina
Legal y la Fiscalía se deduce que 13.000 personas desaparecen
en Colombia
cada año. Desde 1984 se han registrado 951 casos de falsos
positivos
con 1.741 víctimas. La negra Piedad Córdoba habló de 200.000
desaparecidos
y cayeron sobre su turbante rayos y centellas. Como
siempre.
Superamos el holocausto de la dictadura argentina de los años
70 y nos
acercamos a paso firme y heroico a las que hoy ensangrientan
a Sri Lanka
y el Congo Belga.
El 10 de
agosto pasado entró en vigor la Convención internacional para
la protección
de todas las personas contra la desaparición forzada,
pero está
pendiente de ratificación. Quién sabe si el gobierno de
Santos dé
ese paso. Los enemigos de hacer claridad sobre el pavoroso
delito de
la desaparición forzada tienen mucha fuerza dentro del
Estado,
como se comprueba con la aprobación del nuevo fuero militar. A
José Miguel
Vivanco no le falta razón cuando dice: “la justicia penal
militar es
un ejemplo de impunidad —y no de rendición de cuentas— por
delitos
atroces”. El último informe de Human Rights Watch sobre la
situación
de los DDHH en Colombia repite lo que ha denunciado desde
hace tres décadas:
“La impunidad crónica en casos de violaciones de
derechos
humanos continúa representando un grave problema”.
