COLOMBIA - El ex presidente y ex funcionarios investigados por corrupción Uribe y leales en aprietos

En la última semana, dos hombres de confianza del ex mandatario colombiano fueron enviados a la cárcel. Supuesta compra de votos para la reelección y escuchas ilegales a políticos y jueces forman parte de las causas contra el uribismo. Por Katalina Vásquez Guzmán
/fotos/20110801/notas/na22fo01.jpg Alvaro Uribe dijo que era “una injusticia” la detención de dos de sus ex funcionarios más próximos.
Desde Medellín
En la última semana, dos hombres de confianza de Alvaro Uribe, ex presidente colombiano, fueron enviados a la cárcel. Ambos, así como el mandatario mismo, están siendo investigados por su supuesta responsabilidad en grosos actos de corrupción. Se trata de su secretario presidencial, el abogado Bernardo Moreno; y de quien fuera su candidato para reemplazarlo en la presidencia, Andrés Felipe Arias, también conocido como Uribito. Los últimos días, a punto de encarar los procesos judiciales en su contra, éstos la pasaron entre clubes, tribunales, cárceles y pasillos, intentando convencer de su inocencia. “Obstruyendo la Justicia”, concluyeron un par de jueces que decidieron detener a los dos altos ejecutivos incluso antes de que se los juzgue, lo que ha sido motivo de controversia nacional los últimos días.
Se aclaró pues, según acusó la fiscalía y aceptaron los jueces, que, en libertad, los dos uribitos estarían acomodando, quizá comprando y manipulando testimonios que los desfavorecen, como el de Jorge Lagos – ex director del DAS (servicio secreto) e importante testigo en el caso de escuchas ilegales–, quien denunció que Moreno le pidió a su abogado considerar versiones que lo salpican. Quizás hoy, si otro juez está de buen humor y autoriza su traslado, Bernardo y Andrés compartan cuarto en la guarnición militar donde ya está el segundo, que se negó a ser huésped de La Picota. Sus abogados alegan que allí, como preso, no estaría seguro. Sin embargo, en los últimos dos meses, Arias visitó el penal en diez ocasiones, incluso días no autorizados, por lo que pudo “influir para inducir a los otros coimputados” a que se oculte la verdad, según argumentó el magistrado Orlando Fierro Perdomo. “Clientelismo judicial”, dicen cerca de Uribe para esquivar ese halo criminal que los envuelve ahora que la Fiscalía comenzó a acusar por cuanto escándalo se descubrió durante los ocho años de gobierno de Uribe: corrupción para conseguir la reelección, para entregar subsidios a campesinos, para perseguir a la oposición, la prensa y la Justicia misma.
Ahora, “una injusticia”, dice el mismo ex mandatario cuya popularidad, aunque sigue siendo alta (60 por ciento), va en picada desde que llegó al cargo de fiscal general de la nación la abogada liberal y protestante Viviane Morales Hoyos. Desde hace unas semanas, cuando la experimentada ex congresista comenzó a acusar a los muchachos de Uribe y a pedir su detención, el país está que arde. No, por favor no; se niega a aceptarlo el ex mandatario, acusando a Colombia de tierra desagradecida y lanzando otro quejido molestón. “Profundamente adolorido por la medida de aseguramiento contra Bernardo Moreno, expreso que es inaceptable que se prive de la libertad a un ciudadano al acusarlo de obstruir la Justicia por el hecho de defender su honra”, explicó en un comunicado Alvaro Uribe Vélez la tarde de este 30 de julio, cuando el encarcelamiento de su mano derecha le partió el corazón, ya herido desde el martes 27, al ser también apresado su ex ministro Andrés Felipe. “Algunos aplauden la cárcel de Arias y tapan, tapan y tapan el clientelismo judicial que politiza la Justicia”, afirmó en su cuenta de Twitter. Arias está acusado de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros por haber entregado subsidios del programa Agro Ingreso Seguro –creado para que campesinos pobres reactivaran la agricultura– a grandes terratenientes, políticos, modelos y empresarios que financiaron la campaña presidencial de Uribe.
Moreno está siendo judicializado por las escuchas ilegales a magistrados, opositores, periodistas, jueces y otros que andaban revelando o investigando los nexos de parlamentarios, también uribistas, con paras y mafiosos. A Moreno se lo acusa de concierto para delinquir, interceptación ilícita de comunicaciones, abuso de autoridad y falsedad en documento privado. Sabas Pretel, también ministro de Uribe y actual embajador en Italia, también es investigado por supuesta compra de votos de congresistas a favor de la reelección presidencial. “Frutos prodridos o huevitos podridos de ocho años de uribismo”, diría el columnista Antonio Caballero, quien asegura que la huella de Uribe en Colombia es la admiración y el orgullo por la inmoralidad.
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